LAMAÑANA/Lleida* : La Policía Judicial de la Guardia Civil, en perfecta conjunción con la unidad de delitos urbanísticos y de la propia Fiscalía de Lleida, investiga un centenar de Bordas de la Val d’Aran que podría estar incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio, al tratarse de un suelo de especial protección.
Se trata de una de las investigaciones, en materia de delito urbanístico, más ambiciosas que lleva a cabo la Guardia Civil y a cuyo frente se encuentra el capitán Vicente Estévez, que en los dos últimos años ha trabajado duramente por frenar las irregularidades en esta materia, después del desproporcionado crecimiento urbano de algunos municipios en la última década.
Hasta estos momentos, la Guardia Civil ha instruido 46 atestados policiales relacionados con estas construcciones, típicas en el Aran, construidas en los términos municipales de Vielha, Es Bordes y Naut Aran, en suelo de especial protección. Se investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio y hasta el momento hay ya 12 imputados. “Pero esto sólo es la punta del iceberg, ya que son al menos un centenar de bordas las que se investigarán de manera progresiva. Se trata de un proceso de mucho trabajo porque cada vivienda es un caso independiente, unas diligencias distintas y lleva su tiempo, pero la propia jueza de Tremp y los Ayuntamiento de la zona están dándonos gran apoyo para sacarlo adelante. Se trata de la construcción de una casa de ensueño en lo que era una construcción agrícola ganadera y esto choca frontalmente con la ley”. Apostilló el jefe de la policía judicial.
Pero las irregularidades urbanísticas en estos años de expansión y especulación no se han producido sólo en zonas de montaña, sino en pueblos dormitorio, próximo a la capital, donde las construcciones ilegales, en muchos casos por falta de normativa urbanística, se han expandido de forma alarmante. Durante el pasado año cabe destacar las actuaciones llevadas a cabo en Alcarràs, Vallbona de les Monges, Alpicat, partida de Gualda u otras de menor calado en l’Alt Urgell. “La mayoría de los casos son por la construcción de una nave industrial en zona no urbanizable, por construir casas en zonas rurales o por construir edificaciones en zonas sin plan urbanístico y el balance de este pasado año ha sido de más de 63 imputados, cuyos procesos están en marcha”.
La propia Diputación y los Ayuntamiento han mostrado sensibilidad con el tema y han puesto en marcha jornada de formación y asesoramiento para impedir incurrir a veces en este tipo de delitos.
Pero el trabajo de la Guardia Civil no sólo se ha centrado en el tema urbanístico, sí quizás el más novedoso, sino que a lo largo de 2009 efectuaron un total de 165 diligencias, con 41 detenidos y 1.100 actuaciones con los diversos juzgados. Desde la Policía Judicial se destaca el aumento de las investigaciones de ilícitos penales que vienen de fuera, de otros puntos del Estado. “Cada vez más los delitos se interrelacionan en la distancia por las nuevas vías de comunicación existentes y esto hace que la movilidad de la delincuencia sea más fácil. También es necesario destacar el aumento de delito llamados informáticos. Internet es una ventana abierta al mundo y necesita de una vigilancia constante”.
Tabaco y divisas
El contrabando de tabaco ha vuelto a aumentar en los últimos meses. El balance de 2009 así lo reflejaba y en ese repunte también ha tenido algo que ver la crisis económica y, por supuesto, el trabajo de permeabilización de la frontera de la Farga por parte de los agentes. No obstante, en los últimos dos años los equipos que luchan con este tipo de delitos han centrado sus actuaciones en el contrabando de tabaco procedente de países asiáticos a través del puerto de Barcelona y que luego se destribuye, pasando por Lleida, a todo el Estado. “Este tipo de tabaco carece de todo tipo de control sanitario y puede tener productos altamente nocivos. En algunas análisis hemos detectado hasta excrementos de animales como ratas. En 2009 se hicieron importantes aprehensiones de China”.
