LAOPINIÓN/Málaga* : El número de bienes públicos de Marbella prestados o regalados durante la etapa de mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) es difícil de cuantificar. Bien porque no existen documentos que lo acrediten o porque, si existieron, se traspapelaron en algún cajón de cualquiera de las delegaciones municipales. Pero no todo está perdido.
Existe un listado oficial en el que figuran algunos expedientes de las concesiones administrativas otorgadas por el Ayuntamiento entre 1993 y 2005, años de gobierno del GIL. En concreto, este documento al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga recoge aquellas cesiones de derechos reales sobre suelos de propiedad pública local. La relación está integrada por 175 expedientes en total que, en su mayoría, presentan algún tipo de irregularidad. En algunos casos esta irregularidad se basa en el objeto, duración o canon de la concesión y, en otros, en defectos de forma por tratarse de trámites burocráticos incompletos a pesar de llevarse a cabo en la práctica.
Algunas concesiones son especialmente llamativas. Por ejemplo, no es extraño encontrar más de un expediente que tiene por objeto ceder el uso privativo de una zona verde pública. Tales son los casos de expedientes como el 07/2003 o el 08/2003, en los que se acredita que el Consistorio concedía un uso privativo en dos parcelas calificadas por el Plan General de Ordenación Urbana vigente como Parque y Jardín. No son, ni mucho menos, los únicos.
Beneficiados varios. La mercantil Naviro Inmobiliaria, una de las beneficiarias de estas cesiones, tiene un canon municipal que establece el pago de 1.965 euros anuales por usar una parcela de 1.800 metros cuadrados, de la que según el acuerdo, disfrutará durante 50 años.
Especialmente curioso resulta el expediente 04/2002. El Ayuntamiento cede, en virtud de este documento, la utilización de la vía pública del término municipal para la colocación de 300 "papeleras de alto ´standing" por un pago de 7.728 euros anuales.
Ni siquiera la administración estatal se libra de figurar en la lista. El documento 12/2001 se refiere a la cesión de uso gratuito de un suelo de 364 metros cuadrados en los bajos del campo de fútbol y un solar de 4.800 en el recinto ferial a la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. No figura contrato en el expediente.
En muchos casos, estos pactos siguen todavía vigentes a la espera de una revisión de oficio que repase actuación por actuación y determine su legalidad o ilegalidad.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 20.12.09
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Marbella fiscaliza 175 cesiones de suelo de la etapa del GIL
El TS tumba el PAI de Benaguasil por falta de agua
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ABC/Valencia* : El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido un plan urbanístico de Benaguasil, al que la Generalitat dio el visto bueno en 2007 sin contar con el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponidilidad de agua (CHJ) -como ha sucedido con el Plan Rabassa-. El TS confirma la paralización cautelar de esta actuación urbanística acordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en marzo de 2008.
El plan Tapairet Industrial fue aprobado en abril de 2007 por la Comisión Territorial de Urbanismo con la oposición del representante del CHJ, organismo al que la Conselleria negó los datos necesarios para elaborar el informe sobre la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda derivada de la nueva planificación urbanística.
El Consell se escudó en la Ley Urbanística Valenciana y como otras veces, sostuvo que, en ausencia del informe de la CHJ previsto en la Ley de Aguas, bastaba el de una «entidad colaboradora autorizada para el suministro». El Gobierno recurrió la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo. El TSJCV suspendió cautelarmente el plan en tanto resolvía sobre la legalidad del mismo. La Generalitat llevó el caso al Supremo, que ha decidido ahora confirmar la decisión del TSJCV y mantener la suspensión del PAI porque lo contrario podría causar «perjuicios» de «difícil reversibilidad».
El TS no entra a decidir si el informe de la Confederación es preceptivo, como sostiene el Gobierno, o no lo es, como mantiene la Generalitat, pero considera «indudable que la falta de ese informe de la Confederación constituye un indicio a favor de quien sostiene la ilegalidad del acuerdo» de la Comisión Territorial de Urbanismo.
Además de desestimar su recurso, el TS condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso: 3.000 euros.
