LEVANTE/Valencia* : El coste del plan especial del Cabanyal se multiplica a medida que pasan los años y los tribunales resuelven los recursos contra las tasaciones de los primeros inmuebles expropiados en el barrio por el Ayuntamiento de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia ha multiplicado por seis la valoración municipal inicial de una parcela con un almacén ubicada en la calle Francisco Baldomá. El tribunal estima que el valor del solar de 260 m2 es de 324.000 euros, frente a los 57.000 que le asignó el ayuntamiento en 2002. El TSJ suscribe así la tesis del Jurado Provincial de Expropiaciones, que en 2006 multiplicó por cuatro el valor de la citada parcela al acercar la tasación al precio de mercado.
El Ayuntamiento de Valencia inició en el año 2002 un proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para construir 47 viviendas protegidas en la calle de Francisco Baldomá. El expediente de expropiación afectaba a tres propietarios y a una superficie de 1.304 m2. La expropiación se aprobó en abril de 2005 por un importe de 279.008 euros (214 euros el m2). Sólo uno de los propietarios recurrió y ahora el TSJ ha reconocido a su propiedad seis veces el valor inicial. La junta de Gobierno acató el 22 de octubre la sentencia.
Tomando como referencia la tasación de la sentencia del TSJ que multiplica por seis las previsiones municipales, el coste del plan del Cabanyal sólo en expropiaciones se dispararía a 84 millones de euros.El concejal socialista Vicente González Móstoles, cuyo grupo ha presentado una alternativa sin derribos que prima la rehabilitación para el barrio, advierte de que si se suman las indemnizaciones por las casas que se derriban y el derecho a realojo, el plan podría acabar costando más de 200 millones.
Por otro lado, la Defensora del Pueblo en funciones ha tomado en consideración la queja de la Asociación de Vecinos del Cabanyal contra la suspensión de las licencias de obras y actividades en el barrio. La decisión se adoptó en aplicación de la orden del Ministerio de Cultura que paraliza el plan especial por entender que representa expolio. La asociación de vecinos formuló la queja al Defensor a raíz de una circular de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia que suspende como medida cautelar todos los expedientes administrativos en el Pepri.
Luto en una familia histórica del barrio
El Cabanyal se vistió ayer de luto por el fallecimiento de Josefa Nicolau Terencio, esposa de Faustino Villora Maestro, que murió el pasado 2 de noviembre. Josefa y Faustino eran dos vecinos históricos del Cabanyal y un símbolo para el barrio. Ambos fallecieron, con apenas ocho días de diferencia, en su casa de la calle San Pedro, una de las zonas afectadas por la prolongación de Blasco Ibáñez. La calle San Pedro pasa por ser la más antigua de este antiguo barrio de pescadores declarado Bien de Interés Cultura por su trama urbana y su arquitectura modernista.
Faustino Villora, hijo de los fallecidos y dirigente de Salvem el Cabanyal durante una década, se consolaba hace unos días, tras la pérdida de su padre, pensando que había muerto a los cien años en su casa de toda la vida gracias a la lucha de la plataforma contra el plan urbanístico. Josefa Nicolau será enterrada hoy a las 16 horas en el Cementerio del Cabanyal.
* Levante - 11.11.10
Foto: Valencia, protesta vecinos Cabanyal (archivo)- levante-emv.com
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MADRIDIARIO* : Ecologistas en Acción exigen a la Comunidad de Madrid que no apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Las Rozas por irregularidades graves y extrañas reclasificaciones de última hora. Por su parte, la localidad afirma que este plan ha finalizado en sede municipal, por lo que el expediente ha sido remitido a la Comunidad y son ellos los que deben pronunciarse. Esta asociación, junto con otras formaciones ecologistas, políticas y vecinas, denuncian entre otras irregularidades la reclasificación en la última fase de terrenos protegidos propiedad del grupo inmobiliario San Román, relacionado con la operación Malaya. Además, alerta de la ausencia de hasta cuatro informes preceptivos y vinculantes, pese a lo cual el Ayuntamiento de Las Rozas aprobó provisionalmente el Plan. Por estos motivos, exige a la Comunidad de Madrid que no apruebe definitivamente el Plan y que obligue a abrir un nuevo período de información pública.
