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EFE/Lanzarote* : El ex alcalde de del municipio lanzaroteño de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), y dos de sus hijos fueron detenidos hoy acusados de presunta corrupción urbanística por agentes de la Policía Nacional que registraron su domicilio de Femés.
Fuentes próximas al caso señalaron a Efe que los agentes irrumpieron por sorpresa en el domicilio del político sobre las 10 horas de esta mañana para proceder a un registro ordenado por la autoridad judicial.
Testigos presenciales indicaron que Reyes, que ya fue detenido también en el marco de la Operación Unión, que investiga una trama de corrupción urbanística en Lanzarote, salió de la vivienda esposado, mientras que al menos uno de sus hijos permaneció retenido por los agentes en el interior de un vehículo policial durante el registro domiciliario.
La detención del ex alcalde y sus dos hijos está relacionada con una denuncia que en su día presentó el ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general del PSOE en la isla, Carlos Espino, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.
Espino denunció entonces al ex alcalde de Yaiza y al actual alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, de CC, a partir de un informe elaborado por los servicios jurídicos externos del Cabildo en el que se le advertía de la posible comisión de varios delitos urbanísticos por parte de los citados regidores municipales.
En vista de ese informe, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo se presentó a finales de 2006 ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupo de Blanqueo de Capitales, para denunciar los hechos supuestamente delictivos.
* EFE - 30.09.09
Foto: Yaiza (Lanzarote) - lanzarote-virtual.com
Detenidos el ex alcalde de Yaiza y dos hijos suyos por corrupción urbanística
La investigación busca en paraísos fiscales 40 millones de la trama Gürtel
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ELPAÍS* : Los investigadores de la trama Gürtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha podido blanquear en una decena de paraísos fiscales en torno a 40 millones de euros. Dinero que supuestamente Correa y sus colaboradores habrían obtenido fraudulentamente de Gobiernos autonómicos y locales en manos del PP y de operaciones urbanísticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedió en favor de constructores y sacó suculentas tajadas.
El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un auto en el que decretó la apertura parcial del secreto del sumario (unos 17.000 de los más de 70.000 folios que nutren las diligencias) y en el que figuran imputadas 71 personas. La investigación que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la más voluminosa y nutrida de la trama Gürtel, que tenía otra vertiente en Valencia (la de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa comunidad), que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos elementos criminales (la supuesta financiación ilegal del partido) que previsiblemente obliguen a iniciar otra investigación judicial en Valencia.
En el auto dictado ayer por Pedreira, el juez justifica el que se mantenga secreta durante otro mes otra extensa parte del sumario en el hecho de que hay en marcha "numerosas comisiones rogatorias internacionales". Se han enviado peticiones judiciales de ayuda internacional con solicitudes de bloqueo de cuentas a nombre de Correa, de sus empresas corruptas y de sus lugartenientes en la trama: Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, y de su primo Antoine Sánchez.
El juez se queja en el auto de que algunos países a los que ha remitido comisiones rogatorias "no son colaboradores". Sí está colaborando Suiza, donde la investigación sospecha que Correa oculta buena parte del dinero blanqueado. Testimonios de testigos e imputados del caso Gürtel apuntan a la posibilidad de que sólo en el país helvético la trama haya lavado en torno a los 23 millones de euros. Los investigadores están buscando esos más de 40 millones de euros, además de en Suiza, en las Antillas Holandesas, Panamá, Portugal, Colombia, Estados Unidos y en las Islas Caimán, entre otros paraísos fiscales. Correa utilizaba esos países para lavar el dinero que obtenía y para sobornar a altos cargos del PP, autonómicos y municipales, que a cambio le daban contratas y otras prebendas.
Otro de los motivos por los que el juez mantiene secretas el resto de las diligencias es que aún está sin analizar, según explica en su auto, abundante documentación requisada en empresas y oficinas de la trama Gürtel. Al abrir ayer parcialmente el secreto, el juez desvela en su auto quiénes son los imputados. Uno de ellos, tal como avanzó este periódico el pasado lunes, es Rosalía Iglesias, esposa del senador por Cantabria y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La lista de imputados se ha visto reducida respecto a la que elaboró el primer instructor de esta gigantesca causa, Baltasar Garzón. Pedreira ha sacado de la lista inicial a una decena de personas que se habían visto salpicadas.
