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SUR/Málaga* : La Fiscalía malagueña ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos urbanísticos por licencias de obras que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable.
Por cada uno de estos delitos, el alcalde podría ser condenado a penas que oscilan entre uno y dos años de cárcel e inhabilitación de cargo público de hasta diez años, según ha informado a Efe fuentes de la acusación.
Cada caso se juzgará por separado en Málaga y el alcalde, que pertenece a Convergencia Andaluza (CA), se enfrentará a una pena de dos años de cárcel en catorce procedimientos y de un año en nueve, añadieron las fuentes.
Junto al regidor, en algunos de los casos, se sentarán en el banquillo de los acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico, que supuestamente orientaba al primer edil para autorizar las licencias, pese a que éstas no se ajustaban a la legalidad vigente, informaron fuentes de la acusación.
En algunas de las acusaciones también está imputada la secretaria municipal porque supuestamente podría haber informado favorablemente de algunas licencias de obra.
En una de las calificaciones, a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde por un presunto delito de ordenación contra el territorio.
En el mencionado escrito, la Fiscalía, que también pide diez meses de prisión y ocho de inhabilitación para el arquitecto municipal Juan Antonio Benítez y para el asesor jurídico Diego José Sánchez, considera que Vera concedió por decreto una licencia de obras en enero de 2006 a pesar de constarle que no se ajustaba a la legalidad urbanística.
Presuntamente, los acusados, de común acuerdo y con objeto de proceder al crecimiento urbanístico de Tolox «sin respetar las normas urbanísticas vigentes», realizaron un expediente municipal de licencia de obras para la construcción de 772 apartamentos.
Informes favorables
Para ello, el arquitecto municipal formuló en diciembre de 2005 un informe técnico favorable a la ejecución de las obras, «a pesar de constarle que las mismas nos se ajustaban a la legalidad urbanística» del municipio, enmarcada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dado que Tolox carecía entonces de Plan General de Ordenación Urbana.
Por su parte, Diego Sánchez, que había sido contratado por Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes de licencias de obras, formuló un día después un escrito favorable en relación con esta promoción inmobiliaria aunque también sabía que era contraria a la ley.
La Fiscalía señala que finalmente el alcalde concedió la licencia mediante un decreto de enero de 2006, conociendo también que no se ajustaba a la legalidad, y apunta que la contratación de Sánchez por Vera responde al hecho de «evitar» la valoración de la secretaria titular.
* Sur - 31 marzo 2008
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com
La Fiscalía imputa al alcalde de Tolox 23 delitos urbanísticos
Urbanismo salvaje en Gran Canaria
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Tras pasar unos días en las isla de Gran Canaria he sentido indignación e impotencia por la destrucción de una zona de la costa sur de la isla entre Maspalomas y el puerto de Mogán que hasta hace muy poco eran parajes casi vírgenes. Os envio estas imágenes para que podáis juzgar por vosotros mismos. Una pena.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - RICARDO CORDERO - Gran Canaria - 26/03/2008
El alcalde de O Pino intercedió ante los vecinos para favorecer a Fadesa
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ELPAÍS/A Coruña* : "Esto no es Marbella, señores", advierte el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo (PP), en la nota de aclaración que ha colgado en la web de este ayuntamiento coruñés. Nada más abrir la página, antes que el habitual saludo del regidor, aparece, subrayada en rojo, su valoración sobre las "zancadillas que instituciones y particulares" han puesto al polígono industrial de O Pino, pegado al aeropuerto de Santiago, y al "progreso económico y poblacional" del municipio.
En su artículo, el alcalde denuncia el "repentino interés de algunos por la Ruta Jacobea", que ha llevado a la Consellería de Cultura a paralizar una parte de las obras del parque empresarial hasta que se determine si éstas invaden o no un trecho del Camino de Santiago. Esas supuestas trabas que Taboada denuncia en virtud de "intereses políticos escondidos" chocan directamente con su gestión en favor del parque empresarial, cuatro años de trámites -algunos dudosos- que han desembocado en doce de procesos judiciales todavía por resolver.
Según él mismo admite, antes incluso de convocar formalmente el concurso para adjudicar el proyecto, que contempla 200 parcelas para naves industriales y un hotel -con una superficie urbanizable total de 473.000 metros cuadrados-, el regidor visitó a los responsables de Fadesa para presentárselo. Y cuando la promotora coruñesa obtuvo la adjudicación del parque empresarial -concurriendo como única oferta a un concurso público abierto- un informe del arquitecto contratado por el ayuntamiento avaló la tasación de la inmobiliaria por las fincas: seis euros por metro cuadrado para unos terrenos que lindan con el aeropuerto de Lavacolla, a 15 minutos de Santiago y que estarán conectados con la autovía que pronto unirá Lugo y la capital de Galicia.
Para vencer la resistencia de algunos vecinos, el alcalde allanó el camino de la inmobiliaria y dirigió un escrito a los propietarios que se negaban a vender. La carta, del 26 de septiembre de 2005, firma del regidor y membrete municipal, cifraba el valor catastral de las tierras en 5,21 euros por metro.
Mutuo acuerdo
Taboada precisaba que "Fadesa, después de varias reuniones con el gobierno local, se comprometió a mantener el precio de 6 a 8 euros por metro cuadrado, para las adquisiciones de mutuo acuerdo que se formalizasen antes de presentar el proyecto de urbanización y expropiación". Por si quedaban dudas, durante esas fechas el alcalde puso a disposición de la empresa el ayuntamiento, para que explicase el trato a "todos los afectados".
Medio centenar de propietarios aceptaron el precio en los días posteriores, y fueron cerrando acuerdos con Fadesa a través de convenios a cuatro partes por la inmobiliaria, los propios interesados, el secretario del ayuntamiento y el alcalde. Los 52 expedientes que aglutinan en total 400.000 metros cuadrados determinan el importe máximo que la promotora abonó a los dueños de las fincas: seis euros por metro cuadrado más el valor de la madera de los árboles talados. Las escrituras de la compraventa revelan sin embargo que Fadesa pagó hasta cinco precios diferentes por las tierras. Seis euros por metro cuadrado en la mayoría de contratos, dos propietarios que recibieron 5,95 euros por metro cuadrado, otro que percibió 5,41 euros e incluso una vecina que vendió su parcela a la inmobiliaria -como muchos otros antes de que Fadesa firmase el contrato con O Pino- y que sólo recibió 4,11 euros por cada uno de sus 1.262 metros cuadrados.
Otros 70 propietarios que reunían 600.000 metros cuadrados, más de la mitad del suelo del polígono, decidieron no firmar y plantear un contencioso administrativo contra las condiciones de compra. El alcalde despachó sus reclamaciones alegando que se habían producido fuera de plazo. El conflicto lo estudia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de A Coruña. Mientras, el Jurado de Expropiaciones de Galicia, dependiente de la Consellería de Política Territorial, ha encontrado ya un precio justo: 17,53 euros el metro, una cantidad que casi triplica lo que Fadesa pagó a los vecinos que decidieron vender bajo recomendación del alcalde. Como la firma de los contratos fue voluntaria, no podrán reclamar. Los propietarios de la otra mitad de la superficie del futuro parque empresarial (600.000 metros cuadrados) aguardan la resolución del Juzgado de lo Contencioso de A Coruña para reclamar a Martinsa -el grupo inmobiliario que adquirió Fadesa- 10 millones y medio de euros por sus terrenos.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 30/03/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
La policía investiga intereses particulares del alcalde de Mogán en el Plan General
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : La desclasificación de parte del sumario correspondiente a la operación Góndola, una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Mogán, no significa que la investigación haya finalizado. De hecho, en la actualidad se mantienen abiertos varios frentes considerados de vital importancia para poder probar la presunta comisión de un delito de cohecho en lo que respecta a los principales imputados, fundamentalmente el alcalde Francisco González.
De esta forma, la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Canarias indaga en los posibles intereses de González en diversos convenios urbanísticos relacionados con elPlan General de Ordenación Urbana, en los que presuntamente podría haberse aprovechado de su condición de alcalde para sacar algún tipo de beneficio. En este sentido, los agentes adscritos a la investigación destacan en un informe una conversación telefónica entre el alcalde de Mogán y una persona llamada Fernando, en la que dialogan acerca de lo que parece una inversión inmobiliaria del alcalde: "Lo importante es que puedas sacar dos viviendas por piso", le dice el interlocutor a González, "porque en Arguineguín no se venden viviendas grandes y además te van a sacar ahora el lote siete de Arguineguín". En un informe policial referente a esta conversación, la Brigada de Información asegura que "la conversación está centrada en el posible negocio, su rendimiento y la posible competencia de otras viviendas que supuestamente el alcalde está construyendo".
La policía llama también la atención de una conversación telefónica entre el alcalde y Marcelino Martín, el hombre fuerte del urbanismo en el municipio de Mogán y con el que se seguía contando a la hora de tomar decisiones a pesar de que ya se había jubilado. En esta conversación, González y Martín hablan de una promoción inmobiliaria de una sociedad denominada Inversiones Salobre S.L., que busca un cambio de edificabilidad para el PlanGeneral. Cuando Martín le comenta al alcalde que han solicitado un aumento de edificabilidad, González le dice que le dé "el máximo", puesto que "van a hacer dúplex adosados". Francisco González también aclara a Martín que "esto es de un diputado del Partido Popular que me está llamando a ver", y que puede estar "sujeto a convenio".
Según la Policía Nacional, la figura del convenio urbanístico está siendo utilizada "bajo sospecha de posibles irregularidades" por el Ayuntamiento de Mogán.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 30 de marzo de 2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), puerto - wikipedia.org
Se oponen a la construcción de 2.600 viviendas y un campo de golf en Dolores
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EFE/Alicante* : La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha expresado hoy su rechazo a la construcción de una urbanización de 2.600 viviendas y un campo de golf en Dolores (Alicante) por el impacto "negativo" que puede generar sobre el parque natural de El Hondo y el humedal "Els Carrissars" de Elche.