El aumento de aprehensiones de divisas ha crecido, con la variante de que ahora no se intervienen cuando salen hacia Andorra, sino cuando las quieren entrar. “Las advertencias de la UE de intervenir datos de bancos andorranos ha originado miedo y los evasores están recuperando el dinero. Son en esas entradas cuando se detectan”.
Aunque la Guardia Civil ya no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana su trabajo sigue siendo intenso y de esta capacidad resolutiva han dado cuenta a la fiscalía y la judicatura.
Dos imputados en Anseral por concesión de licencias de casas
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al grupo de delitos urbanísticos ha imputado, en una de sus últimas actuaciones, a dos personas -máximos responsables del Ayuntamiento- en el núcleo de Anseral, en Valls de Valira, como un presunto delito de prevaricación en la concesión de licencias urbanas para la construcción de unas casas.
La instrucción del atestado policial con motivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Lleida, en relación a una denuncia urbanística sobre unas viviendas ubicadas en el número 15 de la calle Major de Anseral, ha finalizado con dos imputaciones por un presunto delito de prevaricación en la concesión de licencias urbanas.
Otra de las últimas actuaciones llevadas a cabo y que también se encuentra en proceso judicial, ha sido la llevada a cabo en Torà, en la que fueron imputados el promotor de una obra, el secretario del Ayuntamiento y el técnico municipal, por supuesta prevaricación, por permitir la construcción de una nave industrial con una licencia de almacén agrícola. Aunque en la concesión de la obra hacen constar que no se puede construir, la firmaron favorable. Actualmente se investigan las posibles responsabilidades municipales en Aitona por la construcción de un circuito que podría atentar con la ordenación territorial.
* La Mañana - 29.03.10
Foto: Valle de Aran, bordas - nevasport.com
La Guardia Civil investiga cien bordas del Aran por delito urbano
Matas fraccionó contratos igual que Aguirre y Camps
PÚBLICO/Palma* : El Gobierno de Jaume Matas utilizó la técnica del circuito cerrado -adjudicaciones a dedo- para la agencia Nimbus, que, a su vez, financiaba al PP, aplicando el mismo sistema que la Generalitat Valenciana y el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre emplearon con las empresas de la trama Gürtel.
Las adjudicaciones se fraccionaban para que su importe unitario nunca excediera los 12.020 euros, el límite máximo que la ley marcaba hasta finales de 2007 para los llamados contratos menores, aquellos que se otorgan sin concurso ni expediente administrativo de ninguna clase.
En el segundo mandato de Matas (2003-2007), Nimbus recibió 2,4 millones de euros en contratos de todo tipo concedidos por el Ejecutivo balear, según los datos conocidos hasta la fecha. Fernando Areal, cuñado de Matas y en aquella época gerente del PP en el archipiélago, entregó a la agencia 71.000 euros en dinero negro para saldar deudas del partido. La empresa consignaba sus trabajos para los conservadores bajo el epígrafe "Producciones B". Los investigadores entienden que las anotaciones allí contenidas reflejan dinero opaco. Y subrayan que, tanto el representante legal de Nimbus, imputado en el caso Palma Arena, como otros dos empleados de la empresa ya han admitido ante el juez que se fraccionaban los contratos de manera fraudulenta.
Esto también consta en el escrito donde los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach pidieron el viernes una fianza de tres millones de euros para el ex president balear si quiere eludir la prisión. Hoy, a las 10 de la mañana, el juez José Castro comunicará a los abogados de Matas el importe de la fianza definitiva su imposición se da por segura, así como el resto de medidas cautelares.
Lo previsible es que el juez confirme la retirada de pasaporte. Convencidos de que el riesgo de fuga es elevado, los fiscales, que atribuyen al ex líder del PP balear delitos susceptibles de acarrear penas de cárcel superiores a 24 años, también demandan que se le prohíba abandonar el territorio nacional y se le obligue a comparecer ante el juez cada 15 días.
