INFORMACIÓN* : Oposición total. Los vecinos de la zona de la Estación de Adif, agrupados en la Plataforma Renfe, mostraron ayer su frontal rechazo al nuevo proyecto del soterramiento de las vías férreas de Alicante propuesto por el Ministerio de Fomento y que incluye la construcción de 13 bloques de viviendas, lo que impediría realizar el gran parque lineal previsto.
"Esto es una barbaridad inviable, increíble e indecible", confesó ayer a este diario el coordinador de la Plataforma Renfe Joaquín López, quien aseguró que el último planteamiento del Ministerio "es un invento que demuestra que se quiere hacer todo lo posible para no poner el dinero suficiente para acometer un proyecto que lleva estancando cuatro años". Según la propuesta técnica de Fomento, el incremento del número de pisos en los terrenos de Renfe liberados se distribuirían en 13 grandes torres: cinco de 41 plantas y otras ocho de 22 alturas. De este modo, de las 1.500 viviendas previstas en el acuerdo inicial, se pasaría ahora a más de 4.000 para poder financiar las obras del soterramiento a través de las correspondientes plusvalías. El coste del proyecto ascendería a 600 millones frente a los 200 previstos inicialmente.
"Los errores de los políticos -comentó el representante de los vecinos- no los debe pagar la ciudad. Si el proyecto cuesta ahora 400 millones más, que los paguen quien tenga que pagarlos, pero no a través de las plusvalías, porque Alicante no se merece que se quiera hacer un Manhattan en medio de la ciudad". Asimismo, la Plataforma Renfe exigió que el proyecto respete la gran zona verde incluida "en el convenio consensuado entre PP y PSOE y que ahora quieran quitar".
Por su parte, el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, consideró ayer "muy preocupante que todavía no haya fecha para el inicio de las obras del soterramiento". Mientras tanto, el portavoz del colectivo local de Esquerra Unida (EU), Miguel Ángel Pavón, denunció "la excesiva dependencia que tienen las plusvalías de los terrenos liberados sobre la financiación del proyecto". "Las torres no responden a ninguna justificación urbanística o arquitectónica, y únicamente encuentran su razón de ser en la falta de financiación pública", afirmó Pavón.
El Consell considera "difícil" que el AVE llegue en 2010
El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, afirmó ayer que las últimas adjudicaciones de seguridad y señalización del tren de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana "hacen temer que con los plazos de ejecución previstos va a ser muy difícil que el AVE llegue en 2010".
En este sentido, Flores lamentó en un comunicado que esos plazos son "muy ajustados" ajustados y con ellos el Gobierno central "en lugar de impulsar el AVE, lo que está haciendo es poner en riesgo la llegada de la alta velocidad en la fecha prevista". El conseller tildó de "decepcionante" que "tras más de un año sin reunirse, la sociedad Avant para el soterramiento de Alicante haya convocado una reunión para el martes que viene donde sólo va a tratarse la aprobación ordinaria de las cuentas, donde va a procederse al cese y nombramiento de consejeros que debía haberse realizado hace un año y donde, previsiblemente, va a seguir sin avanzarse en la aprobación del proyecto de la llegada del AVE a la ciudad de Alicante", concluyó.
* Información - F. D. G. - 29 de junio de 2008
Foto: Las obras del soterramiento - CRISTINA DE MIDDEL, diarioinformacion.com
Alicante: Los vecinos rechazan el plan de Fomento para soterrar las vías y lo tachan de ´barbaridad´
Los residentes, críticos con el estado de los cascos históricos
CONSUMER* ha querido conocer de primera mano la opinión de los residentes sobre los cascos históricos en los que viven y desarrollan buena parte de su día a día. Se ha encuestado a 1.000 personas (100 en Madrid y Barcelona, 50 en el resto de capitales visitadas). En la visión de estas ciudades predominan más las sombras que las luces, en especial en los apartados de limpieza, conservación de inmuebles, dotación de servicios y zonas verdes.
De hecho, la nota media que le conceden a estas zonas es, en una valoración de cero a diez, de un escueto 6. Los más satisfechos, los encuestados en Pamplona (8 puntos sobre 10), Logroño, Murcia, Oviedo, Valladolid y Bilbao (todos ellos con 7 puntos sobre diez). Los más descontentos, los de Barcelona y Sevilla (4 puntos):
- Limpieza: El 61% de los 1.000 encuestados suspendieron la limpieza de su casco histórico con un 'regular' o un 'mal'. Los motivos fueron tres: "se limpia con poca frecuencia","hay muchas pintadas, carteles y todo tipo de desperfectos"; y "todo está muy sucio y huele muy mal".
- Servicios: Uno de cada tres vecinos consultados se quejaron de la dotación de servicios de los cascos históricos. En Vitoria (el 54% de las personas preguntadas) y Granada (un 65%) se mostraron especialmente descontentos.