Dicho Plan, aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal el pasado mes de junio, omite, según Ecologistas, la mayor parte de los valores y especies presentes en los terrenos, que conforman un encinar en proceso de recuperación natural. "Hay que destacar que en todas las versiones anteriores del Plan estos suelos permanecían como suelo protegido, a lo largo de los 6 años que dura ya la tramitación del PGOU", aseguran. Un cambio de clasificación del suelo se considera cambio sustantivo del Plan General, y por lo tanto, según la legislación vigente, "obliga a someter el Plan a un nuevo periodo de información pública, algo que el Ayuntamiento se resiste a hacer", comentan. Por otro lado, la evaluación ambiental de estos cambios introducidos tendría que ser efectuada por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Ecologistas en Acción denuncia además la ausencia de cuatro informes obligatorios y vinculantes en la documentación aprobada por el Pleno. Se trata de los que deberían emitir la Dirección General de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Carreteras, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Canal de Isabel II. La propia Comunidad de Madrid requirió explícitamente al Ayuntamiento en el mes de marzo que no sometiera el PGOU a votación en el Pleno sin haber recibido y contrastado estos cuatro informes. "El propio concejal de Urbanismo reconoció en los Plenos de los meses de junio y julio que tales informes no se habían recibido, incumpliendo el requerimiento de la Comunidad de Madrid", explican desde la formación.
Ausencia de documentos
En tercer lugar, el escrito denuncia la ausencia de documentos obligatorios en la documentación sometida a información pública tras la aprobación inicial, como el Estudio de Incidencia Ambiental y el resumen ejecutivo expresivo. También se da cuenta del incumplimiento de determinaciones vinculantes incluidas en tres informes ambientales emitidos en distintas fases del Plan, entre 2005 y 2009, que pese a no haber sido subsanados el Ayuntamiento pretende ignorarlos. Igualmente se denuncia la modificación "a la carta" de las áreas homogéneas en la aprobación provisional de junio. La primera propuesta, presente en todas las fases del Plan desde 2005 y validada por la Comunidad de Madrid, dividía el núcleo principal de Las Rozas en tres áreas homogéneas separadas por la autovía A-6 y la carretera de El Escorial.
Por último se denuncia la exclusión de las Casas y Salones Parroquiales del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan, en contra del informe vinculante del Área de Arquitectura y Patrimonio de la Dirección General de Vivienda de la Comunidad de Madrid. El PGOU permitiría el derribo de estos edificios y la construcción de bloques de viviendas de hasta tres plantas en este conjunto patrimonial, que junto a la Iglesia de San Miguel Arcángel y sus jardines, forma el conjunto arquitectónico más importante y emblemático del casco de Las Rozas.
* Madridiario - 11.11.10
Foto: Las Rozas (Madrid), pgou conflictivo - madridiario
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ELPAÍS/Barcelona* : Youssef Ajanif compró en 2002 un piso en Badia del Vallès que no podía venderse por más de 6.600 euros, según decretaba la empresa pública de vivienda de la Generalitat, Adigsa. El propietario que se lo vendió le pidió por él 92.500 euros, un precio 14 veces superior al permitido. Y la entonces Caixa Catalunya le concedió un crédito hipotecario por esta suma, que era en realidad el supuesto valor (ilegal) que tendría el piso en el mercado libre, según la tasación que efectuó la firma de valoraciones Tinsa. El caso del marroquí Youssef ilustra la dimensión del fraude en la venta de cientos de viviendas protegidas de Badia del Vallès durante los años de la especulación inmobiliaria.
La documentación, a la que ha tenido acceso este diario, de varios de los compradores víctimas del engaño, mayoritariamente marroquíes, muestra claramente que los pisos se vendieron a precios de mercado libre: en todos los casos consultados existía un certificado de tasación en el que figuraba, por una parte, el valor máximo por el que se podía vender la vivienda protegida, y por otra, el valor que esta tendría en el mercado libre. Aunque los precios de las viviendas de Badia no se liberalizarán hasta el año 2026, los propietarios que las vendieron irregularmente se regían por la valoración que hacía el tasador del piso en el supuesto de que se vendiera en el mercado libro. Los vendedores contaban con la complicidad de los bancos, que daban créditos hipotecarios a los compradores por el valor inflado, sin pedirles siquiera la garantía de un avalador solvente. Así le ocurrió a Abdelhadi Lematakham, que para la hipoteca que pidió a Caixa Catalunya fue avalado por su esposa, que no tenía empleo ni patrimonio. La vivienda que adquirió Lematakham en 2006 no podía venderse por más de 48.500 euros, y a pesar de que ante notario y ante Adigsa el vendedor declaraba que lo vendía por esta cantidad, a Lematakham le cobró 167.000 euros, una suma cuatro veces superior a la permitida y que se corresponde con la que fijó el tasador en la hipótesis de que la vivienda se vendiera en el mercado libre.