La defensa de Matas alega que privarlo del visado internacional vulneraría el derecho al trabajo de su cliente, que presta servicios profesionales para la consultora Pricewaterhouse en EEUU. El que fue ministro de Medio Ambiente en el segundo Gobierno de Aznar ya ha confesado en sede judicial que manejó dinero negro, pero niega que su saneado patrimonio tenga origen en el cobro de sobornos. La esposa de Matas, Maite Areal, se negó a declarar ante el juez. Las sospechas sobre Matas arrancaron tras una denuncia anónima sobre el piso palacete que la familia había comprado en 2004 en el centro de Palma, justo al lado de la sede de la Cámara de Cuentas balear.
Como informó Público el sábado, la agencia Nimbus sufragó al menos parte de la campaña electoral de Jaume Matas en 2007. Lo hizo endosando facturas falsas a varios departamentos del Gabinete de Matas, entre ellos, la Fundación Illesport. Illesport tenía encomendada la puesta en marcha del velódromo Palma Arena, cuyo coste se disparó desde los 48 millones presupuestados hasta 110.
La Fundación Illesport también abonó gastos del mitin protagonizado por Rajoy el 18 de mayo de 2007 en el Palma Arena. A sufragar cuñas radiofónicas de la campaña electoral de Matas, Illesport destinó, al menos, 19.127 euros. Y el mitin de Rajoy costó al ente público balear 4.802. La investigación no ha concluido, por lo que no puede descartarse el hallazgo de nuevas facturas falsas.
Facturas falsas
Las facturas emitidas por Nimbus contra Illesport, la Dirección General de Deportes y la Conselleria de Vicepresidència eran falsas, concluye Anticorrupción. "La prestación de servicios contratada no se realizaba a pesar de ser abonada la misma por el órgano de administración correspondiente", se lee en el escrito de Carrau y Horrach.
Y, al igual que en Madrid con Special Events y otras tres empresas del caso Gürtel, y como en Valencia con Orange Market, el importe de los contratos "se fraccionaba en cuantías inferiores a 12.000 euros para evitar el preceptivo procedimiento de concurso o [procedimiento] negociado sin publicidad, y se adjudicaba directamente a la mercantil a la que se quiere beneficiar". En Madrid, el conglomerado empresarial de la red que dirigía Francisco Correa obtuvo más de tres millones de euros gracias a contratos menores otorgados por el Ejecutivo de Aguirre entre 2003 y 2008. En Valencia, el cálculo de la oposición apunta a que Orange Market, la filial local de la Gürtel, consiguió del Gobierno de Francisco Camps no menos de 574.000 euros mediante esa fórmula.
Antonio Alemany: un ‘negro’ bien pagado
Entre los contratos simulados con Nimbus figura el suscrito para que la agencia preparase, supuestamente, los discursos de Matas. Como recuerdan los fiscales, el ex president disponía de empleados del Gobierno para ese tema. Pero, según Carrau y Horrach, el dirigente conservador quería beneficiar a Antonio Alemany, columnista de ‘El Mundo’ que, mediante el concurso amañado para Nimbus, fue el auténtico destinatario del dinero. En los cuatro años que hizo de ‘negro’ para él, Alemany cobró, según los fiscales, “aproximadamente 200.000 euros”. Imputado en la causa, el periodista solía luego comentar en su columna los discursos, obviando que el verdadero autor era él, afirman fuentes cercanas del caso.
* Público - 29.03.10
Foto: Palma, velódromo Palma-arena - paraisobalear.com
Los monumentos trocearían en tres la posible rambla de la Diagonal
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La posible rambla de la Diagonal no será nunca tal. O visto con espíritu positivo, por el precio de una, Barcelona contaría con tres ramblas en la Diagonal. La presencia de los monumentos de las plazas de Juan Carlos I –más conocido por el Llapis y el Cinc d’Oros– y de Jacint Verdaguer, con la estatua erigida al mosén y padre de las letras catalanas, interrumpiría la acera central obligando a peatones y ciclistas a dar un rodeo por las calles adyacentes, como ya ocurre hoy, en lo que a las dos ruedas se refiere.
