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LEVANTE/Valencia* : La alcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García, ha dicho hoy que la investigación que ha motivado que la Policía Judicial se llevara hoy del consistorio varias cajas con información sobre expedientes urbanísticos se centra en "dos manzanas" de edificios construidos por el equipo de gobierno local anterior, del PP. En declaraciones a EFE-TV, García ha asegurado que su equipo de gobierno, declarado tránsfuga en diciembre de 2008, está "muy tranquilo" ante la investigación que se ha iniciado en materia urbanística. Agentes de la Policía Judicial, el fiscal y el secretario del Juzgado de Instrucción nº1 de Massamagrell se han personado sobre las 09.30 horas en la Casa Consistorial para "recabar una documentación" y no lo han abandonado hasta las 14.10 horas con varias cajas de información urbanística.
"Les hemos entregado expedientes urbanísticos, hemos llamado a nuestros letrados y se les ha entregado", ha relatado la alcaldesa, quien ha rehusado precisar el contenido de la documentación entregada porque forma parte de unas "diligencias secretas".
No obstante, ha reconocido que los expedientes reclamados por la Guardia Civil se refieren a "dos manzanas" de edificios construidas por "el equipo de gobierno anterior", dirigido por el popular José Manuel Peralta.
El entonces alcalde del PP fue relevado por su ex compañera de partido y actual alcaldesa en octubre de 2008, tras la votación de una moción de censura que prosperó gracias al apoyo del grupo socialista y el también concejal popular Ignacio José Lluch.
Posteriormente, la Comisión del Pacto Antitransfuguismo consideraría "tránsfugas" a los dos concejales del PP y a los seis ediles del PSPV-PSOE, que fueron expulsados del partido, al igual que los populares, según fuentes de ambas formaciones.
García ha aclarado que su equipo de gobierno "no ha trabajado sobre estas manzanas" y ha reiterado que están "muy tranquilos".
"Únicamente lamentamos que los funcionarios no hayan podido desarrollar su labor", ha manifestado la alcaldesa de esta localidad de la comarca de l'Horta Nord y cercana a Valencia.
Preguntada por cómo han recibido la noticia, García se ha limitado a decir que la investigación se encuentra bajo "secreto de sumario" y que "las diligencias judiciales responderán".
"Me gustaría que se acabara lo antes posible", ha dicho para lamentar también el "espectáculo" que, a su juicio, "se ha montado en torno a una presunta denuncia".
* Levante - EFE - 28.10.10
Foto: Pobla de Farnals (Valencia) - C. FRANCESC (El País)
La Policía se lleva datos urbanísticos de la Pobla de Farnals
Alicante.- El sumario del 'caso Brugal' destapa un sinfín de corruptelas de cargos del PP
ELPAÍS* : Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE. La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos. La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores.
Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.
- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.
El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.
- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.
- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.
- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.
- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.
- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.
Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz. Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.
* El País - 28.10.10
Foto: El consejero Juan Cotino (en primer término) y el diputado y ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en las Cortes valencianas.- elpais
Madrid.- "La infravivienda es la asignatura pendiente de Lavapiés"
MADRIDIARIO* : Desde que en 1998 se puso en marcha el Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Lavapiés, las ayudas públicas para la conservación de las viviendas han llegado a 8.000 familias. Pero la infravivienda vertical, que ha ido apareciendo durante décadas -sobre todo tras la Guerra Civil- a costa de pisos más pequeños y reducir los patios interiores, sigue siendo una realidad sin atajar. Así se desprende del libro 'Lavapiés. Intervención y rehabilitación 1998-2008', de Vicente Pérez Quintana, realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que se presenta este miércoles.
Madridiario ha entrevistado a su autor.
¿Cuál es el balance de estos diez años de rehabilitación?