El fraude, que ha aflorado con la llegada de la crisis y que afecta al menos a 80 familias marroquíes que han quedado en el paro y sin poder pagar sus hipotecas, será llevado ante la Fiscalía Superior de Cataluña por la Asociación de Vecinos de los Bloques Estrella de Badia, una de las dos agrupaciones vecinales que existen en el municipio.
"En la venta de estos pisos de cometieron irregularidades que claman al cielo. Nuestro deber es pedir que se depuren responsabilidades ante tales barbaridades", asegura Rafael Álvarez, secretario de esta agrupación vecinal.
La Asociación de Vecinos de los Bloques Estrella -edificios en los que habitan muchas de las familias marroquíes afectadas por el fraude- presentará formalmente la próxima semana su solicitud ante la Fiscalía de Cataluña para que investigue los posibles delitos que se cometieron con estas ventas de pisos protegidos. Esta institución deberá decidir si abre diligencias y presenta denuncia si advierte indicios de delito, o bien si archiva el caso.
Entre la documentación que la asociación de vecinos aportará al fiscal figura una resolución de la Generalitat de 2006 por la que impone una sanción de 6.000 euros a la inmobiliaria Pomer Finques, SL, por "una falta muy grave" cometida con "la venta de una vivienda de protección oficial por un precio superior al legalmente autorizado". Para los vecinos de los Bloques Estrella, esta resolución es una prueba de que también las inmobiliarias participaron activamente en el fraude.
Pero quienes tuvieron un papel preponderante, según los vecinos, son los propietarios que vendieron los pisos. La asociación solicita a la fiscalía que investigue si además de "violar la limitación de precios que rige sobre las viviendas de Badia", todas ellas de protección oficial, "también han defraudado presuntamente a la hacienda pública" al cobrar en negro la diferencia entre el precio que hicieron constar en la escritura de compraventa, suma que correspondía a su valor legal, y el que realmente cobraron a los compradores.
En cuanto a las entidades bancarias, los vecinos creen que "aun a sabiendas de que un real decreto limitaba el precio de los pisos de Badia a la mitad del fijado para las viviendas de protección oficial de régimen general, les daban una valoración muy superior e intentaban encubrir su valor legal con hipotecas desmesuradas".
La entidad también cuestiona la legalidad del acuerdo al que han llegado la ahora denominada CatalunyaCaixa y la Generalitat, que gestiona los pisos de protección oficial a través de su organismo público de vivienda, Adigsa. El convenio establece que la entidad bancaria perdonará la deuda hipotecaria de las familias que han dejado de pagar las cuotas mensuales del crédito y, a cambio, se quedará con sus viviendas, aunque con su valor legal multiplicado por dos. Los vecinos consideran ilegal que una vivienda de protección oficial pase a manos de una entidad bancaria, cuando "los titulares de este tipo de pisos deben ser familias que los destinen a vivienda única y permanente y que acrediten que no sobrepasan un determinado nivel de renta". También dudan de la legalidad de la decisión de la Generalitat de duplicar el valor de las viviendas de Badia.
Según la Generalitat, la decisión, adoptada a principios de año, cuando afloraron los primeros casos de familias víctimas del fraude, permitirá que Badia "deje de ser una isla infravalorada" respecto a las poblaciones vecinas. Pero en opinión de los vecinos y las familias afectadas, la medida "solo favorece a los bancos, que no querían quedarse con unas viviendas que no valían nada, mientras que la deuda que perdonan a las familias afectadas es muy superior porque el valor de sus hipotecas lo es".