- Movilidad y accesibilidad: El 41% de los encuestados afirmó que las calles en las que viven no son accesibles para personas con algún tipo de discapacidad o mayores.
- Seguridad: Ciertas calles o zonas de los cascos antiguos de las ciudades se han convertido en un foco de delincuencia. De ahí que muchos vecinos, tanto de estos barrios históricos como de otras partes del las ciudades, aludan a la inseguridad de estas calles. Entre los más descontentos: los residentes en el casco viejo de Barcelona, Vitoria, Córdoba y Sevilla. Los más confiados: granadinos y vallisoletanos.
- Rehabilitación integral: La mitad de los encuestados considera necesaria una reforma de los cascos históricos. Los más satisfechos con el estado actual de las calles en las que viven: los residentes en San Sebastián y Valladolid; zaragozanos y alicantinos son los más críticos. Puestos a hacer reformas, los porcentajes apenas varían pero destacan los que apuestan por mejorar calles y viviendas.
Comparando con otras zonas de la ciudad: Los encuestados se muestran en general poco satisfechos de los resultados de la comparación entre su barrio y el resto de zonas de la ciudad en la que viven:
1. Servicios: Al menos la mitad de los residentes preguntados considera que está igual que otras zonas de la ciudad, pero un 30% opina que la dotación de infraestructuras es peor en el casco viejo.
2. Viviendas: Un 46% considera que el estado de sus casas es lamentable, en especial los malagueños, alicantinos, coruñeses y zaragozanos.
3. Calles: La mayoría asegura que el estado de las calles es similar al del resto de vías de su ciudad.
4. Limpieza: Para uno de cada dos vecinos consultados, la limpieza y el mantenimiento de las calles en las que viven apenas se diferencian de las de otros barrios. Sin embargo, un 30% afirma que la dejadez es mayor en el centro histórico. Los de Oviedo son los que menos se quejan en este apartado.
5. Accesibilidad: Un 48% defiende que la accesibilidad en estas zonas es mala, sobre todo en Alicante y Granada.
6. Zonas verdes: Seis de cada diez encuestados critican que la dotación de zonas verdes es peor en el casco histórico.
El casco antiguo ideal
El centro histórico no sólo debe ser un escenario preparado para los turistas. Las personas que residen en las calles más antiguas de la ciudad deberían ser la prioridad en sus proyectos de recuperación. Por ello, el casco antiguo ideal tendría que disponer de:
- Oficinas administrativas: Es beneficioso que el ciudadano perciba que entre la Administración y él se establece una relación cercana y que el casco antiguo también es importante.
- Centros de salud y farmacias: Se trata de un servicio fundamental para que el residente en el casco histórico cuente con un mínimo de calidad de vida y no tenga que hacer sus gestiones médicas al otro lado de la ciudad.
- Centros para la tercera edad: El envejecimiento de la población es general, pero aún mayor en los cascos históricos.
- Centros educativos, de ocio, culturales y bibliotecas municipales: La dimensión cultural y educativa juega un papel muy importante para dinamizar y cohesionar la vida del casco antiguo.
- Zonas verdes y parques infantiles: Al igual que en el resto de la ciudad, los espacios públicos de reunión mejoran la calidad de vida en la ciudad.
- Calles peatonales: Fomentan la vida social en las calles del barrio.
- Movilidad: Los vecinos del casco histórico deben disponer de paradas de autobús, tranvía o metro que les lleven al lugar de la ciudad que necesiten. Además, para fomentar el transporte sostenible es conveniente instalar aparca-bicis.
- Viviendas y pavimento en buen estado: El casco histórico de muchas ciudades conserva viejas construcciones y pavimento que necesitan ser rehabilitadas.
- Mobiliario urbano: Al igual que en otros barrios de la ciudad, un casco antiguo precisa de farolas que proporcionen la necesaria iluminación, papeleras que ayuden a conservar en buen estado las calles, pivotes o bolardos que separen el tráfico (si la calle no es peatonal) de los viandantes, bancos...
- Limpieza: Los cascos históricos deben tener papeleras, contenedores de recogida selectiva de basura y los equipos de limpieza deben limpiar la zona con regularidad.
- Accesibilidad: Lo más habitual es que las estructuras de los cascos históricos sean irregulares, con rampas y escaleras inaccesibles para personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Por ello, el Gobierno municipal debe instalar sistemas (rampas o escaleras mecánicas y ascensores) que permitan a esta parte de la población salvar este tipo de obstáculos.
