MÁLAGAHOY* : Los mismos obreros que ejecutaron la polémica reforma de la vivienda del concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, realizaron varias obras municipales en diversos distritos de la capital por encargo de una o varias de las empresas vinculadas a Enrique Vega, supuesto mediador en la concesión de la piscina de Puerto de la Torre. Este extremo fue confirmado a este periódico por Roman Sulzycki, padre del operario que solicitó la licencia para la adecuación del piso del edil del PP. Sulzycki, en una conversación mantenida con este periódico, señaló que fueron "muchas" las actuaciones que recibían algunas de las firmas de Vega, entre las que mencionó por ejemplo Urbacon (de la que Vega fue administrador único hasta abril de 2009), por parte del Consistorio y que, posteriormente, les eran subcontratadas a ellos.
Si bien no supo precisar un número exacto, sí señaló que alguna de estas actuaciones se localizaron en Palma-Palmilla e hizo hincapié en que hubo muchos encargos para la adecuación y mejora de colegios públicos.
Según expuso, junto a su hijo creó una pequeña empresa de construcción a la que acudía Vega para poder realizar ciertas intervenciones. De hecho, según comentó, ha estado recibiendo pedidos por parte de este empresario durante "unos tres años y medio". Sulzycki mostró su malestar con el trato recibido por Enrique Vega, puesto que, según afirmó, tiene problemas de pago por las obras realizadas. Este periódico trató de conocer la versión del empresario ante las aseveraciones de Roman, sin que ello fuera posible.
"Siempre cogía buenos trabajos del Ayuntamiento", explicó, al tiempo que recordó cómo el empresario vinculado a la adjudicación de la piscina de Puerto de la Torre, que investiga un juzgado para dilucidar la posible existencia de un presunto delito de cohecho, "muchas veces, porque yo trabajaba bien, me decía que por qué trabajaba tan rápido; me decía que fuese más lento". El nombre del hijo de Roman ha salido a relucir porque fue a él al que el edil del PP responsabilizó de que la licencia que se pidió y se concedió para la reforma de su casa se correspondiese con un proyecto valorado en 1.700 euros, cuando el coste final de los trabajos se ha elevado a unos 12.000, según Díaz.
Hay que recordar que, según admitió el concejal el pasado mes de febrero, los obreros que hicieron la adecuación de su piso le fueron recomendados por el propio Vega.
De acuerdo con la información facilitada por el equipo de gobierno del PP en octubre de 2009 sobre contratos menores adjudicados entre 2006 y finales de 2009 en los diez distritos de la ciudad, hay al menos 14 proyectos que recayeron en manos de dos firmas vinculadas a Vega, la ya mencionada Urbacon y Servicios Integrales LJS. Intervenciones valoradas en unos 434.000 euros.
Entre las acciones realizadas en este periodo por Urbacon se pueden mencionar en 2007 la mejora en los colegios Los Ángeles y Ciudad Mobile, por 30.000 euros cada una; en 2008, dos actuaciones de acerado y asfaltado en La Roca y Martiricos, por otros 30.000 euros cada una, y la mejora en colegios Cerro Coronado y preescolar Martiricos, por 45.000 euros. Todas estas obras tuvieron lugar en Palma-Palmilla.
Pero no fue el único barrio donde Urbacon actuó. A las mismas se pueden sumar, según los datos municipales, la eliminación de barreras arquitectónicas en El Palo y Pedregalejo (30.000 euros), obras de reforma y mejora en el colegio público Las Flores, en Ciudad Jardín (30.000 euros) y obras de microactuaciones en la barriada Parque del Sur y adyacentes, por otros 30.000 euros.
En el caso de Servicios Integrales LJS, el listado de contratos municipales entre 2006 y finales de 2009 incluye obras en zonas verdes en Palma-Palmilla, por 30.000 euros; dos contratos para zonas verdes en los sectores de La Roca y Martiricos, por 60.000 euros en total (ambas datan de 2008); mejoras en el colegio público Hogarsol y otras del distrito de Carretera de Cádiz, por 30.000 euros, y el mantenimiento de parques y jardines de este distrito, por otros 28.879 euros.