En un comunicado, el portavoz de la asociación, Miguel Ángel Pavón, ha criticado la aprobación del citado proyecto por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Pavón ha subrayado que la citada Comisión ha clasificado como suelo urbanizable "más de 1,6 millones de metros cuadrados de huerta tradicional con un elevado riesgo de inundación".
Asimismo, ha afirmado que estos terrenos están "muy alejados" del casco urbano del municipio por lo que se favorece un crecimiento urbanístico "disperso".
Estos terrenos deberían de haber formado parte de la zona periférica de protección de El Hondo, que se ampliaron en 2003 en la zona húmeda de Els Carrissars de Elche.
Por todo ello, el portavoz del colectivo ha considerado que la Generalitat "ha vuelto a primar los planes urbanísticos especulativos sobre la protección del entorno de los humedales".
Además, Pavón ha subrayado que el parque natural de El Hondo "sufrirá la presión urbanística" con la ejecución de este proyecto, así como el "deterioro paisajístico", una "mayor presión humana" y la "pérdida de hábitat de la avifauna".
* Información - EFE - 30 de marzo de 2008
Foto: Dolores (Alicante) - wikipedia.org
Unas 12.000 personas piden en Girona la suspensión de la línea de muy alta tensión
ELPERIÓDICO* : Unas 12.000 personas, según la organización, han participado esta mañana en Girona en una manifestación contra la construcción de la línea eléctrica de muy alta tensión que debe conectar España con Francia. Organizada por la Plataforma No a la MAT y la Asociación de Municipios (AMMAT), los participantes exigen, nuevamente, la suspensión de una infraestructura que, a su juicio, "no está justificada".
La manifestación, encabezada por una decena de tractores, ha contado con el apoyo de multitud de entidades y asociaciones, de sindicatos como USTEC, Unió de Pagesos o JARC, así como de los ayuntamientos afectados por el trazado, entre otros.
Tomar nota
Los convocantes pretenden así que el mediador europeo por la interconexión eléctrica, Mario Monti, que visitará Girona el próximo martes, tome nota de la protesta y de sus razones para suspender esta línea.
El pasado 1 de marzo, entre 13.000 y 15.000 personas se congregaron en Perpinyà (Francia) para mostrar su rechazo al proyecto de línea de alta tensión.
En su cumbre del pasado 10 de enero en París, los Gobiernos de Francia y España se comprometieron a cerrar, antes del 30 de junio de este año el trazado y los plazos del proyecto.
* El Periódico - EFE - 30/3/2008
Foto: Varios manifestantes recorren las calles de Girona/ EFE
'Malaya', un entramado de dos años
SUR/Marbella* : Para algunos han sido dos años eternos. Años de grilletes, de registros, de flashes de fotógrafos, de idas y venidas a los juzgados, de hastío y soledad entre los barrotes de una celda. Pero el tiempo pasa y la vida sigue. De los más de cien detenidos ya no queda nadie en prisión. Porque Juan Antonio Roca, considerado factótum del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama 'malaya', parece tener los días contados entre rejas.
La decisión del juez Óscar Pérez de otorgarle el beneficio de la duda al fijarle una fianza de un millón de euros ha supuesto el punto y final al castigo de la prisión provisional que el juez Torres infligió a algunos de los 'malayos'. Sólo queda en prisión un enflaquecido Julián Muñoz, que continúa encarcelado por otras condenas, mientras que el huido Carlos Fernández no parece tener intenciones de rendir cuentas con la Justicia.
Para muchos, el 'caso Malaya' atraviesa un bache. Con todos los procesados disfrutando de la libertad y desdiciéndose ante el juez, cientos de millones de euros en propiedades y en cuentas bancarias bloqueados pero no devueltos a las víctimas del saqueo y tres fugitivos en paradero desconocido, algunos se preguntan si el caso se ha desinflado en su tramo final, caracterizado por la rebaja de las fianzas y las puestas en libertad.
No obstante, los últimos acontecimientos también se pueden encuadrar en el devenir lógico de una instrucción. A Roca, el último de los 'malayos', se le cumplieron ayer los dos años de prisión preventiva, que pueden ser prorrogados por circunstancias excepcionales. El juez Óscar Pérez no lo entendió así, pese a reconocer el elevado riesgo de fuga y a la negativa del fiscal a conceder una fianza al ex asesor de Urbanismo.
Piezas separadas
A la recta final de la instrucción han llegado 83 procesados de los más de cien detenidos con que se saldó con la 'operación Malaya'. En el auto de procesamiento, el juez Miguel Ángel Torres levantó la imputación a seis personas e hizo piezas separadas para el resto. Julián Muñoz y compañía forman uno de esos grupos que han sido desgajados del tronco del 'caso Malaya', que hunde sus raíces en un periodo de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella que, lentamente, empieza a superarse.
Los procesados han ido pasando durante las últimas semanas por los juzgados para prestar declaración indagatoria ante el juez Pérez. En la mayoría de los casos, han rectificado las cuasi confesiones que hicieron a su antecesor, el magistrado Miguel Ángel Torres, cuando el sumario estaba secreto, nadie sabía hasta donde habían podido llegar los investigadores y la cárcel de Alhaurín de la Torre era un horizonte cercano. El 'Donde dije digo, digo Diego' explica bien a las claras lo profundas que eran las ramificaciones de la red de podredumbre moral tejida al abrigo del Ayuntamiento de Marbella.
En su segundo aniversario, la alargada sombra del 'caso Malaya' se ha extendido a todas las instituciones. Aparte de Roca, del anterior Ayuntamiento están procesados 19 ex concejales, entre ellos Marisol Yagüe, que pasó de alcaldesa a presidiaria, y la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, acusada de haberse mudado al lado oscuro tras haber sido, durante años, azote del gilismo en Marbella. Ambas compartieron módulo durante meses en la prisión de Alhaurín de la Torre. También fueron detenidos ocho funcionarios, incluidos el ex secretario municipal y el anterior jefe de la Policía Local de Marbella.
El embrollo 'malayo', como lo denominaron los investigadores, también pasó factura a un retirado Pedro Román, apartado de la vida municipal pero no del mundo empresarial generado en torno a ésta, que fue detenido en mayo de 2007 en el aeropuerto de Málaga cuando regresaba con su hija en un vuelo procedente de la ciudad suiza de Zúrich.
La primera fase, la de los concejales, supuso abrir la caja de los truenos y destapar el escándalo. El encarcelamiento de la alcaldesa y de varios concejales desembocó en la disolución del Consistorio marbellí y, por extensión, la formación de una gestora para afrontar la crisis y allanar el camino en la transición hacia las urnas. Ahora, la ciudad no pasa por su mejor momento -15 años de latrocinio no pueden salir gratis-, pero seguramente los vecinos pueden tener la sensación de que han dejado de tomarles el pelo.
Pero si 'Malaya I' fue sonora, la segunda tanda no fue menos escandalosa. El hallazgo de la 'caja B' de Roca colocó en el punto de mira a los acusados de untar a los políticos para saltarse la legalidad vigente en beneficio propio.En total, hay 29 destacados empresarios de la construcción procesados, entre ellos algunos tan conocidos como Rafael Gómez, alias 'Sandokán', José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Carlos Sánchez o parte de la cúpula de Aifos.
Hasta el mundo del folclore y la farándula tuvieron su momento estelar. Las detenciones de Julián Muñoz y Maite Zaldívar, esta última por presuntamente recibir dinero del ex alcalde a través de cuentas en paraísos fiscales -después de haberse separado- no vino más que a echar sal donde ya había pimienta de sobra.
Durante meses se estuvo especulando sobre quién sería la siguiente. Todos los focos se centraban sobre una Isabel Pantoja acosada por la prensa, hasta el punto de que fotógrafos y cámaras hicieron guardia durante semanas en la puerta de su chalé 'Mi Gitana', en la urbanización 'La Pera' de Marbella, esperando la llegada de los agentes.
Fue al anochecer del 2 de mayo. Las cámaras captaron su imagen en el asiento de atrás de un coche camuflado de la policía. Semblante serio y gafas de sol para ocultar los ojos irritados por el disgusto. Tras ser interrogada sobre sus cuentas por el incisivo juez Torres, consiguió eludir la prisión al pagar una fianza de 90.000 euros.
Parejas mediáticas
Pantoja fue la más mediática de las parejas que se vieron arrastradas por sus compañeros al pozo del 'caso Malaya'. Pero hubo alguna más. La mujer de Roca, María Rosa Jimeno, y su hija tuvieron que comparecer ante el juez para dar explicaciones sobre su envidiable suerte en los juegos de azar, por las veces que les había tocado la lotería.
La trama de corrupción acabó salpicando a todas las instituciones. Varios policías locales, un importante número de abogados -muchos de ellos encarcelados durante meses-, un secretario judicial y hasta un juez, Francisco Javier de Urquía, al que se acusa de supuestamente recibir dinero de Roca.
Por contradictorio que parezca, la imputación de Urquía fue un momento crítico para la instrucción, ya que se rompió el principio de igualdad que habían pregonado el juez Torres, el fiscal y la propia policía para justificar que todo el mundo entrara en el juzgado con los grilletes puestos.
El segundo revés al caso se produjo con la renuncia de los dos inspectores que habían dirigido la investigación, que pidieron el relevo por falta de apoyo, entre otros aspectos, ante la metodología de trabajo que se había instaurado durante las pesquisas.
El nudo de la función llega a su fin. El juez Pérez aseguró en el auto de fianza para Roca que a la instrucción le quedan unos meses. Luego llegará el macrojuicio, que se celebrará aproximadamente en un año en la Ciudad de la Justicia. Ese será el desenlace. Pero todo hace presagiar que, sobre 'malaya', han corrido, corren y correrán auténticos ríos de tinta...
