ELPAÍS* : El caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) investiga la entrega de dos pisos o su equivalente en metálico a José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante, a cambio de favores a dos empresarios en la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. El también titular de la Diputación recibió la dádiva por supuestos favores a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, dueño del Hércules CF.
La adjudicación de la planta del plan zonal es uno de los dos pilares de un sumario que se incoó en marzo de 2007. El segundo es la adjudicación de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela. En esta parte, la investigación indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte del empresario Fenoll. El objetivo del industrial, siempre según las diligencias del sumario, era asegurarse la victoria de los populares, como así ocurrió, y poder hacerse con la concesión del servicio.
El magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, dictó el pasado día 2 un auto en virtud del cual levanta el secreto del sumario de esas dos piezas principales del sumario, y de otras ocho sobre las que inicialmente se inhibió por motivos de competencia territorial, pero que los jueces sobre los que recayeron han rechazado.
La planta del plan zonal la adjudicó el 3 de enero de 2008 el consorcio provincial de residuos (órgano dependiente de la Diputación de Alicante y presidido por Ripoll) a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Cespa y una empresa de Enrique Ortiz. La contrata del plan zonal de La Vega Baja acaba de ser declarada ilegal en el plano del Derecho Administrativo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha anulado el proceso por entender que se vulneró el pliego de condiciones en el apartado del emplazamiento de la industria. El Consorcio optó por ubicar la planta en una finca de la pedanía oriolana de Torremendo, alternativa peor valorada que la oferta base, en el municipio de Albatera. Unos meses después de la adjudicación, la junta del consorcio provincial volvió a operar un nuevo cambio en la ubicación de la planta a una finca contigua, también en la pedanía de Torremendo, pero propiedad de Fenoll.
La contrata de la basura de Orihuela se adjudicó en octubre de 2008 a una UTE integrada por SUFI y las firmas Liasur y Gobancast. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes. La investigación cree que Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll. El contrato incluye una flota de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory, amigo de Ripoll y también imputado en el sumario.
En el caso Brugal hay 54 imputados: 15, tras ser arrestados por la policía: cuatro en la primera fase del caso (30 de mayo de 2007) y los 11 restantes, el pasado día 6 de julio . El imputado de mayor calado es Ripol l, y, junto a él, tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios, entre ellos destacan Ortiz y Fenoll, cabecilla de la trama, según la investigación. El juez también ha imputado a otras 39 personas, que no fueron previamente detenidas ni han comparecido aún ante el magistrado. De este grupo, la más relevante es la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP.
* El País - 08.09.10
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
Alicante.- El 'caso Brugal' investiga el regalo a Ripoll de dos pisos por una contrata
Málaga.- Secretarios piden más fondos para cumplir la ley urbanística
MÁLAGAHOY* : El presidente del colegio de secretarios, tesoreros e interventores de la Administración pública de Málaga, Domingo Gallego, pidió ayer "suficiente financiación" para que las entidades locales puedan desarrollar con plenas garantías las competencias que tienen atribuidas por ley en materia de urbanismo. En este sentido, explicó a Efe que, en el caso de las corporaciones que precisen de auxilio para cumplir la normativa por falta de medios, sea la Diputación Provincial la que preste ese servicio y colaboración a quienes lo demanden.
A su juicio, para acabar con los problemas urbanísticos, tampoco contribuye la proliferación de modificaciones de normativa, ya que, según ha apuntó, éste no es el mejor panorama para que haya estabilidad y seguridad jurídica en la interpretación de las normas.
Por otro lado, Gallego aseguró que "no se puede pensar que todos los municipios disponen de los mismos medios para el control de la materia, dado que no es lo mismo tener 2.000 habitantes que 30.000, ni tampoco estar ubicado en el interior o en la costa".