Las dos opciones que propone el ayuntamiento para la transformación de la avenida se pueden simplificar en el debate entre un bulevar y una rambla. Una rambla, propiamente dicha, es un accidente geográfico creado por el curso natural del desguace del agua de lluvia.
En Barcelona, por aquello de la pendiente y de que el agua siempre toma el camino más corto, la dirección habitual es montaña-mar. Estas zonas, claro está, han quedado históricamente descubiertas para evitar las avenidas de agua. Su urbanización dio paso, por extensión, a la creación de largos paseos expeditos de obstáculos
FALSA RAMBLA / Dicho de otro modo, la que se propone como opción B no es más que una falsa rambla y, por tanto, la colocación de hitos en medio de ella no interrumpe ninguna circulación natural. Hecha esta salvedad, cabe reconocer que el cruce de la avenida Diagonal con el paseo de Gràcia y el de Sant Joan son, sin duda, dos de los puntos más difíciles de resolver en un proyecto de transformación. Sobre todo en el caso del Cinc d’Oros –así conocido desde 1909 porque ahí se colocaron las primeras farolas.
El cruce del paseo de Gràcia y Diagonal pasará, de realizarse la transformación, a ser la confluencia de tres calles que cruzan el espacio central: las antes citadas y la calle de Còrsega. que se reabrirá en su tramo entre la rambla de Catalunya y el paseo de Gràcia y permitirá un acceso fluido desde el Eixample-Gràcia al otro lado de la Diagonal.
Otro asunto pendiente, y que se resolverá cuando se confeccione el proyecto ejecutivo, si es que la opción B es finalmente la elegida por el ciudadano, es el paso del tranvía por esos dos cruces clave.
Según los expertos del ayuntamiento, todas las posibilidades están abiertas. Desde que ambos sentidos del tram pasen por uno de los lados del monumento, sea el llapis, sea el de Mossèn Cinto, a que las vías flanqueen los hitos.
El paso del tranvía, toda vez que la rambla o acera central desaparece, es independiente de la solución escogida en el referendo. Eso sí, en cuanto a los recorridos peatonales el bulevar, con sus anchas aceras cerca de las fachadas parece que soporta mejor, o como mínimo de manera más natural, el rodeo por el paseo de Gràcia o el de Sant Joan.
Como aclaró el ayuntamiento el pasado lunes, en una sesión de trabajo sobre la transformación de la avenida, el obelisco del Cinc d’Oros no dificultará, en ningún caso, el paso de la calle de Còrsega por la Diagonal. En cualquier caso, tampoco se ha previsto su retirada.
MONUMENTO A PI I MARGALL / El obelisco forma parte del monumento original al republicano federalista Francesc Pi i Margall erigido en 1936. Lo acompañaba una estatua de la República, de Josep Viladomat. En 1939, la escultura fue sustituida por otra, la Victoria (es obvio cuál) y la de Viladomat quedó almacenada casi 50 años. Ya en democracia, la alegoría a la victoria franquista fue retirada y en su lugar se colocó un escudo de la Casa Real, que no de España.
Por su parte, el monumento a Verdaguer se erigió en 1924. Fue el único hito urbano religioso, según consta en varias fuentes históricas, en los años del anticlericalismo más irredento e incendiario.
