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COSTATROPICAL/Granada* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia fechada el 15 de marzo de 2010, rechazando la causa de inadmisibilidad aducida por las partes demandadas, Ayuntamiento de Almuñécar y la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.”, estimando el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía en marzo de 2002, contra el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar el 14 de enero de 2002...
... -durante el gobierno tripartito PSOE-PP-PILH, siendo alcalde Juan Luis González y concejal de Urbanismo el socialista Antonio Manuel Rebollo- otorgando a la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.” licencia para la construcción de 51 viviendas en la Urbanización Los Pinos.
La base del recurso estima que la licencia concedida por el Tripartito, “incumplía las previsiones del PGOU en cuanto a zonificación y edificabilidad, pues, mediante la aprobación del Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Almuñécar el 20 de diciembre de 2001, a cuyo amparo se concedió la licencia, se ha producido una diferente zonificación de la zona verde privada y de la zona residencial, así como un aumento de la edificabilidad prevista en el PGOU, lo que supone una modificación del Planeamiento General que no está permitida al Estudio de Detalle”.
Tras una amplia argumentación técnica basada en el uso del suelo y los niveles de edificabilidad, el TSJA considera que el recurso de la Junta “debe ser estimado” y en consecuencia “anulado el acto de concesión de la licencia”. Así mismo, el fallo anula el acto impugnado por “no ser conforme a derecho”, aclarando que contra la sentencia cabe interponer “Recurso de Casación” en el plazo de 10 días, plazo tras el cual se “llevará a efecto la resolución impugnada”.
Concesión de la licencia
El acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 20 de diciembre de 2001, bajo la presidencia del alcalde Juan Luis González Montoro, siendo concejal de Urbanismo el ex alcalde del PSOE Antonio Rebollo -quienes compartieron alcaldía en la citada legislatura- señala en el punto 18 que se somete a aprobación el “Proyecto de Compensación en Los Pinos” presentado por la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.”. Del mismo modo, aparece indicado que el Ayuntamiento Pleno celebrado dos meses antes, el 9 de octubre de 2001, acordó por mayoría la aprobación inicial de las figuras urbanísticas de “Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Los Pinos”.
Sometido el punto a votación, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos a favor de los concejales del PP, PSOE e independentista, y siete votos en contra del Partido Andalucista, acuerda desestimar las alegaciones presentadas, argumentando que “pretenden invalidar una escrupulosa tramitación urbanístico-administrativa con apelaciones a la ética”, añadiendo que el procedimiento seguido para la formulación y tramitación del proyecto de compensación que se trata, “se ajusta plenamente a la legislación urbanística vigente, a la normativa del PGOU vigente y a la forma de aplicarla”, resultando aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación en la citada urbanización.
Seguidamente, el punto 19 somete a aprobación el Estudio de Detalle en los Pinos presentado por la misma mercantil para la ordenación de volúmenes. Del mismo modo y con la misma votación, contando de nuevo con el voto en contra de los concejales del Partido Andalucista, el gobierno del Tripartito desestima las alegaciones presentadas en base a los mismos argumentos anteriores, resultando igualmente aprobado.
Igual resultado alcanza el punto 20 que somete a aprobación la Delimitación Poligonal en Los Pinos, quedando rechazadas las alegaciones presentadas en los mismos términos que los anteriores puntos, resultando finalmente aprobada con el voto en contra de los andalucistas “la delimitación de la Unidad de Ejecución promovida por la mercantil Playa Costa Tropical S.L.”
Cabe señalar que el acta acara que al citado Pleno no asiste el concejal andalucista Manuel Novo Guerrero y que el concejal del PILH, Juan Mora Barbero, se ausenta de la sesión durante el desarrollo de los citados puntos 19 y 20.
