ELPAÍS/Madrid* : En las casi 18 horas grabadas a la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa, entre otras decenas de frases explosivas o incriminatorias, el jefe de la trama suelta un auténtico misil contra el actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente y ex ministro de Fomento de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene".
Bárcenas niega tal entrega de dinero y la dirección del PP afirma creerle sin titubeos. Bárcenas se muestra tan alarmado como indignado al conocer el contenido de tales imputaciones de Correa sobre su persona, y no descarta emprender acciones legales contra él si se confirma que ha sostenido tales acusaciones, que juzga "absolutamente falsas y calumniosas".
El actual tesorero del PP -cargo que recibió en junio de 2008 tras tomar el testigo de su amigo Álvaro Lapuerta- sospecha que tal afirmación procede del resentimiento que le guarda Correa. En mayo de 2004, Bárcenas contribuyó personalmente, como gerente del partido, a declarar a Correa persona non grata en el PP nacional, tras conocer que invocaba el nombre del partido y de su tesorería nacional para exigir la adjudicación de contratos en ayuntamientos de Madrid en manos de los populares.
Lapuerta, tras confirmar tal sospecha en una reunión con alcaldes del noroeste madrileño, puso fin, con el pleno apoyo de Mariano Rajoy, a 12 años de contrataciones en régimen de monopolio con Correa para organizar los actos electorales del PP nacional. Bárcenas, con el beneplácito del entonces secretario general del partido, Ángel Acebes, vetó incluso la adjudicación del contrato de organización del congreso nacional del partido en Valencia de junio de 2008. Correa perdió así el principal atractivo de su tarjeta de visita: ya no era el sempiterno organizador de los actos del partido ni podía decir ante sus potenciales clientes: "Vengo en nombre de Génova, de la tesorería".
Desde entonces, Correa se refugió en contratos logrados en las administraciones autonómicas madrileña y valenciana, bajo mandato de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente. Bárcenas incluso llegó a plantear: "Que lo contraten [a Correa] los de Valencia si quieren, pero nosotros, no". Fuentes de la actual dirección nacional del PP consideran que el tesorero está fuera de sospecha en esta trama.
El sumario en algo sí le da la razón a Bárcenas: Correa lo odia. En un momento dado afirma lo siguiente: "Anoche me despaché con Bárcenas". El enfrentamiento parece vinculado a "la deuda del PP" con las empresas de su red. Las transcripciones arrojan cierta luz sobre tal resentimiento: "Yo facturaba más de 500 millones al año". Tal cifra parece adjudicarla Correa a campañas del PP a escala nacional, pero podría incluir otros conceptos, otras fuentes de negocio.
Personas relacionadas con Correa afirman que tuvo una honda amistad en la década de los noventa con Francisco Álvarez-Cascos, una relación que declinó posteriormente. Lo cierto es que en los dos años donde se le han grabado 15 reuniones (2006-2007), Correa no sólo se queja con amargura del impago de deudas del PP nacional con sus empresas, sino también de la morosidad del Gobierno de Aguirre. Llega a manejar varios millones de deuda de la comunidad madrileña con las firmas de su trama, en su mayoría a partir de contratos presuntamente logrados con la mediación irregular del ex consejero de Deportes Alberto López-Viejo, uno de los principales sospechosos de percepción de sobornos.
Correa lo retrataba así: "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio". Incluso proclamaba en una charla que el consejero de Aguirre le indicaba cómo debía fraccionar el contrato y utilizar una empresa blanca, fuera de toda sospecha, para cobrarle al Gobierno de Madrid sin levantar sospechas. La finalidad, según Correa, de tales contratos del Gobierno de Aguirre en favor de su red era financiar actos electorales del PP de Madrid, algo que niegan tajantemente altos cargos de la dirección nacional del PP.
Sin embargo, las mismas fuentes sí aceptan que pudo haber irregularidades en tales contrataciones con las Administraciones de Madrid, o de Valencia, en algunos casos a través de empresas tapadera, pero sostienen que sirvieron sólo para el lucro personal del cargo público implicado y del contratado, pero no para financiar el partido. Correa tiene en su mano despejar tal duda. "Yo nunca cantaré", dijo antes de acabar en prisión. Sus interlocutores en las conversaciones grabadas tienen algo muy claro. "Por eso te tienen tanto miedo, Paco. Lo sabes todo de todos. Los tienes pillados".
