SUR* : El reciente anuncio de la alcaldesa de ordenar la demolición de las dos primeras edificaciones ilegales, deshabitadas y no regularizables en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, ha caído como un jarro de agua fría sobre los vecinos de Alta Vista, en San Pedro, donde se asienta una de estas estructuras que parece tener sus días contados.
Se trata, según informaron desde la Delegación Municipal de Urbanismo, de seis viviendas construidas por la mercantil Prosavi sobre zona verde, en fase de cimentación y que, por tanto, cumplen con los requisitos acordados con la Junta para la aprobación anticipada del nuevo planeamiento urbanístico.
Desde la entidad de conservación de esta comunidad de propietarios, critican que en el decreto de Alcaldía se inste a la promotora -con la que ha llegado a un acuerdo- a demoler tan sólo estas seis viviendas ilegales cuando en la zona, hay otras 45 en pueblo mediterráneo también contrarias al Plan vigente, aún en construcción y «comenzadas al mismo tiempo por la promotora Prosavi». Desde esta comunidad vecinal, aseguran que esta última promoción de viviendas -que no se verá afectada por la reciente orden de derribo- adolece de la mima irregularidad: «No tener licencia, por no adecuarse las construcciones: pueblo mediterráneo y adosadas, a la tipología de ese suelo según el Plan de 1986: unifamiliar exenta».
Así, los vecinos de Alta Vista se preguntan indignados el motivo de que no se regularicen seis adosados pero sí, los 45 que hay alrededor en forma de herradura, promovidos por la misma promotora «en las mismas condiciones, circunstancias y lugar, en fase de cimentación y sin haber sido vendidas a terceros». «Esto no tiene ninguna lógica», indican los vecinos en un comunicado al tiempo que añaden: «A los ciudadanos no nos basta con que el Ayuntamiento realice actuaciones simbólicas en el marco de un acuerdo con una promotora, cuando el perjuicio continúa ahí y los perjudicados no son consultados en ningún momento, y donde la única beneficiada es la promotora que ha conseguido comprar un solar por un determinado precio para construir nueve casas y va a construir 45».
Es más, los afectados denuncian que son los principales perjudicados y critican que los servicios de su urbanización «son ya muy ajustados e incapaces de absorber las necesidades de 45 viviendas en la zona peor comunicada de la urbanización, donde el Plan vigente prevé nueve viviendas».
Aclaración
La respuesta del gobierno municipal es muy clara al respecto. A fecha de hoy, sólo las 45 viviendas en pueblo mediterráneo aparecen regularizadas -mediante el sistema de compensación- en la aprobación inicial del nuevo PGOU, que elaboró el equipo redactor siguiendo las directrices de la Junta cuando ésta tenía las competencias en planeamiento y luego aprobó el pleno del Ayuntamiento. La medida no se aplicaría a las seis restantes, en construcción y que están sobre parques y jardines; aunque desde la comunidad de propietarios de Alta Vista aseguran que el suelo es unifamiliar exento, según el Plan vigente. No obstante, desde el gobierno municipal aclaran que no significa que en la aprobación provisional del Plan puedan introducirse algunas modificaciones.
* SUR - ROSARIO FLORES - 23.09.2008
Foto: SAN PEDRO. Una de las casas ilegales con orden de demolición. / J-L, diariosur.es
Marbella: Vecinos critican que sólo se ordene derribar seis de las 51 casas ilegales en Alta Vista
El Día Sin Coches, una celebración casi virtual
EFE* : El Día Sin Coches que se ha celebrado hoy en 2.020 ciudades de todo el mundo ha tenido un seguimiento bastante discreto en España, donde las lluvias y la escasa sensibilidad ecológica no han contribuido precisamente a reducir el número de vehículos.
Con esta celebración, creada para concienciar a los ciudadanos de los efectos directos del transporte privado sobre el cambio climático, acaba la Semana Europea de la Movilidad, en la que algunos ayuntamientos se han animado a cortar el tráfico de algunas calles y promover así el uso del transporte público en detrimento del coche propio.
Aprovechando la jornada, algunas organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción han reclamado una mejora del parque móvil y facilidades municipales para que los ciudadanos puedan utilizar más la bicicleta y hacerlo con seguridad.