Hay cosas positivas y otras no tanto. Lo positivo es que se han rehabilitado unas 8.000 viviendas con ayudas públicas; y sin subvenciones, otras 7.000 más. Se ha aumentado el equipamiento del barrio, sobre todo el metropolitano. Se abrieron las Escuelas Pías, se hizo el teatro [el Centro Dramático Nacional] o la Casa Encendida. En cambio, el equipamiento para el barrio apenas ha aumentado, salvo con el Casino de la Reina, y la escuela infantil y el centro de mayores que se terminarán ahora. También se ha urbanizado, se han mejorado las infraestructuras del barrio, se ha trabajando en algún parque y algunas plazas, aunque se haya criticado su diseño, como es el caso de Cabestreros y Agustín Lara.
¿Cuál es la parte negativa?
En un barrio como Lavapiés cualquier actuación tiene que ser una intervención integral sobre la vivienda, el espacio público y la red de equipamientos; pero también sobre los colectivos más vulnerables, las políticas sociales y las económicas. Tiene que ser una actuación muy participada, que cuente mucho con las opiniones, los valores y las expectativas de los residentes. Y tiene que tener mínimos costes y máximos resultados. En todo esto yo creo que hay muchas lagunas en el caso de Lavapiés, porque se ha actuado mucho sobre la vivienda y las infraestructuras, pero las políticas sociales y de apoyo al tejido económico han sido débiles. Dentro del carácter integral que debería tener la intervención, la pata social cojea.
¿Qué más se puede pedir en este sentido?
La gente se queja muchísimo de la inseguridad. También de la limpieza de las calles y la recogida de basura. Y no es que ahora esté el tema de moda, sino que en Lavapiés viene de muy lejos. Principalmente, se debe a la presencia de comercios mayoristas, que crean una cantidad de residuo enorme, incapaz de ser asumida por los servicios de limpieza normales de un barrio. A las siete o las ocho de la tarde, las calles se llena de montañas de cartones y de basura. El hecho de que en un barrio residencial tan delicado desde el punto de vista social y arquitectónico, con calles pequeñas, haya centenares y centenares de comercios al por mayor es un problema. Es un polígono industrial en una zona residencial.
Y una contradicción al estar dentro de un área de prioridad residencial, ¿no?
Exactamente. El comercio mayorista ha traído enormes disfunciones y problemas al barrio. Crea suciedad y problemas de tráfico y no ayuda al tejido social. Todo eso la gente lo denuncia y ha hecho que la pata social de la rehabilitación deje mucho que desear. Lo del polígono industrial habría que resolverlo. Nunca se debió permitir que eso se instalara aquí y ahora lo que hay que hacer es favorecer que se vayan. Además, ha tirado de los precios de los alquileres.
¿Cuáles son las cifras de la rehabilitación en Lavapiés?
Con apoyo público se han rehabilitado más de 8.000 viviendas, con unos 50 millones de euros en subvenciones. Además, se ha hecho mucha rehabilitación no subvencionada, porque la entidad gestora no aprobaba subvenciones a aquellos edificios que tienen infravivienda generalizada. Se entendió que estos edificios son aquellos en los que la infravivienda superan el 50 por ciento.
¿Cuál es la definición de infravivienda que se utiliza?
La del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Son viviendas muy pequeñas, en general de menos de 25 metros; interiores, que no tienen ni huecos a la calle, ni luz natural ni ventilación; no tienen cuarto de aseo; y son muy bajas, de menos de 2,5 metros de altura. Infravivienda son viviendas pequeñas, interiores, bajas y sin cuarto de aseo.
¿Hay muchas infraviviendas en Lavapiés?
Según los estudios del Ayuntamiento, cuando arrancó el Área de Rehabilitación Integral había unas 8.900 infraviviendas solo en Lavapiés. Hoy casi sigue habiendo las mismas; la reducción ha sido mínima. La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha eliminado unas 300. Para ello, compró 26 o 27 edificios, en los que ha eliminado toda la infravivienda. Pero suman unas 300 de las casi 9.000 que había. Los particulares no han eliminado infravivienda e, incluso, ha habido casos en los que ha aumentado. La infravivienda es la gran asignatura pendiente de Lavapiés.