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 16/02/2009
Correa vinculó entregas de dinero al PP con adjudicaciones de obras de Cascos
Los tribunales han ilegalizado ya 10.000 camas turísticas en la isla de Lanzarote
LAPROVINCIA* : El TSJC ha anulado las licencias de 22 complejos y aún quedan pendientes cinco resoluciones más. Unas 8.000 plazas están en funcionamiento y muchas forman parte de los hoteles de mayor lujo. El mapa de Lanzarote está plagado de volcanes y, desde hace un lustro, también de hoteles y apartamentos ilegalizados por los tribunales.
El proceso abierto en el año 2000 por el Cabildo de Lanzarote para denunciar ante los tribunales a establecimientos turísticos que a su entender vulneraron el Plan Insular de 1991 y su posterior revisión, la llamada moratoria insular, se tradujo en el inicio de procesos judiciales contra 27 complejos, 22 de los cuales ya han visto anulada su licencia, quince de ellos en Playa Blanca (Yaiza) y siete en Costa Teguise (Teguise). Para los cinco restantes, pendientes de resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) todo parece indicar que es sólo cuestión de tiempo acabar en la misma cuneta.
Este avalancha de sentencias judiciales favorables a las tesis de la corporación insular ha dejado un reguero de plazas ilegalizadas, en concreto 9.657, cifra que se elevaría hasta las 11.396 una vez que, como todo indica, se sumen otras cinco resoluciones en el mismo sentido.
Los fallos confirman la existencia de una amplia gama de incumplimientos, entre ellos la ejecución de obras que no se corresponden con el proyecto para el que se obtuvo autorización previa, permisos concedidos por los ayuntamientos durante el periodo de suspensión de licencias o la ausencia de informes jurídicos en Teguise y la "mera apariencia de informes" en Yaiza e incluso negativos, entre otros. También se avaló la tesis de que es imprescindible contar con el informe de compatibilidad con el Plan Insular, que debe emitir el Cabildo, una obligación con la que tampoco cumplieron.
DE LUJO. Entre el listado de hoteles y complejos de apartamentos cuyo futuro se encuentra en el aire se encuentran algunos de los hoteles más modernos de la Isla y todos los de gran lujo ubicados en la localidad de Playa Blanca. Alrededor de ocho mil de las camas que han sido anuladas por la Justicia se encuentran actualmente en funcionamiento y suponen aproximadamente el doce por ciento de la oferta alojativa insular.
Junto a estas 27, los abogados y técnicos del Cabildo detectaron otros trescientos casos de presuntas irregularidades en planes parciales, pero desistió de denunciarlos con el argumento de centrarse en las plazas turísticas.
* La Provincia - GREGORIO CABRERA - ARRECIFE - 16.02.09
Foto: laprovincia.es
Palma: Un juez acusa a Cort de permitir el crecimiento ilegal de Son Olivaret
DIARIODEMALLORCA* : Una sentencia critica que el Ayuntamiento persiga a los propietarios de las casas y al mismo tiempo les facilite agua corriente. Un juez de Palma, Juan Manuel Sobrino, acusa al Ayuntamiento y al Consell de Mallorca de haber permitido el desarrollo de una urbanización ilegal, como es la de Son Olivaret, en la barriada de Sant Jordi.
El magistrado se pronuncia en una sentencia sobre el caso de un parcelista que construyó, no una, sino dos viviendas sin autorización, y que por ello fue juzgado y acusado de un delito contra la ordenación del territorio. La denuncia la formuló el ex teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos.
El juez dicta una sentencia absolutoria contra el parcelista porque existe la posibilidad, al menos como intención política, de que su vivienda pueda ser legalizada en un futuro, por lo que no tendría sentido que se le condenara ahora por un delito contra la ordenación del territorio.