Más allá de los contratos menores de los distritos, el propio Ayuntamiento informó hace algunas semanas de que estas dos firmas, más otras dos vinculadas a Vega (Sermacon Seguridad, S.L. y Sermacon Servicios Auxiliares) habían recibido contratos por 1,1 millones de euros, aproximadamente. En este último periodo, la Gerencia de Urbanismo, por ejemplo, contrató a Urbacon para la realización de dos obras del primer plan Zapatero y del Proteja, por 537.864 euros. A éstas se suman otras obras por 343.000 euros por parte de otras áreas del Consistorio.
* Málaga Hoy - 9.03.11
Foto: Málaga, concejal Urbanismo y alcalde - diariosol
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LAOPINIÓN/Granada* : El Ayuntamiento de Alhendín, gobernado por el PSOE, ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada a pagar dos millones de euros por las obras de un polideportivo que la anterior corporación municipal, del PP, inauguró antes de terminar. La sentencia ha sido dada este viernes a conocer en rueda de prensa por el alcalde, Miguel Ángel Gamarra (PSOE), quien ha informado de que el PP pretendía financiar las obras por medio de un convenio que preveía cesiones por aprovechamiento urbanístico del polígono industrial Marchalhendín. Ese convenio fue considerado ilegal por el juez que instruye la presunta trama de corrupción urbanística conocida como 'caso Marchelo', en el que hay 15 imputados, entre ellos el ex alcalde y al ex edil de Urbanismo del anterior gobierno del PP por supuesta prevaricación y cohecho.
Por el impago de las certificaciones emitidas para la ejecución de las obras del polideportivo ha sido condenado ahora el Ayuntamiento, que ha recurrido la sentencia.
Según Gamarra, el pabellón deportivo fue inaugurado por el anterior equipo de gobierno el 31 de marzo de 2007, pero no entró en funcionamiento porque las obras aún no estaban acabadas y porque el inmueble presentaba además "numerosas deficiencias".
El presupuesto total del pabellón cubierto ascendió a 3,8 millones porque aunque se licitó por 2,5 millones, con posterioridad se hizo un modificado de proyecto por valor de 1,2 millones.
La actual corporación lleva invertidos más de 300.000 euros para la puesta en funcionamiento de parte de las instalaciones, según Gamarra.
* La Opinión Granada - 7.03.11
Foto: alhendin -ideal digital
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ELCORREO/Vizcaya* : El Juzgado Mercantil nº1 de Bilbao ha aceptado finalmente la solicitud presentada por la promotora Arco Atlántico para acogerse a la Ley Concursal. Ahora, la sociedad será intervenida judicialmente y los administradores que designen los magistrados supervisarán cada una de las decisiones de cierto calado que tome el consejo. La suspensión de pagos del grupo inmobiliario es de una importancia capital ya que, entre otras cuestiones, compromete la limpieza de la parcela Rementeriñe de Derio, donde los planes iniciales preveían levantar casi dos centenares de chalés. Una urbanización de 300 pisos en Llodio quedaría, en principio, al margen de la problemática, ya que la empresa ha iniciado la venta del suelo a Balzola.
La difícil situación económica que atraviesa la firma ha puesto en alerta a un buen número de proveedores y también a las ocho familias que compraron su vivienda adosada o unifamiliar en el barrio de San Isidro de la localidad del Txorierri, pero que se negaron a escriturar por la aparición de residuos tóxicos en la zona, después de haber adelantado hasta 200.000 euros. El pasado verano, el Gobierno vasco multó a la compañía y la obligó a sanear el terreno, que durante décadas se empleó como vertedero de residuos industriales. Sin embargo, «nada» se ha hecho desde entonces, denuncian los afectados. La limpieza de la parcela, en la que aparecieron restos de aceite y metales pesados, podría suponer una factura de varios millones de euros. Por ello, y dadas las penurias económicas que los gestores de Arco Atlántico han puesto en conocimiento de los jueces, las personas que se han visto arrastradas en lo que consideran «una trampa» urbanística estiman que las labores de limpieza «nunca llegarán a efectuarse».