La esposa de Bárcenas tendrá que declarar para explicar de dónde procede un millón de euros descubierto en una cuenta a su nombre. Otros imputados son los ex alcaldes de importantes municipios madrileños como Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, así como los aún diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo (ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos del PP.
Los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto serán entregados a los interesados durante los días 6, 7 y 8 de octubre. También se entregarán las diligencias a los abogados del PP y del PSOE, que están personados como acción popular en la causa.
Por otro lado, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se mostró ayer "encantada" con la decisión del juez Pedreira de levantar parcialmente el secreto sumarial. "Es una noticia esperanzadora", puesto que a partir de este momento se sabrá qué personas "están acusadas" y "de qué delito". Preguntada sobre si el PP asumirá responsabilidades de algún tipo, comentó que ella aceptó, "desde el primer momento", "las dimisiones de todas las personas que estaban afectadas".
Fotografías comprometedoras
El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, indica en el auto en el que levanta parcialmente el secreto sumarial que ha ordenado que se eliminen de las diligencias documentos obrantes en ellas que afectan a la intimidad de algunos imputados y que no aportan nada a la investigación criminal. Pedreira no especifica en el auto el contenido de esos documentos, aunque fuentes de la investigación señalan que en la mastodóntica causa de la trama Gürtel había numerosas fotografías de algunos cabecillas de la trama de tinte sexual y muy comprometedoras. "La decisión del juez me parece muy correcta: si todo eso se entrega a las partes y termina saliendo a la luz, es probable que se hubieran producido algunos divorcios", señalan fuentes cercanas a la investigación.
Y es que hay decenas de fotografías, algunas captadas a la entrada de burdeles y otras decomisadas a los propios afectados -incluso del interior de esos locales, tomadas con cámaras de teléfonos móviles-. Y no sólo hay fotografías. También hay conversaciones grabadas a algunos de los cabecillas de la trama, entre ellos y con terceras personas, de fuerte contenido sexual, relativas a fiestas celebradas en prostíbulos.
El juez Pedreira explica al respecto en el auto: "Entre la documentación intervenida existen documentos que aportan datos relativos a personas físicas ajenas a la presente causa, y que de hacerse públicos se podría vulnerar el derecho a la intimidad de las mismas, por lo que dicho derecho fundamental debe ser preservado". El juez también ha eliminado de las diligencias datos fiscales y privados de empresas que no afectan a la investigación y que constaban en el sumario.
* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 30/09/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
Estepona dejó de ingresar 49 millones al valorarse sus suelos a la baja
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MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Estepona habría dejado de ingresar hasta 49 millones de euros por valorar a la baja los terrenos objeto de nueve convenios urbanísticos con promotoras inmobiliarias, según consta en la denuncia realizada a la Policía por el actual alcalde y entonces edil socialista, David Valadez, que desencadenó la operación Astapa contra la corrupción el Consistorio malagueño y llevó a la cárcel a Antonio Barrientos y gran parte de su equipo de gobierno.
En la parte del sumario del caso cuyo secreto fue levantado por el juez instructor, se incluye un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se pone de relieve que "por medio de esas irregulares valoraciones a favor del empresario se estaría obviando una gran cantidad de ingresos, que revertirían en beneficio del municipio, de haberse cobrado. Estas operaciones, lejos de ser el resultado de una cierta desidia o altruismo por parte de los ediles y técnicos implicados, tendrían como consecuencia el pago a los mismos de cantidades de dinero camufladas bajo las más diversas formas, véase patrocinio, pagos en especie, etc., que sin embargo encajarían en la tipología del cohecho".