* Consumer Eroski - Reportaje, pag.4 - junio 2008
Foto: Consumer
NOTICIA RELACIONADA: Cascos históricos urbanos: 18 ciudades, una a una - CONSUMER - Junio 2008
La UE investiga Gran Manises
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LEVANTE/Valencia* : La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite una denuncia del Agrupament Progresista de Manises (APM) -actualmente en el grupo municipal junto al PSPV- contra la macrourbanización Gran Manises y ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación.
La queja se presentó por APM en diciembre de 2007 por los "numerosos incumplimientos legales" que supondría la ejecución del PAI, en opinión de este partido. En concreto, en la denuncia se incidió en la "invasión del dominio público hidráulico" de diversos barrancos como el Salt de l'Aigua y el Fondo, además de ubicarse "en zona susceptible de inundaciones". Durante la tramitación del PAI también APM denunció estos asuntos ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Otro asunto al que se hace referencia en la queja es el impacto que Gran Manises tendrá sobre determinadas carreteras del Estado, así como "el elevado coste que supondrá hacer los accesos necesarios" al by-pass y al aeropuerto "sin que su definición y financiación estén de ninguna manera detallados en el proyecto urbanístico que se ha aprobado" y que presentó una empresa mixta en la que participa el Instituto Valenciano de la Vivienda. APM denunció asimismo estos condicionantes previamente ante el Ministerio de Fomento.
La Comisión de Peticiones ha respondido que "de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Parlamento Europeo, ha decidido admitirla a trámite, debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea".
Para APM, la decisión es "muy importante" ya que "una institución de prestigio va a investigar Gran Manises, un proyecto que, de realizarse, supondría convertir Manises en otra ciudad que duplicaría la actual población de 30.000 habitantes".
* Levante-EMV - Laura Sena, Manises - 29 de junio de 2008
Foto: Manises (Valencia), proyecto Gran Manises - lasprovincias.es
Más de 40 cargos públicos imputados por corrupción en Canarias en tres años
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LAPROVINCIA* : Más de cuarenta cargos públicos imputados por corrupción en Canarias en los últimos tres años es el balance que arroja la denominada operación manos limpias. Treinta y seis meses a algo más de un imputado por mes, o un cargo público imputado cada 26 días.
Desde que el juez Parramón ordenó la detención de Celso Perdomo por el denominado caso eólico, pasando por el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que situaba a Miguel Zerolo en el epicentro de una presunta trama de cobros ilegales en Santa Cruz de Tenerife, hasta la libreta de Mickey Mouse en la que Toñi Torres apuntaba los pagos secretos en Telde, el Archipiélago canario vive a sobresalto de portada de periódico.
Alcaldes y concejales, fundamentalmente, componen el grueso del perfil del cargo público imputado en Canarias, donde los últimos 36 meses han dado para mucho.
9 de febrero de 2006. Por orden del juez Parramón, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, la policía detiene a siete personas, entre ellos el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo. Arrancaba así el caso eólico, una presunta trama que pretendía hacerse con el negocio de los parques eólicos en el Archipiélago a cambio de comisiones por kilovatio de potencia adjudicada.
Pero sólo fue el inicio. El 1 de marzo de 2006, pasadas las siete de la mañana, la policía acudía a una vivienda de la calle Galicia, en la capital grancanaria, para detener a Toñi Torres, concejala de Obras Públicas en el municipio de Telde y cerebro de otra presunta trama de corrupción en torno al ayuntamiento cuyo objetivo era cobrar comisiones a empresarios por adjudicación de obras públicas.
La operación Faycán es la más voluminosa investigación de corrupción que se lleva en Canarias en estos momentos, con una cifra de imputados que ronda el medio centenar, doce de ellos cargos públicos. Un alcalde (Francisco Valido), nueve concejales, un asesor de obras públicas y un ex parlamentario, para ser exactos.
MOGÁN. Tras Telde, la ruta de la corrupción (presunta) tomó el camino de la autopista del sur de Gran Canaria para detenerse en Mogán, el turístico municipio de 21.000 habitantes. El 23 de enero de 2007, el alcalde del Partido Popular Francisco González y su teniente de alcalde, Onalia Bueno, se encontraban con una sorpresa a primera hora de la mañana en sus propios domicilios: la policía. Aunque sorpresa a medias, pues de las escuchas telefónicas que existen en el sumario judicial se deduce que ambos sabían de buena fuente que algo se estaba gestando en la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y que pronto serían detenidos.
La denominada operación Góndola se salda, por el momento, con un total de trece imputados, cuatro cargos públicos entre ellos: el alcalde, la teniente de alcalde y su padre, a su vez ex primer edil del municipio, y un concejal.
Tras Mogán, en junio de 2007, la operación manos limpias se detuvo en San Bartolomé de Tirajana, otro municipio turístico que levantaba sospechas de corrupción en los últimos años. Un concejal con mucho poder, Pacuco Guedes, es el cargo público imputado.