Ecologistas en Acción ha denunciado que la mayoría de los municipios aplican políticas de tráfico "ancladas en el pasado" y que no tienen en cuenta las bicicletas, ni en el diseño de las calles ni en la organización de la circulación. Además, esta organización ecologista recuerda que para la mayoría de los desplazamientos que se hacen en el interior de las ciudades europeas (de menos de tres kilómetros y a menos de quince kilómetros por hora), la bicicleta es el medio más rápido y eficiente.
Greenpeace, por su parte, ha solicitado una reducción del parque móvil y vehículos más eficientes en las carreteras españolas "para frenar su contribución al cambio climático". Según los datos de esta organización, uno de cada dos españoles tiene coche y lo peor es que el parque móvil sigue creciendo pese a que genera el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y consume la mitad de la energía disponible en España.
* ELPAIS.com - EFE - Madrid - 22/09/2008
Foto: Una banda desfila en una calle de Seúl (Corea del Sur) durante el Día Sin Coches- EFE
Vigo: Más de 10.000 infracciones se acumulan en Urbanismo y sólo una abogada instruye los casos
FARODEVIGO* : La oficina de infracciones urbanísticas está hasta los topes de expedientes. El Concello acumula más de 10.000 abiertos por presuntas ilegalidades en viviendas, negocios e industrias, según las fuentes municipales consultadas, y sólo una abogada se encarga de instruir, hacer el seguimiento y resolver todos los casos en trámite. La plantilla de inspectores es también escasa.
Diez funcionarios se encargan de controlar todo el territorio municipal.
La acumulación de expedientes de infracción y la falta de personal suficiente para agilizarlos es un problema antiguo en el Concello que han admitido los últimos gobiernos municipales. En el anterior mandato se habían contabilizado 14.000, pero la cifra incluía casos ya archivados o prescritos. Con motivo de la elaboración del Plan de Inspección Municipal, presentado meses atrás por el actual gobierno local para marcar las prioridades a la hora de realizar el control de la legalidad urbanística, se realizó un "filtrado" de los datos, y tras la criba el número de casos quedó fijado en 10.000. La sobrecarga de actividad, además, ha provocado que en algunos casos caducasen los plazos para emitir informes o adoptar resoluciones, con lo que estos expedientes han prescrito sin que se restaure la legalidad.
Letrados
A ello se une la reducción a la mitad en el número de instructores. El departamento contaba hasta hace cuatro meses con dos abogadas que incoaban y seguían los expedientes hasta su resolución final, pero una de ellas ha pasado a la Inspección de Tributos sin que por el momento tenga sustituta. Con motivo del incendio de la macronave de O Gorxal el alcalde también asumió la escasez de plantilla, y alega que la situación es "heredada". Los medios de inspección no se incrementarán a corto plazo, aunque Caballero ordenó al concejal de Urbanismo que revise el plan para dar prioridad a las empresas "sin descuidar otros apartados".
Por otra parte, la Gerencia ha remitido a la Tesorería municipal un listado de 27 empresas y particulares multados por infracciones urbanísticas que no han abonado la multa en el periodo voluntario. El Concello dictará orden de apremio para cobrar los 250.000 euros que suman las cantidades. Casi la mitad corresponden a una infracción de una inmobiliaria. El punto pasó ayer por la junta de gobierno. Las cantidades se traspasarán posteriormente a la propia Gerencia para financiar su actividad.
* Faro de Vigo - J. PASTORIZA - 23.09.2008
Foto: Dos policías patrullan, ayer, en el entorno de la nave de O Gorxal. C. Pereira, farodevigo.es
El pacto con la Fiscalía salda con un año de cárcel para Muñoz la cesión de licencias para 250 pisos ilegales
SUR/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cinco de los ediles del GIL aceptaron ayer entre un año y nueve meses de prisión, no sustituíbles por multa, por la concesión ilegal de licencias para la construcción de 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Algabamar II S.L. entre 1998 y 1999. Se trata del segundo juicio -el primero fue el 'caso Belmonsa- donde el pacto entre la Fiscalía de Málaga y los ex concejales gilistas se ha aplicado.