El crecimiento de esta urbanización de Sant Jordi se remonta a principios de los años 90. En estos momentos hay cuantificadas más de 120 viviendas levantadas. Hay vecinos que viven todo el año en estas casas, pese a que saben que se trata de construcciones ilegales levantadas sobre suelo rústico o ganadero.
Al resolver este caso, el juez Sobrino mantiene que no existe duda alguna de que Son Olivaret es una urbanización ilegal, pero ello no ha impedido que los vecinos disfruten de sistema de agua corriente, luz eléctrica facilitada por Gesa, línea de teléfono y servicio de recogida de basuras. Es decir, los propietarios disfrutan de los mismos servicios que una urbanización legal.
El magistrado considera, y así lo señala en su sentencia, que es "incongruente" que el ayuntamiento de Palma persiga a un propietario por levantar una vivienda sin permiso y le acuse de cometer un delito contra la ordenación del territorio, pero al mismo tiempo se preocupe por proporcionarle servicios públicos como puede ser el agua corriente o la recogida de basuras. Y es por ello por lo que el magistrado se plantea en la sentencia porqué Cort inicia un expediente de infracción urbanística contra unos vecinos, y no contra la totalidad de los propietarios que han construido viviendas en esta urbanización. También entiende el juez que es una política absurda que el consistorio considere que la construcción de estas casas se considere que son contrarias al planeamiento urbanístico de Palma, pero al mismo tiempo Cort les cobre a los vecinos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles como si se tratara de viviendas legales.
Durante el juicio los testigos que fueron llamados a declarar por la abogada defensora, Isabel Coll, recordaron las visitas que hizo el ex alcalde de Palma, Joan Fageda, a Son Olivaret. El entonces primer edil les prometió una solución a esta situación irregular y les puso en contacto con una serie de técnicos para iniciar el proceso de legalización de la urbanización. De hecho, los propios vecinos contrataron a un arquitecto para que redactar un plan especial como paso previo a la legalización de Son Olivaret.
La absolución del vecino que ha construido estas dos casas también ha supuesto el rechazo a la petición de la fiscalía, que pidió que se iniciara una investigación a todos los vecinos que han construido ilegalmente sus casas y que están disfrutando de los servicios públicos.
El fiscal consideró que si todo el vecindario disfrutaba de los mismos servicios no se podía perseguir sólo a uno de ellos al que, por cierto, solicitó una pena de un año y tres meses de cárcel por construir sin licencia.
* Diario de Mallorca - J.FRANCISCO MESTRE - 16.02.09
Foto: La urbanización de Son Olivaret está en Sant Jordi y cuenta con más de cien casas. - Lorenzo, diariodemallorca.es
Azata, promotora de El Algarrobico, también sembró la polémica con una promoción de lujo en Boadilla
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ELCONFIDENCIAL* : Azata, la promotora de José Domingo Rodríguez Losada responsable del macrohotel El Algarrobico, va sembrando la polémica allá por donde construye. La mole de más de 20 plantas que se yergue sobre un terreno protegido del parque natural del Cabo de Gata, en Almería y a 14 metros del mar, fue objeto ayer de una nueva acción de Greenpeace, que recordó su condición de “hotel ilegal”. Pero El Algarrobico no es la única promoción de Azata cuestionada.
La urbanización La Alcazaba, de 219 chalets de lujo en Boadilla del Monte, ya levantó sospechas en su momento. El alcalde de esta localidad madrileña, Arturo González Panero, está imputado en la operación Gürtel contra la corrupción y el blanqueo vinculados al PP.
Casualmente, fue Panero el edil encargado de aprobar La Alcazaba de Boadilla y Leopoldo Arnaiz, el arquitecto de la promoción, además del asesor del planeamiento urbanístico de la localidad. Los socialistas de Boadilla destacaron en su día –y así figura aún hoy en su página web- que “tanto la empresa inmobiliaria como el arquitecto tienen un vasto currículo en materia urbanística (…) El pelotazo está asegurado”. Arnaiz fue imputado junto al ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, en un affaire de recalificaciones fraudulentas, conocido como el escándalo de Compodón.
