ELPERIÓDICO/Barcelona* : Varias entidades vecinales presentarán mañana una demanda para pedir el derribo. Una cincuentena de activistas entraron hoy en el Hotel W de Barcelona, más conocido como hotel Vela por la forma de su silueta, para protestar por la construcción de este edificio, que es ilegal en su opinión.
Los hechos tuvieron lugar durante una protesta por "tierra, mar y aire" en la playa de Sant Sebastià de Barcelona para pedir la demolición del hotel convocada por los vecinos del barrio donde se sitúa este edificio, la Barceloneta. A esta protesta Acudieron unas 1.000 personas, según la organización, cifra que la Guardia Urbana situó en una sesentena de personas.
El hotel está situado frente al mar, en el muelle de Llevant del puerto, a escasos 20 metros de la costa, "cuando la Ley de costas establece una distancia mínima de 100 metros" aseguró una de las portavoces de los convocantes, Gala Pin.
Pancartas y globos
Para protestar por la construcción de este hotel, se simuló una invasión del hotel por tierra y aire mediante pancartas y globos, y por mar, con la acción de varios nadadores y surfistas que lucieron la pancarta Bomba al Hotel Vela.
Gala Pin lamentó también que el terreno que ocupa se haya privatizado argumentando que es un equipamiento para la ciudad. "Un hotel no es un servicio, y menos si es de lujo", añadió. Por ello, varias entidades vecinales presentarán mañana un contencioso administrativo con la esperanza de que el edificio sea derribado.
El hotel tiene ya entre 250 y 275 habitaciones reservadas de cara a su apertura el próximo domingo, lo que supone una ocupación de más de la mitad de sus 473 habitaciones, 67 de las cuales serán suites.
* El Periódico - E. P. - 27.09.09
Foto: Activistas contrarios al Hotel W de Barcelona -más conocido como Vela- han mostrado pancartas en contra del edificio desde el espigón. Foto: ACN / MARC COLOMER
Una cincuentena de activistas 'invaden' el hotel 'vela' para pedir su demolición
Madrid: Un informe señala que la política de vivienda en la región perjudica la integración de inmigrantes
EUROPAPRESS* : La política de vivienda pública desarrollada en la actualidad en la región perjudica la integración residencial de la población extranjera y puede generar guetos en unos 15 años, según se desprende sobre el estudio 'Políticas públicas y segregación residencial de la población extranjera en la Comunidad de Madrid' de la Fundación Alternativas.
El responsable del informe, Alfonso Echazarra, achaca estas conclusiones a la "insuficiente" inversión en vivienda protegida pública y a los requisitos exigidos por el Gobierno regional y los ayuntamientos, "que no garantizan la prioridad de los grupos más necesitados y no contribuye a una distribución homogénea de esta población". Respecto a la política urbanística, el trabajo apunta que el modelo de ciudad "descongestionado", presente en los municipios de rentas medias-altas, está "negativamente asociado" con la presencia de las nacionalidades más desfavorecidas.
Los inmigrantes de la Comunidad han pasado en poco más de una década de significar el 2 por ciento de la población a convertirse en el 15 por ciento, con un millón de inmigrantes de 27 nacionalidades que tiene más de 5.000 miembros. "A pesar de que algunos académicos insisten en la creciente heterogeneidad del colectivo inmigrante, lo cierto es que en Madrid se aprecia más bien una concentración progresiva en las nacionalidades de América del Sur y Europa del Este y, concretamente, de ecuatorianos y rumanos", apuntó Echazarra.
Una tendencia que prevé que no disminuirá debido al fuerte crecimiento de los nuevos migrantes procedentes de Europa del Este, al efecto multiplicador de las redes sociales y a los procesos de reagrupación familiar.
Si bien hay un equilibrio de la población inmigrante en razón de género, tiene una media de edad media más joven que la española, de unos 30 años, es decir, en edades laborales activas y fértiles. Siguiendo el estudio, tienen elevadas tasas de empleo, destacada inestabilidad laboral, alta concentración en los sectores de la construcción, servicio doméstico y restauración, bajos ingresos medios y con una fuerte dependencia de las redes sociales a la hora de encontrar empleo.