Los investigadores constatan que "muchas de las valoraciones de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Estepona se han realizado a precio inferior al de mercado". El caso más flagrante de ello, aunque afortunadamente no llegó a ser aprobado en el pleno, sería el del convenio de 'Mundo Estudio' de Cancelada, en el que habría habido un perjuicio para las arcas del Consistorio de 15,9 millones de euros. De hecho, según los denunciantes, el concejal de Infraestructuras Rafael Montesinos habría incluso manifestado que la empresa le había llamado para que votara a favor "porque estaban hartos de soltar dinero".
Pero otros muchos convenios sí llegaron a concretarse, siendo 9,5 millones de euros el máximo quebranto sufrido por el Consistorio. Es el caso del convenio Arroyo Vaquero, firmado con la sociedad Chamartín Sur.
Pero no sólo la información aportada por los denunciantes hace referencia a la infravaloración de los terrenos, sino que el que fuera concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, en una conversación con el ex alcalde, Antonio Barrientos, intervenida por la Policía asegura que "como se pongan a levantar las valoraciones, va a caer todo Dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la nueva ley del suelo".
Según otras informaciones aportadas por los denunciantes y recogidas en el sumario, Duarte les habría asegurado que "lo más fuerte" que ha venido pasando en el Ayuntamiento de Estepona han sido las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos.
Según la información de los denunciantes, Duarte llegó a asegurar que hay gente que se ha hecho multimillonaria con esto, pues según dice "se ha llegado a vender el metro cuadrado a 250 euros, cuando el precio de mercado era de 1.000 euros".
En el sumario se recoge que "a pesar de esto las promotoras realmente pagaban a valor de mercado, pero la diferencia, y por tanto el perjuicio para el Ayuntamiento, iba para el bolsillo de unos pocos", poniendo Duarte como ejemplo el caso de Azata, según los denunciantes.
Los agentes de la UDEF aseguran en su informe que si se atiende "a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".
De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". "Los distintos empresarios con intereses urbanísticos en Estepona realizan contraprestaciones económicas para distintos fines como son los pagos relacionados con las distintas concejalías, eventos deportivos, conciertos, eventos culturales, pagos a Cruz Roja, aportaciones para financiar a los distintos partidos políticos (PES, PSOE, PA), ya sea para campañas electorales u otras cuestiones". La Policía tiene claro que las aportaciones son una contraprestación a la firma de convenios urbanísticos, licencias de primera ocupación, de apertura de establecimientos o por adjudicaciones de obras.
Los agentes apuntan a Xavier Witmeur, imputado en el caso, ingeniero técnico de Obras Públicas y trabajador de las empresas municipales de Estepona, como el autor de gran parte de las valoraciones a la baja de los terrenos, sus aprovechamientos y plusvalías: "Existiendo en el Ayuntamiento personal técnico capacitado para efectuar las valoraciones de los bienes y de los aprovechamientos urbanísticos, sin embargo son efectuadas por Xavier Witmeur sin que funcionario alguno participe. Xavier Witmeur es una persona que no ha realizado ningún proceso selectivo para acceder a su plaza en la empresa municipal y el único mérito alegado es su pertenencia a un partido político. Concurrió a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas del Partido de Estepona (PES)".
La propia directora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, habría manifestado a los denunciantes, según aseguran estos, que muchas de las valoraciones efectuadas por Witmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados.
La Policía también apunta la presunta responsabilidad del arquitecto municipal Ignacio de la Hoz, quien redacta la mayoría de los informes de viabilidad urbanística con que se acometen los convenios, y subraya que en algunos casos, las promotoras supuestamente beneficiadas, abonaron cantidades económicas a empresas participadas o propiedad del referido técnico municipal o a otras mercantiles para las que éste prestó servicio.
* Málaga Hoy - Encarna Jerez - 30.09.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Los vecinos piden al fiscal que suspenda la aprobación urbanística del hotel del Palau de la Música
ELPAÍS/Barcelona* : Los vecinos del Casc Antic y la plataforma de Defensa de la Barcelona Vella han pedido al fiscal que suspenda la tramitación urbanística del hotel del Palau de la Música, un proyecto promovido por Fèlix Millet y que contó con el beneplácito de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Los vecinos argumentan, en un escrito entregado en la fiscalía, que del conjunto de la tramitación urbanística se desprenden irregularidades que podrían ser constitutivas de algún tipo de delito. Por eso piden al fiscal que, a su vez, se dirija al juzgado para que éste suspenda la modificación del Plan General Metropolitano en las fincas de los números 13 bis, 15 y 17 de Sant Pere Més Alt.