Valoración de la sentencia del Equipo de Gobierno de Convergencia Andaluza
El portavoz del Equipo de Gobierno, Jesús García Alabarce, ha manifestado que “pese a que en este asunto, gestionado y aprobado por el Tripartido PSOE – PP – PILH, nosotros votamos en contra en los tres puntos que afectaban a aprobación de la citada licencia, nos preocupa que ocho años después de su concesión se dicte sentencia en contra de la misma, a sabiendas de que esas viviendas están habitadas en su práctica totalidad por vecinos de Almuñécar y algunos residentes, que ahora ven peligrar su estabilidad familiar, sus casas y su economía”.
* Costa Tropical - 19.03.10
Foto: Almuñécar (Granada), viviendas los pinos - costatropicalinformacion.info
Almuñécar: El TSJA decreta ilegales las 51 viviendas de Los Pinos cuya licencia fue concedida por PSOE y PP en el año 2002
Alerta: el agua siempre vence al ladrillo
ELPAÍS* : La construcción salvaje en zonas inundables suma víctimas o daños en Madeira, el Guadalquivir o La Rochelle. Las vidas de Nicolas Sarkozy y Verónica Monges no tienen nada que ver, pero en las últimas semanas se han enfrentado a un enemigo común. El presidente francés visitó La Rochelle el pasado 1 de marzo tras la tormenta Xynthia, que se llevó la vida de medio centenar de personas mientras dormían tranquilamente en sus casas. "No se puede transigir con la seguridad. Debemos reflexionar sobre los planes urbanísticos para que esta catástrofe no vuelva a suceder", dijo Sarkozy.
Monges vive en el asentamiento de casas ilegales en la ribera del río Guadarrama, en el municipio madrileño de Móstoles. "Los días que llueve mucho, esto se inunda y nos vamos a la casa de un familiar unas calles más arriba. Hace dos semanas, tuvimos que sacar agua con cubos del salón de una vecina", cuenta desde la puerta mientras trata de que su hija no moleste al niño más pequeño. "¿Que si tenemos miedo de que aquí un día pase algo? Pues claro que sí", responde sin dudar.
La catástrofe de La Rochelle se cimentó en un cóctel formado por vientos de más de 150 kilómetros por hora, subida de la marea y lluvias torrenciales. Los problemas de Monges se deben, sin embargo, a la posible crecida del río que ve cada mañana desde su casa. Pero tanto en un caso como en otro -así como en las lluvias de Madeira, que a finales de febrero dejaron una cuarentena de muertos, o las crecidas del río Guadalquivir, sin víctimas mortales pero con cuantiosos daños materiales- la construcción de viviendas en zonas peligrosas es el gran problema. La proliferación de un urbanismo que ha ignorado los caminos del agua suscita un debate que enfrenta la seguridad de los ciudadanos con el derecho de esas personas a seguir viviendo en su propia casa. Ninguna solución -expropiaciones, obras de ingeniería...- dejará contento a todo el mundo.
El fenómeno se ha extendido en estos años en los que el ladrillo se convirtió en la herramienta más fácil y más rápida de los ayuntamientos para hacer caja. No hay cifras oficiales, pero las de los ecologistas asustan. "Estimamos en 40.000 las construcciones en dominio público hidráulico, la gran mayoría viviendas, pero también cámpings, polideportivos, residencias de ancianos, colegios, restaurantes...", sostiene Santiago Martín Barajas, autor de un informe de Ecologistas en Acción. Los responsables políticos prefieren, sin embargo, quitar hierro. "Me parece una cifra exagerada, algo alarmista", responde Jesús Yagüe, subdirector de Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Medio Ambiente. "Estamos realizando la cartografía de zonas inundables, que estará plenamente operativa en 2012", añade.
Tras años de mirar hacia otra parte, la radiografía del problema dio un salto de gigante en 2007, con la directiva de la Comisión Europea que daba de plazo hasta 2013 para que los Estados detecten en mapas sus áreas con riesgo de inundación. "La reforma de la Ley del Suelo de 1998 ya estableció que había que declarar como no urbanizable el suelo que conllevara riesgos, pero ese artículo nunca se cumplió", recuerda el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina. "Como no había mapas de riesgo, se construía. Durante el boom inmobiliario nadie quería mirar hacia un problema en el que se está jugando con vidas humanas", concluye Olcina, que estima en 300 las muertes causadas por inundaciones en España en los últimos 15 años.