Respecto a la vivienda, predomina el alquiler directo (48,7 por ciento) o el subarriendo (29,1), mientras que en la población española prevalece el régimen de propiedad (82 por ciento). En segundo lugar, el tamaño medio de las viviendas es significativamente entre los inmigrantes, con 71 metros cuadrados de media, y los españoles, con 90. Por último, el número medio de personas por vivienda (4,4) es sensiblemente superior a la media española (2,9).
Los resultados del informe indican que la distribución residencial de los extranjeros no se produce de forma aleatoria, sino que sigue unas pautas definidas. El más importante es la renta, ya que los municipios y distritos con mayores rentas son los que menos población censada tienen.
EXPOSICIÓN DE EXTRANJEROS A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
El estudio también analiza diferentes variables para conocer la concentración de la población inmigrante por nacionalidad y su exposición o mezcla con la española. Así, las nacionalidades más concentradas entre sí en la región son la bangladeshí, seguida de la ecuatoriana y la rumana, mientras que la menos son la cubana, la portuguesa y la argentina. En el segundo baremo, las nacionalidades asiáticas y africanas son las menos expuestas a la población española son las chinas y las ecuatorianas y las menos las europeas.
Por distribución en el territorio, las nacionalidades asiáticas y son las americanas las que más tienden a localizarse en el centro urbano, mientras que los marroquíes y rumanos viven más lejos del mismo.
Como conclusión, Echazarra subrayó que durante el periodo 2000-2007 el aislamiento residencial de los extranjeros en la Comunidad no sólo ha aumentado, "sino que lo ha hecho a un ritmo mayor del que cabría esperar por su crecimiento poblacional". Asimismo, resalta diferencias notables entre nacionalidades, ya que las más privilegiadas muestran una segregación residencial desdeñable, similar a la población española, mientras que las menos privilegiadas --entre las que se encuentran las asiáticas, las africanas y las andinas-- presentan una segregación residencial significativa.
DETERMINANTES DE LA SEGREGACIÓN
El autor del estudio destaca el papel de los poderes públicos para integrar a las minorías y la responsabilidad de agentes privados como propietarios, instituciones financieras, agencias inmobiliarias y los propios vecinos para todo los contrario.
Como ejemplo, citó que a principios de los años 90, el Gobierno regional reubicó a 230 familias de origen gitano en el barrio de Moratalaz. Este tipo de medidas, según Echazarra, pueden tener en común la reacción negativa de los miembros más afectados de los grupos mayoritarios en forma de protestas, violencia y, en algunos casos, huída del barrio.
Además, en este caso concreto, afirmó que los gitanos han podido contribuir a "disuadir" la llegada de inmigrantes a la zona, ya que barrios con el mismo nivel socioeconómico acogen muchos más extranjeros que Moratalaz. "Por alguna razón, es inimaginable que este realojo se hubiera producido en los distritos de Salamanca o Chamartín o en municipios con abundante suelo edificable, como Pozuelo o Las Rozas".
POLÍTICA PÚBLICA DE LA VIVIENDA
El autor del estudio cree que las viviendas públicas son insuficientes y que la reglamentación de los requisitos de la renta que se piden para acceder a uno de esos pisos "genera bastantes dudas en cuenta a sus fines redistributivos". En primer lugar, considera que sólo tiene en cuanta las rentas actuales y no las potenciales, por lo que buena parte de los candidatos que cumplen las condiciones al inicio las incumplen una vez que las viviendas son entregadas. En segundo lugar, asegura que este requisito no garantiza que las personas más necesitadas tengan preferencia, "sólo evita el acceso de las más privilegiadas". "Además, los precios de la vivienda pública no gozan de la suficiente subvención como para que los grupos más desprotegidos puedan acceder a ella", agregó.
Echazarra criticó, especialmente, que la Ley no impide que los municipios exijan requisitos adicionales en sus promociones, en incluso en algunas que dependen del Gobierno regional, como es el caso del periodo mínimo de residencia o de trabajo. "Desde el punto de vista democrático, este requisito podría considerarse como una política dirigida a satisfacer las preferencias de los electorados municipales", añadió.