Había una propuesta del Ayuntamiento para eliminar la infravivienda que consistía en remodelar manzanas completas, realojando a los vecinos y rehaciendo los edificios para crear viviendas con unas condiciones más adecuadas. ¿Qué pasó con eso?
Ahí habría que explicar dos cosas. Primero, en el área estaban contempladas dos tipos de ayudas, a la rehabilitación propiamente dicha y la reestructuración de los inmuebles. Las 8.000 viviendas de las que hablamos han recibido subvenciones para reparación de edificios. Reestructuración no ha habido ninguna. Se iniciaron dos edificios pero los acabó comprando la EMVS porque los particulares no los sacaban adelante. Se trataba de rehacer el edificio por dentro para hacer viviendas con exteriores y tamaños mínimos aceptables.
Ante ese fracaso el Ayuntamiento empieza a estudiar posibles intervenciones, pero en estos momentos no hay ningún plan. Lo que hay es un estudio centrado en algunas manzanas sobre cómo se podría hacer y punto. Para que eso prospere se necesita en primer lugar que la Comunidad de Madrid apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, porque la propuesta que hace el Ayuntamiento supone cambiar algunos aspectos de la normativa urbanística. Pero, hasta el momento, lo único que se ha hecho es pedir el permiso a la Comunidad y eso lleva ya mucho tiempo.
¿La petición es que se pueda construir más?
No, la edificabilidad se mantendría o incluso se podría reducir. Lo que se plantea es hacer viviendas más grandes. Eso necesita, en primer lugar, una revisión del concepto de infravivienda, que ya está en las normas urbanística, o tocar la famosa normativa de patios azules, por lo que la comunidad debe dar el permiso. Pero en su día se necesitaría algo más importante que el permiso y más problemático, que sería el dinero. Si no se consiguen esas modificaciones ahora, se hará dentro de unos años porque Gallardón ha dicho que si gana las elecciones va a hacer un nuevo plan general de Madrid. El problema será cuando le digan a la Comunidad "¿cuánto pones?".
Si finalmente se llevara a la práctica, ¿podría provocar un problema social al suponer también el realojo de vecinos?
No se podría hacer sin la opinión y la voluntad de la gente que vive en el barrio, no solo de los propietarios, sino también de los inquilinos. Se plantea un segundo tema: realojar a la gente, dónde, cómo, con qué condiciones... Eso no se puede hacer sin negociar, sin hablar.
¿Cómo ha condicionado que los edificios sean de principios del siglo XX, del XIX e, incluso, anteriores a la hora de ejecutar las rehabilitaciones?
Ha condicionado muchísimo porque la edificación es muy antigua, muy peculiar y tiene valores arquitectónicos e históricos. Y, además, aquí hay infravivienda.
¿Están contentos los vecinos con las rehabilitaciones?
Con algunas cosas sí y con otras no. En primer lugar, hay una peculiaridad en Lavapiés: muchos edificios no han mejorado tanto. Aunque en algunos se haya hecho una rehabilitación, al cabo de tres o cuatro años han vuelto a dar problemas. Aquí hay un montón de edificios que o bien repiten obra cada cierto tiempo o bien están siempre en obras. Quitan el andamio y enseguida lo ponen otra vez. Se debe a que las obras que se hacen en muchos edificios no son suficientes, con lo cual el edificio sigue siempre mal. Eso crea sinsabor, desazón, angustia y un escepticismo muy grande frente a la rehabilitación. En esto las comunidades tiene parte de responsabilidad.
Por otra parte, se ha creado bastante insatisfacción en los edificios con infravivienda que han acometido la obra sin apoyo público. Ellos no entienden que la Administraciones no les hayan ayudado. Y, tercero, en la casa del pobre la dicha nunca es completa. La gente no pide solo una rehabilitación integral de sus viviendas, sino también una actuación más global en el barrio.