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA / JUAN CANO - 30 marzo 2008
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El Gobierno vasco expropiará las viviendas protegidas que lleven más de tres meses vacías
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ELCORREO* : El Gobierno vasco ha dado un paso más en su lucha por que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) cumplan la función para la que fueron concebidas y evitar así posibles fraudes de sus inquilinos. El último decreto publicado por el Ejecutivo en materia de vivienda protegida -para dar desarrollo normativo a la Ley vasca del Suelo- dedica uno de sus apartados a garantizar que estos pisos sean la vivienda habitual de sus propietarios.
Si el Departamento de Vivienda detecta que no es así, podría expropiar la vivienda y considerará que los propietarios no hacen uso permanente del piso si éste permanece deshabitado durante más de tres meses. Se estrecha el margen, ya que la anterior normativa sobre expropiación determinaba que el plazo que podía permanecer sin uso una casa, sin causa justificada, era de un año. Según establece el nuevo decreto de Lakua, las VPO deberán ser destinadas a «domicilio habitual y permanente», es decir, para satisfacer «de manera directa e inmediata las necesidades de vivienda de sus ocupantes».
Del mismo modo, advierte de que «se presumirá que una determinada vivienda ha dejado de ser domicilio habitual cuando permanezca desocupada durante más de tres meses de manera continuada, salvo causa justificada que permita acreditar que dicha vivienda sigue constituyendo tal domicilio habitual y permanente»
Inspección del fraude
Esta exigencia también será aplicable a los nuevos inquilinos en el caso de que el piso se traspase. El contrato de compraventa deberá incluir de manera obligatoria una cláusula que comprometa a los nuevos propietarios a cumplir esta norma. En el último año, la consejería de Javier Madrazo ha volcado gran parte de sus esfuerzos en el control del uso que los propietarios de VPO hacen de sus pisos. Así, a mediados de 2007 se puso en marcha el Servicio de Inspección para realizar revisiones periódicas del parque de vivienda protegida.
El último informe que el Departamento de Vivienda ha hecho público respecto a los resultados de esos controles advirtió de que el 9% de los pisos inspeccionados en promociones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa presentaba «irregularidades constatadas». Cada tipo de fraude tiene su castigo -el más grave la expropiación- y el pasado año el Ejecutivo autónomo recurrió a esta sanción ocho veces. En Álava expropió cinco pisos, en Guipúzcoa dos y en Vizcaya, uno.
Además de recortar el plazo durante el que las viviendas pueden estar vacías, el decreto incluye la creación del Registro de Vivienda de Protección Pública, diseñado para recoger todos los datos de los pisos protegidos existentes en Euskadi. Este instrumento pretende actuar «como elemento fiscalizador básico del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de acceso y uso del parque de vivienda protegida», detalla el documento.
* El Correo Digital - 30.03.08
Foto: Vitoria, viviendas en construcción - P.J.Phanse (El País)
Galicia: La evaluación ambiental pasará por analizar el impacto sobre el paisaje
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ELCORREOGALLEGO* : Todos los proyectos que se pongan en marcha en Galicia que deban someterse a una declaración de impacto ambiental (DIA) tendrán también que contar a partir de ahora con un estudio de impacto de integración paisajística. Así lo establece la futura ley de protección del paisaje de Galicia, que ayer recibió el visto bueno del Consello de la Xunta, aunque todavía tendrá que pasar la tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, el jefe del Ejecutivo autonómico, Emilio Pérez Touriño, explicó que el objetivo de esta ley es "reconocer jurídicamente el paisaje" y promover políticas para su gestión y su conservación, a través de un "valioso instrumento legal", que deberá servir de marco de referencia para todas las legislaciones.
De esta forma, Galicia se convierte en la tercera autonomía española, después de Cataluña y la Comunidad Valenciana, en proteger por ley su paisaje, en cumplimiento del convenio europeo sobre esta materia.
La nueva normativa también afectará a los planes generales de ordenación municipal (PXOM), ya que las directrices del paisaje que se elaborarán serán "vinculantes" para cualquier planificación sectorial y urbanística y se integrarán en la evaluación ambiental estratégica que tienen que pasar estos proyectos.
El objetivo es preservar las áreas de interés paisajístico, al evaluar los efectos que cualquier proyecto con impacto ambiental puede tener sobre el paisaje.
Para lograr todos sus fines, la futura ley contará con instrumentos legales, como los catálogos del paisaje, donde se delimitarán las grandes áreas paisajísticas, se hará inventario de sus valores y se identificarán las que necesiten medidas especiales de protección, así como zonas de especial interés paisajístico.
También habrá directrices del paisaje que determinarán cuál es la calidad adecuada para cada paisaje y las acciones específicas para alcanzarla. Incluirán indicadores de calidad, normas y recomendaciones para la definición de los planes urbanísticos y sectoriales.
Otro de los instrumentos para la protección del paisaje serán los planes de acción para mantener, mejorar, regenerar o recuperar áreas protegidas.
El CES advierte sobre el aumento de la presión fiscal
El anteproyecto de ley de protección del paisaje de Galicia se viene a sumar a "la constelación de normas vigentes que inciden directa o indirectamente sobre la materia paisajística". Así lo destaca el Consello Económico e Social de Galicia (CES) en el dictamen emitido sobre esta futura norma.
Para este órgano consultivo, que preside Pablo Egerique, en el anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Consello de la Xunta, se echa en falta que no aparezca estudiada "la influencia que van a ejercer unas normas sobre otras en su aplicación concreta". Además, incide en que la irrupción de la nueva legislación "aumenta la fragmentación normativa e introduce inseguridad jurídica y costes innecesarios en la gestión, incrementando indirectamente la presión fiscal sobre los ciudadanos".
Otra de las consideraciones generales realizadas desde el Consello Económico e Social en torno al análisis de este proyecto legislativo es que la ley debería contemplar algún "mecanismo coercitivo, que introduzca elementos específicos de protección del paisaje dentro de la normativa sobre disciplina ambiental existente". En cualquier caso, el CES evalúa "positivamente los fines y objetivos que persigue" el borrador de la futura ley.
Visión positiva
Por su parte, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, a preguntas de los periodistas, destacó ayer que el Consello Económico e Social hizo una "consideración en general positiva" del proyecto y restó importancia a que el órgano reclamase más medidas coercitivas para proteger el paisaje. En este sentido, Touriño explicó que la futura ley "no es coercitiva, pero sí de obligatorio cumplimiento".
Además, recordó que "quien toma las decisiones políticas" es el Parlamento autonómico y la Xunta de Galicia y no el CES, tras lo cual calificó como "salto histórico" la puesta en marcha de una ley que crea instrumentos para proteger, reconocer y amparar el paisaje .
LOS DATOS
Observatorio
La Consellería de Medio Ambiente promoverá que las áreas de Especial Interese Paisaxístico se incorporen a la Rede de Espacios Protexidos de Galicia, y se creará un Observatorio Galego da Paisaxe, como órgano de apoyo y asesoramiento a la Xunta y de coordinación con administraciones o sectores de la sociedad.
Convenio Europeo
La nueva norma tiene sus principios inspiradores en el Convenio Europeo da Paisaxe, aprobado en Florencia en 2000 a propuesta del Consejo de Europa. Esta carta entiende el paisaje como un "elemento esencial para el bienestar individual y social, cuya protección, gestión y planeamiento comporta derechos y obligaciones para todos".
Aportaciones de otros organismos
El Consello Galego de Medio Ambiente, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Comisión Galega de Cooperación Local realizaron aportaciones al texto.
* El Correo Gallego - SANTIAGO - 28.03.2008
Foto: Una aldea rodeada por las montañas de O Courel en la provincia lucense/ elcorreogallego.es
Salvem el Cabanyal. Punto y seguido
FERNANDO FLORES GIMÉNEZ* : Qué debe hacer Salvem el Cabanyal tras la sentencia del Tribunal Supremo que de entrada permite a la alcaldesa de Valencia ejecutar su plan de prolongar la Avenida de Blasco Ibáñez sobre lo mejor del barrio? Algunas personas ciertamente relevantes (Alfonso Grau, F.P. Puche) se han apresurado a dictar al unísono -esto no es una sorpresa-, su veredicto.
A la vista de la gravedad de sus pecados, Salvem pedirá perdón por los daños causados y desaparecerá sin más, quedando tan sólo en el recuerdo como el minúsculo colectivo de la izquierda radical apoyado por los socialistas (esto dato es muy importante, víctimas sorpresivas del bipartidismo), que retrasó la regeneración del Cabanyal y, más aún, provocó su profundo deterioro, y todo por puros intereses económicos particulares. Resulta curioso observar el valor que pueden llegar a tener algunas personas.
Probablemente sea ocioso recordar a quienes piensan que el Cabanyal son esas casas con gitanos que hay junto a la dársena de la Copa América lo que ha pasado y pasa en el barrio; quizás no valga la pena señalarles la contradicción que supone atribuir la degradación de un barrio a cuatro gatos insumisos frente a un gobierno municipal con repetidas mayorías absolutas. Aunque todo esto no se sostiene, se repite, y es así como lo absurdo se abre paso desplazando al sentido común. Como en tantas otras cosas.
Salvem el Cabanyal es un grupo de ciudadanos, unos afectados directamente por la prolongación de Blasco Ibáñez y otros no, que está honestamente convencido de que ese plan municipal, además de no perseguir interés general alguno, es un atentado contra el patrimonio histórico y contra el derecho de las personas a vivir en un entorno especial, si se quiere distinto, pero protegido por la ley. Por eso no se siente identificado cuando se le acusa de perseguir intereses económicos, o cuando se le hace responsable de la suciedad del barrio, de la ausencia de servicios sociales, del deterioro de las casas. Quien afirma eso no tiene ni idea, o tiene mala fe; o ambas cosas.