* ABC - R.T.- 21.12.09
Foto: Benaguasil (Valencia) - wikimedia.org
Santa Cruz: La justicia apunta hacia Residencial Anaga
LAOPINIÓN/Tenerife* : A los dos derribos que se han llevado a cabo en este entorno se unen cuatro casos más pendientes de ejecutar sentencias. Cuatro sentencias firmes que apuntan hacia el derribo total o parcial de otros tantos inmuebles están pendientes de ejecución en el entorno de Residencial Anaga. Están situados en las parcelas 16, 17, 18 y 19, que coinciden con la calle Cornisa.
Los grupos de la oposición integrada por Partido Popular (PP), Partido Socialista Canario-PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz ya han requerido toda la información precisa a la Gerencia de Urbanismo con el fin de dar cumplimiento a los fallos, todos ellos firmes y realizar un seguimiento al espinoso asunto.
Los problemas urbanísticos en Residencial Anaga se han convertido en uno de los más recurrentes del urbanismo de Santa Cruz. De hecho, en la anterior ocasión en el que la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) salió a información pública hace ya tres años, centró la mayor parte de las alegaciones y de las preocupaciones de los vecinos. Los problemas surgen por tratarse de un enclave muy codiciado por sus vistas, pero precisamente la construcción sin respetar las normas han implicado que en muchas ocasiones este derecho se vea mermado por parte de los vecino.
A partir de aquí, se han iniciado batallas judiciales que en todos los casos han ido a favor de los denunciantes y en contra de los denunciados. La posición de la Gerencia de Urbanismo no ha resultado demasiado clara y en no pocas ocasiones los juzgados han emitido sentencias dándole severos tirones de oreja o bien acusando al Ayuntamiento de una sonora inactividad a la hora de hacer cumplir la legalidad. En todos los casos se trata de irregularidades urbanísticas que tienen su origen a finales de la década de los años noventa. La vivienda situada en la parcela 17 se emitió en su momento una setencia que también apuntaba a la existencia de irregularidades en el edificio al entender que estaba fuera de ordenación ya que no se ajustaba a lo contenido en el PGO de Santa Cruz.
Por ello la Gerencia de Urbanismo decretó que en el mismo sólo se podrían llevar a cabo obras de mantenimiento. Sin embargo otra sentencia determinó que debía ejecutarse la demolición del inmueble, al menos en la parte que no cumple con la normativa. "Todo ello para llevar a su puro y debido efecto el cumplimiento de la declaración contenida en la sentencia" emitida entonces.
Contenido. Los tribunales incluso llegaron a acusar a Urbanismo de "intentar evadir el contenido de la sentencia amparándose en algo que ya no es oponible en este momento, como es la caducidad de cuatro años porque la sentencia exigió el expediente sobre la comprobación de la legalidad urbanística". Más adelante la sala volvió a indicar que Urbanismo estaba buscando "eludir el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, no siendo quien la parte a discutir nuevamente la juridicidad dle fallo sobre la base de nuevos argumentos". Ya este mismo año, que es cuando todos estos casos se encuentran en el límite para encontrarles una solución, la Gerencia ordena que se evacue "a la mayor brevedad posible" un informe técnico en el que se determine la adecuación o no de las licencias a la normativa urbanística". Por ello se ordena la revisión de oficio de las licencias de legalización y primera ocupación y cédula de habitabilidad.
En medio los tribunales pusieron también en duda el interés del Ayuntamiento para hacer cumplir las sentencias. Los juzgados han comunicado ya que las resoluciones judiciales son firmes, por lo que contra las mismas ya no cabe interponer ningún tipo de recurso administrativo, por lo que la ejecución del fallo debe ser inminente.
La primera licencia de edificación se solicitó a principios de 1998 mientras que el permiso de alineaciones y rasantes se otorgó en el año 2008. El primer expediente de disciplina urbanística se incoó ene l año 1999, aconsejándose ya en aquel entonces que se paralizara la obra por incumplimiento de la altura del muro. Poco después el consejo se convirtió en una orden por parte del Ayuntamiento.
Los trámites parecen haber acabado a mitad del pasado mes de septiembre cuando la Corporación local no le otorgó al propietario de la vivienda un trámite de audiencia de quince días para que alegara y presentara los documentos y justificaciones que estimara pertinentes.