Las entidades que han denunciado el caso, entre ellas la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio Desc, han acusado a los notarios de haber permitido operaciones de compraventa de dudosa legalidad. El vicedecano del Colegio de Notarios de Cataluña, José Alberto Marín, negó ayer estas críticas. "El notario firma dos documentos distintos, el de compra-venta, en el que figura el precio legal, y el de la constitución de la hipoteca. El valor de esta puede sobrepasar al de la vivienda y no es de nuestra incumbencia el destino que el comprador dará al dinero de más que percibe con el crédito", afirmó Marín.
* El País - 11.11.10
Foto: Badía del Vallés (Barcelona) - poblescatalunya
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DIARIOMONTAÑÉS* : El magistrado Luis Acayro Sánchez volvió a abandonar en la jornada de ayer, por unas horas, las dependencias de los Juzgados de Castro Urdiales para certificar con sus propios ojos las presuntas irregularidades en el entorno de Santa Catalina. En esta zona se han paralizado varias construcciones: una promoción de 51 viviendas, ya ocupadas y situadas junto al polideportivo Pachi Torre, y otro grupo de 81 viviendas, ubicadas entre las calles Alfonso VIII y Libertad. Acompañado de la fiscal Pilar Santamaría; la ingeniero municipal, María del Carmen Villanueva, técnicos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el constructor Martín del Río, y de varios abogados, el instructor realizó un reconocimiento judicial de las urbanizaciones afectadas.
La visita, que en un principio estaba prevista para el miércoles, comenzó sobre las 13.15 horas del jueves. El grupo supervisó en primer lugar un vial que se encuentra en la actualidad cortado y que al parecer se levanta sobre dominio público. Un policía judicial fue el encargado de grabar en vídeo las presuntas irregularidades urbanísticas detectadas en la zona.
Posteriormente, el magistrado Acayro se dirigió a la calle Poeta José Hierro, otro vial que separa la también paralizada construcción de un Supercor y 150 viviendas, del polideportivo Pachi Torre. La visita continuó por la calle Alfonso VIII, donde se ubica el colegio de Santa Catalina y concluyó en el ascensor que lleva el mismo nombre que el centro escolar. Como ya avanzó este periódico, ese elevador, construido por Martín del Río, se encuentra paralizado desde hace más de un mes porque el Ayuntamiento de Castro Urdiales no ha adjudicado el servicio de mantenimiento a una nueva empresa.
Imputados
Varias son las personas imputadas por estas presuntas irregularidades urbanísticas. Por un lado, al alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, está imputado por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística en relación a los instrumentos aprobados en la Unidad de Ejecución 1.26 (en un área próxima al polideportivo Pachi Torre) y en el SUP 4 (en la zona de Santa Catalina).
Además, la ingeniero municipal, María del Carmen Villanueva, está imputada por prevaricación administrativa, al igual que el notario José Graiño.
* El Diario Montañés - 12.11.10
Foto: El magistrado Luis Acayro Sánchez, a la derecha, realizó ayer un reconocimiento judicial del entorno de Santa Catalina - diariomontañes
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SUR/Málaga* : El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella sigue llenando los blancos del famoso uno por ciento que no obtuvo las bendiciones de la Junta y que llevaba meses en el limbo a la espera de que se dirimiera su futuro. Primero fue la legalización de las urbanizaciones Los Magnolios y Alvarito Playa, que se habían quedado en el aire hasta aclarar si se preservaba el llamado borde litoral. De eso hace más de un mes. La segunda buena nueva llegaba ayer. El Ayuntamiento tachaba de la lista de áreas suspendidas tres nuevos sectores: San Francisco Norte, Chorraero y Arroyo Segundo, que carecían de la delimitación del dominio público hidráulico y de las zonas de servidumbre e inundables y que, una vez resueltas estas lagunas, tienen luz verde como suelos urbanizables sectorizados.
Al igual que en los otros casos, el Gobierno andaluz dejó en 'stand by' las tres franjas que afectaban a la ribera de ríos y arroyos. La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del Agua, determinó que el Plan General de Marbella no incluía un informe detallado de estos cauces. ¿El veredicto? Se quedaron fuera de ordenación a la espera de que se subsanaran las anomalías.
Nueve meses después el problema está resuelto. Tras el requerimiento de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el Ayuntamiento incluyó los estudios hidráulicos, lo que ha despejado el camino para que los promotores puedan poner en marcha sus proyectos y, de paso, para que el municipio pueda obtener los equipamientos que le corresponderán en función a los desarrollos urbanísticos.