Además, subrayó a Efe la importancia de la colaboración entre las distintas entidades locales y otras administraciones públicas, de manera que se coordinen y establezcan pautas y un protocolo de actuaciones concretas, además de prestar servicio de auxilio a los ayuntamientos que lo requieran. También destacó el papel que desempeña la educación en la ciudadanía, que debe ser "consciente" de que la normativa debe cumplirse para un desarrollo urbanístico adecuado.
* Málaga Hoy - EFE - 8.09.10
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
Ecologistas denuncia a la Fiscalía a dos ex delegadas de Medio Ambiente
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DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Cádiz contra las dos anteriores delegadas de la Consejería de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Isabel Gómez y Gema Araujo. Según ha explicado a este diario el portavoz del colectivo, Juan Clavero, los conservacionistas consideran que ambas podrían haber cometido sendos supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental para que a la empresa promotora de las obras que desviaron el cauce del río Guadalete, en Grazalema, Inmocentral, se le impusieran penas mínimas. Y es que, denuncia Clavero, "Isabel Gómez y Gema Araujo certificaron que Grazalema no pertenece al Parque Natural para justificar sanciones mínimas por el desvío del río".
La historia se remonta a octubre de 2005. Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente por las obras que se estaban llevando a cabo en Grazalema, consistentes en el encauzamiento y desvío del cauce del río Guadalete para favorecer la construcción de un bloque de pisos. El colectivo advertía entonces que los trabajos (que desviaron el originario cauce fluvial, sobre el que comenzó a levantarse la promoción de viviendas) infringían la normativa del Parque Natural Sierra de Grazalema así como la Declaración de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
A raíz de esta denuncia, rememoran desde Ecologistas, "se procedió a la paralización de las obras y a la apertura del correspondiente expediente sancionador por parte de Medio Ambiente, que culminó en marzo de 2006 con una resolución de la entonces delegada provincial Isabel Gómez García por la que se sancionaba a la empresa constructora Inmocentral a una multa de 6.010 euros, el mínimo que estipula la Ley, y a restaurar el río a su estado original".
Cuando Ecologistas en Acción pidió explicaciones de por qué se imponía "una sanción tan ridícula por hechos tan graves ocurridos en un cauce público y en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema", la entonces delegada Gemma Araujo, agrega Clavero, " contestó textualmente que no se estimó la concurrencia de agravante alguna, entre las previstas en el artículo 65 de la Ley 7/1994, ya que las obras se ejecutaban en el casco urbano de Grazalema y no en el interior del Parque Natural, tal como recogía el informe del director conservado".
Ante lo que los ecologistas tildan de "evidente falta a la verdad para justificar una sanción mínima", solicitaron un informe jurídico a la Consejería de Medio Ambiente para determinar si los núcleos urbanos pertenecen a este parque natural. Tras más de dos años, por fin los servicios jurídicos de la Junta dictaminaron que los cascos urbanos de los municipios incluidos en este parque natural pertenecen al mismo. Por ello, a juicio de Juan Clavero, "queda en evidencia que estas dos responsables públicas, y el anterior director del parque que, según asegura Araujo en su escrito, certificó que el pueblo de Grazalema no pertenecía al parque natural, podrían haber incurrido en sendos delitos de falsedad documental y prevaricación".
Ecologistas en Acción espera que la Fiscalía tome cartas en este asunto "que tiene una gran trascendencia, pues en estos últimos años la Consejería de Medio Ambiente se ha negado a intervenir ante las numerosas ilegalidades que se han venido cometiendo en los cascos urbanos del parque natural aduciendo que no pertenecían al parque".
El colectivo se ha dirigido también a la actual delegada, Silvia López, para que se pronuncie sobre el asunto, y quiere que se aborde en Junta Rectora del Parque. Este diario intentó ayer contactar con la delegada, no siendo posible.