En el libro se recoge que se empieza a hablar de gentrificación en Lavapiés. ¿A qué se refiere y qué implica?
Más que la haya es el temor de alguna gente a que la haya. Se trataría de quitar a la gente de toda la vida y traer en su lugar a otra gente con un nivel económico más alto. No creo que eso haya ocurrido, pero es un temor de algunos colectivos más o menos politizados que el Ayuntamiento, las Administraciones, tengan esta intención. No digo que nunca se haya tenido esta idea, porque es un discurso que existe en la Administración, sobre todo en otros barrios. Pero en Lavapiés, si lo querían, no les ha salido.
Se ha actuado sobre unas 15.000 viviendas y el barrio tiene unas 22.000, así que aún tienen quedar edificio por rehabilitar.
Quedan viviendas sin rehabilitar que están bien y otras en las que los dueños quieren hacer obras. Por eso, desde la asociación de vecinos se plantea que las ayudas, que está previsto que acaben este año, se mantengan, porque todavía la entidad gestora tiene bastante demanda. En la encuesta que hicimos se ve que había un 20 por ciento de familias, que tenían previsto rehabilitar los edificios o pensaban que era necesario. Además, está la infravivienda. Eso exige una intervención bastante más ambiciosa que la que permite un ARI.
* Madridiario - 27.10.10
Foto: Madrid, infraviviendas Lavapiés - madridiario
Una urbanización de Dénia sin pluviales ni aceras pide amparo al Defensor del Pueblo
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LEVANTE/Alacant* : Los vecinos de la urbanización Residencial Puerto Romano están dispuestos a llegar a donde sea para que el Ayuntamiento de Dénia les dote de unos servicios básicos que reclaman desde hace diez años. Han enviado un escrito al Defensor del Pueblo en el que explican que desde el año 2000, cuando se empezaron a habitar las 375 viviendas de la urbanización, la avenida Miguel Hernández se inunda cada vez que llueve. "No podemos cruzar hacia el centro de la ciudad; nos quedamos incomunicados, a no ser que nos metamos en el agua hasta las rodillas".
Los vecinos dicen que el problema es que en la avenida "no hay alcantarillado".
También denuncian que el firme de este vial está "en mal estado". Además, en el tramo final de la avenida no hay aceras. "Solo están los bordillos y, cuando llueve o después de la lluvia, lo que debía ser una acera está lleno de agua y hay que caminar por la carretera".
En el escrito, los vecinos informan al Defensor del Pueblo de que durante los últimos años han trasladado de forma reiterada sus quejas al ayuntamiento, pero no ha servido de nada. Critican que mientras las inversiones y mejoras sí llegan a otras calles, "la nuestra está olvidada pese a ser una avenida próxima al centro de la ciudad".
Los residentes de esta urbanización citan la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo que indica que los municipios deben prestar servicios básicos como el de alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Lamentan que, en el caso de Residencial Puerto Romano, el ayuntamiento, tras diez años, todavía no ha garantizado estos servicios básicos.
* Leante - 27.10.10
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
Estepona.- El juez apunta a tres empresas como las "vértebras" del 'caso Astapa'
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ELPAÍS/Málaga* : El juez que instruye el caso Astapa sobre la trama de corrupción institucional en Estepona, Jesús Torres, ha levantado por quinta vez el secreto del sumario y centrado su atención en tres empresas, una pública y dos privadas, a las que considera "vértebras" en la investigación. Se trata de la sociedad pública Empladus, dedicada al planeamiento urbanístico, y de las entidades privadas Aedon y Ad Volution. En el caso de Aedon, el portavoz municipal del PP, Ignacio Mena, ex concejal de Urbanismo y testigo en la causa, se la describió al fiscal como una sociedad a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) adjudicó "la redacción global de todas las figuras de planeamiento de todo el término municipal". Es decir, por esa oficina pasaban todos los proyectos urbanísticos de la ciudad.