Vidas como las de los 87 veraneantes que murieron el 7 de agosto de 1996 en Biescas (Huesca). Fueron 87 cuerpos arrastrados por una riada que arrasó un cámping construido en el curso de un torrente, cerca de un barranco. Los informes técnicos que desaconsejaban la ubicación del establecimiento en ese lugar no sirvieron para nada.
Tras un suceso que dejó en shock a todo un país -y que obligó a las administraciones a pagar 11,2 millones de euros por no haber evitado un suceso previsible-, el Senado creó una comisión que sacara conclusiones de la tragedia. "Dieron unas recomendaciones de enorme interés pero que no se pusieron en práctica. Han tenido que pasar más de 10 años para que volvamos a retomar esas conclusiones", añade el catedrático de la Universidad de Alicante. Es probable que catástrofes como la de Biescas no hubieran pasado antes porque a nadie se le habría ocurrido levantar un cámping en el curso de un torrente cerca de un barranco. "Hemos perdido la memoria del territorio. Antes se elegían los lugares donde asentarse con un cierto conocimiento del territorio. La moderna promoción de viviendas ha olvidado estas enseñanzas, por lo que se hace imprescindible un estudio científico riguroso del suelo", asegura el premio Nacional de Urbanismo José María Ezquiaga.
Los estragos del agua tampoco son baladíes desde el punto de vista económico. Se trata del riesgo natural que más daños causa en España al año: un 0,1% del producto interior bruto, es decir, unos 1.000 millones de euros. Y puede ir a más. Porque a medida que el cambio climático se haga más presente, será necesario reevaluar los riesgos que conlleva. "Aumentarán, por ejemplo, los problemas de inundación en áreas costeras, hasta ahora muy poco importantes en España", pronostica Ezquiaga.
El mapa que prepara el ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, del que ya ha dibujado más de 60.000 kilómetros, permitirá poner en marcha una política preventiva para evitar licencias de obras en zonas de riesgo. Además del mapa, el Gobierno ha invertido en cuatro años más de 300 millones en conservación y limpieza de cauces y ha puesto en marcha el Sistema Automático de Información Hidrológica para prevenir las avenidas de agua. Las inundaciones de la costa mediterránea, donde son más habituales, no suelen causar muchos daños a pesar de ser una de las zonas más vulnerables por su alta densidad de población. "Las grandes inundaciones, normalmente originadas por lluvias continuadas, son menos usuales y se suelen localizar en Andalucía o Extremadura", explica la profesora de meteorología Carmen Llasat.
Ahora bien, una vez detectadas las áreas peligrosas, ¿qué se hace con las personas que viven en esas decenas de miles de casas ya construidas? "Es la pregunta del millón", reconoce el alto cargo del ministerio. "Tendremos que ver qué medidas adoptamos. Los propietarios deberán fomentar los seguros frente a inundaciones. Y es necesario abrir un debate público sobre la expropiación", añade Yagüe. Francia forma parte de la avanzadilla en este sentido: ha dibujado un mapa con tres niveles de riesgo, y se reserva la expropiación sólo para las áreas más peligrosas.
"No caben más que dos alternativas. O se inician obras hidráulicas muy costosas que, si se hacen con fondos públicos, implicarán transferencias de rentas a los que en muchos casos construyeron ilegalmente. O se reubican estas urbanizaciones. A pesar de que sea una medida muy impopular y que plantea muchos interrogantes, creo que habrá que avanzar en este camino", señala el urbanista José María Ezquiaga. Como un primer paso, el Gobierno ha comenzado en los últimos cuatro años a recuperar terrenos para dar más espacio al río. El alto coste de estas expropiaciones, más enfocadas en la mejora medioambiental que en la seguridad, provoca que se hagan muy lentamente.