Pero hay más, está la operación Brisán que afecta a otros tres cargos públicos de Santa Brígida, y antes de todas ellas, el caso Icfem, que diez años después de su inicio sigue vivo con seis cargos públicos imputados. En total, más de cuarenta.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 29 de junio de 2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), puerto - wikipedia.org
La senda del Alhaurín
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EUROPASUR* : El fiscal del caso Astapa sostiene que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba según el patrón de Marbella. El modelo de gestión del maestro Jesús Gil ha hecho escuela, porque ha situado los resultados aparentes e inmediatos de los municipios de la Costa del Sol en un horizonte inalcanzable con la legislación, las reglas de juego democráticas y los métodos tradicionales de la Administración.
En los últimos veinte años no sólo ha dado un cambio copernicano la economía local a lomos del caballo desbocado de la construcción, sino que también ha calado hondo la idea de Gil de que los ayuntamientos hay que gestionarlos con criterios de empresa privada. El beneficio, el dinero, se han convertido en la pieza angular de un patrón de gobierno. Los medios no importan tanto como los resultados. El modelo marbellero tiene su punto de partida en una exagerada voracidad financiera del ayuntamiento. Lo cuentan distintos interlocutores en la Costa.
–Ser honrado es muy fácil o muy difícil. Eso es así en Estepona y en todas las marbellas de España.
–En Estepona se ha llegado a pedir 3.000 millones de pesetas por una recalificación.
–Yo he visto pedir más.
–¿En Estepona?
–No. En Marbella.
Insuficiencia financiera
“En una situación de bonanza, el dinero no hay quien lo pare”. La frase es de un observador de los cambios sociales ocurridos en la Costa del Sol desde que Jesús Gil consiguió 19 de los 25 concejales de Marbella en 1991. “El dinero es incontenible, le puede al político, le rebasa”. La debilidad económica de los ayuntamientos, denunciada por alcaldes de todos los signos políticos, inequívocamente democráticos, es el envés de la moneda. Es urgente un pacto local de ámbito nacional y regional. Pero no acaba de llegar. Y, mientras, está tan arraigada la idea de extrema necesidad de los ayuntamientos en el inconsciente colectivo, que toda maniobra para hacer dinero, aunque no se ajuste a la ley, es considerada legítima y tiene el beneplácito de la opinión pública y hasta de la oposición en muchos casos. En Estepona, algún reconocimiento de deuda, de obras ejecutadas sin contrato y sin concurso en el mandato de coalición entre socialistas y gilistas de 2003 a 2007, ha contado con la comprensión de la oposición.
Los operadores de la Costa tienen acuñado el término corrupción institucional para definir las irregularidades blancas, aquéllas en las que no hay blanqueo, ni dinero para el bolsillo del munícipe, ni financiación de partidos. Sólo el bien común, o dicho con un eslogan simplista, “lo mejor para el pueblo”. Éste es el inicio de todos los problemas. Y eso es posible porque la mayor parte de las decisiones de planeamiento dependen de la discrecionalidad del responsable municipal, mientras que la disciplina urbanística, las licencias de obra son procesos reglados, que deben atenerse a unos determinados criterios.
–Se habían creído que el problema estaba sólo en Marbella, después se encontraron con lo de Manilva.
–Y ahora, Estepona también.
–Se veía venir.
–Pero hay más.
–Hay mucho más, hay un modelo de gestión que escapa al Estado de Derecho.
–Ahí los tienes. Malaya en Marbella, con alcaldes gilistas como Julián Muñoz y Marisol Yagüe implicados, y la socialista Isabel García Marcos; Hidalgo entre Marbella y Estepona; Astapa en Estepona, con el alcalde socialista Barrientos imputado; Ballena Blanca entre Marbella y Manilva, con el alcalde gilista Tirado procesado.
–Y, además, está el caso Troya en Alhaurín el Grande, con el alcalde popular Juan Martín Serón empapelado.
–Astapa se parece a Troya.
–Más bien, está entre Troya y Malaya.
–Pero aquí no hay un Roca.
–No. Hay varios.
Un prestigioso profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Málaga lamenta este nuevo escándalo, porque va a terminar de echar de la política local a la gente de valía, que va a salir huyendo de todo lo público. Este mismo testigo privilegiado de lo que ocurre hace una advertencia: “Estamos en un Estado de Derecho, no en un Estado policial. Cuando la Policía o la Guardia Civil intervienen, ya el daño está hecho. Hay que establecer controles previos, con sutileza y cirugía. Si no, vamos a estar al nivel de los países del África subsahariana, ni siquiera como los del Magreb”.
–Los aprendices de Gil se han animado, porque han visto mucha impunidad.