Asimismo, el responsable del informe incide en que los municipios de mayores rentas, como Majadahonda y Pozuelo, imponen requisitos que llegan hasta los diez años de residencia en el municipio. "Las consecuencias de estas condiciones para la segregación residencial de los extranjeros son significativas, impidiendo la entrada de poblaciones desfavorecidas y ajenas al municipio", indicó.
PROPUESTAS DE MEJORA
En línea con los resultados de este trabajo, el autor propone introducir la renta como variable informadora para acceder a una vivienda de protección pública, eliminar el requisito legal para acceder a los sorteos, establecer la residencia legal como único requisito referido al estatus legal.
Asimismo, propone que se implante un sistema global, a nivel regional o nacional capaz de informar de forma automática sobre las posibilidades de construcción en un terreno determinado, con el fin de evitar sesgos localistas y prácticas corruptas; así como eliminar la competencia municipal tanto de vivienda pública como de política urbanística.
Como nota de atención, también señala que hay barrios madrileños donde conviven un porcentaje muy elevado de inmigrantes con población muy envejecida. "Si no se atrae a estas zonas población joven, en unos años pueden crearse guetos, como ha pasado en otros países europeos", concluyó el autor del informe.
* Europa Press- 26.09.09
Foto: Comunidad Madrid - turismadrid.free.fr
Gijón acumula nueve sentencias que anulan el PGOU
ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento tiene ya en su haber diez sentencias que anulan el vigente PGOU. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado otras nueve resoluciones que declaran «contrarios a Derecho» los acuerdos plenarios que dieron validez al documento que marca las directrices del crecimiento urbanístico de la ciudad y se suman así al primer varapalo judicial emitido el 15 de julio.
En este caso los recursos estimados por el alto tribunal asturiano corresponden al Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y a ocho particulares, uno de ellos una vecina de Deva afectada por el controvertido plan parcial de Cabueñes.
La nueva remesa de fallos judiciales utiliza como base jurisprudencial la argumentación de la primera sentencia de julio «por razones de igualdad y seguridad jurídica». Así, se vuelve a poner de relieve que «se ha encubierto una genuina operación de revisión del Plan General bajo un indebido supuesto de modificación puntual». Los diferentes ponentes del TSJA señalan también que la adaptación del PGOU gijonés a la Ley del Suelo del Principado va mucho más allá y conlleva, en la práctica, «una reconfiguración del modelo territorial». denominado por la propia Administración como 'urbs in rure' (ciudad en el campo), cuyo factor más novedoso es el salto de la ronda Sur.
Al hilo de todo lo anterior, las nuevas resoluciones inciden de nuevo en lo incorrecto del procedimiento seguido para actualizar el Plan General y dar suficiente cabida a la participación ciudadana. En concreto, se habla de «deficiente periodo de información pública anterior a la aprobación inicial, la falta de documentos esenciales (entre ellos la evaluación de impacto ambiental) y el deficiente estudio económico y financiero como consecuencia de la inadecuada tramitación de la adaptación como una modificación».
El equipo de gobierno municipal acogió ayer con aparente tranquilidad estos nuevos reveses judiciales. El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, fue ayer el encargado de valorar la creciente acumulación de fallos en contra del Plan Teixidor. El edil aseguró que la doctrina jurídica del TSJA está siendo la misma en las sentencias que ha notificado al Ayuntamiento como parte demandada desde el mes de julio. «Se invalida la tramitación por un error procedimental, pero no se anula el contenido», remarcó.
Sanjurjo también puso de relieve que las estimaciones de los recursos contencioso-administrativos por parte del alto tribunal asturiano no satisfacen, en ningún caso, las pretensiones de los demandantes en términos particulares sobre la calificación del suelo que deberían tener sus fincas. En su opinión, los criterios se mantienen fallo tras fallo, ya que el tribunal considera «irrelevantes» los motivos particulares de la demanda al dirimirse un documento de interés general como es el PGOU Además, a su juicio, las resoluciones judiciales dejan claro que «la determinación de la calificación del suelo es competencia de la Administración municipal y no de los órganos judiciales».