Se adopte la decisión que se adopte, será un camino lento, caro y que no cubrirá todos los flancos. Por eso el profesor de geología de la Universidad de Barcelona Joan Manuel Vilaplana insiste en la educación. "Las canalizaciones son necesarias, pero no suficientes. Dan una falsa sensación de seguridad. Creo en el ejemplo francés, que implica planes de prevención para sensibilizar a la población. Hay que enseñar a la gente a convivir con el riesgo y no hablar sólo de esto cuando hay una tragedia. Las administraciones públicas han escondido la cabeza el resto del tiempo", dice Vilaplana.
Pero no todos se esconden. El Ayuntamiento de Móstoles lleva años pidiendo a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Gobierno central la demolición de los dos centenares de viviendas en el cauce del río Guadarrama. "Antes de que haya una tragedia humana, como la de Biescas", decía el alcalde, Esteban Parro, hace ya dos años y medio.
Este poblado nació en los años sesenta del siglo pasado. Las viviendas que en un principio se utilizaban para el descanso de fines de semana se convirtieron en residencias habituales. Este conglomerado de casas al margen de la legalidad recibió más tarde población gitana e inmigrante, principalmente marroquí. Algunos llegaron a tiempo para ver con sus propios ojos la inundación de 1989 y la menos importante de 1995. "No es para tanto. Aquí ya no hay ningún peligro", dice Rebeca, detrás de la barra de uno de los dos bares del lugar, que no ve con buenos ojos la presencia de periodistas por ahí. "Luego decís que esto está fatal y no es verdad", protesta. Durante estas últimas semanas, tras el febrero más lluvioso de los últimos 30 años, los responsables del municipio de Móstoles hicieron llegar a todos los que querían escucharles su preocupación por la posibilidad de que se desencadenara una tragedia en el lugar. Finalmente, no ocurrió nada. Habrá que ver qué pasa la próxima vez.
Las grandes inundaciones
- Bastó con 10 minutos de lluvias para acabar con las casas de cientos de vecinos de Badajoz el 7 de noviembre de 1997. Fallecieron 18 personas. Cinco, de una misma familia.
- El 7 de agosto de 1996 murieron 87 personas en el camping de Biescas (Huelva), construido en el cauce de un torrente cercano a un barranco.
- Bilbao sufrió la peor inundación de su historia durante las fiestas del verano de 1983. En las 24 horas del 26 de agosto cayeron 1.500 toneladas de agua. Hubo 34 muertos y cinco desaparecidos.
- Unas lluvias torrenciales que en algunos puntos superaron los 500 litros por metro cuadrado lograron borrar del mapa un pueblo entero del Pirineo. Entre el 6 y el 9 de noviembre de 1982 murieron por la inundación 14 personas.
- La presa de Tous, incapaz de contener la crecida del Júcar, se vino abajo el 20 de octubre de 1982. La catástrofe se saldó con una treintena de muertos y más de 5.000 damnificados en 32 poblaciones distintas.
- La crecida de un río insignificante, el Ripoll, causó el 25 de septiembre de 1962 una de las mayores tragedias del agua de la historia de España. En el Vallès murieron unas mil personas en unas pocas horas.
* ELPAIS.com - Reportaje - 19.03.10
Foto: Una lancha navega entre parcelas inundadas por la crecida del Guadalquivir en febrero en Córdoba.- F. J. V. elpais.com
Málaga: Gena considera que el “derribo exprés” no detendrá el urbanismo ilegal
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INFOAXARQUÍA* : El Gabinete de Estudios para la Naturaleza de la Axarquía (Gena–Ecologistas en Acción) ha rechazado el reglamento de disciplina urbanística aprobado por la Junta de Andalucía conocido ya como “derribo exprés”. La asociación considera que si bien la medida acelera la tramitación de las demoliciones de las viviendas ilegales ya que se faculta a los ayuntamientos a ello, han sido éstos los que “han mostrado sobradamente a lo largo de los últimos años una negativa expresa a erradicar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable”.