* El Periódico - 28.10.03
Foto: Imagen del ‘Cinc d’Oros’, con el obelisco, desde lo alto de una finca esquinera del paseo de Gràcia, el martes. - fERRAN NADEU, el periodico.com
Los registradores tendrán que avisar si sospechan de parcelaciones ilegales
ELPAÍS* : "Todo el mundo sabe que la parcelación es el paso previo a la construcción en suelo no urbanizable". Esta afirmación la hizo hace seis años el entonces fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Carlos López Caballero, hoy encargado de la lucha contra la corrupción. Entonces, la recién promulgada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ya las prohibía y en este tiempo han salido a relucir casos tan llamativos como los de Medina Azahara o en otras muchas comarcas rurales, que ponen en evidencia la poca eficacia del combate contra este fenómeno.
Ahora, el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado el pasado día 16 por el Consejo de Gobierno de la Junta introduce medidas severas contra las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, definidas en la LOUA como la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Lo más novedoso es la implicación de los registradores de la propiedad, que, según la normativa, "deberán comunicar a la consejería competente en materia de urbanismo las solicitudes de inscripción registral de parcelaciones con licencia o declaración de innecesariedad cuando estas pudieran ser contrarias a la ordenación urbanística y territorial". Es una obligación comparable a la que tienen los notarios de comunicar los casos en los que sospechen que se puede ocultar blanqueo de capitales.
Las parcelaciones quedan además sujetas a la posibilidad de las actuaciones de derribo exprés por las que se ha conocido este reglamento. El artículo que faculta la "inmediata demolición" en el plazo máximo de un mes de aquellas actuaciones "manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística". Y expresamente cita entre estas: "... y, en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o urbanización sobre suelos no urbanizables, y cualesquiera otras que se desarrollen sobre terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales o dotaciones públicas".
Dentro de la línea general que inspira el reglamento de impedir la obtención de beneficios económicos a los infractores, la norma es especialmente dura en el caso de las parcelaciones ilegales, de forma que contempla que las multas se eleven hasta alcanzar un 150% del beneficio obtenido por el infractor en la venta del terreno parcelado, y, en todo caso, con el que se fije por el valor del mercado.
La parcelación urbanística en suelo no urbanizable es además una de las actuaciones contra las que el reglamento faculta la intervención subsidiaria de la Junta para sancionar, si es que no lo hacen los respectivos ayuntamientos.
* ELPAIS.com - 29.03.10
Foto: Cordoba, parcelaciones ilegales Sierra - ecologistasenaccion.org
Marbella: Ávila Rojas se resiste a la piqueta
SUR/Málaga* : El suelo está calificado como parques y jardines, pero alberga un apartotel con 80 inmuebles, una piscina y un aparcamiento. La edificación, ubicada en Nueva Andalucía, no está incluida en el sistema de compensaciones para normalizar construcciones irregulares que contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y el Ayuntamiento acordó en abril de 2009 su demolición.
Sin embargo, la empresa que levantó el apartotel de manera ilegal, Naviro Inmobiliaria 2000 SL, propiedad del promotor granadino José Ávila Rojas, ha acudido a los tribunales para intentar evitar el derribo.
La entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consistorio marbellí que ordena la reposición de la realidad física alterada al estado inmediatamente anterior a la realización de los actos. Es decir, la demolición de todo lo construido. El recurso ha sido presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, por lo que tendrá que resolver sobre este asunto el hasta hace unos días instructor del 'caso Malaya', el magistrado Óscar Pérez, que el próximo 5 de abril se incorpora a su nuevo cargo tras dejar la sede judicial de Marbella. El juez y el promotor ya se conocen. Ávila Rojas se encuentra procesado en 'Malaya' por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
El empresario salió el pasado diciembre de prisión, cinco meses y medio después de que ingresara en la cárcel para cumplir una condena de ocho años de cárcel por cuatro delitos de fraude a la Hacienda Pública. Obtuvo el tercer grado penitenciario por buena conducta y ausencia de riesgo de fuga, lo que le permitió abandonar la cárcel granadina de Albolote.