Eran los años 1995-1999 en los que el gilismo controlaba la ciudad y pretendía hacer el mayor negocio posible con los suelos del municipio desde el Ayuntamiento. Cuando en 1999 un gobierno cuatripartito expulsó al GIL de la alcaldía, el nuevo Ayuntamiento rechazó los proyectos presentados por Aedon al municipio a través de la sociedad Empladus, al considerar su precio desorbitado. Sin embargo, la empresa privada reclamó sus honorarios, cercanos a cinco millones de euros. Según la opinión de Mena, Aedon "redactaba sus proyectos a espaldas de los propietarios de los suelos y buscaban que estos "tuvieran altos costes para que así los márgenes de beneficios fuera mayores".
En 2003, recuerda Mena, el gobierno de coalición PSOE-PES (posgilistas) trató de solucionar la deuda con Aedon. Un arquitecto municipal tasó el valor de los proyectos que seguían siendo útiles en unos tres millones de euros, pero el gobierno local, presidido por Antonio Barrientos, ahora expulsado del PSOE, optó por seguir el consejo de un arquitecto externo y pagar a Aedon una cifra "cercana a cinco millones". Los suelos que se desarrollaron con los proyectos de Aedon tuvieron un sobrecoste que repercutió en los promotores y, muy probablemente, en los compradores finales.
El levantamiento parcial de 20 tomos del sumario ha dejado nuevas pinceladas de las supuestas prácticas corruptas en el consistorio esteponero entre 2003 y junio de 2008, cuando se inició el caso Astapa, que suma alrededor de 70 imputados.
Uno de ellos es el abogado y empresario Ramón Marrero Gómez, que fue consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1994 y 1996. En el tomo XI de las actuaciones figura la declaración como imputado por cohecho de Marrero. Al juez Torres le ha llamado la atención las donaciones efectuadas por la sociedad Arcai Inmuebles, una filial inmobiliaria de Caja Inmaculada de Zaragoza, a la que estuvo asociado el ex consejero hasta el pasado febrero. Arcai pagó 47.000 euros en agosto de 2007 para pagar los recibos de electricidad pendientes de la residencia de ancianos Virgen del Carmen, de titularidad municipal. Según la fiscalía y la policía, a cambio de esta prestación, se desbloqueó una licencia de primera ocupación para una promoción de Arcai.
Un socio de Arcai en esa urbanización, Vladimiro Merino, declaró que el que fue jefe de gabinete del ex alcalde Barrientos, José Flores, uno de los cerebros de la trama, les pidió que sufragaran la deuda de la televisión municipal a cambio de la licencia de primera ocupación. "Pagué bajo coacción, sin libertad. Tenía a los compradores presionando y temía pérdidas importantes si no pagaba", admitió.
* El País - 28.10.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Palma.- Joan Flaquer, imputado en el caso Palma Arena
DIARIODEMALLORCA* : El juez del "caso Palma Arena" ha citado a declarar como imputado al ex conseller de Turismo Joan Flaquer (PP), quien también está encausado en otra causa de presunta corrupción, el "caso Ibatur". El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Palma, José Castro, ha dictado hoy dos providencias con citaciones relacionadas con esta extensa causa en la que se investigan varios delitos de corrupción durante la pasada legislatura del PP relacionados con el velódromo Palma Arena, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Flaquer está citado el próximo 19 de noviembre y tendrá que comparecer en relación a la pieza del caso -dividido en unas 25 partes- que trata acerca del convenio que firmó por el que el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependiente de la Conselleria de Turismo, patrocinó el Mundial de Ciclismo que se celebró en el velódromo.
El ex conseller ya prestó declaración ante el juez Castro el pasado mes de febrero, aunque en calidad de testigo, y fue preguntado acerca de este convenio supuestamente irregular por una cantidad de 350.000 euros.
Entonces, afirmó al juez que habría sido "imperdonable" que el Ibatur no hubiera patrocinado el Mundial de Ciclismo en el Palma Arena.