El pasado mes de noviembre, cuando recurrieron a la Justicia para protegerse de sus acreedores, los gestores de Arco Atlántico garantizaron que cumplirían el mandato del Ejecutivo autonómico y que procederían a eliminar la masa de vertido existente en Rementeriñe. Para ello, la promotora dijo contar con una partida de dinero reservada, donde se incluían unos 260.000 euros que cobraron de los anteriores propietarios de los terrenos. En aquel momento, también afirmaron que el inicio de las tareas de descontaminación era una cuestión de semanas, sino de días. Una afirmación que también suscribió entonces el alcalde de la localidad, Lander Aiarza. Sin embargo, lo único que se ha hecho este invierno ha sido una limpieza superficial del entorno, con la eliminación de parte del material de obra y de escombros. Ayer, este diario se intentó poner en contacto con Arco Atlántico, a través de su agencia de prensa, como hizo hace cuatro meses. Esta vez, los responsables de comunicación no ofrecieron respuesta.
Responsables subsidiarios
En gran medida, el futuro de Rementeriñe quedará en manos de los administradores judiciales que ahora sean designados. Ellos serán los que comprueben 'in situ' si la compañía tiene fondos para cumplir el compromiso o si, como sospechan los afectados, no hay patrimonio suficiente para sufragar la compleja operación. Recientemente, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco advirtió al Consistorio de Derio de que debería de hacerse cargo de los trabajos de forma subsidiaria, en el caso de que Arco Atlántico quebrase.
Las ocho familias que se han negado a escriturar mostraron ayer su disposición a presentarse como acreedores en el proceso abierto. «A fin de cuentas, hemos entregado un dinero muy importante y no nos han dado lo que nos prometieron», apuntó uno de los afectados. «De esta forma, además, podremos tener información de primera mano de todo lo que suceda», añadieron.
El conflicto de Rementeriñe ha causado una gran confrontación social en Derio. Incluso el PNV llegó a buzonear un escrito en el que se acusaba a las familias que se opusieron a recepcionar su casa de provocar con su actitud la bancarrota de Arco Atlántico.
* El Correo - 9.03.11
Foto: Derio (Vizcaya) - todopueblos.com
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SUR/Málaga* : Juan Antonio Roca no se arruga. Lleva cuatro sesiones declarando ante el fiscal cómo amasó un patrimonio valorado en más de 210 millones. El principal acusado del 'caso Malaya' recurre con frecuencia a la arrogancia para explicar que fue gracias a sus 'negocios' como consiguió su enorme fortuna. Una y otra vez Roca ha negado estos días, y ayer también, el origen ilícito de su capital y por tanto que su enriquecimiento estuviera vinculado a su posición de controlador del urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, adonde llegó en 1991. «El señor Roca no llegó a Marbella en un seat panda, como dijo en una ocasión la policía, sino que llegó con dinero físico y contante y sonante; invirtió en Marbella, después desinvirtió y volvió a invertir en otra cosa», contestó irritado al fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.
Roca se mostró agrio durante el interrogatorio de López Caballero a quien interrumpió en varias ocasiones, llegando incluso a invertir los papeles, a preguntar él al representante del Ministerio Público, por lo que fue reprendido por el presidente del tribunal.
Insistió en que cuando llegó a Marbella en 1984 lo hizo «con dinero en efectivo y letras del Tesoro». Luego, en 1990, cifró sus bienes en 500 millones de pesetas, cantidad que el representante del Ministerio Público estima que es menor, ya que se calcula que su patrimonio en 2006 era de 210 millones de euros. «No me salen las cuentas», le advirtió López Caballero a Roca, a lo que éste rápidamente le contestó «¿Quiere que se las haga yo?».
«Un señor fenomenal»
El presunto cerebro de la corrupción urbanística, una vez más, admitió abiertamente que realizó inversiones con dinero «opaco» a Hacienda. De hecho, esa parece ser su estrategia de defensa para defenderse de las acusaciones de blanqueo de la Fiscalía Anticorrupción. Así, durante el interrogatorio reconoció que compró dos apartamentos en Marbella en 1989 por más de 140 millones de pesetas a través de dos sociedades gibraltareñas, que, dijo haber adquirido con dinero no declarado al fisco. «¿Tener oculto un dinero a Hacienda es un mérito para usted?», le preguntó el fiscal. Roca titubeó por primera vez: «Yo estoy tratando de demostrar que tenía dinero, que estaba oculto sí, pero que tenía dinero físico. No estoy haciendo gala de no pagar a Hacienda, ni digo que fuera un señor fenomenal por no pagar».