Por todo eso, tras la sentencia del Supremo, Salvem va a seguir trabajando para lo que fue creada, para ser la voz de algunos ciudadanos que, en realidad, no son tan pocos. Eso significa, en primer lugar, seguir ofreciendo buena información a los vecinos que estén interesados en recibirla, y contrastar los criterios de todos para saber cómo actuar. Así ha funcionado y seguirá haciéndolo.
En segundo lugar, y por coherencia con lo primero, significa leer la sentencia del Supremo (se está escribiendo, el Tribunal sólo adelantó el fallo), valorar su alcance, decidir qué hacer y explicar todo ello a los afectados que quieran escuchar. Entre los detractores de la plataforma ciudadana, hay quien se ha mostrado sorprendido porque Salvem el Cabanyal se haya apresurado a acatar la sentencia, ya que a su entender, haciéndolo, ha cortado de raíz cualquier intento de insumisión por parte de otros colectivos e instituciones. Sorprende la sorpresa. Dejando a un lado el hecho de que Salvem siempre ha actuado con arreglo a la ley, se ignora en la Plataforma qué colectivos e instituciones están actualmente en disposición de acometer actos de desobediencia civil, a salvo, claro está, algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular respecto de la obligatoria Educación para la Ciudadanía.
En tercer lugar, y muy importante en este momento, Salvem el Cabanyal seguirá apoyando a los requeridos de expropiación urgente por el Ayuntamiento con propuestas económicas ridículas por sus casas. Este fue el primer mensaje que se quiso dar a los vecinos tras conocer el fallo. No debiera olvidarse -e increíblemente este gobierno municipal de misa dominical lo hace- que muchos de los que han recibido (y van a recibir) la carta de expropiación de la alcaldesa son personas mayores con pocos recursos.
Por último, quizá valga la pena recordar que la Plataforma tiene en contencioso ante la Unión Europea a la empresa Cabanyal 2010, responsable de la ejecución del Plan, por constitución ilegal. Quizá convenga que alguien siga denunciando, aunque al parecer a pocos cause escándalo, que esa empresa alquila en el barrio casas sin agua y sin luz a personas desahuciadas. Quizá no esté de más que alguien siga alertando a la fiscalía de menores sobre el desamparo y las condiciones de insalubridad que sufren algunos niños en el Cabanyal. Quedan cosas por hacer.
No se le oculta a Salvem el Cabanyal que la sentencia del Tribunal Supremo compromete aún más la integridad del Bien de Interés Cultural teóricamente protegido, que somete a más presión a los vecinos, que da un respiro a la alcaldesa (por cierto, la misma alcaldesa que contra el interés del barrio recurrió -y perdió- la decisión del Supremo de adelantar el fallo, ese adelanto que hoy la hace tan feliz). Pero tampoco se le escapa a los vecinos que la vía judicial no bendice el proyecto del Ayuntamiento sino que, como mucho, admite que ese proyecto queda libre en manos del gobierno municipal, convirtiéndolo así en un acto de exclusiva responsabilidad política. Acto político que, en democracia, puede ser discutido y contestado: que sea legal no significa que sea bueno.
Como es notorio, a día de hoy el Cabanyal sigue en pie. Frente a esta impertinente realidad el gobierno municipal aprieta el acelerador propagandista, espera que los vecinos se echen a un lado y concluye orgulloso que «en diez años podremos culminar el proyecto». Quizá esto acabe siendo así, pero quizá no. A estas alturas nadie duda de que a algunos les gustaría que todos fuéramos asiduos creyentes de Canal Nou. Pero el mundo es redondo. Y se mueve.
* Miembro de Salvem el Cabanyal.
* Levante-EMV - Opinión - 29 de marzo de 2008
Palma: La Fiscalía ultima una nueva querella contra De Santos por el castillo del Parc de sa Riera
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción ultimaba ayer una segunda querella contra el ex regidor de Urbanismo en el anterior gobierno municipal del PP de Palma, Javier Rodrigo de Santos, acusado en otro sumario de presunta malversación de caudales públicos por pagar vicios privados con una tarjeta de crédito oficial.
Ahora, y entre otros expedientes dirigidos por el ex responsable de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos de Palma (EMOP) que están siendo revisados, las pesquisas se han centrado en el enorme castillo de juegos infantiles instalado en el Parc de sa Riera, un equipamiento que emula al castillo de Bellver y que costó a las arcas municipales 1,4 millones de euros (232 millones de pesetas).
La fiscalía anticorrupción de Balears lleva varios días investigando la contratación de los juegos infantiles y ayer inició los interrogatorios de personas del entorno del ex concejal de Urbanismo, entre ellas personal del EMOP .
Contrato verbal
Las pesquisas, que podrían traducirse en una segunda querella contra el político conservador y otras personas, intentan esclarecer cómo se contrató la construcción del castillo infantil y si el entonces responsable del EMOP pudo favorecer a alguien de su entorno con esta operación.
DIARIO de MALLORCA publicó el pasado día 23 que el nuevo Ayuntamiento presidido por la socialista Aina Calvo se había encontrado con la sorpresa de que los juegos infantiles del Parc de sa Riera habían costado 1,4 millones de euros, una cantidad que reclamaba la empresa instaladora.
Desde el consistorio se destacaba que el contrato para dicho equipamiento, de 3.500 metros cuadrados y 10 metros de altura máxima, se había hecho a "dedo" sin el preceptivo concurso público.
Las irregularidades detectadas eran aún mayores puesto que se afirmaba que el castillo para los niños no aparecía en ninguno de los presupuestos del parque.
Ahora también se ha sabido que se está tratando de clarificar si De Santos contrató verbalmente el conjunto de toboganes, rampas y pasarelas imitación del castillo de Bellver y en qué condiciones realizó dicho encargo.
También se quiere determinar si el ex concejal del PP pudo beneficiar a alguien próximo con dicho contrato.
En Cort, por otro lado, no están de acuerdo con la factura que se les reclama por los juegos infantiles y han encargado un peritaje sobre su posible coste.
Este informe ha llegado a la conclusión de que el castillo para los pequeños ha podido costar unos 140.000 euros menos de lo que se reclama, lo que supondría un desvío al alza de un diez por ciento del 1,4 millones facturado Aunque esta partida del concebido como el futuro pulmón verde de la ciudad es llamativa, los actuales responsables del Ayuntamiento han cuantificado en un 66 por ciento el sobrecoste del Parc de Sa Riera en relación a lo presupuestado.
El aumento del gasto se debió a la decisión de ampliar el recinto con los cerca de 40.000 metros cuadrados que antaño ocupaba la Fira del Ram. Así se planteó la necesidad de llenar el espacio con una serie de equipamientos, entre ellos una gran fuente y el castillo infantil, objeto de investigación en la fiscalía.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 29 de marzo de 2008
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)
La CHJ impugna el acuerdo de Urbanismo para que el Estado recurra el plan Rabasa
INFORMACIÓN/Alicante* : La Abogacía del Estado impugnará, previsiblemente, el plan parcial de Rabasa ante los tribunales de justicia tras la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de presentar un voto particular ante la Comisión Territorial de Urbanismo. Dicho voto se justifica al no garantizarse el suministro del agua en un plan que prevé 13.500 viviendas y unos 40.000 habitantes.
Además, la CHJ cuestiona la legalidad del acuerdo tomado el pasado jueves por el citado organismo de la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo.
El propio portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes, Ángel Luna, manifestó ayer que la presentación del voto particular por parte de la CHJ "hace pensar en un recurso del abogado del Estado porque el proyecto no respeta la normativa vigente".
El recurso, sin embargo, no se podrá interponer hasta que el plan de Rabasa obtenga el visto bueno definitivo, con la firma del conseller de Medio Ambiente y Urbanismo, José Ramón García Antón, por lo que tendrá que esperar aún meses.
El voto particular de la CHJ impugnando el informe favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo sobre Rabasa se centra fundamentalmente, según las fuentes consultadas, en dos aspectos, la inexistencia de garantías para el suministro del agua y las irregularidades del acuerdo del pasado jueves.
Con respecto al primer punto, el voto particular de la CHJ advierte claramente que las empresas suministradoras del agua, en referencia implícita a Aguas Municipalizadas que abastece a Alicante, carecen de legitimidad para informar sobre derechos del agua, y recalca que esta competencia corresponde, de forma insustituible, a los organismos de cuenca.
En cuanto al informe del Ayuntamiento, en el que esgrime un convenio suscrito entre Aguas de Alicante con la sociedad estatal Acuamed, para abastecer a Rabasa con agua de la futura desaladora prevista entre El Campello y Mutxamel, el voto particular de la CHJ subraya, categóricamente, que el destino de este agua está perfectamente definido en el convenio y en ningún momento se hace referencia a Rabasa.
Además, la CHJ afirma que desde que emitió su informe en contra, hace 14 meses, no ha recibido ningún escrito municipal al respecto, ni siquier el citado convenio entre Aguas y Acuamed.
En cuanto al segundo aspecto, la CHJ advierte de que el jueves se modificó el informe desfavorable de Rabasa por otro favorable en base a unos supuestos informes del Ayuntamiento, presentados dos días antes de celebrarse la Comisión Territorial, que no pudieron ser analizados por ninguno de los vocales de la citada comisión.
* Información - MANUEL DOPAZO - 29 de marzo de 2008
Foto: Vista aérea de la ciudad, con los terrenos destinados al plan de Rabasa en primer término/ A. I., diarioinformacion.com
La Fiscalía pide cárcel y no multas en el acuerdo sobre los casos urbanísticos de Marbella
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LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Málaga ha pedido penas de cárcel en el pacto para unificar las causas urbanísticas de Marbella en las que están implicados ex concejales del GIL. Fuentes judiciales confirmaron a este periódico que el Ministerio Público ha solicitado la pena de prisión como alternativa a la multa para todos los ex ediles acusados de delitos contra la ordenación del territorio.