Ávila Rojas está considerado uno de los constructores de cabecera del GIL durante la época en la que la formación independiente comandada por el fallecido Jesús Gil gobernó Marbella. Según desvelan las investigaciones del 'caso Malaya', el empresario es socio en varias promociones inmobiliarias, así como en otros negocios, del supuesto cerebro de la trama de corrupción destapada en el municipio, Juan Antonio Roca. El ex asesor urbanístico obtenía las parcelas del patrimonio municipal y aportaba el suelo, mientras que el constructor se encargaba de levantar los inmuebles, según el auto de procesamiento.
El promotor es el responsable de un importante número de edificaciones cimentadas de manera irregular. Algunas de ellas serán legalizadas por el nuevo PGOU. Otras no, como es el caso del complejo inmobiliario Banana Beach o de una promoción de 34 viviendas construida sin licencia en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, que Ávila Rojas sí aceptó demoler. El derribo, cuyos gastos asumió el empresario, tuvo lugar hace un año y fue el primero de una obra ilegítima de la 'era GIL'. Los inmuebles habían sido levantados sobre zona verde.
Conflicto urbanístico
En esta ocasión, la actitud del constructor tiene poco que ver con la de hace un año. A pocos días de la entrada en vigor del futuro PGOU de Marbella, el recurso de Ávila Rojas contra la resolución municipal para demoler el apartotel de Nueva Andalucía podría entenderse como una declaración de intenciones por parte del empresario ante el nuevo planeamiento.
El promotor mantiene abiertos otros conflictos urbanísticos con el Ayuntamiento, como el referente al antiguo campo de fútbol Francisco Norte, donde Ávila Rojas edificó de manera ilegal un aparcamiento subterráneo de dos plantas. Lo hizo en unos terrenos calificados como equipamiento público deportivo y sin contar con proyecto de ejecución. Recientemente el Consistorio marbellí rebajó de 4,5 a 1,5 millones de euros la sanción económica con la que el constructor debía responder por estos hechos.
* SUR - 29.03.10
Foto: El apartotel, que integra 80 inmuebles, está construido en unos terrenos de Nueva Andalucía calificados como parques y jardines. :: JOSELE-LANZA, diariosur.es
La Xunta quita competencias y personal a la agencia de legalidad urbanística
+-+mma.es.jpg)
ELPAÍS/Galicia* : Nació en 2007 como una agencia independiente para poner coto al urbanismo desaforado y al enjambre de grúas que acechaba la costa gallega en pleno boom immobiliario. Un freno al "ti vai facendo" que presidió durante décadas las relaciones entre algunos alcaldes y promotores, certificación última del todo vale que ha imperado en la construcción.
Con ese objetivo, el Gobierno de Emilio Pérez Touriño creó en 2007 la Axencia de Protección da Legalide Urbanística (APLU). El bipartito se valió entonces de los mismos técnicos que ya trabajaban para Alberto Núñez Feijóo en su etapa como vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Política Territorial. Pero decidió blindar las competencias de este organismo y poner el trabajo de los inspectores a salvo de las presiones del poder político y de los alcaldes.
Los estatutos establecían que los sucesivos directores de la APLU tendrían mandatos asegurados de cuatro años. Como la agencia arrancó en 2007 no coincidirían con las legislaturas del Gobierno de turno. Era la excusa perfecta para que ningún conselleiro tuviera la tentación de influir sobre el trabajo de los inspectores urbanísticos. Ese estatus especial y sobre todo la rigurosa defensa del territorio que llevó a la agencia a multiplicar los expedientes por infracciones nunca contó con el respaldo de los alcaldes. Sólo 45 de los 315 municipios se adhirieron durante estos tres años voluntariamente a la agencia, pensada también para tutelar las competencias urbanísticas en los ayuntamientos más pequeños que apenas cuentan con medios para hacerlo.
La desconfianza de los alcaldes (de todos los partidos) fue a más cuando la APLU empezó a instruir expedientes y a revisar licencias urbanísticas con sus inspectores sobre el terreno. El caso más paradigmático fue el de Barreiros, en la Mariña lucense, que desembocó en 44 recursos por la vía de lo contencioso-administrativo que el bipartito presentó contra cada una de las licencias otorgadas por el alcalde Alfonso Fuente Parga, para edificar 3.174 viviendas en suelo sin urbanizar.