El escrito plantea la necesidad de investigar judicialmente todo el intrincado camino que ha tenido el proyecto, pasando por la permuta de edificabilidad pactada por el consejero de Economía; Antoni Castells, y Félix Millet el 8 de marzo de 2006, por la transmisión de la propiedad de las tres fincas de la Fundacio del Palau a la sociedad Olivia Hotels ocultándolo al Ayuntamiento de Barcelona y por la opacidad de los convenios firmados entre las administraciones y Fèlix Millet.
'Fèlix Billet'
Por otra parte, uno o varios desconocidos han cambiado hoy el nombre de la plaza Lluís Millet de Barcelona, situada frente al Palau de la Música, por el de "Fèlix Billet", en alusión a la afición del ex presidente del Orfeó Català y responsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, a coleccionar billetes de 500 euros.
La nueva rotulación de la plaza, que para no alterrar la fonética los desconocidos han escrito con una falta de orotgrafía la palabra catalana bitllet (billete), no ha tapado la placa original con el nombre del fundador del Orfeó Català, Lluís Millet, tío abuelo de Fèlix, quien junto con Jordi Montull y la hija de éste están siendo investigados por falsedad documental y presunto desvío de 2,29 millones euros de las arcas de la institución en 2003 y 2004.
* ELPAIS.com - BLANCA CÍA - Barcelona - 29/09/2009
Foto: Nueva rotulación de la plaza Lluís Millet realizada por unos desconocidos.- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
Imputados y citados a declarar por el caso Hiconsa el alcalde de Cartaya y el teniente de alcalde
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EUROPAPRESS/Huelva* : El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Ayamonte (Huelva) ha imputado y citado a declarar el próximo 23 de noviembre al alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán (PSOE), y al teniente de alcalde, Miguel Novoa, y al día siguiente al dueño de la empresa Hiconsa, y a un arquitecto de Cartaya, por el caso Hiconsa sobre presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral.
En rueda de prensa, el portavoz de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Cartaya, Miguel Ángel Gea, señaló que la esposa de Novoa declaró el pasado 25 de agosto también en calidad de imputada. La denuncia, según explicó Gea, fue interpuesta al "existir claros indicios de delitos, tales como prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio".
Por su parte, Gea recordó que la oposición ha sido admitida como acusación popular en este caso y que pedirá la declaración como testigos de la arquitecta y el secretario municipal.
Según los denunciantes, la construcción de viviendas en esos terrenos, que miden 21.000 metros cuadrados, comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales.
En lo que se conoce como la valoración del diez por ciento de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por el arquitecto denunciado, quien al parecer trabajaba al mismo tiempo para esa empresa y para el Ayuntamiento. Sin embargo una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estima en 4,4 millones de euros lo que debió pagar Hiconsa.
En este sentido, la oposición pide que la investigación judicial aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones de euros".
DIMISIÓN
El portavoz del PA, Antonio Carro, indicó que espera que tanto el alcalde como el teniente de alcalde tengan "honestidad y presenten su dimisión, ya que esta imputación les incapacita para ocupar cargos públicos o dirigir instituciones", al tiempo que pidió al PSOE que "tome medidas y les aparte de sus responsabilidades públicas".
Por su parte, el concejal no adscrito en el Ayuntamiento cartayero, Juan Polo, apuntó que los dirigentes del PSOE "tendrán que dar una explicación" tras los hechos, a lo que añadió Gea que "ahora quien tiene que hablar es la justicia".