Además, la medida, según ha expuesto el colectivo, supone trasladar a los ayuntamientos “una responsabilidad que sin duda tiene consecuencias políticas”, ya que “al afectar a las tramas inmobiliarias creadas en los municipios, la impopularidad de las medidas de demolición acarreará una pérdida de votos que pondría en peligro la perpetuación en el poder de los partidos políticos gobernantes en dichos ayuntamientos”.
Para el portavoz de Gena, Rafael Yus, es impensable, que “las mismas instituciones que han consentido o alentado la construcción de viviendas en suelo no urbanizable ahora vayan a utilizar esta poderosa herramienta cuando lo que está en peligro, desde su punto de vista, es el desarrollo de su municipio y el apoyo social a la formación política gobernante”.
Así, la asociación ha calificado la medida de insuficiente y considera que la alternativa debe estar en eliminar la competencia urbanística en el suelo no urbanizable de todos los municipios de Andalucía “pues ninguno ha demostrado saber, poder o querer gestionarla”.
También proponen crear una estructura, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, con carácter provincial, desvinculada de los ayuntamientos y suficientemente equipada de técnicos apropiados, para diligenciar los expedientes de ilegalidad y demolición conforme a este Reglamento de Disciplina Urbanística. La última medida que sugiere el colectivo es solicitar la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente el SEPRONA y la Policía Autonómica, así como la ciudadanía, para la detección de las infracciones.
* InfoAxarquía - 17.03.10
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es
La Vila modifica el plan general y avala el exceso del hotel Atrium
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ELPAÍS/Alicante* : El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó ayer por unanimidad la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el cómputo de la edificabilidad en las parcelas hoteleras, que permitirá otorgar a los hoteles de cuatro y cinco estrellas entre un 50% y un 70% más de superficie destinada a habitaciones.
En la práctica, la primera consecuencia de la medida es que da cobertura legal definitiva al hotel Atrium Beach, en la playa de la Cala, y el hotel Elbim de la playa Centro. Ambos sufrieron la paralización de las obras por incumplir el proyecto original y sobrepasar la edificabilidad autorizada por el planeamiento, y fueron regularizados mediante un Plan de Reforma Interior y Mejora. En el caso del hotel Atrium, el exceso de obra que oficialmente reconoció el Consell fue de 53.000 metros cuadrados.
El concejal de Urbanismo, Jerónimo Lloret, del PP, admitió tras el pleno que ambos hoteles saldrán favorecidos por el cambio en la normativa urbanística del municipio. "Aunque no hemos hecho números", puntualizó. Lloret, sin embargo, defiende que los cambios en el PGOU van más allá del intento de eliminar cualquier duda sobre la legalidad de ambos hoteles y aseguró que el objetivo "es estimular la inversión hotelera y contribuir a la dinamización de la economía local". "No sólo sale beneficiado el constructor y el hotelero, sino que también lo hará el mismo Ayuntamiento en el momento de la recaudación por metros construidos y, sobre todo, los restaurantes, bares y pubs de la zona y todo el comercio vilero, generando esto una espiral de empleo en todo el municipio", añadió.
Pero el Ayuntamiento de La Vila ha tomado esta decisión en plena crisis económica, cuando algunos hoteleros de la comarca están incluso invirtiendo en el extranjero y después de que en 35 años sólo se hayan iniciado las obras de los dos hoteles paralizados de un total de 11 que preveía el PGOU de 1998 repartidos a lo largo de la fachada litoral de municipio.
Siete años después de la paralización de las obras del hotel Atrium que se levantaba en primera línea de la playa de La Vila Joiosa a raíz de la muerte de tres albañiles, la polémica sobre el complejo hotelero sigue viva. La paralización de los trabajos por la muerte de los operarios destapó que el proyecto vulneraba el PGOU del municipio al superar la volumetría autorizada. El exceso de obra se fijó finalmente en 53.000 metros cuadrados (equivalente a 11 alturas), según la resolución última del Consell.