Muñoz, y los ex concejales de Marbella María Luisa Alcalá y Rafael González aceptaron un año de prisión y diez de inhabilitación por la comisión de cuatro delitos contra la ordenación del territorio. Los ex ediles Javier Lendínez, Dolores Zurdo y José Luis Troyano, admitieron cumplir nueve meses de cárcel por dos delitos urbanísticos. El resto de los acusados, también ex concejales gilistas, Tomás Reñones, Manuel Calle, José Luis Fernández Garrosa y Alberto García Muñoz, tendrán que comparecer el próximo 27 de octubre aunque finalmente se apuntarán al pacto, según sus letrados. El aplazamiento fue por cuestiones técnicas procesales. En algunos casos sus abogados no pudieron asistir por encontrarse enfermos; en otros no habían sido citados o lo fueron fuera del plazo reglamentario. Tampoco se sentó ayer en el banquillo de los acusados Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcadesa de Marbella Marisol Yagüe, que se encuentra en busca y captura desde 2006.
Precedente
En juicios anteriores por delitos urbanísticos cometidos en Marbella los acusados habían llegado a una conformidad previa a la celebración de la vista oral aceptando un año de prisión. A partir de 'Belmonsa' la pena de cárcel ya no puede ser sustituida por multa. Además son los dos primeros juicios en los que los ex ediles de la segunda corporación municipal del GIL se han adherido al pacto. Fuentes de las defensas confirmaron que el acuerdo se aplicará también en otros siete procedimientos en los que no se ha llegado a señalar fecha de juicio.
Hasta ahora sólo los seis ex concejales con delitos urbanísticos pendientes de la corporación de 1995 a 1999 habían comunicado al fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo-Rubio, su conformidad. El resto, que no habían pisado la cárcel, esperaban llegar a juicio en busca de un resultado más favorable. Después de nueve meses de negociaciones todo indica que el pacto con el Ministerio Público empieza a ver la luz. Ya no existe división entre los acusados así que sólo quedaría un escollo. Para que realmente fuera efectivo las acusaciones popular y particular -el Ayuntamiento de Marbella y el PSOE, en la mayoría de los casos- deberían estar conformes con las penas solicitadas por el fiscal, es decir, un año de cárcel para los concejales de la primera corporación y nueve meses para los que pertenecieron a la segunda.
El abogado del Grupo Municipal Socialista de Marbella, Oliver Roales, que lleva seis procedimientos aún en fase de instrucción, aseguró ayer a este periódico que no rebajarán su petición de cárcel. El portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, también mostró su rechazo al acuerdo, aunque no descartó adherirse a la petición fiscal en «casos muy concretos».
Las otras acusaciones
Ambas acusaciones buscan resarcir económicamente a Marbella de las tropelías urbanísticas cometidas durante la 'era GIL' aunque son conscientes de la dificultad que tendrán en los juicios por delitos urbanísticos para determinar la responsabilidad civil y de la ventaja, también para ellos, de acortar los procedimientos de adherirse al acuerdo.
Su rechazo obligaría a celebrar prácticamente todos los juicios que quedan pendientes, unos 70, precisamente lo que tanto la Fiscalía como las defensas pretenden evitar. La primera, para ahorrar tiempo y dinero a la Administración de Justicia. Los segundos, para eliminar de un plumazo años de interminables pleitos que no les evitará entrar en prisión, a juzgar por las últimas sentencias. Además, si se llega a juicio el magistrado puede optar por la pena máxima solicitada lo que podría dar al traste con el pacto. El cómputo final por todos los delitos urbanísticos ya no sería de tres años por cada acusado.
El acuerdo
El acuerdo, bajo la supervisión de la Fiscalía Superior de Andalucía y la Fiscalía General del Estado, contempla penas de tres años de cárcel y diez de inhabilitación para cada uno de los acusados, siempre que acepten su culpabilidad y no puedan conmutar el tiempo de prisión con el pago de una multa. Julián Muñoz es el único que permanece aún en prisión. Lleva casi dos años cumpliendo condena por delitos urbanísticos. Pero el resto entrará también en la cárcel en el momento que acumulen más de dos sentencias desfavorables. Aunque todo hace presagiar que la ejecución de dichas sentencias podría aplazarse hasta ver en cuántos procedimientos se aplica el pacto con Fiscalía y saber cuántos años de prisión le corresponde a cada uno de los ediles ya condenados.