Las bases del futuro acuerdo han quedado fijadas con los abogados de la defensa, y se han remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía, órgano competente para autorizar o no este pacto.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo, se ha vuelto a reunir esta semana con los letrados defensores y el pasado miércoles concertó un encuentro con el fiscal superior de la comunidad andaluza, Jesús García Calderón, quien deberá dar la última palabra sobre la idoneidad o no del acuerdo. Pero previsiblemente remitirá antes el caso a la Fiscalía General del Estado, para que consulte las bases e informe sobre su posible aplicación.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitará inhabilitación en el cargo público para los ex ediles.
Sin pacto e independientemente del número de causas pendientes, los acusados podrían permanecer encarcelados hasta un máximo de seis años de cárcel, resultado de aplicar la triple de la pena mayor del delito, que es de dos años. Con el acuerdo, tanto la Fiscalía como las defensas intentan agilizar los procesos estancados en los juzgados penales y muchos todavía en instrucción.
Pero para alcanzar el consenso ha sido necesario que los procesados reconozcan los hechos delictivos, es decir, haber concedido licencias de obra a sabiendas de que incumplían la legalidad urbanística.
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que actualmente cumple condena por un caso urbanístico, está implicado en casi un centenar de causas relativas a supuestas licencias de obra ilegales. El pacto le beneficiaría en cuanto a la condensación de las penas.
Juicios. Mientras se estudian las bases de este acuerdo marco, los juzgados penales han señalado varios juicios. El próximo 2 de abril comenzará la vista oral en el juzgado Penal 1 por un caso en el que Julián Muñoz y seis ex ediles se enfrentan a una pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación por autorizar presuntamente 74 viviendas ilegales. La siguiente semana se ha fijado otra vista oral en el Penal 6.
La conformidad en ningún caso se aplicaría a los procesos que se instruyen por supuestos convenios urbanísticos irregulares, en los que están imputados miembros de la última corporación del GIL como la ex alcaldesa Marisol Yagüe o el que fue asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 28 de marzo de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
El alcalde de Mogán pedía terrenos a sus propietarios a cambio de recalificaciones
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El alcalde de Mogán, Francisco González, extorsionaba a vecinos del municipio que querían construir en solares propios para que éstos le cedieran parte del suelo. A cambio de que el Ayuntamiento otorgara la correspondiente recalificación del terreno y la licencia de obra oportuna, González pedía una parte del solar a sus propietarios que, en algunos casos, llegó a ser de hasta el 70%, puesto que a un vecino de Mogán le pidió la cesión de 700 metros cuadrados sobre un solar de 1.000.
La desclasificación de parte del sumario correspondiente a la operaciónGóndola ha confirmado varios de los datos adelantados en su día por LA PROVINCIA/DLP. Entre ellos, que diferentes vecinos se presentaron en la comisaría de policía para denunciar que se sentían extorsionados por el alcalde y por el hombre fuerte del urbanismo en el municipio de Mogán, Marcelino Martín.
Una mujer denunció que había comprado un solar de mil metros cuadrados y había solicitado al Ayuntamiento la licencia para el desmonte, pero el consistorio le contestó que no era posible porque el suelo estaba calificado como área de juego, a pesar de tener una sentencia que le permitía construir. Una vez que González alcanzó la alcaldía y tras varias reuniones con Martín el alcalde le dijo a la propietaria que si quería que le modificase el uso de la parcela "debe dejar de desmontar la parte de la curva que ocupa la misma", a lo que contestó que no estaba de acuerdo.
En la misma conversación, González le dice a la propietaria que tiene que hacer una cesión del 30% de la parcela al Ayuntamiento y que eso es lo que hay si quiere que se incluya el solar en el Plan General. Cuando la propietaria accede, inicia las obras y deja el 30% del solar sin desmontar, pero posteriormente el alcalde le dice que tiene que firmar un convenio con el Ayuntamiento de Mogán y ceder el 70% del solar.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 29 de marzo de 2008
Foto: mogan puerto - puertosdecanarias.com
Mundo Ilusión, de parque temático a PAI
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ELPAÍS/Castellón* : Como si careciera de importancia el orden de los factores, el vicepresidente del Consell y presidente de la sociedad pública Mundo Ilusión, Vicente Rambla, trató ayer de solventar todas las dudas sobre el futuro del parque temático alegando que éste está condicionado al desarrollo de la macrourbanización prevista para su entorno.
Rambla obvió que fue el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien presentó Mundo Ilusión, en 1999, como un proyecto aislado y que posteriormente fueron varias empresas constructoras las que lo ligaron a la construcción de viviendas, hoteles y campos de golf. No solo eso, sino que ambos, tanto Fabra como Rambla, pretendieron remontar el proyecto a hace solo tres años, a 2005, momento en el que se creó la sociedad pública en la que están representadas ambas instituciones. De esta manera, quisieron responder a las acusaciones de los socialistas, que responsabilizan al PP de haber consumido casi diez años en la redacción de estudios y millones de euros en el pago de los mismos.
Así, Vicente Rambla habló de Mundo Ilusión como un proyecto "referenciado" al desarrollo de otro proyecto, el del PAI previsto para su entorno, que está pendiente de la aprobación definitiva que le tiene que otorgar la propia Generalitat. Sin embargo, la idea del parque temático que las administraciones impulsan para Castellón nació como un proyecto independiente y fue un grupo de constructores (Lubasa, PGP y Ortiz) el que lo unió a la construcción de una gran urbanización entre los municipios de Oropesa y Cabanes.
Fueron éstos también los que presentaron una oferta en la que vinculaban la urbanización al parque temático, comprometiéndose a ceder a la Administración los ocho millones de metros cuadrados de suelo necesarios. Finalmente, los Ayuntamientos de Cabanes y Oropesa tomaron la iniciativa de la cesión del suelo como "obligatoria" para todas las ofertas que se presentaran, entre las que, finalmente, escogieron la del grupo Marina d'Or, que ya cuenta con importante arraigo en ambas poblaciones. Si sale adelante, el PAI se desarrollará en una zona con yacimientos que van desde la Edad de Hierro hasta el periodo andalusí, como desvela un informe de la Consejería de Cultura dado a conocer ayer.
Tras el consejo de administración de Mundo Ilusión celebrado ayer, Vicente Rambla manifestó la "firme voluntad de la Generalitat de seguir apoyando el proyecto" y dio a conocer el resultado del informe de viabilidad encargado durante el último año. Según dijo, "estos trabajos son los preparatorios del proyecto" e indican que un parque temático sí tiene cabida en la provincia de Castellón, pese a la existencia de los centros de ocio de Valencia (la Ciudad de las Artes y las Ciencias, L'Hemisfèric y Bioparc), Terra Mítica en Alicante y Port Aventura en la colindante Tarragona.
El presidente de la sociedad pública indicó además que se está recabando la información suficiente para que cuando se ponga en marcha "con participación de la iniciativa privada", sea un proyecto viable, "que tenga unas dimensiones, un público destinatario concreto y un nivel de oferta determinado", con lo que despejó la duda de si será la Administración la que corra con los gastos de construcción del parque o serán empresas privadas. "Por supuesto, tendrá cabida toda la iniciativa privada que quiera participar"
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aprovechó la visita de Rambla para reiterar su deseo de que las consejerías de las que depende la aprobación de los PAI, y "especialmente de éste que tiene incidencia en Mundo Ilusión agilicen sus posiciones y su trabajo para que puedan salir adelante por el bien de la economía de la provincia, por el futuro del aeropuerto y de la industria castellonense".
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 28/03/2008
Foto: Marina d'Or, Oropesa_Mar (Castellón) - elpais.com
Cabezas de hierro, leyes de paja
ÁNXEL VENCE* : Ahora que la vivienda ha dejado de ser un negocio para convertirse en un problema, el Gobierno gallego prepara una ley que vedará a conselleiros, alcaldes, concejales y mandamases en general el ejercicio de la profesión inmobiliaria. Tarde han piado los gobernantes. Justa y sin duda necesaria, la medida podría haber sido también eficaz si se aplicase hace una década, cuando comenzó el boom del ladrillo que ha dejado a Galicia alicatada de pisos hasta el techo.
Infelizmente, no parece que ahora vaya a ser de gran provecho, estando como estamos en pleno derrumbe del imperio inmobiliario que amenaza con sepultar bajo sus cascotes a la economía española.
No son pocos los constructores gallegos que, huyendo de la quema y de la quiebra, han liado los bártulos para instalarse en Polonia, Brasil, Cabo Verde y otros exóticos destinos donde el negocio ofrece todavía prometedoras expectativas de futuro. Difícilmente les alcanzará allí la ley de incompatibilidades que, con el retraso habitual, se dispone a aprobar el Parlamento gallego.
Tampoco parece que las nuevas disposiciones legales vayan a constituir un especial motivo de inquietud para los promotores que aquí siguen, seguramente más preocupados por la sequía de ventas que por la imposibilidad de compaginar la política con la construcción.
La experiencia sugiere que la eficacia de este tipo de leyes es más bien relativa. Tanto como para que sus rígidas limitaciones puedan vadearse mediante el recurso a la tradicional figura del testaferro.
Traducida literalmente del italiano, la expresión significa "cabeza de hierro" y alude a la persona que presta o alquila su nombre para ejercer la representación de un negocio que en realidad pertenece a otra. Testaferro es la denominación que en Italia se daba antiguamente a la celada de la armadura con la que los caballeros solían cubrirse el rostro. Ninguna imagen más apropiada para representar la idea de alguien que usa la cara de otro para ocultar la suya por razones de conveniencia.
De esto sabemos un montón aquí en Galicia, donde los contrabandistas del otrora pujante "chollo do fume" -ahora reconvertidos a la fariña y el chocolate- solían y suelen usar de toda suerte de testaferros, empresas interpuestas y abogados expertos en buscarle las vueltas a la ley. Acaso eso explique la circunstancia un tanto chocante de que la mayoría de ellos aleguen -y a menudo prueben- ser insolventes cuando se ven obligados a rendir cuentas ante algún tribunal.