Parece que Rodríguez Losada tiene querencia por los municipios sospechosos de corrupción. En Marbella tienen su sede Azata Patrimonio y Pinar del Rey 56; en Estepona, objeto de la Operación Astapa, Azata también proyectaba construir “el mayor complejo comercial de España”, de la mano de Costasol de Hipermercados.
La ‘marbellización’ de Boadilla
En Madrid, Azata ha sido muy activa en los municipios de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Las Rozas y Boadilla del Monte. Concretamente en Boadilla, al igual que en Almería, La Alcazaba despertó las quejas de la oposición y los ecologistas, que criticaron “la marbellización” de la localidad, al planearse pegada al encinar del Monte de Boadilla.
Azata consiguió que su Plan Parcial "Sector Camino Bajo – Depuradora" fuera aprobado en 2001. Cuatro años más tarde, Ley 9/2001 del Suelo mediante y un Plan General de Ordenación Urbana nuevo, se dio luz verde definitiva a La Alcazaba. Eso sí, con un aumento de la edificabilidad superior al 120%, según el grupo ecologista Boadilla Ecológica.
Una portavoz de Ecologistas en Acción ha señalado a El Confidencial que “todo el plan general de Boadilla es muy sui generis, lo que da posibilidad a todo tipo de tropelías. Hay un sistema de convenios que permite salvar las expropiaciones a cambio de suelo en otro sitio”. Como quiera que el plan de Azata fuera aprobado a caballo entre dos leyes del suelo madrileñas, "La Alcazaba se benefició del aumento de edificabilidad de una y se libró de la obligatoriedad de construir vivienda protegida de la otra", asegura.
Pero José Domingo Rodríguez de Losada no se ha beneficiado solamente de administraciones populares, como demuestra el reincidente apoyo por parte de la Junta de Andalucía en el Algarrobico. En la nota de prensa que lanzó ayer Greenpeace a propósito de su acción, la organización ecologista denunció la actitud del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, “que ha dejado de lado la legalidad y sigue permitiendo que el hotel continúe en pie a pesar de los doce pronunciamientos judiciales en su contra. De hecho, parte de estos pronunciamientos judiciales apoyan los argumentos defendidos por el propio Ministerio sobre la utilidad pública de los terrenos”.
Medio Ambiente aboga por abandonar la expropiación de El Algarrobico
"A pesar de todas las sentencias sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico, el Ministerio que se supone debe defender el Medio Ambiente ha decidido paralizar la recuperación de los 100 primeros metros de playa" declaró Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. En esto no se diferencia demasiado del ático de José Blanco en VillaPsoe (A illa de Arousa).
Tras la sentencia del pasado mes de septiembre, por la que el Juzgado número 2 de Almería declaraba nula la licencia de obras del hotel, el Ministerio de Medio Ambiente encargó un informe a la Abogacía del Estado para analizar cómo afectaba la sentencia al proceso de expropiación. El resultado final fue un informe en el que, sin ningún argumento jurídico de peso, se aboga por abandonar el proceso de expropiación.
Hace dos semanas, Greenpeace mostró su rechazo a estas conclusiones de la Abogacía, y le hizo llegar un escrito sobre sus consideraciones al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; a la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa y a la Directora General de Costas, Alicia Paz.
"La pasividad del Ministerio sólo sirve para dilatar un proceso que debía haber culminado hace tiempo. Están siguiéndole el juego a la promotora Azata del Sol y al Ayuntamiento de Carboneras. Es el mundo al revés", concluía Greenpeace.
* El Confidencial - Fátima Martín.- 13/02/2009
Foto: Algarrobico (Almería), tapado por Greenpeace - greenpeace
Más de 3.000 personas se manifiestan con 'Galiza non se vende' para reclamar "derecho a tierra viva y vida digna"
EUROPAPRESS* : Entre 3.000 y 3.500 personas --según estimaciones de la Policía Local de Santiago-- se manifestaron hoy con la plataforma 'Galiza non se vende', en la que se integraron 57 colectivos y asociaciones, por las calles de la capital gallega para protestar contra las políticas sociales y ambientales de la Xunta y reclamar el "derecho a una tierra viva y una vida digna".