* SUR - 23.09.08 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Madrid: Fallos en la señalización y en la evacuación de agua colapsaron los transportes
ELPAÍS* : Fallaron los colectores, las señales, la previsión. Ni las carreteras radiales de Madrid ni la red de transporte público de la región soportaron los efectos de más de tres horas y media de tormenta. Retenciones kilométricas y cortes en la A-3 (Valencia) y efectos en las radiales a Barcelona y Burgos. Estaciones cerradas en el metro, retrasos en los trenes de cercanías de Renfe. Resultado: miles de personas llegaron tarde allá donde fueran ayer por la mañana.
¿Era inevitable? Tres administraciones responsables del transporte y la movilidad de los madrileños -Fomento, Metro y Adif- consideran que sí, que lo ocurrido era "imprevisible".
La A-3 (Valencia) amaneció plagada de charcos y barro. Cortes, retenciones, atascos... ¿Qué ocurrió? El Ministerio de Fomento, responsable de la infraestructura, culpa a un pequeño arroyo que ayer se desbordó. Por debajo del tramo de la A-3 situado entre la M-50 y el enlace con Rivas Vaciamadrid, Fomento construyó hace siete años una tubería de 2,5 metros de diámetro para evacuar el agua del arroyo de Los Migueles. Hasta lo ocurrido ayer -casi 10 horas de cortes-, la tubería por la que cabría perfectamente un túnel de AVE nunca había tenido ningún problema, según un portavoz de Fomento.
El ministerio considera lo ocurrido algo "excepcional e imprevisible". Primero, por el gran caudal de agua que convirtió el arroyo "en un torrente". Y después por los materiales que arrastraba a gran velocidad. La tubería se colapsó y el agua comenzó a ascender hacia la carretera, donde se formaron charcos. Un tramo de la antigua carretera a Valencia se derrumbó por la violencia del agua, según Fomento, que asegura que corresponde a un carril por el que ya no circulan vehículos.
La línea 9 de Metro y la C-4 de Cercanías sufrieron demoras durante todo el día. Metro de Madrid, que gestiona la primera, y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) lo achacan a un fallo en el circuito de señalización eléctrica de la vía. Cuando llueve y se forman balsas de agua, este sistema envía automáticamente una señal al puesto de mando: alerta, la vía está ocupada. No distingue si se trata de una piscina, de una rama o de una persona, inmediatamente se para por seguridad. A partir de ese momento, tanto el tren como el metro funcionan en modo manual, como cuando se avería un semáforo y ponen en su lugar a un agente.
Los trenes siguen funcionando pero con retraso, porque el responsable del puesto de mando debe autorizar el paso de cada vehículo. En el metro hubo demoras de 10 a 15 minutos. En Cercanías, de ocho a 10.
La red de trenes puede absorber "con sobrada suficiencia" las precipitaciones, según la explicación de Adif, pero ninguna está preparada para situaciones "excepcionales" como consideran la tromba de ayer.
Hubo otro tramo del metro -las tres paradas que discurren entre Barrio del Puerto y La Rambla en la línea 7- que quedó cortado por la tormenta. Un portavoz de Metro explica que se produjo una inundación que las bombas de drenaje no pudieron evacuar. Según la empresa pública de transportes, falló el alcantarillado de Coslada, que devolvía de nuevo el agua expulsada por las bombas al exterior.
Desde el Ayuntamiento de Coslada replican que Metro no les comunicó ninguna incidencia provocada por sus alcantarillas, por lo que no pudieron revisar la zona y tampoco pueden determinar si, efectivamente, la responsabilidad es municipal.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 23/09/2008
Foto: Atasco A-3 Madrid- elpais.com
La protección de ciudades y pueblos
JORGE BENAVIDES* : La mayoría de los 770 municipios de Andalucía atesora una considerable densidad patrimonial; sin embargo hasta 2008 apenas 126 núcleos urbanos han sido declarados Conjuntos Históricos (Bien de Interés Cultural). Sé que deberían ser más, pero los políticos no están siempre por la labor debido a los viejos criterios mantenidos en la nueva Ley de Patrimonio Cultural y en la documentación técnica para protegerlo.