–Gil ha hecho mucho daño a la autonomía local y la ha puesto en entredicho.
Isabel Conejo, la juez que instruye el caso Estepona, sostiene que Antonio Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, no se especifica en qué grado. La existencia de unas cajas de seguridad en los bancos para guardar dinero B recaudado a las promotoras fue denunciada en 2004 en Estepona por el concejal del PP Ignacio Mena. Y negada entonces por el alcalde socialista Antonio Barrientos y por su lugarteniente gilista José Ignacio Crespo, ambos imputados. Aunque Mena y su informante se ratificaron ante la Fiscalía, la existencia de estas cajas también ha sido desmentida ahora ante la juez por Francisco Zamorano (PSOE), concejal de Hacienda también imputado. Crespo fue primer teniente de alcalde durante la Alcaldía de Jesús Gil Marín entre 1995 y 1999 e hizo el mismo papel con Barrientos entre 2003 y 2007.
La entrada en vigor en 2003 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía obligó a los operadores en la Costa a innovar los procedimientos. La LOUA estableció que los ingresos por convenios urbanísticos debían dedicarse a patrimonio municipal de suelo y no podían utilizarse hasta que se aprobase la modificación pactada. Sin ánimo de señalar a ningún ayuntamiento en concreto, el modelo de gestión estableció dos métodos de recaudación. El primero, satisfacer necesidades municipales en seguridad, limpieza, ambulancias o bomberos.
–Me compras una UVI móvil y te firmo este convenio.
Desde que Jesús Gil Marín llegó a la Alcaldía de Estepona en 1995 hasta que terminó la coalición roja/colchonera de Barrientos y Crespo en 2007 se firmaron en la ciudad convenios para realizar 120 modificaciones de elementos en el plan general, por una cantidad de metros cuadrados incuantificable. Millones de metros. Alguna de esas modificaciones, como la de la zona Este, equivale a uno o dos nuevos PGOU. Barrientos llevó a pleno 20 convenios el día antes de la entrada en vigor de la LOUA, para poder disponer del dinero sin las nuevas restricciones legales. Esta medida levantó la irritación de la secretaria provincial, Marisa Bustinduy. Todo el mundo dice en Estepona que “Barrientos presumía de tener valedores en Sevilla”. Motivo por el cual, hay dirigentes del PP que hasta exoneran de responsabilidad a la jefa socialista de la provincia de Málaga. Aunque también puede ser que lo hagan para cobrarse una pieza mayor, en la dirección regional del PSOE o en el Gobierno andaluz. En todo caso, la presencia de una hija del presidente del Senado, la abogada Patricia Rojo, como gerente de Urbanismo era frecuentemente invocada por el alcalde para despejar las críticas del partido.
–Hubo un momento, en 2004 en que Marisa le dijo a Barrientos que se habían acabado los convenios.
–Pero cuando el alcalde se lo dijo a Crespo, el líder del PES le invitó a comer y le explicó que ya tenía una moción de censura preparada.
–Y Barrientos recondujo la situación.
Desarticulación institucional
La presencia de Rojo en el Ayuntamiento también alienta una conexión vasca. La caja de ahorros de Guipúzcoa, Kutxa, es actualmente la propietaria del 100% de la empresa Valle Romano, una de las más dinámicas en la localidad, y cuyo ex consejero delegado está imputado. Pero aquí han operado otras empresas nacionales como la cordobesa Prasa, cuyo presidente también está imputado. En la lista de implicados por la juez figuran los patrones de las empresas locales Agrojardín y Codelsa.
El tren de vida de Estepona y los cuantiosos ingresos municipales vía urbanismo no han impedido que el Ayuntamiento tenga una deuda acumulada de unos 100 millones de euros. No es mucho, si se considera que un buen año el municipio podría ingresar esa cantidad por los convenios. Pero en pesetas suena muy fuerte: 16.638,6 millones. La deuda acumulada en Marbella durante los 16 años de reinado gilista multiplica esa cantidad por más de cinco. Estos déficits están ligados a plantillas claramente sobredimensionadas, de más de 3.000 personas en Marbella y de 1.300 a 1.600 en el caso de Estepona. La cifra precisa es difícil de saber. Hay concejales esteponeros que dicen que son 1.600, pero fuentes sindicales concretan que son 800 en las empresas municipales y 500 funcionarios. En ninguna de las dos localidades hay una relación de los puestos de trabajo, una plantilla orgánica articulada con sus jefaturas de servicio y negociado, como ocurre en la Administración general del Estado. El modelo reinante ha acabado con ese esquema. Roca adelgazó la administración oficial en Marbella y creó una paralela.