«Es una gran noticia porque de ocho suspensiones que había, que eran menos del uno por ciento del Plan General, ya sólo quedan tres muy pequeñas, casi anecdóticas», explicó ayer el concejal de Urbanismo, Pablo Moro. El círculo, por tanto, se cierra cada vez más. Con los cinco ámbitos que ya se han incorporado al planeamiento urbanístico, resta por conocer qué solución se le dará al conjunto residencial de Cerrado de Elviria (Alcotanes), a una actuación aislada de la Urbanización Casablanca que afecta a espacios libres de una vivienda unifamiliar y a la zona comercial del centro Plaza del Mar, en pleno casco urbano.
Extenso informe
La postura del Ayuntamiento es idéntica. En un extenso informe que se aprobó en pleno y en el que se repasaban cada uno de los casos pormenorizadamente, el equipo de gobierno defendía que los criterios para la normalización que había marcado el equipo redactor son los correctos, aunque el Gobierno andaluz será quien tenga de nuevo la última palabra. En ese mismo expediente se incluyó el estudio hidráulico requerido por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) para levantar la suspensión sobre los sectores San Francisco Norte, Chorraero y Arroyo Segundo, los mismos que acaban de ver la luz.
«El nuevo Plan General de Ordenación Urbana continúa, de esta manera, con la normal ejecución y gestión por parte del Ayuntamiento», añadieron en un comunicado de prensa desde la Junta de Andalucía. Y en ello está. Además de haber impulsado la corrección de erratas, un total de 25 deficiencias que presentaba y que fueron detectadas por la Cotua, ya se han otorgado las primeras licencias de habitabilidad a algunas de las 16.500 viviendas que el PGOU regulariza mediante compensaciones a la ciudad.
Primeros beneficiarios
Cientos de vecinos y propietarios de negocios sin licencias de primera ocupación o de apertura de los inmuebles que ya tienen acomodo en el Plan llevaban años esperando que el papel, salvoconducto para contratar suministros básicos, fuera una realidad palpable. Los primeros beneficiarios fueron casi 300 vecinos de la urbanización La Reserva de Marbella, un complejo ubicado en Las Chapas, en la zona este del término municipal. En concreto, los de una treintena de viviendas de la manzana número 5, segunda fase; 97 viviendas de la manzana número 8, edificios 1, 2, 3 y 4; y 168 apartamentos de la manzana 3, edificio 7.
Pero el Plan no las tiene todas consigo. Según el equipo de gobierno, ha recibido más de medio millar de impugnaciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aunque, a su juicio, más de un centenar de ellas por la confusión sobre los plazos en los que recurrir. El TSJA recibió 376 impugnaciones tras la aprobación del PGOU por parte de la Cotua y 150 una vez que el documento entró en vigor.
* SUR - 11.11.10
Foto: Urbanismo marbella (archivo) - sur
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LEVANTE* : Unas 7.000 personas, según la organización, se han manifestado por las calles de Almansa (Albacete), convocadas por la Plataforma Anticementerio Nuclear de Zarra (Valencia) para que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares no se ubique en esta localidad valenciana. Según ha explicado a Europa Press Lola Gómez Piqueras, una de las personas que pertenecen a la Plataforma, esta manifestación se ha celebrado para reivindicar lo que vienen "pidiendo desde febrero cuando se hizo público que el almacén estaría en Zarra".
En este sentido, ha señalado que desde la Plataforma Anticementerio Nuclear de Zarra no quieren que se instale el ATC en la localidad valenciana y reclaman que les dejen "vivir con nuestro desarrollo sostenible".
Del mismo modo, ha apuntado que se trata de reivindicar el informe elaborado por la Plataforma que establece que esta zona "no debería haber sido la elegida" para la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares.
Por ello, Gómez Piqueras ha señalado que con esta iniciativa se quiere expresar también "el profundo rechazo al nuevo escándalo generado por la manipulación técnica del informe del Ministerio de Industria para forzar la elección de Zarra".
La manifestación ha transcurrido sin incidentes desde el Parque de los Colomas de Almansa hasta la Plaza de Santa María, donde el artista Quijano ha leído un manifiesto.
* Levante - 11.11.10
Foto: Otra manifa contra cementerio nuclear en Zarra (archivo) - EFE
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