En virtud de un convenio que Manuel Fraga firmó aún como presidente en 2004 con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, Xunta y ministerio público se comprometían a intercambiar información sobre hechos presuntamente delictivos. Esa declaración de intenciones derivó en un acuerdo de colaboración entre la APLU y el ministerio público suscrito el pasado septiembre para colaborar en la persecución de delitos relacionados con la construcción. La nueva fórmula irritó al conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, que ya entonces mostró en público su contrariedad por el acuerdo. Hernández supo entonces que la Justicia pondría el punto de mira sobre la forma de entender el urbanismo de varios alcaldes, algún histórico del PP, pero también socialistas y nacionalistas.
El conselleiro temía -porque había visto la espectacular foto aérea de Barreiros que ocupaba toda una pared en la sede de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística con las edificaciones irregulares marcadas en rojo- que este alcalde de la Mariña lucense podría ser el primero en entrar en los juzgados. No se equivocaba. La denuncia contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, la firmó el fiscal jefe de Lugo a mediados de diciembre pasado y toma como base los informes de la APLU.
El ministerio público acusa al regidor y a tres de sus concejales, así como a la arquitecta municipal, de prevaricación urbanística, por conceder a lo largo de todo el año 2006 los permisos pese a los informes contrarios de la secretaria del Ayuntamiento y el requerimiento de la anterior Consellería de Política Territorial para que no lo hiciese.
Son varios los funcionarios consultados que afirman que entonces se fraguó la destitución de Hipólito Pérez como director de la axencia. No era ningún secreto, porque por aquel entonces, finales de diciembre, principios de enero, un importante alto cargo de la consellería de Territorio se permitía admitir en público que tal vez Pérez fuese "demasiado estricto" para ese puesto.
La destitución del que había sido subdirector de Disciplina Urbanística con Feijóo hasta 2005 se fraguó el jueves 11 de marzo en el Consello de la Xunta, sin que el presidente comunicase la decisión a la prensa. Hernández explicó después que la incorporación de María Martínez Allegue, ex secretaria de los ayuntamientos de Mos y Tui, al puesto en sustitución de Hipólito Pérez buscaba fomentar "la cooperación con los ayuntamientos". Pese a esa declaración, tanto Henández como el presidente de la Federación de Municipios e Provincias, el socialista Carlos Fernández, se apresuraron a desmentir que los alcaldes hubieran presionado para relajar el control de la agencia, a la que el propio Fernández, regidor de Ames, siempre se negó a adherirse.
Una semana más tarde, fue el propio Feijóo quien reconoció que su Gobierno decidió modificar los estatutos para que el director de la agencia no tuviese "especifidades" respecto a otros directores generales. Dicho en lenguaje llano: la inspección, el control urbanístico y la potestad de sancionar vuelven a depender directamente del poder político.
La purga en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística había comenzado meses antes. Con el director, desde la llegada del PP a la Xunta, han caído su segunda, Isabel García, y tres de los cuatro jefes de servicio provinciales, a excepción del de Ourense. Además de descabezar el equipo que había puesto en marcha este organismo, la nueva relación de puestos de trabajo que está elaborando la dirección del ente prescinde de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería.
El cambio de los estatutos de la APLU operado por el departamento de Hernández le sirvió además para hacerse con competencias hasta ahora en manos de la agencia: desde ahora el poder para autorizar obras y usos en los primeros 100 metros de la costa recaerá también sobre la consellería. El conselleiro de Territorio recupera la potestad para autorizar paseos marítimos municipales, chiringuitos, aparcamientos e incluso infraestructuras para piscifactorías en la zona de servidumbre.
* ELPAIS.com - 28.03.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