Éste esquema forma parte del modelo: los ayuntamientos son las principales empresas locales y si dan mucho empleo se convierten en un bien social por sí mismos, con independencia del resultado de su gestión. Gil demostró que esto genera un clientelismo muy rentable. Sus imitadores siguen su senda: los empleados municipales pueden convertirse en afiliados del partido del alcalde y éste controla el territorio. Desde 1995 el Ayuntamiento de Estepona ha multiplicado casi por cinco su plantilla, pero en los sistemas de contratación casi siempre ha estado ausente un procedimiento de verificación de mérito y capacidad. Esta es una de las vertientes de la investigación policial y judicial. La juez del caso en auto por el que envió a prisión incondicional al alcalde Barrientos decía que se ha contratado a numerosas personas “por razones de afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos”.
La mafia es uno de las leyendas de la Costa del Sol. Sin embargo, los investigadores, políticos, abogados, concejales y operadores consultados para este reportaje opinan que en esta operación de Estepona no se ha detectado blanqueo de dinero susceptible de ser identificado como procedente del crimen organizado.
–Aquí mafia, poca. Aunque hubo un famoso juicio en la Audiencia Nacional contra un turco afincado en Estepona, acusado de ser lugarteniente del más importante narcotraficante de heroína de Europa, que puso en evidencia cómo trabajan algunos bancos. Usted va al banco, da las órdenes verbales, ingresa, transfiere y se lleva el dinero que quiera. Y después la sucursal manda los papeles para su firma a un fiduciario gibraltareño, que administra unas sociedades pantalla.
–Y la Hacienda española no tiene la menor noticia de quién es el dueño.
–Pero vamos, este peculiar ‘modelo’ de financiación municipal en la Costa es doméstico.
–Hay una gran confusión de lo público con lo privado.
–Hay funcionarios que pueden informar una licencia de un señor para el que trabajan.
–Los empleados municipales no declaran su segunda actividad.
Se ha perdido el sentido del servicio público. “No se trata de mangantes, ni chorizos, salvo excepciones flagrantes. Sino de gente con otra ética, en la que existe el bien general, pero no está por encima de los intereses particulares”. Es la opinión de un operador en la Costa. A esto se añade la feroz competencia entre los partidos tradicionales y el afán por captar a los independientes, sean del origen que sean. Hay que sacar más concejales, traer artistas más famosos en la campaña, pegar más carteles… Y las direcciones de los partidos les dicen a los del pueblo: “Buscaros la vida”. Y se la buscan.
Falta de control social
Otra de las características de lo que el fiscal llama el patrón de Marbella es la relajación social que hay en la Costa en torno a la gestión municipal. Hay una pérdida casi absoluta de control social. Los ecologistas y las asociaciones de vecinos, muy organizadas en Marbella, no consiguieron parar a Gil. En Estepona hay grupos tan voluntariosos como minoritarios, con escasa base social.
La segunda cosa que ha propiciado la LOUA en la Costa es la financiación bajo cuerda, el dinero B, del que no hay constancia escrita alguna. El modelo ha adaptado varios métodos para capar dinero negro. Uno es vender los excesos de aprovechamiento a un precio inferior a la mitad de lo que valdría en el mercado, que luego es compensado con lo que la juez del caso Estepona llama “contrapartidas”. Otro camino es cobrar por dar la licencia de primera ocupación, aunque el trámite administrativo no exige ningún documento nuevo.
–Una tarifa de primera ocupación puede estar en 500.000 pesetas.
–Y en algunos sitios pueden llegar a los tres millones.
De hecho, tampoco hay un control transparente de las donaciones en especie, que no se atribuyen a un convenio determinado y de las que el pleno no siempre tiene noticia. Un concejal de la oposición en Estepona, recuerda algún caso en que se ha agradecido al donante su generosidad para con el pueblo, sin más.
La profesionalización de la política es otro de los elementos que ha envenenado el modelo. Una buena parte de la clase dirigente, que vive bien de la política en la Costa, no tiene medios de vida alternativos y ya no compite por sus ideas, sino por tener más medios, por no abandonar el poder. Buena parte de la estructura del modelo patentado por Jesús Gil se basa en la inoperatividad de la jurisdicción contencioso administrativa. El profesor consultado considera escandalosa la falta de implicación de la judicatura y su ineficacia. El retraso de los casos puede ser de cinco, seis o siete años, pero no se toman medidas cautelares. Este mismo experto propone medidas drásticas, como retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y definir de manera precisa las competencias municipales en una nueva Ley de Régimen Local.
En el auto de prisión contra Barrientos le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. Ahora parece un sarcasmo, pero el alcalde le puso en 2003 una querella al concejal del PP Ignacio Mena, por decir que “había convertido el Ayuntamiento en un chiringuito financiero”.
–Le ganó la querella en 2005, en Estepona y en la Audiencia Provincial.
–Eso sí, el honor del alcalde y del Ayuntamiento fue tasado por el juez en 30 euros.