* Europa Press - 28.09.09
Foto: Cartaya (Huelva) - wikipedia.org
Los malos usos urbanísticos agravan los efectos de las lluvias en Murcia
ELMUNDO* : Los problemas de drenaje urbano y la planificación de algunas calles que se revela como deficiente en distintas zonas de Cartagena, Murcia y Mazarrón han agravado los problemas de las cuantiosas lluvias caídas en las últimas horas. Calles que permanecen embalsadas durante largo tiempo, coches atorados en mitad de la vía pública, y ciudadanos inmovilizados por el agua, es el paisaje que dejan las grandes precipitaciones que anegan la Región de Murcia desde hace varios días.
Por suerte, la Agencia Estatal de Meteorología ha reducido hoy el riesgo por importantes precipitaciones al Campo de Cartagena y Mazarrón, según consta en el último boletín de aviso de fenómenos meteorológicos adversos. La AEMET predice que hay una probabilidad del 40 al 70% de que caigan 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en el citado ámbito geográfico hasta las 20 horas.
La Dirección General de Emergencias recomienda a los ciudadanos de los municipios de Cartagena y Mazarrón que usen el transporte público y eviten los desplazamientos en vehículos particulares.
El mal tiempo ha entorpecido en gran medida el desplazamiento de miles de murcianos a sus centros de trabajo o estudio. En las últimas horas han caído hasta 144 litros por metros cuadrado en la ciudad de Cartagena, municipio en el que se han recogido también 124 l/m2 en Perín y 113 l/m2 en la rambla de Benipila.
El director general de Emergencias, Luis Gestoso ha recomendado a instancias de Guardia Civil de Tráfico, evitar el uso del coche en aquellas zonas que se están viendo especialmente afectadas por el temporal de lluvia que azota la Región. Esta recomendación se centra, principalmente, en las áreas del Campo de Cartagena y Mazarrón, debido a que la gran cantidad de agua caída en las últimas horas podría provocar el desbordamiento de varias ramblas, que se encuentran excesivamente cargadas. En cualquier caso y de forma general, se recomienda que en las zonas de lluvia se utilice el vehículo sólo lo imprescindible.
En cuanto al estado concreto de las carreteras, según la Dirección General de Tráfico, se encuentran cerradas al tráfico una decena de carreteras locales y en otras tres, además de en las autopistas principales A-30 y A-7, es preciso circular con precaución.
Además, la inundación de la carretera N-301, a la altura del nudo de Espinardo (Murcia), y un accidente han provocado retenciones de cinco kilómetros en la A-30.
También se han rescatado a primera hora de esta mañana a tres personas que habían quedado a atrapadas en sus vehículos al tratar de vadear, en Cartagena (Murcia), la rambla de Canteras, a la altura del Hospital Naval, así como a varios conductores en Tallante.
* El MUndo - 28.09.09
Foto: google
El ex alcalde de Gójar (PP), citado a declarar como imputado por supuesta falsificación del PGOU
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EUROPAPRESS/Granada* : El ex alcalde de Gójar y diputado provincial del PP, Francisco Javier Maldonado, ha sido a declarar como imputado por el Juzgado de Instrucción nº1 de Granada el próximo 9 de octubre por la supuesta falsificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, por la posible comisión de un delito de falsedad documental y otro de prevaricación.
Los hechos se remontan a una anterior declaración ante el juez del propio Maldonado por una licencia otorgada de forma ilegal, con informe técnico en contra. En el curso de los interrogatorios, el ex alcalde, en "actitud arrogante", dijo que concedió la licencia porque, aunque el PGOU de Gójar -que no estaba aún publicado- no la permitía, se iba a publicar con algunas modificaciones, algo que ya sí posibilitaría que la licencia fuera legal.
Así lo aseguró hoy en rueda de prensa el actual alcalde socialista de Gójar, Pedro Clavero, quien señaló que a raíz de esas declaraciones el juez decidió abrir una investigación por la posible comisión de un delito en la publicación del PGOU del municipio.
"Maldonado se puede sentir orgulloso de representar a la perfección el perfil de la mayoría de los dirigentes político del PP: caminan con la sombra de la corrupción urbanística a sus espaldas, la ilegalidad, la prevaricación, priman los beneficios personales a los intereses generales toda una maraña con un final claro: el PP es el partido de la corrupción", mantuvo por su parte la secretaria de organización del PSOE, Mercedes González.