A la convocatoria acudieron desde asociaciones en defensa del medio ambiente hasta colectivos independentistas o agrupaciones locales que se oponen a infraestructuras proyectadas por el Gobierno gallego. La marcha, que salió pasadas las 12.30 horas de la Alameda compostelana, recorrió varias calles de la zona nueva y del casco antiguo de la ciudad hasta acabar en la Praza da Quintana, donde varios representantes de diferentes agrupaciones leyeron un manifiesto.
En él, denunciaron las "políticas sordas y mudas" del Gobierno gallego ante las "crisis económica, ambiental y energética" y manifestaron su "más enérgica protesta" ante el panorama que deja el bipartito PSdeG-BNG tras los tres años y medio al frente de la Xunta.
A la manifestación se incorporaron, entre otras, asociaciones como Amigos da Terra, la Federación Ecoloxista Galega, Verdegaia, la Plataforma Cidadá "Cultura si, mausoleo non", la Plataforma Contra a Variante Interior de Noia, el Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol o Burla Negra.
MANIFIESTO
En el documento conjunto recriminaron que, bajo una apariencia "supuestamente progresista", las políticas sociales y ambientales "son continuación" de las implantadas por gobiernos anteriores. "Usan el gasto público para alimentar este obsoleto e injusto modelo económico y social", afirmó uno de los representantes durante la lectura del manifiesto.
Asimismo, censuraron el "olvido interesado de los más necesitados" en la actual situación de crisis a los responsables políticos y señalaron que existe una "falta de verdaderas políticas sociales". Arremetieron también contra lo que calificaron de "marbellización" de la costa gallega y el planeamiento urbanístico.
En concreto, fueron objeto de crítica el Plan Acuícola, que "devasta zonas de la costa en beneficio de multinacionales"; los proyectos de construcción de puertos deportivos; el plan de minería, que constituye un "triste modelo de expoliación del territorio"; y el decreto eólico, pues "no tiene en cuenta áreas de alto valor" ecológico y patrimonial y "regala" los montes gallegos a las empresas eléctricas.
"CANTINELA" DE CREACIÓN DE EMPLEO
Todas estas iniciativas, prosiguieron, están "camufladas bajo la cantinela de la creación de puestos de trabajo" y aseguraron que no se tienen en cuenta los que "se destruyen" en actividades como la pesca y el marisqueo artesanal y la agricultura.
Los manifestantes denunciaron también la contaminación de los ríos o la implantación de "industrias nocivas y peligrosas, como Reganosa, Sogama o Ence-Elnosa" y rechazaron el traslado de la planta de celulosa a As Pontes. En cuanto al transporte, recriminaron al bipartito que "abandone el transporte público" y se preguntaron "¿quién les pidió el AVE? ¿Vamos a trabajar a Madrid todos los días? ¿Para qué lo queremos?".
"La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra y, por eso, no la podemos vender", concluyó la declaración pública, tras la que los congregados en la Quintana volvieron a gritar el lema de la manifestación: "Goberne quen goberne, Galiza non se vende --gobierne quien gobierne, Galicia no se vende".
BLOQUE SOCIALISTA POPULAR
En la marcha, en la que se escucharon lemas contra los tres grupos políticos con representación en el Parlamento gallego, tuvo cabida también la sátira y un grupo de personas, con pancartas de un supuesto 'Bloque Socialista Popular', corearon a modo de parodia consignas como "ninguna ría sin piscifactoría", "embalses para todos y para todas", "menos cultura y más infraestructuras" y "contra Fraga vivíamos mejor".
Además, algunos de los manifestantes tomaron los lemas de campaña elegidos por los grupos políticos y los parodiaron con carteles en los que se podía leer "el presidente de nadie y contra todos" --en referencia a los mensajes del candidato del PSdeG que rezan "El presidente de todos. Contra nadie"-- y con gritos de "yo no soy Anxo Quintana" --en referencia al vídeo del aspirante del BNG en el que se proclama 'Eu son Anxo Quintana'--.
* Europa Press - 15.02.09
Foto: Manifestantes de 'Galiza non se vende' en las calles de Compostela - R.Escuredo, elcorreogallego.es