La Generalitat, no obstante, sólo obligó al dueño del hotel a tirar 14.700 metros, además de imponerle una sanción de 12 millones de euros. La multa no se ejecutó. Una sentencia del Tribunal Superior anuló la sanción por un defecto de forma. Y tampoco, según un informe de un técnico municipal, el promotor llegó a echar a tierra el exceso de volumetría. El promotor, en cambio, mantiene que sí demolió lo exigido y el hotel es plenamente legal, con independencia del acuerdo del pleno de ayer que aumenta la edificabilidad del suelo para uso hotelero.
El concejal de Urbanismo, Jerónimo Lloret, reconoció ayer la existencia de un informe urbanístico que sigue detectando casi 3.000 metros cuadrados de exceso de obra en hotel Atrium. Pero el vicepresidente de la empresa promotora, Javier García, insiste en que el hotel está ya regularizado y en que la licencia de obras que obtuvo del consistorio el 18 de diciembre de 2006 está en vigor.
Mientras, el hotel Elbim, el primero en el caso urbano de La Vila en mitad de la playa Centro, inició las obras en 1998. También sufrió una paralización por exceso de edificabilidad y no retomó las obras hasta el 2008, tras serle aprobado en 2006 un PRIM que no ha cumplido. Además, los promotores del hotel deberán devolverle al consistorio la parcela contigua que compraron, una zona verde de titularidad pública que fue vendida ilegalmente por el anterior propietario aprovechando que seguía a su nombre en el Registro de la Propiedad.
En ambos casos, los promotores confiaron en la aprobación del premio hotelero del que disfruta Benidorm para incentivar la construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas, pero el Gobierno valenciano lo denegó para La Vila con el argumento de avanzar en una legislación autonómica igual para todos los municipios turísticos que nunca se desarrolló.
Los dos hoteles pretenden ser de cuatro estrellas, así que en función de su grado de eficiencia energética, podrían acceder a una bonificación del 60% de la superficie de cada habitación que supere el mínimo legal de 16 metros. Y cuando se acojan a la bonificación, podrán levantar incluso una altura más y una planta técnica por encima de la baja. A efectos de cómputo, una habitación de 116 metros cuadrados sólo sumará 56 metros de edificabilidad, los 16 mínimos exigidos y 40 de los otros 100.
Aplicando este rasero, tanto el hotel Atrium, que ni siquiera está aún tabicado, como el Elbim, que está a punto de ser inaugurado y dispone de 106 habitaciones de entre 26 y 52 metros, verán legalizada definitivamente su situación.
La modificación del planeamiento de La Vila Joiosa deberá estar un mes expuesto al público y pasar el filtro de la consejería de Urbanismo. El gobierno de La Vila considera que la modificación aprobada afecta sólo a la ordenación pormenorizada del Plan General y no necesita el visto bueno autonómico, pero es el Consell quien deberá decidir si es una modificación estructural del planeamiento, lo que condicionaría su entrada en vigor a la aprobación de la comisión territorial de Urbanismo de Alicante.
* ELPAIS.com - 19.03.10
Foto: La estructura del Hotel Atrium, todavía sin tabicar, ayer.- Rosa Fuster, elpais.com
Los tribunales anulan una licencia por la que se construyeron 48 viviendas en Elviria
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SUR/Marbella* : La vía judicial y la tramitación del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella no discurren, por el momento, por caminos paralelos. Los tribunales disponen de un tempo propio y mantienen su empeño en dejar constancia, en forma de sentencias, de las ilegalidades urbanísticas cometidas durante varios lustros en el municipio, ajenos a lo que pueda ocurrir tras la entrada en vigor del nuevo planeamiento de la ciudad.
La última resolución en este sentido procede del Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, que ha decretado la nulidad de las licencias de obras que permitieron la edificación de 48 viviendas unifamiliares en la zona de Elviria.
La sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, condena al ex alcalde Julián Muñoz y a seis ex concejales del Ayuntamiento marbellí a penas de entre nueve meses y un año de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En el caso del ex regidor, a doce meses de cárcel. La resolución judicial se ha dictado con la conformidad de los acusados, dado que es fruto del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los ex ediles por el que estos ingresaron en prisión a cambio de que no se celebren los numerosos juicios por causas urbanísticas en las que estaban imputados.