La dirigente socialista instó al diputado provincial a que explique qué intereses tenía en falsificar un documento ya aprobado como el PGOU y a quién pretendía beneficiar. "Ésta no es la única medalla de la gestión del Maldonado", aseveró González, quien recordó que el ex alcalde "cuenta en su currículum con procesos judiciales aún abiertos como el caso Cavifer", en el que está imputado por posible trato de favor a su hermano, prevaricación, tráfico de influencias y un delito contra la ordenación del territorio.
La dirigente socialista indicó también que el Ayuntamiento de Gójar está pendiente de una respuesta de la justicia tras remitir a la Fiscalía la auditoría realizada sobre el mandato del PP y que detecta irregularidades como la ocultación de facturas por valor de 2,2 millones de euros. "O la reciente investigación del caso Intralia, donde vuelve a haber un agujero contable, con facturas de servicios que no se han realizado", señaló la secretaria de organización.
"El PP vuelve a burlarse de la ley y de los ciudadanos", afirmó la dirigente socialista, quien censuró el "nulo respeto" del PP hacia la justicia y hacia el estado de derecho democrático.
"COMPLICIDAD" DE LA DIRECCIÓN DEL PP
Asimismo, Mercedes González criticó la "complicidad" de la dirección del PP no sólo por no ordenar la dimisión del diputado, sino por arroparlo y no tomar medidas. "Es un modo de proceder habitual, al que nos tiene acostumbrados el PP: premia a sus responsables políticos imputados con cargos como diputados o parlamentarios"
Desde el PSOE, se lamentó igualmente que la secretaria general del PP Luisa García Chamorro comparezca en una rueda de prensa amparando a Maldonado, "pues es consciente de que está siendo cómplice de la ilegalidad". "La dirección del PP debería ordenar la dimisión inmediata de Maldonado como diputado provincial, pues no es digno de representar a la provincia de Granada", concluyó Mercedes González.
* Europa Press - 28.09.09
Foto: Gójar (Granada) - andalucia.org
La jueza pide al TSJB que impute a Nadal y Vicens por Can Domenge
DIARIODEMALLORCA* : La jueza de instrucción nº12 de Palma pidió ayer formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que asuma el caso Can Domenge, la presunta trama de corrupción político empresarial en torno a los solares del mismo nombre, al ver indicios de "prevaricación, falsedad, y malversación de caudales públicos", en la intervención del conseller de Turismo por Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, y del diputado en el grupo mixto del Parlament, Bartomeu Vicens, en la enajenación de dichos terrenos, entre 2005 y 2006 por el anterior Consell de Mallorca.
El Alto Tribunal tendrá que decidir si asume el sumario por el caso Can Domenge, con la consiguiente imputación de los aforados, o si rechaza la solicitud de la magistrada.
Como ya se había adelantado, la jueza decidió ayer elevar a la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB una exposición razonada, dando cuenta de los indicios que ve contra Nadal, que también es edil en Palma y su voto es clave para la continuidad del equipo de gobierno, y Vicens, aforados por su condición de conseller y miembro del Parlament.
A principios de septiembre la instructora dictó un auto donde requería a otros encausados en el sumario de Can Domenge a depositar una fianza de 38,5 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias. Días después rebajó un poco esa cantidad, alegando un error de cálculo. Estos imputados son el hoy presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; los ex ejecutivos de Sacresa, Mario Sanz Bernal y Joan Maria Pujals y el constructor mallorquín Ferrà Tur.
Básicamente, Nadal es sospechoso de haber favorecido, desde su puesto de vicepresidente del anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM con apoyo del Partido Popular, a las empresas Sacresa Terrenos y Promociones y Construcciones Pedro Francisco Ferrà Tur.