–Ahora Mena va a pedir una revisión de la sentencia.
Hay muchos hilos en la madeja de Astapa de los que tira aun la instructora del caso. Los investigadores siguen preguntando, examinando papeles, encontrando datos sorprendentes.
–Una empresa implicada en el caso Malaya cerró un acuerdo en Estepona en febrero de 2007 con una modificación del plan que suponía hacer 150 viviendas más. Y no aparece el convenio por ningún lado.
Los imitadores de Gil han seguido sus pasos por caminos peligrosos. Han transitado por la misma senda. Y a alguno de ellos esa senda le ha llevado a la prisión de Alhaurín de la Torre. En Estepona, también.
* EuropaSur - Ignacio Martínez - 27.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), plaza de las Flores - estepona.es
"No se puede crecer sin tener ordenado todo el territorio"
ELPAÍS/Entrevista* : Luis Sendra Mengual (46 años) asume la presidencia del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia en un momento de vacas flacas para el sector. Tras una etapa de frenesí urbanístico, cree que es momento de reflexionar sobre el desarrollo futuro y quiere que en el debate se escuche a los arquitectos.
Pregunta. ¿Cómo afrontan la crisis inmobiliaria?
Respuesta. Apretándonos el cinturón. La crisis no es de la construcción, es una crisis económica fuerte del país. El problema es que nuestro sector es un motor importantísimo. Lo primero que se ha perdido es la confianza y la gente ha dejado de comprar vivienda. Hay una psicosis de crisis que hay que evitar, pero los encargos a los arquitectos de viviendas se han reducido en estos primeros seis meses un 50% respecto a los del año pasado. Además, la vivienda protegida (VPO) en 2007 suponía un 8% frente al 92% de la libre. Ahora cae todo a la mitad y la VPO llega al 31%.
P. ¿Es una salida la VPO?
R. Se está haciendo más y seguirá subiendo, pero tiene un problema, y es que el precio de venta es fijo. Además, en el suelo de la VPO sólo se puede invertir el 15% del valor de la venta. La Administración ha subido ahora el módulo [de precio] de la VPO porque si no, no le entra ningún suelo por el coste.
P. ¿Qué opina del desarrollo urbanístico de la última década?
R. Nuestra comunidad en estos 10 años ha avanzado mucho. Hay cosas mal hechas y otras que se podrían haber hecho mejor, pero ha avanzado muchísimo. Lo que ocurre es que no se puede crecer sin tener ordenado todo el territorio. La LRAU permitía crecimientos fuera del planeamiento general. En origen fue una medida progresista que buscaba liberalizar el sector pensando en un abaratamiento del suelo y la vivienda. Pero eso no se produjo así. Hubo empresas que hicieron grandes proyectos que hacían falta, pero se quería quitar tanto peso al propietario que se dio alas a otro tipo de personaje.
P. ¿Al especulador?
R. Hablar de especulador en general... No es la palabra. Cuando abres el mercado entran especuladores, profesionales y gente que quiere ser empresario y dar soluciones. Ni es bueno el que amarra el suelo ni el que especula. En medio hay un río de gente que quiere hacer cosas y le sale bien, gana mucho. Pero lo de trabajar al margen de un planeamiento general se ha corregido con la nueva ley y lo va a corregir el propio mercado porque ahora no se vende. Mucho suelo del que se generó con expectativas, si se quiere, especulativas, no se va a desarrollar nunca.
P. O sea, que será la crisis la que frene la ocupación acelerada del territorio.
R. Va a ayudar a ordenar un poco más el territorio. Había una demanda continuada de vivienda en esta comunidad, un sitio cómodo, bonito. Ha venido mucha gente a la que le gustan nuestras ciudades, lo que tenemos. Y eso es lo que hay que proteger. La Comunidad Valenciana ha dado un salto cualitativo. Ahora son necesarios planes globales.
P. ¿Qué ordenación hace falta?
R. Hace falta un planeamiento territorial y hay que hablar con los municipios para ver cuál es su futuro. Lo que echábamos de menos es una estrategia territorial. La ha presentado el Consell y ahora por lo menos se va a hablar. No se puede estar en una comunidad y que cada uno vaya a la suya. Las infraestructuras, comunicaciones, espacios protegidos, los parques, son de todos. Ese plan territorial aún está en mantillas, pero empieza el debate. Ver la comunidad de una tacada es mucho más efectivo para el urbanismo y la calidad de vida que ver trozos localizados.