Durante el interrogatorio, se preguntó a Flaquer cómo era posible que este expediente de patrocinio se tramitara en un fin de semana (la petición se cursó un viernes y al lunes siguiente se comunicó a Nimbus que se le otorgaría), a lo que contestó que quizá hubiera un "error" en el tampón de la fecha y que ignoraba cuánto se tarda normalmente en tramitar estos expedientes.
En defensa de este convenio del Ibatur, afirmó que "el no haber patrocinado ese evento hubiera sido imperdonable para la Conselleria de Turismo" y que, cuando lo firmó, estaba "convencido" de que suscribía un patrocinio "como tantos otros", por lo que no tuvo oportunidad de examinarlo detenidamente.
El día 19 también está citado como imputado el ex secretario del Instituto Balear de Turismo Miguel Ángel Bonet, en libertad bajo fianza de 250.000 euros por el "caso Ibatur", en el que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos desde este organismo público en la pasada legislatura autonómica.
En otra providencia, el juez Castro ha citado asimismo a declarar como imputado el día 17 de noviembre al dueño de la empresa de publicidad Nimbus, Miguel Romero, cuya comparecencia fue suspendida el pasado lunes debido a que las defensas pidieron más tiempo para estudiar una documentación.
Nimbus fue la empresa encargada de la campaña publicitaria del Mundial de Ciclismo y está siendo investigada en el "Palma Arena" por una supuesta financiación ilegal del PP.
* Diario de Mallorca - EFE - 27.10.10
Foto: Palma de Mallorca, velódromo Palma Arena - diariodemallorca.es
Ivex y Terra Mítica no son 'Malaya'
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ELPAÍS/Valencia* : La lentitud de los casos judiciales del ente exportador y del parque temático contrasta con la rapidez del asunto más complicado de corrupción en España. "La justicia es lenta". "La justicia se toma su tiempo". "En la justicia todo va despacio". Son afirmaciones de propios y extraños a los tribunales, sin hacer distinción de casos, causas o jueces. Pero no es, en todo caso, igual de lenta en todas partes, ni teniendo casos similares. Más aún, ni teniendo casos más sencillos. La prueba es el caso Malaya. Pasa por ser la investigación más vasta contra la corrupción urbanística. Se inició en 2006. La causa tiene cerca de 200.000 folios. Hay 95 imputados por cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Se instruyó durante tres años.
Inició el asunto el juez Miguel Ángel Torres, que permaneció incluso en el juzgado en comisión de servicio una vez ganada la plaza en Granada, y lo terminó el juez Óscar Pérez, con el obstáculo que supone hacerse con un asunto de tal envergadura cuando está extraordinariamente avanzado. Ha habido un fiscal de la sección de Anticorrupción. Y el juzgado de Instrucción número cinco de Marbella, en el que también se instruía de forma paralela el caso Ballena Blanca, otro de los más importantes en materia de corrupción, ha tenido refuerzo, pero no desde el principio: de los tres años de instrucción, menos de dos.
No se han cumplido cuatro años desde que se empezaran a atar los cabos que destaparían una red de corrupción que obligó incluso a la Junta de Andalucía a retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella "por afección grave de las competencias autonómicas en materia de ordenación y planeamiento", cuando la sección primera de la Audiencia de Málaga ya está, desde el pasado 27 de septiembre, celebrando juicio.