* Diario de Cádiz - 7.09.10
Foto: Cauce desviado del río, y a la izquierda, bloque erigido sobre el primitivo cauce en Grazalema.- diariodecadiz.es
La Confederación del Segura advierte de los 'tapones' urbanísticos
LAVERDAD/Murcia* : Las asociaciones de vecinos de La Palma y La Puebla han hecho pública su preocupación por el aumento del riesgo de inundaciones que supone la falta de limpieza de canales de riego y ramblas. Mientras los habitantes de esa zona esperan una respuesta de la Comunidad de Regantes, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha asegurado que tendrá limpias todas las ramblas de cara al inicio del otoño. No obstante, la CHS ha llamado la atención sobre la existencia de numerosas zonas que quedaron anegadas por las lluvias torrenciales de septiembre del año pasado y que son competencia del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma.
Calles con baches, carreteras que pasan sobre ramblas o muy cerca de ellas, muros que bloquean la salida natural del agua o casas construidas en zonas inundables forman parte del catálogo de lugares donde el 28 de septiembre de 2009 la Policía Local, los bomberos y Protección Civil tuvieron que actuar con urgencia ante el estancamiento de las aguas.
Aquel día, sobre la comarca del Campo de Cartagena cayó cerca de la mitad de agua que suele llover en todo un año, y a pesar de que el sistema de colectores y alcantarillado funcionó mucho mejor que otros años, hubo problemas de envergadura en casi todos los barrios y diputaciones.
El Ayuntamiento asegura que toma nota de cada incidencia para resolverla lo antes posible a través de sus equipos de emergencias, Urbanismo, Infraestructuras o la empresa de aguas Aquagest.
ZONAS CONFLICTIVAS
Tentegorra: Los García de Abajo. Tentegorra: En la carretera, cercad del Hospital Perpetuo Socorro. Rambla de Canteras: Desbordada detrás del hospital. La Loma de Canteras: Inundación en la urbanización. Santa Ana: Calle Don Rodrigo, cerca de la carretera N-301. La Aljorra: Rambla de Benipila desbordada a la altura del Circuito de Velocidad. Bº de la Concepción: Asilo de las Hermanitas de los Pobres. Rambla del Portús: Tráiler arrastrado al mar. Cámping del Portús: Barranco a punto de desbordarse. Tentegorra: A la altura de los concesionarios, cerca del cruce de Cuatro Caminos. Perín: Carretera Cartagena-La Azohía, a la entrada del pueblo. Miranda: En la carretera, Frente a Muebles Rey. Santa Ana: Calle Fernández de Moratín. Los Dolores: Calle Santa Ana. Nueva Cartagena: Cerca de las viviendas sociales y la rambla de Los Barreros. La Algameca: A la altura del Club Naval de Suboficiales. La Palma: Calle Mayor. Los Dolores: Rambla desbordada a la altura de las casas del Retiro. Santa Ana: Muro que impide el paso en la calle Don Rodrigo. El Bohío: A la altura del antiguo puente de la carretera de Los Dolores a El Bohío. La rambla fue cegada y cerca hicieron una urbanización. Rambla del Portús: Cerca de la Venta Ramírez. Rambla de Los Dolores: Desbordamiento de la rambla de Los Dolores junto a la carretera de la diputación de El Plan, al salir del Eje Transversal.
Las Tejeras: Junto al puente de hierro. Rambla de San Isidro: Desbordamiento. Polígono de Santa Ana: Calle Siracusa. Rambla de Miranda: Cerca de la carretera del Trasvase, junto a las bombas de agua. Los Barreros: Calles Mayor y La Palma. Las Lomas de Pozo Estrecho: Urbanización Las Lomas. Roche Alto: En la carretera (bajo la autovía), entre Cartagena, Los Camachos y Roche.Rambla de Cuesta Blanca: Carretera de Tallante a Las Palas. Rambla de Santa Ana: Calle Don Rodrigo. Santa Ana: Muro en la calle General Marín Alonso. Rambla de Cuesta Blanca: Carretera de Tallante a Las Palas. Rambla de Santa Ana: Calle Don Rodrigo. Santa Ana: Muro en la calle General Marín Alonso. Carretera El Sifón: Carretera Los Dolores-La Palma, a la altura del Restaurante El Paraíso. Rambla de Cuesta Blanca-San Isidro: Carretera N-332. La Aparecida: Rotonda de entrada al pueblo. La Algameca Chica: Desbordamiento de la rambla de Canteras.La Puebla: Carretera de La Palma. La Palma: Entrada por la carretera. Los Urrutias: Carretera de Los Alcázares Rambla de El Albujón: Desbordamiento. Fuente: Dirección General de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.