El tribunal establece como hechos probados que los condenados concedieron licencias de obras a los proyectos básico y reformado presentados por la empresa Holanda En Nueva Andalucía SL para la construcción de 48 viviendas con una edificabilidad de 2.300 metros cuadrados en una parcela de Elviria. Los permisos, aprobados en julio de 2000 y abril de 2003, se concedieron «a sabiendas» de que eran contrarios a las normativa urbanística vigente, un hecho que pusieron de manifiesto los informes técnicos aportados a los expedientes.
La promoción se levantó además con exceso de edificabilidad y el área de chalés dibujada sobre plano se convirtió en un poblado marinero de ocho bloques. Su regularización, sin embargo, está prevista en el sistema de compensaciones que recoge el PGOU para la normalización de inmuebles ilegales. Para ello, la promotora deberá ceder 654,32 metros cuadrados de suelo de una parcela calificada como parques y jardines y situada en la misma zona de Elviria, al sur del complejo inmobiliario.
* SUR - 18.03.10
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
Urbanismo religioso
ÓSCAR CELADOR* : Uno de los grandes males que azota nuestra política es la corrupción urbanística, y los desmanes de algunos gobiernos municipales han jugado un papel capital en este contexto. El urbanismo desaforado no ha discriminado entre ideologías, ya que, cuando se habla de convenios, recalificaciones, contratos o adjudicaciones urbanísticas, ningún partido político puede decir aquello de que el que sea inocente que tire la primera piedra. Algunas confesiones religiosas se han beneficiado de la discrecionalidad administrativa, ya que gracias a la misma han conseguido que los ayuntamientos les cedan patrimonio de titularidad pública para fines privados.
Los ayuntamientos pueden entregar suelo o terrenos a las confesiones religiosas utilizando el paraguas del interés general sin tener que dar prácticamente ninguna explicación al respecto. Esto explica por qué Madrid es la única comunidad autónoma en la que existen más centros educativos de titularidad privada –en su mayoría escuelas concertadas con ideario católico– que públicos. La privatización del servicio educativo ha sido factible gracias a la connivencia entre el Gobierno regional y aquellos municipios que han cedido parcelas de suelo destinadas a fines educativos a empresas privadas, con las que posteriormente el Gobierno autonómico ha concertado el servicio educativo. De esta manera, en el suelo público se han construido escuelas que pertenecen a una empresa privada pero que son financiadas con fondos públicos.
La situación de los solares públicos destinados al culto religioso es igual de preocupante. Las confesiones religiosas pueden conseguir suelo para construir sus lugares de culto de diferentes maneras, bien mediante una cesión discrecional de suelo municipal o la concesión del derecho de superficie sobre dicho suelo, bien mediante una permuta, o bien comprando directamente el solar en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la regla general es que, cada vez que se diseña un plan de ordenación urbanística, la Iglesia católica reciba de forma gratuita una o varias parcelas para construir sus iglesias, mientras que los demás grupos religiosos tienen que acudir al mercado libre, pese a la evidente discriminación que esta situación representa.
El convenio suscrito entre la corporación municipal y el Arzobispado de Madrid de 1997 ilustra esta situación, pues a través del mismo, el ayuntamiento cedió de un solo plumazo 41 parcelas a la Iglesia para la construcción de lugares de culto. Todo ello por no hablar de la reciente cesión de 25.000 metros cuadrados al arzobispado en el corazón histórico de la ciudad para la construcción de diversos edificios religiosos, pese al impacto medioambiental que supondrá la eliminación de zonas verdes y de ocio para los madrileños.
Los intereses religiosos no pueden financiarse con el dinero público, ya que se lesiona el principio de laicidad, y esto es lo que ocurre cada vez que los poderes públicos ceden suelo a una confesión religiosa. Pero además, en este caso concreto, los gobernantes están permitiendo que se expolie un patrimonio que pertenece a todos los españoles.
* Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
* Público - Opinión - 18.03.10