El caso de la parcela 18 en este ámbito repite casi matemáticamente los mismos perfiles. La licencia se solicitó en el año 1998. Se trataba de una vivienda unifamiliar de tres plantas y sótano y se concedió la correspondiente licencia. Sin embargo poco después se inició un expediente de Disciplina Urbanística para legalizar las obras que no estaban amparadas por la licencia municipal. Por esa misma época se presentó la primera denuncia.
Ya entonces Urbanismo estaba escaldada y alertó que se habían emitido sentencias por casos parecidos que habían concluido ordenando demoliciones. Y es que se comprobó que se habían realizado modificaciones sobre la licencia original. Nuevamente se apeló al silencio positivo transcurridos cuatro años y se apeló a que se podrían acoger a la modificación del PGO para este ámbito. Poco después el Juzgado emite una sentencia que va en el mismo sentido que las anteriores de este ámbito. Así se repite el mismo procedimiento para comprobar si se ha respetado la legalidad y la orden de dejar sin efectos los acuerdos plenarios para legalizar el inmueble.
Parcela 19. El último caso es el de la parcela 19, también en Residencial Anaga. En la misma se acusaba al Ayuntamiento de ofrecer respuestas "inadmisibles" a los propietarios de los terrenos afectados. Uno de los fallos pretendía anular la inactividad administrativa para hacer cumplir la sentencia y responder a las denuncias. En este caso se exigía la demolición de un muro superior y haberse construido más de lo autorizado. Un paso que aún no se ha dado pese a los años en los que este asunto se lleva tramitando en los tribunales y en la Gerencia de Urbanismo.
El último informe sobre este caso data del mes de julio del presente año y se trata de un escrito del dueño de la vivienda a través de la cual solicita licencia de legalización para la demolición parcial del muro existente y ejecución de uno nuevo en los términos que fije el proyecto arquitectónico correspondiente. Todos estos casos están pendientes ahora de lo que dictamine el nuevo PGO sometido a un largo y tortuoso proceso de revisión.
Dos demoliciones por el camino
Dos dolorosas demoliciones son las que se han quedado por el camino en la historia de Residencial Anaga. La primera es la de la vivienda conocida como la casa Roja y la otra, el edificio Mogán. En el primer caso se trataba de un chalet que incumplió determinadas normas en la altura de los muros. Fue denunciado por los vecinos y finalmente los tribunales le dieron la razón. Sus propietarios iniciaron entonces una denuncia pública al considerar que habían sido objeto de una clara discriminación. Lo cierto es que todos los fallos admitieron que efectivamente se concedió en su momento una licencia que luego no se ajustó a las normas de este entorno. La Gerencia de Urbanismo se comprometió a abonarles una indemnización, pagarles la redacción del nuevo proyecto y además, le entregó unos 150.000 euros para construir la nueva casa. Aparte le concederá en breve una nueva licencia. Curiosamente, aunque todo el mundo daba por hecho que iban a ganar en los tribunales lo cierto es que su incursión en este terreno no resultó demasiado favorable. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) indicaron que la responsabilidad del Ayuntamiento se limitó hasta el momento en el que anunciaron la paralización de las obras. De esta manera la cantidad a abonar era notablemente inferior que si se hubiese tenido en cuenta todo el procedimiento. En este entorno se situaba también el edificio Mogán que igualmente taponó las vistas de sus vecinos. El Ayuntamiento procedió a su derribo y a través de una sentencia del TSJC le abonó a su propietario más de 300.000 euros a lo que habría que sumar los intereses. O sea otro tanto. Esta cantidad, no obstante, resultaba notablemente inferior a los tres millones que reclamaban los propietarios, la empresa Brevala SA pero un tanto superior a los doscientos mil euros que había calculado el Ayuntamiento. El derribo se hizo efectivo en el año 2006 después de eternizarse los largos procesos que suelen ser habituales en estos contenciosos y duraron alrededor de cinco años. La corporación local sólo aceptaba la responsabilidad de haber concedido una licencia incorrecta que los tribunales declararon ilegal, pero sólo estaban dispuestos a asumir el coste hasta que se mandó parar la obra.