* La Verdad - 7.09.10
Foto: Murcia, inundaciones 2007 - laverdad.es
Los vecinos de la Playa de Palma se concentrarán el próximo 14 de septiembre frente al Consolat de Mar
EUROPAPRESS* : La Plataforma de Vecinos y Comerciantes de la Playa de Palma y Llucmajor se concentrará el próximo 14 de septiembre a las 20.00 horas frente al Consolat de Mar para mostrar su rechazo al derrumbe y expropiación de entre 250 y 300 viviendas y un centenar de locales comerciales, contemplada en el Plan Director para la reconversión de esta zona turística. Así lo ha informado el portavoz de la plataforma, Enrique Salvà, tras registrar esta mañana un escrito en el Consell de Mallorca en el que insta a la Comisión de Urbanismo a que se oponga al derrumbe de las viviendas y locales comerciales y rechace la construcción de un centro comercial en Ses Fontanelles y de un bulevar en el Torrent des Jueus, al considerar que estas actuaciones "se saltan a la torera" el Plan Territorial de Mallorca (PTM).
Por otro lado, ha instado a todos los ciudadanos, vecinos o no de la Playa de Palma, a que participen en la citada concentración para "solidarizare" con las personas que tienen un "drama" con el proyecto de reforma de la Playa de Palma, dado que su futuro "no está garantizado".
Precisamente, este acto tendrá lugar pocos días después de que la citada plataforma se reúna el 8 de septiembre a las 17.00 horas con el presidente del Govern, Francesc Antich, con el fin de exigirle "no que paralice la expropiación y el derribo de las viviendas y locales comerciales, sino que retire el proyecto o que lo modifique, para que, en lugar de un derrumbe, se plantee una rehabilitación".
Salvà también ha acusado al Consorcio, dirigido por Margarita Nájera, de haber "despreciado totalmente" la participación ciudadana a la hora de elaborar el Plan Director para la reconversión de la Playa de Palma, dado que los vecinos y comerciantes "no tenían ni idea" de lo que se pretendía hacer en esta zona.
No obstante, ha admitido que sí ha habido una participación "muy pequeña" en la elaboración de los proyectos por parte de "enlaces de diferentes asociaciones", si bien a estas personas "se le dijeron una serie de cosas y, sin embargo, lo que ha salido no ha tenido nada que ver".
"De lo que se sabía a lo que se ha hecho no hay color", ha zanjado, al tiempo que ha instado a los ciudadanos a que presenten alegaciones al Plan Director de "manera masiva" durante el periodo en el que está en exposición pública.
* Europa Press - 1.09.10
Foto: Palma, aérea Can-Pastilla - qhacerenmallorca.com
Confirman la condena por prevaricación urbanística para el alcalde de Canillas de Albaida
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SUR/Málaga* : La Audiencia de Málaga ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal nº5 que condenó al alcalde del municipio de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP), a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación urbanística, al conceder una licencia de obra para una vivienda en suelo no urbanizable y sin constar toda la documentación. En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado y se señala que con su manera de actuar el alcalde «eludió los controles legalmente previstos por la normativa para evitar decisiones administrativas contrarias a la misma con el consiguiente daño para el medio ambiente».
El Juzgado de lo Penal consideró probado que el propietario y promotor y el constructor llevaron a cabo a lo largo de 2006 la construcción de una vivienda en el paraje denominado El Mosquín de unos 137 metros cuadrados, presentando solicitud en el Ayuntamiento en julio de 2004 «sin el preceptivo proyecto técnico ni visado, ni proyecto de actuación», precisos al ser suelo no urbanizable.