En otro momento de la declaración, al ser preguntado por el fiscal que por qué pidió un crédito de 57 millones al banco si tenía 500 millones de pesetas, Roca replicó sarcástico: «Cómo voy a decirle al banco que tengo 500 millones en efectivo, qué hago, ¿lo meto en una bolsa y se lo enseño?».
El acusado se mostró alterado cuando López Caballero le reprochó el «descomunal desequilibrio existente entre sus ganancias y su patrimonio» y en el tira y afloja dialéctico le cuestionó por lo contradictorio que resulta que sus inversiones de mayor cuantía las realizase en una época de crisis económica (década de los noventa). «Yo siempre he comprado en época de crisis. Y le demostraré que en otra época de crisis le compro a los bancos muy barato y si ahora estuviera en la calle le estaría comprando a los bancos barato, lo he hecho siempre y no me ha ido mal», se justificó.
Abundando en la misma línea, el representante del Ministerio Público le recordó que en 1991 estaba inscrito en el paro. «Estaba inscrito porque interesaba, porque así se podía hacer una deducción empresarial. Pero yo ya estaba trabajando en el Club Financiero», explicó. El fiscal le sacó también que en esa época presentaba el «perfil» de una persona carente de ingresos, incluso, como «dato objetivo», le ha mencionado que en 1991 devolvió una letra de seis mil euros. «Mire usted, eso no significa que no tenga dinero. Todos los empresarios devuelven letras y no porque no tengan dinero. Si eso fuera así entonces en este país no tendría dinero ni Dios».
Respecto a Montserrat Corulla, acusada de ser su testaferro, Roca dijo que la contrató él y que tenía un salario de alta dirección de 4.000 a 5.000 euros mensuales.
* SUR - 8.03.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy
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LEVANTE/Castelló* : El pleno de Orpesa desestimó 12 reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por vecinos de la urbanización Platgetes de Bellver por los daños ocasionados a sus viviendas durante las obras de urbanización acometidas por Sedesa. Con esta resolución, cuestionada por el portavoz nacionalista Josep Lluís Romero, se abre la vía al recurso de reposición y al contencioso, que puede llevar al consistorio a pagar cuantiosas indemnizaciones a los demandantes. Las mismas que ya han reclamado otros 9 afectados que en octubre de 2010 recibieron idéntica respuesta. Es el enésimo contencioso al que se verá abocada la corporación tras lo ocurrido con los edificios Portomar y Bernat, el primero ya demolido y el segundo a punto, tras sendas sentencias del TSJ de la Comunitat Valenciana.
La decisión del grupo de gobierno del PP con los votos del GIO se produce tras haberse resuelto el expediente abierto por la alcaldía para determinar a quién eran imputables los daños. Así, como consta en todas las propuestas de acuerdo, se asume la tesis de la firma Sedesa, concesionaria de las obras, que "niega toda relación causal de los supuestos dañosÉ ya que ninguna constancia existe de dicha causalidad, salvo las afirmaciones del reclamante".
Con ese argumento como base Sedesa va descartando su responsabilidad en daños a las viviendas y en otros objetos de propiedad del ayuntamiento. Por ello, acuerda desestimarlos porque, "de existir relación de causalidad entre la ejecución de las obras y los daños, éstos serían imputables a la empresa Sedesa, como ejecutora de las mismas".
Las obras fueron contratadas el 10 de abril de 2006 con la empresa Sedesa. Como recuerda el concejal Romero, "a la baja", algo que ha generado "molestias e incomodidades a los vecinos, que en ocasiones se han visto imposibilitados de salir con normalidad de sus viviendas".