Una de las viviendas fue declarada fuera de ordenación por prescripción
Caso paradigmático de lo ocurrido en este entorno fue la la vivienda situada en la parcela 16 de Residencial Anaga. En este caso, la licencia se solicitó en el año 1996 y se trataba de un inmueble de dos plantas con sótano, ocupando una superficie total de 528 metros cuadrados. En principio la Gerencia de Urbanismo concedió la correspondiente licencia. Sin embargo posteriormente se llevaron a cabo unas obras de ampliación que fueron informadas desfavorablemente.
De forma paralela se presenta una denuncia ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 que obliga a comprobar la situación del inmueble en cuanto a los muros de contención, alturas, volumetrías y ocupación de la parcela. La propia Gerencia comprobó que efectivamente se había infringido la normativa y se inició un procedimiento urbanístico. A partir de aquí se emprendió un largo procedimiento para intentar incluir en el Plan General de Ordenación (PGO) que ya entonces se estaba revisando algún tipo de medida con el fin de permitir las urbanizaciones de esta clase en las laderas. En su momento se llegó a una especie de acuerdo para que así ocurriera aunque en el texto que por ahora es definitivo del PGO no queda claramente especificado. Incluso en se planteó que podría acogerse a esta modificación.
Finalmente la Gerencia optó por reconocer que había prescrito la infracción urbanística y por ello declaró que el inmueble se encontraba fuera de ordenación. Ello implica que en el inmueble sólo se pueden realizar obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. A no ser que se establezcan licencias excepcionales.
En estos momentos se está a la espera de la aprobación final del PGO para que la vivienda pueda mantenerse en esta categoría urbanística. "Por ello la edificación entra plenamente en la en el patrimonio de los interesados que podrán disponer de ella con efectos a terceros, es decir, queda garantizado el principio de seguridad jurídica y el derecho al disfrute de los servicios básicos".
* La Opinión Tenerife - NOÉ RAMÓN - 21.12.09
Foto: Vista panorámica de parte de Residencial Anaga.- delia padrón, laopinion.es
Las 10 viviendas ilegales de Chiclana se terminaron con orden de derribo dictada
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ELPAÍS/Cádiz* : La espera es tensa en Chiclana. Los inquilinos de las diez casas ilegales de la zona de Majadillas Bajas desconocen cuándo exactamente serán derribadas sus viviendas, sentenciadas por orden judicial. Hoy han convocado una reunión con familiares y vecinos para recabar apoyos que eviten la ejecución de la orden judicial.
Pero el Ayuntamiento ya ha avisado de que no tiene más remedio que atender la decisión del juzgado. El Consistorio ha recordado que el constructor de estas edificaciones terminó de levantarlas cuando ya conocía que sobre ellas existía una orden de derribo.
Mediante fotografías areas el Ayuntamiento demostró ayer cómo el promotor de esta urbanización parceló de forma ilegal un terreno que estaba baldío en 2005. En tres años ya había levantado las casas y las había dividido en las diez zonas actuales. Pero antes de finalizarlas, en febrero de 2007, ya se había dictado la sentencia que dictaba su demolición. Entonces las obras estaban en una primera fase. La orden instaba a restituir la legalidad e impedía hacer uso de ellas. Aún así el promotor continuó con la construcción e incluso terminó una calle para poder acceder a los inmuebles.
Las casas se levantaron en suelo no urbanizable sin ningún tipo de licencia en una parcela de 4.700 metros cuadrados, de la que resultaron diez viviendas con 100 metros cuadrados construidos y un terreno de 400 cada una. El Consistorio aportó ayer las fotografías tomadas desde el aire en los años 2005, 2007 y 2008. En la primera, no había nada construido. En la segunda, se detectan los primeros ladrillos. Es entonces cuando la Gerencia de Urbanismo, bajo el mandato del gobierno cuatripartito del PP, IU, PA y PSA, denuncia esos trabajos e insta al promotor a paralizarlos. Se iniciaron trámites para impedir la venta de las viviendas. Según consta en la sentencia judicial, el constructor llegó a romper hasta en seis ocasiones los precintos que se colocaron para impedir la continuación de las obras. Además permitió que las casas fueran ocupadas por familiares y otros inquilinos, que pagan alquileres mensuales de 550 euros mensuales.
+ ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 21/12/2009
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