Estrategia sin cambios
La estrategia del Ayuntamiento no variará a pesar del aluvión de sentencias en su contra. Anunció que todos los fallos que vayan llegando se recurrirán en casación ante el Supremo y, en paralelo, se iniciará «a la mayor brevedad el trámite de revisión del PGOU para darle garantía jurídica a la normativa urbanística». El concejal explicó que de las 75 demandas interpuestas contra el Plan Teixidor, a día de hoy diez recursos fueron ya estimados, 25 se desestimaron, 16 están admitidos a trámite y 21 más están pendientes de resolución. Otros cinco recursos concluyeron por desestimiento, archivo o caducidad.
El PP de Gijón, a través de su presidenta Pilar Fernández Pardo, volvió a reclamar ayer la asunción de responsabilidades políticas , ya que, a su juicio, los nuevos varapalos judiciales dejan al gobierno de Paz Fernández Felgueroso en «una situación insostenible».
«La reiteración del criterio judicial sobre la ilegalidad del PGOU supone que estamos ya ante una verdadera doctrina de los tribunales, que ratifica la actuación fuera de la ley en materia de Urbanismo por parte de quien rige el Ayuntamiento, y ello, no por razones de forma, sino por vulnera normas con rango de ley en los ámbitos urbanístico, medioambiental y de procedimiento administrativo general», concluyó Pardo.
* El Comercio Digital - M. MORO - 27.09.09
Foto: Gijón - elportaldelosbarcos.es
Marbella: Una orden de derribo pesa sobre 44 viviendas habitadas que legaliza el PGOU
SUR* : Urbanismo aprobó en julio la resolución al no ajustarse el edificio al planeamiento. El retraso en las previsiones para la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, cuyo visto bueno definitivo no llegará antes de diciembre, ha supuesto una ingrata noticia para el bloque 4 de la avenida de Las Albarizas.
Los propietarios de las 44 viviendas habitadas que alberga este edificio aguardan con ansiedad que la Junta de Andalucía otorgue la bendición final al nuevo documento, que prevé regularizar la situación de ilegalidad del inmueble. El tiempo juega en su contra, dado que desde el pasado julio pende sobre la construcción una orden de demolición dictada por el Ayuntamiento.
El decreto firmado por la ex delegada municipal de Urbanismo, Alba Echeverría, en una de sus últimas actuaciones al frente de esta concejalía, establece que el bloque resulta incompatible con el planeamiento urbanístico vigente, por lo que ordena iniciar el procedimiento para la reposición de la realidad física alterada. Es decir, el derribo de los 44 inmuebles.
Proyecto de derribo
La resolución establece que, según dispone la normativa, la empresa propietaria del inmueble, en este caso la comunidad de bienes Monteazul, deberá presentar en el plazo de dos meses un proyecto de demolición. El plazo expiró el pasado martes. El expediente, al que ha tenido acceso este periódico, señala que el proyecto de ejecución del edificio carecía de aprobación, por lo que la licencia de obras «no se puede considerar ejecutiva».
Destaca además que los terrenos sobre los que se levanta el conjunto residencial están catalogados en el actual PGOU de 1986 como suelo urbanizable no programado para uso industrial. Dicha calificación, según el informe, permite autorizar únicamente las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos, así como actuaciones de interés general cuando concurran supuestos de utilidad pública e interés social. El expediente concluye que la edificación de 44 viviendas no se encuentra entre estos supuestos.
Cesión de suelos
El nuevo Plan, sin embargo, incluye el inmueble en el proceso de normalización por medio de compensaciones por el que se legalizarán cerca de 17.000 viviendas irregulares en el municipio. El documento recoge que la comunidad de bienes deberá llevar a cabo una aportación de suelos, dotaciones con una superficie que supera los 11.000 metros cuadrados, lo que supone más de un 36 por ciento de la construcción. Los terrenos que Monteazul deberá adquirir y ceder al Ayuntamiento de Marbella se encuentran ubicados al norte de la promoción inmobiliaria, próximos a la autovía A-7.