A pesar de esto, el permiso fue concedido por decreto del alcalde, «omitiendo la reclamación de documentación técnica visada del arquitecto municipal en su informe, con grave incumplimiento de la normativa reguladora de la concesión de licencias urbanísticas», en concreto de varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Procedimiento
La Sala destaca que la omisión del procedimiento legalmente establecido «ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos» y explica que «las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen normalmente la función de alejar los peligros de arbitrariedad y la contradicción con el derecho».
Aunque precisa que no se puede identificar automáticamente la omisión del procedimiento con el delito de prevaricación, apunta que en este caso el acusado concedió la licencia «a pesar de que obraba en el expediente administrativo informe del arquitecto técnico del Ayuntamiento en el que se hacía constar expresamente que no se acompañaba a la solicitud la documentación técnica visada».
Además, se hacía constar en informes posteriores que al estar calificada la parcela como no urbanizable «era preciso», además, un proyecto de actuación y el alcalde «a pesar de ser plenamente consciente de que faltaba dicha documentación, como admitió en el juicio, concedió la licencia alegando que le insistían mucho», con lo que «se ha obviado el procedimiento legalmente establecido».
Regidor
El alcalde, Antonio Díaz (PP), que desconocía ayer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, no quiso pronunciarse sobre las acciones que llevará a cabo o si piensa dimitir del cargo, al menos, hasta tanto no habla con su abogado. «No conozco la sentencia y por tanto no puedo decir nada, salvo que me voy a tomar el asunto como mucha tranquilidad», dijo.
* SUR - 7.09.10
Foto: Canillas de Albaida (Málaga) - wikimedia.org
El penelopismo urbanístico
ALFONSO VILLAGÓMEZ* : En efecto, una ley tras otra del Parlamento de Galicia han provocado la irritación en los ciudadanos, el desconcierto en los profesionales y un sobreesfuerzo añadido para los tribunales de justicia. A una regulación que inicialmente solo incidía sobre aspectos organizativos de la competencia autonómica, le siguieron nuevas disposiciones legales que abordaban ya la actuación, los medios de intervención y definición de las distintas categorias del suelo por parte de las administraciones públicas de Galicia. Y, así, en el primer día del año 2003, entraba en vigor la ley de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga), que pretendía sentar las bases para un urbanismo moderno a partir de un nuevo planeamiento municipal ajustado a la realidad territorial, costera y rural del país. Sin embargo, las ambiciosas novedades normativas que se contenían en el articulado de esta ley quedaron en gran parte amortiguadas por las eclécticas y comprensivas disposiciones adicionales y transitorias incorporadas en la misma.
Los limites edificatorios que se establecieron en el articulado de la Louga para los suelos rústicos y de protección especial parecían evaporarse en función de criterios utilitaristas contrarios al espíritu de la misma ley; y similar suerte corrieron las serias advertencias impuestas a los municipios para que procedieran a la adaptación de los instrumentos del planeamiento en sus respectivos ámbitos territoriales. Todo lo cual se materializó en una nueva reforma legislativa que ha sido aprobada hace sólo unos meses.
Pero lo peor es que el 90 por ciento de los municipios de Galicia no han adaptado sus planes generales de ordenación, y, una vez más, por medio de estas nuevas modificaciones legislativas se trastocaron aquellos aspectos mas conflictivos referidos a los límites para la construcción en los municipios del litoral o las medidas de disciplina para las construcciones carentes de la preceptiva licencia, sin que el legislador autonómico se inmutara. El resultado de este desorden no podía ser así otro que un semillero de pleitos para nuestra muy estresada administración de justicia. ¿Cuándo finalizará la procelosa travesía por consellerías, ayuntamientos y juzgados a que obliga este desorden urbanístico? Quizá solo el día que se tome plena conciencia de que nuestras casas solo serán en un futuro próximo sostenibles si lo es la tierra sobre la que se levantan.
* Alfonso Villagómez. Maxistrado
* Xornal - Opinión - 5.09.10