En el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado 19 de mayo, la sala se anticipaba incluso a posibles complicaciones por la complejidad de los delitos, los muchos imputados y los numerosos abogados y procuradores para evitar "dilaciones indebidas". En los juzgados de Valencia, los casos Ivex y Terra Mítica llevan más de cinco años en instrucción y no parece que vayan, en breve, a tener el destino del caso Malaya. Es otro ritmo, más lento. El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia se ocupa del caso Ivex. El origen fue una querella presentada por los socialistas valencianos por supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y el cantante Julio Iglesias para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana. El contrato se firmó en 1998 por 2.253.795,39 euros (375 millones de pesetas). Se presentó incluso en las Cortes. Pero tenía un anexo que el PP ocultó a la Cámara y al Síndic de Comptes que superaba los 3.600.000 euros (600 millones de pesetas). La causa se abrió por los delitos de malversación de fondos públicos, delito fiscal y blanqueo. El periplo judicial se inició en 2001. Primero fue a la Audiencia Nacional. Ésta rechazó la competencia. Y tras varios avatares el asunto fue a parar al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. Y ahí está desde hace más de seis años. La causa tiene algo menos de 8.000 folios. La llevan el juez titular del juzgado, sin refuerzo, y el fiscal de ese juzgado. El asunto se dio por cerrado el pasado marzo. Pero la Audiencia de Valencia ordenó hace escasos tres meses su reapertura para la práctica de varias diligencias, entre ellas, la declaración del cantante Julio Iglesias. El juez archivó provisionalmente la causa porque el principal imputado, José María Tabares, el que fuera director general del Ivex, está huido de la justicia, en Japón (país con el que no existe convenio de extradición). El resto de los imputados, poco más de media docena, miembros del consejo de administración de la sociedad pública, no pueden, a juicio del fiscal y del juez, ser juzgados sin Tabares, porque fue la figura capital en el asunto. En el caso Malaya, hay tres imputados que se consideran importantes para el asunto que están en paradero desconocido; pero esa circunstancia no retrasó la instrucción. Ni las comisiones rogatorias, que en el caso Ivex han sido varias y se han demorado en el tiempo.
En el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia está el caso Terra Mítica. Tiene 15.600 folios. Hay poco más de 20 imputados y otras tantas empresas implicadas en un fraude fiscal a través de facturas falsas de 4,4 millones de euros relacionados con la construcción del parque Terra Mítica de Benidorm. Está destinada al caso una fiscal de la sección de delitos económicos, que solo lleva la mitad de un juzgado ordinario. Desde hace casi dos años, la causa está a la espera de un informe de un perito de la Agencia Tributaria. Entre tanto, ni la fiscalía ha impulsado notablemente el caso (aún no se han depurado las imputaciones) ni el juez ha podido ponerse al día en la respuesta de los innumerables escritos presentados por las partes. Más aún. El juez rectificó su decisión de archivar el delito fiscal el pasado verano. El asunto se sigue por los delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales y el recuperado delito fiscal.
Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, dijo el pasado mes de julio que "la justicia solo interesa a los políticos para controlarla". Y consultadas algunas de las partes personadas en los casos Ivex y Terra Mítica, es eso lo que hace falta para sacarlos adelante. Los 21 juzgados de instrucción de Valencia tuvieron en 2009 una media de asuntos de 6.988, según información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia. No es una cifra muy distinta de la de los cinco juzgados de Instrucción de Marbella, que tuvieron el pasado año una media de 6.278 asuntos.
¿Por qué no se refuerzan los juzgados que tienen asuntos de tal envergadura, que afectan incluso a la vida política? Cuando se detecta un atasco en un juzgado, bien por motivos estructurales, por carga de trabajo o por falta de funcionarios, a instancias del propio juzgado o cualquiera de las partes de un proceso que se consideran afectadas por un retraso importante, pueden solicitar a la sala de Gobierno un refuerzo. Ésta, tras estudiarlo, si lo estima oportuno remite un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si éste da el visto bueno para destinar un juez como refuerzo, da traslado al Ministerio de Justicia, que es el que debe dar luz verde económicamente. Y, por último, la Administración autonómica debe destinar funcionarios o admitir el gasto de una ampliación de jornada de los que haya.
Tienen refuerzo los juzgados de lo Social y lo Contencioso de Valencia, los de Vigilancia Penitenciaria de Castellón y Valencia, y varios penales (incluidos los de ejecutorias). Pero ninguno de los de Instrucción.
* El País - 25.10.10
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