Nada cuesta imaginar que las gentes simultáneamente tentadas por la política y la construcción encuentren también una solución a su problema en los testaferros de toda la vida. Aunque, en realidad, la práctica demuestre que las operaciones más o menos subrepticias en el ramo de la edificación pueden perpetrarse sin necesidad de que el alcalde o cualquier otro gobernante sea al mismo tiempo empresario del ramo.
Un modesto concejal de Urbanismo, pongamos por caso, tiene en sus manos la varita mágica que, adecuadamente usada, convierte de un solo toque -hale, hop- terrenos agrícolas sin apenas valor en parcelas edificables donde los billetes de banco crece con mucha mayor rapidez que las lechugas.
Cuentan quienes saben del asunto que esas magias no han escaseado en Galicia -y no digamos ya en Marbella- durante la década prodigiosa del ladrillo. Y, naturalmente, parece razonable pensar que los magos autores del truco obtuviesen alguna recompensa de los beneficiados sin necesidad de que en la operación mediase testaferro alguno.
Quiere decirse, en fin, que no resulta imprescindible ejercer de alcalde-constructor para edificarse un buen patrimonio personal a cuenta de la política. Con o sin el uso de testaferros -también llamados hombres de paja- el derrumbe del negocio inmobiliario reduce a mera paja una Ley de Vivienda que llega con diez años de retraso. Menuda novedad.
* Faro de Vigo - Opinión - 24 de marzo de 2008
El juez impone a Roca una fianza de un millón de euros pese al "elevado" riesgo de fuga
EFE/Marbella* : El juez del caso Malaya ha impuesto un millón de euros de fianza al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. Según el auto del juez, el riesgo de fuga Roca es "elevado", pero justifica imponer la garantía para su puesta en libertad en que no ha huido durante años a pesar de estar implicado en otras causas judiciales.
En el auto, el instructor del caso argumenta que "es razonable pensar que dispone de fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, sin que tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación (como la Isla de Man)".
El juez considera, sin embargo, que Roca, de cuya detención se cumplen el sábado dos años, "posee en España una muy elevada fortuna, a través de diversas sociedades que en la actualidad están siendo controladas judicialmente", está casado y tiene dos hijos y siempre ha residido en España.
Cuantía elevada
El magistrado afirma que el pronóstico de riesgo de fuga sugerido por las circunstancias es sin duda "elevado", pero destaca que en otro procedimiento judicial seguido ante la Audiencia Nacional Roca cumplió durante casi cuatro años con las obligaciones impuestas para quedar en libertad.
El auto fija la "cuantía elevada" por su acreditada relación con otras personas que pueden ayudarle a pagarla y ordena la comparecencia diaria del procesado en los juzgados. El millón de euros para la puesta en libertad del ex asesor urbanístico constituye la fianza de mayor importe económico impuesta por el juez a los procesados del caso Malaya.
El cerebro de la trama
El exasesor urbanístico, al que el juez considera como el presunto cerebro de la trama de corrupción, ingresó el 31 de marzo de 2006 en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote (Granada).
Roca es el único procesado que se encuentra en prisión provisional por el caso Malaya, ya que el exalcalde de Marbella Julián Muñoz permanece en la cárcel, donde cumple condena por causas urbanísticas tras ser detenido por el mismo proceso.
El magistrado imputa a Roca los delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.
* El Periódico - EFE - 28/3/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Castro Urdiales: El anterior equipo de gobierno, acusado de prevaricación
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EFE/Cantabria* : La Fiscalía se ha querellado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de una obra pública contra los ocho concejales del PRC, el PP e IU que formaban el equipo de Gobierno de Castro Urdiales en 2006, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
La querella se dirige contra el actual alcalde del municipio, Fernando Muguruza, quien entonces presidía la corporación como concejal del PRC, aunque desde 2007 está expulsado del partido; el primer teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez (PP), y el concejal de Obras en aquellas fechas, Salvador Hierro (IU).
También han sido imputados los ediles Jaime Díaz Muro y Juan Molinero Arroyabe, ambos regionalistas; Concepción Carranza, del PP y Santiago Vélez, de IU.
Esta actuación de la Fiscalía parte de una denuncia presentada por cinco concejales entonces en la oposición contra el equipo de Gobierno por un presunto delito de prevaricación relacionado con la contratación de las obras del túnel del Mioño.
De estas diligencias se deriva la actuación realizada ayer en la Gerencia de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdiales por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se llevó varios expedientes por orden del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio.
Los agentes de la Policía Judicial obtuvieron la información a través de un requerimiento judicial expreso, ante la negativa inicial a facilitársela de las personas que encontraban en las dependencias, explica el TSJC.
Durante la instrucción, se han detectado nuevos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas y ya se ha recabado la documentación necesaria, que está siendo estudiada, añade el Tribunal Superior.
La querella de la Fiscalía, presentada el 27 de septiembre de 2006, se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime Díez Muro, del PRC, y Salvador Hierro, de IU, por haber adjudicado "a dedo" a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de reparación del túnel de Mioño.
La imputación se ha ampliado después a los demás miembros del equipo de Gobierno, como consecuencia de las diligencias practicadas.
Los ocho imputados han sido citados para declarar ante el juez en las próximas semanas.
Ratificar la denuncia
También deberán declarar los concejales que presentaron la denuncia, para ratificarla, entre los que figuran uno de los actuales miembros del equipo de Gobierno, Rufino Díaz Helguera, quien entonces formaba parte de la oposición como edil no adscrito.
La Fiscalía de Cantabria pidió en septiembre de 2006 al Juzgado de Castro Urdiales que investigara a los concejales Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, los dos primeros imputados, por la adjudicación de esa obra.
El Ministerio Público determinó entonces que los trabajos, valorados en 58.765 euros, se adjudicaron a la empresa IZETA Ingenieros directamente, sin que existiera expediente, proyecto o contrato presentado por la empresa.
La Fiscalía comprobó que el apoderado de IZETA, Juan Ignacio Díez Muro, realizó personalmente todas las gestiones con el Ayuntamiento y que su hermano Jaime, el edil del PRC, no se abstuvo cuando la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato.
Todas las negociaciones se llevaron personalmente entre el gerente de IZETA y el concejal de Obras.
El juez que instruye el caso ya ha tomado declaración en calidad de testigo al interventor del Ayuntamiento, que formuló en su día un informe de reparo contra el pago de esos trabajos, en el que se ponían de manifiesto "las irregularidades cometidas", según explicaba la Fiscalía en su denuncia inicial, de septiembre de 2006.
* El Diario Montañés - EFE - 28.03.08
Foto: Túnel de Mioño, cuyas obras de reparación han motivado una querella de la Fiscalía de Cantabria contra el alcalde y los siete concejales que formaban el equipo de gobierno municipal en 2006./EFE
La juez anula la licencia de la subestación de Patraix y los vecinos pedirán su derribo
LEVANTE/Valencia* : El juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de Valencia ha declarado nula y sin efectos la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Valencia a Iberdrola para la construcción de la subestación de Patraix, que suscitó un fuerte movimiento ciudadano de rechazo y que permanece clausurada desde la explosión sufrida en mayo de 2007, en plena campaña electoral.
La Comisión Pro-Traslado avanzó ayer que exigirá la demolición inmediata de esta instalación eléctrica en cuanto la sentencia (ante la que cabe recurso de apelación) sea firme. En cualquier caso, está previsto y pendiente su traslado a una parcela próxima al cementerio y la V-30.
El recurso fue presentado por más de 150 vecinos de Patraix. La titular del juzgado da la razón a los afectados al cuestionar la idoneidad de la ubicación y la decisión del gobierno municipal de la alcaldesa Rita Barberá de conceder la licencia, por encima incluso de que estuviera amparada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La magistrada es tajante al afirmar que "Debió de prevalecer por tanto, el principio de precaución y no concederse la licencia de obras impugnada, en primer lugar en tanto no se concediera la licencia de funcionamiento de la actividad de transporte y de transformación de energía y en segundo lugar, no concederse en tanto que su ubicación rodeada de zona residencial y a pesar de la determinación del uso de la parcela, dispuesta en 1988 , no era adecuado por los riesgos o peligros potenciales de la instalación que certeros o no, respecto de las ondas electromagnéticas, en el estado actual de la ciencia y certeros por la fuerza de los hechos, en el caso del peligro de explosión, pudieran afectar a la población y considerar una nueva ubicación para la subestación como finalmente ha resuelto la administración municipal".
La sentencia indica que la ubicación de la subestación es "totalmente inapropiada" porque aunque la parcela, "en el momento de la clasificación -del suelo--, se encontraba alejada y no rodeada de suelo residencial", ahora "se ha consolidado un suelo urbano muy poblado". La subestación está situada en las calles Vicente Parra y la Avenida Gaspar Aguilar y se encuentra rodeada de edificios y viviendas unifamiliares.
Fuentes de Iberdrola confirmaron que la compañía recurrirá esta sentencia y recordaron que disponen de otros cinco dictámenes judiciales favorables. Además, hicieron especial hincapié en resaltar que la instalación ha contado siempre con todos los permisos de las distintas administraciones.
El juzgado de instrucción número 2 también cuestiona al ayuntamiento, no obstante, por la darla licencia de obras antes de que se resolviese sobre la de actividad, al entender que se valoró la ubicación en un núcleo de población.