La protección debe vincularse a la incentivación, al estímulo, a la ayuda, a la orientación activa, a la transparente ayuda, a la participación proactiva; no a la prohibición, a la restricción, a la fosilización o a la musealización como tradicionalmente han asumido los planes urbanísticos de protección especial de los conjuntos históricos y de las zonas arqueológicas. En este ámbito por lo general no está en juego solamente el cumplimiento de la ley y de la normativa sino también la dinamización vital de un proceso de construcción de la ciudadanía que, en el caso de un conjunto histórico, nunca termina y no es únicamente material. La ciudadanía no es sino la calidad de la convivencia.
Para la declaración como BIC de un núcleo urbano los aspectos patrimoniales cuantificables condicionan pero no determinan. También cuenta el aspecto cualitativo, pero sobre todo es importante la singularidad en uno o varios aspectos concretos: histórico, geográfico, constructivo, espacial, arquitectónico, urbanístico, paisajístico. La Consejería de Cultura, en la justificación para la protección que publica en el BOJA, con frecuencia transforma las generalidades obvias en tópicos sin contenido significativo inútiles para destacar concretamente la singularidad por la cual un núcleo urbano concreto merece un reconocimiento especial de la sociedad andaluza y, por lo tanto, es digno de ser protegido. He aquí a manera de muestra dos tópicos: "Los edificios históricos que determinan la trama urbanística son una muestra de las características históricas y culturales del municipio"; "este conjunto mantiene una gran significación histórica claramente apreciable tanto en el parcelario conservado como en la mayoría de los edificios que lo conforman".
Menos mal que cuando se visita un conjunto histórico, la realidad se impone, entra por los sentidos, se instala en la emoción y obvia la justificación descrita. A propósito, establecer una señal única autonómica para diferenciar a los conjuntos históricos ayudaría al turista y estimularía el sano orgullo de sus vecinos.
Cuando se trata de proteger a un sector social (niños, mujeres maltratadas, ancianos, etc.), el Estado asume más obligaciones que los sujetos beneficiados: planes, programas, dotaciones presupuestarias, etc. Lo hace, y bien, en nombre de la sociedad, de todos. También cuando se trata de proteger una especie animal o vegetal en peligro de extinción. De forma similar en otros sectores. Sin embargo, cuando se trata de proteger el patrimonio cultural (bien social y derecho constitucional) en posesión privada, extrañamente el Estado por omisión, evade todas sus obligaciones, responsabilidades y hasta gastos, que no sean los de policía, inspección y vigilancia para que se cumpla la normativa impuesta.
Así es como, para el ayuntamiento e indiscriminadamente para los vecinos, proteger, conservar y mantener un conjunto histórico supone restricciones, prohibiciones, dificultades y gastos añadidos sin la correspondiente contrapartida de beneficios, de estímulos o de reconocimientos. Esta situación se hace crítica en núcleos pequeños cuyos ayuntamientos no tienen capacidad para abrir una oficina técnica permanente y los propietarios tienen que seguir una tramitación especial y lenta (ayuntamiento y Consejería de Cultura), pagar la redacción de un proyecto de restauración, usar los caros materiales y técnicas tradicionales, acomodar la necesidad a la norma impuesta, contratar un informe arqueológico y según sus recomendaciones, si es del caso, pagar los ajustes o reformas del proyecto.
El propietario de un palacio o de una casa señorial, posiblemente, tiene recursos para afrontar esta situación; pero si se trata de arquitectura popular con protección integral, por ejemplo, las tres casas contiguas que dan contenido a la valiosa singularidad del conjunto histórico de la calle Real de Dos Torres (Córdoba), pareciera que los dueños, carentes de incentivos, prefieren abandonarlas porque el proceso de ruina les resulta más lucrativo que la restauración impuesta y, con menos problemas y dinero, pueden adquirir casas de nueva construcción con piscina.
El abandono es el inicio de un proceso larvado de la futura especulación inmobiliaria destructiva que en todos los conjuntos históricos ha surgido sobre las ruinas de los inmuebles protegidos y, ante el cual, los "poderes públicos" haciendo caso omiso al mandato constitucional, adoptan la perversa postura de espectadores contemplativos. La experiencia es larga y negativa. Es imperativo cambiar cuanto antes los criterios de protección.
* Jorge Benavides es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
* ELPAIS.com - Opinión - 23/09/2008