P. También se acaba de presentar el plan de la huerta. ¿Qué le parece?
R. Debemos ser capaces de mantener la huerta en el territorio metropolitano y darle un uso, porque las zonas que se protegen absolutamente al final se degradan. La huerta hay que usarla, tiene que haber un señor que la cuide, alguien que la pueda pasear. Es un bien para disfrutarlo. Igual que se decía que Valencia vivía de espaldas al mar y ahora ya vemos el mar, estamos de espaldas a la huerta, nos miramos el ombligo. Hace años que pedimos un plan para la huerta. Entre todos tenemos que darle una salida, pero de uso. No se puede preservar la huerta como en una urna. Si dejan hablar a todo el mundo seguro que sale algo positivo. Es un tema de acuerdo.
P. Valencia revisa su plan general. ¿Cómo debe crecer?
R. Es una revisión reducida y un reconocimiento de un plan de 1988 que se hizo con mucho futuro. Podemos estar contentos del desarrollo. Esta ciudad tiene que marcarse otra vez ese futuro y, con el cinturón de la huerta protegido, éste será el último momento. El final de la ciudad saldrá de este planeamiento. Valencia estará rodeada por L'Albufera, el parque del Turia y la huerta. El siguiente crecimiento será en municipios cercanos, pero la ciudad hay que acabarla.
P. ¿Y cómo hay que acabarla?
R. Se han propuesto una serie de enclaves. Están cogiendo espacios que eran de la huerta, pero por algún sitio hay que crecer. Lo que está claro es que cuando se aprueben el plan de la huerta y el plan general, la ciudad habrá acabado. El borde de la ciudad será la fachada a la huerta y habrá que tratarlo.
P. Ese borde se cerrará precisamente a costa de cuatro millones de metros cuadrados de huerta.
R. Normalmente, estamos a un 50% de ocupación en un plan urbanístico, porque habrá parques, etc. Imaginemos un final de baja densidad, un enlace entre la huerta y la ciudad escalonado. Eso me parecería bien. La sociedad demanda eso, una integración de la huerta en la ciudad. El plan ahora sólo habla de la acción territorial, luego se desarrollará y de eso aún no tenemos datos. Si esos bordes se tratan con cariño, creo que embellecerían la ciudad. Nosotros hemos hecho una alegación al plan y nos gustaría que se hablara de la ciudad con una visión metropolitana. A mí me gustaría que se mantuviera el máximo de huerta posible, pero no a cualquier precio. Debemos tener una huerta que se pueda mantener, darle carta de naturaleza al labrador, porque nos ayudará a ser la mejor ciudad de Europa.
P. ¿Qué actuación propondría para El Cabanyal?
R. Estoy aquí como representantes de los arquitectos valencianos y, en nuestro seno, pues hay de todo. Gente que estará a favor de una prolongación de Blasco Ibáñez a lo bruto, gente que dice que un barrio de pescadores con esa trama hay que mantenerlo al 100%, otra que piensa que hay que comunicar los sitios si queremos utilizarlos... Yo creo que la ciudad tiene que estar conectada con todas partes. ¿Qué le pasa a Blasco Ibáñez? Pues que es una avenida que va de un sitio a ninguna parte. Y luego tenemos una trama singular en un barrio que está en una zona a la que le cuesta arrancar, con bolsas depresivas. Yo prolongaría Blasco Ibáñez con el menor daño posible, cambiaría la escala. Pero desde luego hay que llegar de una forma cómoda con un estudio riguroso para mantener esa trama. Se puede compatibilizar la integración.
P. Otra intervención polémica, la de Tabacalera.
R. Tabacalera es un edificio de la Exposición Regional que en su origen no tenía las naves laterales. Estoy encantado con que tenga un uso. Lo que me molesta es que en esa manzana se vayan a hacer dos torres de viviendas. Tendrán que pensarlas mucho para integrarlas en una manzana singular. Quitar esas naves para un parque o un esponjamiento, no creo que sea lo más grave, sino que teniendo ciudad se tengan que hacer ahí dos edificios.
P. ¿Qué opina de la política de hitos arquitectónicos?
R. Los políticos tienen miedo a la crítica y, si cogen a alguien con nombre, piensan que no les ocurrirá. Tienen un poco de miedo a abrir la espita de los concursos, pero creo que tenemos muchos arquitectos capaces de hacer grandes proyectos. Algunos elementos singulares, bien colocados, siempre son buenos.
P. Quiere reforzar la presencia de los arquitectos en los debates públicos. ¿No les escuchan?
R. Yo creo que sí. Nuestro papel es el de asesorar y nos sentimos respaldados por la sociedad. Lo que no quiere nadie es ser utilizado. Hemos de estar siempre, no cuando le interese a alguien que estemos o nuestra opinión sea favorable a uno u otro. En el fondo, todos queremos lo mismo: ciudades bonitas, que se cuide el patrimonio, el entorno y que sean sostenibles.
* ELPAIS.com - Comunidad Valenciana - SARA VELERT 29/06/2008