* Levante-EMV - S.G., Valencia - 28 de marzo de 2008
Foto: a explosión del 15-M. El humo envuelve el edificio el día de la explosión. A su alrededor, edificios y casas bajas/ levante-emv
Madrid: 'Okupación' en el 'caso Malaya'
ELPAÍS* : "Somos unos 40. Vamos a transformar este edificio en un centro social para el barrio y, de momento, vamos a quedarnos a dormir aquí". A gritos y desde un balcón de la primera planta -pues mantienen la puerta bloqueada en previsión de que la policía venga a desalojarlos- explicaban ayer los okupas de Atocha, 49, la nueva situación del edificio hasta ayer deshabitado.
"Todavía no hemos decidido si queremos hablar con los medios, tenemos que debatirlo en asamblea. Además, contamos con nuestros propios medios de comunicación alternativos", señalaban, mientras apuntaban en un papel las diferentes webs que utilizan.
Mientras, desde el interior del inmueble -de tres alturas y áticos, con al menos 10 apartamentos y dos patios interiores- comenzaban a salir nubes de polvo, pues los okupas habían comenzado a barrer y limpiar la casa que, según las fotos mostradas por ellos mismos, se encuentra en un estado deplorable tras años de abandono.
De los balcones cuelgan tres pancartas, en las que los jóvenes abogan por la "expropiación popular de las casas abandonadas" como solución al problema de la vivienda y señalan al que, efectivamente, es el propietario del edificio, Pedro Román Zurdo, ex teniente de alcalde de Marbella durante el mandato de Jesús Gil, imputado en el caso Malaya y el caso Atlético y encarcelado por delitos de fraude, blanqueo de capitales y cohecho. Su hija, María Pilar Román Martín, detenida también durante la Operación Malaya, figura como administradora de la empresa Atocha, 49. El propio Román Zurdo compró en 2003 el palacio de Tepa, en la cercana calle de San Sebastián, que también fue intervenido y que hoy está siendo transformado en hotel.
Buena parte de los jóvenes que desde ayer ocupan el edificio pertenece al colectivo La Alarma, que ya ocupó en 2006 otro edificio en la calle de Sebastián Herrera, en Embajadores y en Mesón de Paredes, de los que fueron desalojados. Según explicaban ayer, cuentan con varios proyectos para Atocha, 49, entre ellos asambleas vecinales, talleres educativos y zonas de ocio, y esperan poder abrirlo al público en los próximos días.
En el edificio ocupado desde ayer estaba situado uno de los despachos de los abogados laboralistas que en 1977 fueron asesinados por miembros de la ultraderecha en la misma calle, concretamente en el número 55. También en Atocha, 49, murió, en 1984 y en la indigencia, Antonio Calvache, uno de los primeros directores de cine de España y fotógrafo del Madrid de los años veinte.
* ELPAIS.com - ÍÑIGO GARCÍA - Madrid - 28/03/2008
Foto: Edificio de la calle Atocha tomada por 'okupas'- LUIS SEVILLANO, elpais.com
El Bicing logra 130.000 abonados en su primer año de funcionamiento en Barcelona
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ELPERIÓDICO* : El Bicing, el servicio municipal de alquiler de bicicletas puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona, ha logrado en su primer año de funcionamiento cerca de 130.000 usuarios, que desde marzo del 2007 han utilizado este medio de transporte en seis millones de ocasiones.
Estos son algunos datos del primer balance anual del Bicing, presentados por el concejal de Movilidad, Francesc Narváez, que ha explicado que el servicio cuenta ya con 286 estaciones en funcionamiento, repartidas por todos los distritos de la ciudad, y con más de 4.000 bicicletas, con las que se hacen unos 30.000 viajes en días laborables y 20.000 en festivos, con incrementos progresivos a medida que se ha ido asentando el servicio.
400 paradas y 6.000 bicis más en agosto
El edil ha recalcado además que se mantiene el compromiso del alcalde, Jordi Hereu, de que la ciudad disponga el próximo agosto de 400 estaciones instaladas (en estos momentos se están habilitando ya 52 y otras 90 más están en estudio), con 6.000 bicicletas.
El perfil del usuario del Bicing es el de un hombre (51%) o una mujer (49%), de profesión liberal, con una edad comprendida entre los 21 y los 40 años (48%), que reside principalmente en los distritos de Eixample (26,36%), Sant Martí (12,68%), y que utilizan estas bicis una media de 20 minutos por trayecto.
Éxito "apabullante"
Narváez, que ha calificado de "apabullante" el éxito del servicio (con 3.000 altas diarias), ha asegurado que "nadie se hubiera imaginado hace un año" el resultado del Bicing, "que ha convertido a Barcelona en un referente en materia de movilidad" que está siendo copiado por muchas ciudades "grandes y pequeñas".
El 20% del coste del Bicing (unos 10 millones de euros) lo cubre lo que pagan los usuarios (24 euros al año), mientras que el resto procede de lo recaudado por las áreas verdes y azules.
* El Periódico - EFE - 27/3/2008
Foto: Barcelona, bicing - V.Gimenez (El País)
El Puerto de Vigo cubrirá con cemento 270.000 metros cuadrados de la ría
ELPAÍS* : La Autoridad Portuaria de Vigo ha presentado el proyecto de planificación para los próximos siete años, que pasa por la ejecución de 271.707 metros de relleno sobre la ría, repartidos en seis zonas distintas del litoral de la ciudad. La propuesta recupera una actuación especialmente conflictiva: la ampliación de la terminal de Areal, en pleno centro urbano, que fue paralizada hace seis años por la oposición que generó entre partidos y colectivos sociales.
El presidente del puerto vigués, Jesús Paz, ha presentado el resultado de la asistencia técnica contratada para afrontar el desarrollo portuario entre 2008 y 2015, que incluye el polémico relleno del Areal, ahora rediseñado. Pese a ser de dimensiones menores a las que intentó impulsar el puerto cuando estaba regido por el PP, sus 80.000 metros cuadrados de ocupación de la ría han puesto alerta de nuevo a sus detractores. El acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas del BNG en el Ayuntamiento de Vigo incluye de hecho una referencia en la que los socios del gobierno municipal expresan su oposición a esta ampliación.
Paz, también del PSOE, advirtió en la presentación del proyecto que esa referencia del pacto de gobierno también le afecta, como militante socialista. No obstante, consideró "importantísima" la ampliación del Areal. Además de ese relleno, la propuesta portuaria prevé otros 81.341 metros cuadrados de ocupación de la ría en Bouzas, 22.353 en Beiramar, 36.000 en la estación de trasatlánticos, 21.194 en Chapela ?que se pondrán a disposición de Pescanova- y 30.881 en Duchess. El proyecto de recuperación de espacios para la ciudad, adjudicado por concurso a Jeane Novuel cuando el ahora alcalde, Abel Caballero, presidía la Autoridad Portuaria, pasa a ser "una referencia" que "se intentará encajar".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Vigo - 27/03/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
La Comisión de Peticiones vigila de cerca el desarrollo valenciano
LEVANTE* : Las prácticas urbanísticas autóctonas ya son viejas conocidas en el Parlamento Europeo. En 2006 el Comité de Peticiones instó al Parlamento Europeo a "no cesar de vigilar el urbanismo valenciano" tras las denuncias recibidas (15.000 según la institución, una cifra que siempre han negado las autoridades valencianas).
En 2005, el pleno del Parlamento aprobó el durísimo Informe Fourtou en el que se denunciaban los abusos en la aplicación de las leyes urbanísticas y el desastroso impacto de los PAI en el litoral y en el abastecimiento de agua.
Expedientes de infracción
La Comisión Europea ya tiene abierto, además, dos procedimientos de infracción contra la Ley Urbanística Valenciana y contra la creación de empresas mixtas urbanísticas entre la Generalitat y un selecto grupo de promotores privados porque, supuestamente, no respectan las directivas de contratos ni la libre competencia, entre otras muchas denuncias.
La nueva revisión de las cinco actuaciones urbanísticas en la Comisión de Peticiones puede tener, como hasta ahora, efectos morales sobre la ya maltrecha reputación urbanística valenciana en el resto de Europa pero también puede derivar en una nueva investigación de la Comisión Europea. Por lo pronto, la secretaría del Comité de Peticiones (una especie de defensor del pueblo parlamentario donde se tratan las quejas que presentan los ciudadanos europeos) ha comunicado a los seis denunciantes que sus "peticiones" (las quejas o denuncias, según la jerga europea) "se han incluido en el proyecto del orden del día de la reunión de la Comisión de Peticiones del 2 de abril".
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 25 de marzo de 2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Una juez ordena el primer derribo de una casa ilegal en Medina Azahara
ELPAÍS/Córdoba* : Los propietarios de los chalés ilegales del entorno protegido de Medina Azahara han sido absueltos por los jueces cordobeses de manera sistemática desde hace años. Pero está racha se truncó este lunes 24 de marzo, cuando la magistrada Inmaculada Nevado, titular del Juzgado de lo Penal 4, condenó a dos parcelistas a 18 meses de prisión para cada uno y a demoler lo que edificaron en la urbanización ilegal de Las Pitas.
Se trata de la primera orden de derribo que se dicta en el entorno del yacimiento, donde existen 240 chalés clandestinos situados dentro de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en julio de 2003.
La construcción, de una planta y que está sin rematar, fue paralizada a finales de 2006 tras una inspección de la Policía Autonómica, pero en la sentencia se asegura que previamente un agente advirtió verbalmente a los propietarios de que su conducta era ilícita. El caso se trasladó junto a cinco más a la Fiscalía, que solicitó una pena para los acusados de dos años de prisión y la demolición de lo construido.
Hasta ahora, dos de los seis propietarios denunciados por la Policía Autonómica en 2006 habían sido absueltos por el Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba. Sin embargo, otra magistrada ha decidido ahora condenar a estos parcelistas, que además deberán pagar una multa de 2780 euros.