Romero, hizo constar en el pleno su disconformidad con el argumento empleado por el consistorio para desestimar las reclamaciones recibidas, "porque no es posible que se caigan muros encima de los coches y que Sedesa diga que las obras que realizaba en la zona no tienen nada que ver, que no existe causa efecto, cuando si uno se acerca a la urbanización y comprueba la situación se da cuenta que alguna relación sí que puede existir. Una respuesta, la del consistorio que parece una nueva provocación".
Por ello, "no entendemos que el consistorio apruebe la tesis de que los muros se caen por arte de birle-birloque. Salvo que esa postura esté motivada por las vinculaciones de la empresa con un conseller" del gobierno Camps.
Entiende el portavoz del Bloc que "la resolución del pleno será utilizada por la mercantil Sedesa, en beneficio propio y para descargase de responsabilidades en el juicio". Un juicio en el que serán 21 propietarios, en el caso de que todos los afectados recurran al contencioso. "Algo que no se puede permitir un consistorio que ya tiene por delante las indemnizaciones millonarias a los afectados del Bernat y del Portomar", recalca Romero.
El polígono industrial
En el turno de ruegos y preguntas el equipo de gobierno respondió a la pregunta del Bloc sobre la devolución del aval a la empresa adjudicataria de la construcción del vial de acceso al polígono industrial. Según Romero, "el concejal de Urbanismo ,para agilizar los trabajos". Trabajos que, recordó el nacionalista, "llevan varios meses parados". El pleno de anteayer aprobó también el reconocimiento extrajudicial de créditos, correspondiente a facturas de gastos realizados en años anteriores por valor de a 229.875 euros. También se acordó la unificación de las facturas de electricidad mediante dos únicas partidas, en lugar de realizarse el pago desde las diferentes concejalías.
La corporación votó unánimemente a favor de la declaración institucional presentada por el Bloc para reclamar la vuelta de la señal de las emisiones de TV3.
* Levante - 9.03.11
Foto: Un muro derribado durante los trabajos en la urbanización en les Platgetes.- levante
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PIPI GAGO* : La presunta trama de corrupción urbanística desenmascarada en nuestra ciudad con las posibles implicaciones de un ex-político, funcionarios municipales y profesionales libres, ha colocado en el punto de mira la gestión realizada, en los últimos años, desde la Concejalía de Urbanismo. Años en los que han proliferado las construcciones en zonas no urbanizables, por estar claramente protegidas (lagunas, cañadas, pinares…), y en los que la revisión del PGOU sufre un retraso de casi diez años en su redacción. Y cuando hablamos de proliferación nos referimos a miles de viviendas, que han provocado un caos urbanístico difícil de enderezar a pesar del impulso que al mismo han dado los nuevos redactores contratados desde el Consistorio portuense. Si a principios de los 90 se hablaba de 5.000 edificaciones ilegales, a día de hoy se contabilizan más de 15.000 que han creado una ciudad escondida pero visible desde cualquiera de sus accesos.
Es curioso que cuando fuimos recibiendo los primeros mensajes, a través del twitter y los espacios digitales, informando de los registros que se estaban llevando a cabo en la sede de la delegación de Urbanismo y se tenían noticias de las primeras detenciones, nadie se sorprendía y el comentario más utilizado entre los mentideros era que la justicia es lenta pero no tonta, y que más tarde que nunca las contínuas denuncias interpuestas en los juzgados podrían poner en su sitio a más de uno/a.
La situación creada por el caso, declarado bajo secreto de sumario, ha dado pie a un cambio en el ambiente preelectoral que se estaba viviendo en la ciudad de cara a los próximos comicios municipales. Por mucho que los candidatos quieran dirigir sus campañas hacia temas menos delicados, el futuro urbanístico de la ciudad estará presente -sí o sí- en cada programa y debate. Y esta vez habrá de ser cumplido y puesto en marcha a rajatabla y sin ningún fleco pendiente. No debemos dejar pasar esta oportunidad para colocar las cosas en su sitio y hacer de El Puerto una ciudad habitable y organizada. Y no otra Marbella cualquiera como muchos, al parecer, siguen empeñados.
* Diario de Cádiz - El Alambique - 8.03.11
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