El decreto municipal establece que el proyecto de demolición que debe presentar la propietaria debe estar suscrito por un técnico y disponer las medidas de seguridad para proceder al derribo. Una vez presentado el expediente, el Ayuntamiento debe otorgar la licencia para acometer la actuación. En el supuesto de que Monteazul no acate la resolución, se puede proceder a la demolición subsidiaria por parte de la Administración local, aunque la ley establece un plazo máximo de un año antes de que el Consistorio pueda acometer esta actuación. La aprobación definitiva del nuevo PGOU por parte de la Junta de Andalucía supuestamente debe llegar mucho antes.
* SUR - 27.09.09 -HUGO SIMÓN
Foto: El nuevo Plan regulariza las viviendas./ JOSELE-LANZA, diariosur.es
La Ley de la Cañada Real Galiana podría esconder una gran operación urbanística
Diferentes profesionales han participado en el informe que Ecologistas en Acción* ha elaborado sobre el anteproyecto de Ley de la Cañada Real Galiana. El nuevo texto podría encubrir una gran operación urbanística. Por ello, agiliza el trámite de reclasificación y elimina todo tipo de control público y social en los procedimientos de desafectación y enajenación del suelo de la vía pecuaria. La organización, solicita a los grupos parlamentarios y a los sindicatos que no apoyen esta “Ley trampa”.
Geógrafos, biólogos, urbanistas y juristas, miembros de Ecologistas en Acción, han participado en la elaboración del informe sobre el anteproyecto de Ley para desafectar (eliminar) 14,2 Km. de la Cañada Real Galiana (a su paso por los municipios de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y los distritos de Vicálvaro y Vallecas, en Madrid). Las conclusiones son demoledoras. La nueva Ley es una trampa, no aporta ni un solo euro para resolver la compleja realidad social. Sin embargo, favorecerá operaciones inmobiliarias que marginarán, nuevamente a los más desfavorecidos.
La nueva Ley permite la reclasificación de 1.068.124 m2 de suelo, o lo que es lo mismo 107 hectáreas. Una superficie prácticamente igual a la del parque de El Retiro madrileño (116 hectáreas). Este suelo, hasta ahora dominio público (clasificado como suelo no urbanizable de protección por la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid) y propiedad de la Comunidad de Madrid, podrá ser reclasificado. Pero además, la Comunidad de Madrid, podrá cederlo, permutarlo (cambiarlo por otro), enajenarlo (venderlo), etc a cualquiera, sin ser obligatorio que los receptores sean los Ayuntamientos.
Por otra parte, el anteproyecto agiliza el procedimiento de reclasificación del suelo al permitir el cambio de clase de suelo por simple modificación del Plan General vigente, en lugar de tener que revisar todo el planeamiento como establece la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Otra cuestión muy grave es la eliminación de todos los mecanismos de control público y social de los procedimientos de desafectación y enajenación del suelo. Así se elimina el periodo de un mes de información público necesario en toda desafectación, se eliminan los informes preceptivos del Patronato de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, incluso la obligación de informar a la Asamblea de Madrid, o la autorización que el Consejo de Gobierno tiene que dar a toda enajenación de los suelos desafectados de las vías pecuarias.
La nueva Ley, por tanto, crea un procedimiento paralelo a los ya existentes para que la actuación pretendida escape a cualquier control público y social. Sin duda este nuevo mecanismo favorece el oscurantismo sobre cualquier actuación en la Cañada Real Galiana.
Por ello, resulta harto complejo creer que la nueva Ley vaya a resolver ningún problema social. Muy al contrario, las nuevas expectativas inmobiliarias que crea la Ley, generará tensiones entre los habitantes actuales con más medios y el resto. Muy posiblemente la población más marginal acabe expulsada del tramo afectado por la Ley y se asiente en otras zonas de la Cañada Real Galiana, actualmente no ocupadas, esperando tal vez, que en un futuro próximo ellos corran la misma suerte que sus vecinos.
Ecologistas en Acción ha solicitado a los grupos parlamentarios, sindicatos y ayuntamientos que no apoyen esta Ley.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 24.09.09