La principal diferencia radica en que en el último caso la edificación se levantó íntegramente después de julio de 2003, es decir, después de que la urbanización fuera incluida dentro de la zona de protección del BIC. "El invocado principio de intervención mínima
[que algunos jueces han aplicado para absolver a otros parcelistas] debe reservarse para obras menores, como las de ampliación o adaptación de lo ya existente, (...) pero debe rechazarse de plano en casos como el enjuiciado, en que se ha construido una vivienda de nueva planta", señala en su resolución Inmaculada Nevado.
Pero al comparar las distintas sentencias se aprecian también diferencias en los razonamientos que usa cada juez. Los argumentos utilizados en las resoluciones absolutorias van encaminados a señalar que los chalés se habían levantado antes de julio de 2003 y que las administraciones eran responsables de la situación creada por su "consentimiento" hacía estas ilegalidades. Además, se afirmaba que, si existió un impacto visual en la zona, éste se produjo antes de que la zona se declarara BIC y no cuando se realizaron las obras que se estaban juzgando.
Sin embargo, Inmaculada Nevado utiliza gran parte de la sentencia para señalar que los acusados eran conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad: "Se sabía perfectamente que la construcción que promovieron era ilegal, pese a lo cual decidieron seguir adelante con la construcción". Según la magistrada, lo conocían por la difusión en los medios que ha tenido el caso de Medina Azahara, porque uno de los acusados es un "profesional de la construcción" y porque esa misma persona, que trabaja como albañil, participó "en la formación de la asociación de vecinos" de la urbanización.
El pleno de magistrados de la Audiencia de Córdoba trató de unificar los criterios sobre este tipo de casos el 10 de marzo. Los jueces acordaron que para que las demoliciones de casas ilegales puedan ordenarse debe constar "patentemente" que la obra esté "completamente fuera de ordenación y no sean legalizables o subsanables". Además, se estableció que la mera existencia de construcciones previas no supone "por sí mismas exoneración de responsabilidad penal", con lo que habría que estudiar cada caso.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 27/03/2008
Foto: Córdoba, zona viviendas ilegales - abc.es
La Guardia Civil requisa expedientes de Urbanismo de Castro Urdiales
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20MINUTOS/Cantabria* : La Guardia Civil ha requisado esta tarde por orden judicial varios expedientes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Un equipo de la Benemérita, en funciones de Policía Judicial, ha inspeccionado durante esta mañana y primeras horas de la tarde la Gerencia de Urbanismo de Castro Urdiales, dentro de unas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº2 de la ciudad.
Los agentes han abandonado las oficinas poco antes de 16.00 horas, con una carretilla cargada de expedientes. Las diligencias se mantienen por el momento secretas, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que se iniciaron por unos hechos ocurridos en el 2006 y fuentes municipales han aclarado que están relacionados con una operación urbanística que abarca tanto esta legislatura como la anterior.
Las solicitudes de documentación por parte de la Policía Judicial a este ayuntamiento de la costa oriental de Cantabria -el tercero de la comunidad en población- comenzaron ayer por la tarde y han continuado hoy con la visita de los agentes a las dependencias municipales.
En la actualidad el Ayuntamiento de Castro Urdiales está dirigido por el alcalde Fernando Muguruza, expulsado del PRC, con el apoyo del PP y de Acuerdo por Castro, un partido formado en las pasadas elecciones municipales por ediles expulsados del PSOE.
* 20 Minutos - Agencias - 27.03.2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
Orihuela: La causa del chalé y el Rolls de Medina lleva 18 meses de retraso
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ELPAÍS/Alicante* : Estalló como el paradigma de la corrupción municipal en el ámbito de la Comunidad Valenciana. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, presentó en marzo de 2006 una denuncia general, desglosada en 16 causas, contra el Ayuntamiento de Orihuela por supuestos delitos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable del Consistorio, en manos del PP desde 1986.
La causa principal de la denuncia iba dirigida contra el ex alcalde, José Manuel Medina, por el uso de bienes (un lujoso chalé en la costa oriolana y dos llamativos coches, un Rolls Royce y un Audi A-8) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales de planes urbanísticos. Este sumario lo instruye el Juzgado número 4 de la localidad, que no ha practicado las nuevas pruebas solicitadas por el fiscal un año y medio después del interrogatorio, en calidad de imputado, al entonces todavía primer edil.
Las nuevas pruebas que solicitó el representante del ministerio público estaban relacionadas con los plantes urbanísticos del municipio, y especialmente con las calificaciones de suelos tipificadas en el planeamiento urbano vigente cuando se hicieron las adjudicaciones. El fiscal sostiene que algunos de esos planes afectaban a suelo no urbanizable de especial protección. En este supuesto se encuentra el PAI de las Asomadas, adjudicado al promotor Joaquín Grau Pomares. Este empresario es el propietario de un lujoso chalé en la costa de oriolana en el que vive José Manuel Medina y también el dueño de un Rolls Royce utilizado habitualmente por el alcalde. La acusación pública también pidió la práctica de otras pruebas, entre ellas el contrato de alquiler del chalé y la documentación para acreditar la propiedad del elitista turismo. Ninguna de esas pruebas se ha practicado un año y medio después, según han confirmado a esta redacción fuentes del caso.
El Juzgado número 4 también ha sufrido un cambio de titular en plena investigación del llamado caso Orihuela. La investigación la inició la magistrada Lidia María Paloma Montaño. Sin embargo, hace diez meses ésta pidió el cambio y su plaza ha sido ocupada por el juez Fernando Madrid.
Las 15 causas restantes de la Fiscalía Anticorrupción tampoco han tenido más éxito por lo que respecta al avance de su instrucción. Los jueces se han limitado a las pruebas preliminares, entre ellas, el interrogatorio del testigo de cargo del fiscal, el ex interventor de la Corporación, José Manuel Espinosa.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 27/03/2008
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
El Plan General de Boadilla del Monte no cumple con la vivienda protegida
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BOADILLADIGITAL/Madrid* : El TSJ de Madrid en una reciente sentencia notificada al Ayuntamiento en el Pleno de 29-2-2008, ha confirmado que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no reservó los suelos suficientes destinados, reserva que hace la Ley del Suelo de la CAM para garantizar el acceso a la vivienda a las clases más desfavorecidas (jóvenes y rentas bajas)...
... y que obligatoriamente impone el artículo 110 de la Ley 9/1995, del Suelo de la Comunidad de Madrid, texto que fue aprobado por el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid.
El Ayuntamiento se verá obligado a la modificación de los Planes Parciales de los Sectores residenciales SUR 2 Olivar 3º Fase, SUR 3 Camino Bajo, SUR 5.2 A.C.N., SUR 6.2 A.C.S., SUR 7 LOS FRESNOS, SUR 8 L.CARCAVA, SUR 9 EL ENCINAR, SUR 10 EL PASTEL, SUR 11 VALENOSO, SUR 12 BONANZA.
El PGOU destinó más de 3.450.000 m2 de suelo a la construcción de viviendas (más de 7.000 viviendas) recalificados en el nuevo Plan General, que ya fue anulado por sentencia de la Sección Octava del TSJ de Madrid en el año 2.003, por vulnerar los derechos fundamentales de los Concejales del PSOE.
El Ayuntamiento destinó únicamente 1.022.948 m2 de todo suelo residencial clasificado cuando tenía que haber destinado 1.739.737 m2, lo que equivale a que los sectores residenciales del PGOU de Boadilla tengan que cambiar su clasificación del suelo pues faltan más de 700.000 m2 que deberán modificarse para destinarse íntegramente a vivienda de protección pública, en cumplimiento de la sentencia de más alto Tribunal de la Comunidad Autónoma. “Hemos solicitado el urgente cumplimiento de la sentencia pues varios sectores residenciales se encuentran ya casi terminados (SUR 7- Los Fresnos o SUR 12- Bonanza) pero la mayoría de los que incumplen la norma autonómica, se encuentran en fase de urbanización y ejecución de las calles y el Ayuntamiento no tiene intención de cumplirla porque ya ha dicho que ha recurrido, es decir, que no quieren vivienda para jóvenes y rentas bajas en Boadilla” manifestó el Portavoz de Alternativa por Boadilla, Angel Galindo.
La política de vivienda del Alcalde Panero, veda el acceso a la vivienda a los jóvenes y ciudadanos de Boadilla de rentas más bajas, lo que ha supuesto que muchos hayan tenido que irse de Boadilla. La prueba de que el derecho a la vivienda en Boadilla se ha restringido es la propia política municipal de vivienda que sigue Panero pues las últimas 80 viviendas públicas que ha hecho la Empresa Municipal de la Vivienda tienen un precio de entre 300.000 y 400.000 euros (entre 50 y 65 millones de las antiguas pesetas) y muchos vecinos han tenido que renunciar a ellas por no poderlas pagar. “Hasta el propio Rajoy se sorprendió cuando en plena campaña electoral fue preguntado por un joven de Boadilla si la política de vivienda del PP era la de Boadilla. Rajoy se quedó sorprendido” resalta el Concejal de APB, Angel Galindo.
El PGOU, los Planes Parciales y las Juntas de Compensación son dirigidas por el mismo arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren que hizo el PGOU, estando procesado en varios municipios de Madrid por tráfico de influencias y negociación prohibida. Hasta uno de los Planes Parciales de Boadilla (SUR 11-Valenoso) fue iniciado por el mismísimo Enrique Porto Rey (Exdirector General de Urbanismo de Esperanza Aguirre, imputado por la Fiscalía Anticorrupción en una presunta trama de corrupción urbanística en otro municipio de Madrid. Su relevo en este Plan Parcial no podía ser otro, Leopoldo Arnáiz Eguren, a través de una de sus empresas de consultoría.
“Las cosas pintan muy mal en Boadilla para el Ayuntamiento porque los controles municipales no funcionan, todo estaba informado favorablemente por los técnicos y es ilegal. Ya sólo tenemos la esperanza de que la justicia ponga orden” concluyó el citado Concejal.
* Boadilla Digital - 27.03.08
Foto: Boadilla del Monte (Madrid) - madridiario.es