Vicens era conseller de Territorio del Consell de Mallorca y Miquel Àngel Flaquer era titular del departamento de Economía y Hacienda en dicha institución. La jueza comparte las tesis de la fiscalía anticorrupción y de la acusación en nombre del empresario catalán, y ex presidente del Barça, José Luis Núñez y Navarro, partidarios de que el caso llegue a juicio.
La jueza sospecha que los inculpados adjudicaron los solares a la UTE Sacresa-Ferrá Tur "por un precio muy inferior al de mercado (60 millones de euros), mediante el artificio de poner (en el concurso) un precio máximo a la enajenación (30 millones)".
de euros)".
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ - 29.09.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
El alcalde de Ronda declarará como imputado por Los Merinos
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LAOPINIÓN/Málaga* : Marín Lara está acusado de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y prevaricación. El alcalde de Ronda (el ex andalucista y actual militante socialista), Antonio Marín Lara, ha sido citado a declarar en calidad de imputado en el caso ´Los Merinos´, que instruye el Juzgado número 1 de Ronda y por el que se intenta averiguar si se pudo cometer alguna ilegalidad a la hora de autorizar este proyecto urbanístico, que contempla la construcción de 800 casas de lujo, dos campos de golf y tres hoteles de lujo, entre otras instalaciones turísticas y residenciales.
Concretamente, será el día 15 de octubre, a las diez de la mañana, cuando el regidor rondeño tenga que dar cuenta del procedimiento que siguió a la hora de autorizar por decreto la licencia urbanística de este macroproyecto.
En febrero de 2007, Izquierda Unida (IU) presentó ante la Fiscalía de Málaga una denuncia contra el alcalde al considerar que podría haber incurrido en un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, por haber aprobado el proyecto urbanístico de Los Merinos "en fraude de Ley", según informó el portavoz municipal de la coalición, Rafael Ruiz.
Una demanda a la que posteriormente se sumó la Junta de Andalucía, que remitió a la Fiscalía de Málaga dos informes sobre los impactos negativos de esta urbanización para que se agregase el delito de presunta prevaricación contra el alcalde a los ya planteados por IU.
En octubre del mismo año, la Fiscalía remitió al juzgado rondeño toda la documentación para que abriese una investigación, que inició seguidamente.
Durante todo este tiempo la juez que dirige el caso ha solicitado información sobre el proyecto de Los Merinos tanto al Ayuntamiento rondeño como a la Junta de Andalucía para cotejar toda la documentación.
En la denuncia planteada por IU, tanto Rafael Ruiz como el coordinador provincial de la coalición, José Antonio Castro, entendían que la actuación del alcalde podría tener un carácter delictivo ya que "se prevé una transformación del suelo mayor a lo permitido y no cuenta con los requisitos medioambientales".
Mientras, Marín siempre ha sostenido en sus distintas declaraciones realizadas en los últimos dos años que ha cumplido "escrupulosamente" la legalidad y lo establecido en el PGOU de 1993, que aún está vigente.
Es más, llegó a decir que si los tribunales le quieren reclamar a alguien "que le reclamen a la Junta de Andalucía, que fue la que aprobó el PGOU, donde ya aparecía este proyecto", al tiempo que matizó sentirse totalmente tranquilo, ya que "todo lo que he hecho es legal".
Ayer, el portavoz de IU afirmó sentirse satisfecho por la decisión de la juez de llamar a declarar al alcalde, ya que "es hora de que se aclare todo lo sucedido con este proyecto, que a nuestro parecer presenta muchas incógnitas y flecos, además de ilegalidades".
El pasado 20 de agosto, Marín también tuvo que acudir a declarar en calidad de imputado al Juzgado número 3 de Ronda por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, por permitir el Ayuntamiento la edificación de una nave agrícola en la Hoya del Tajo, en suelo no urbanizable y de especial protección ambiental.
Los tres juzgados rondeños, así como la Fiscalía de Málaga, están investigando en estos momentos un total de diez actuaciones urbanísticas dentro del término municipal de Ronda, que han sido denunciadas por incumplir la Ley vigente, según han informado Ecologistas en Acción.
* La Opinión de Málaga - BLAS GIL - 29.09.09
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
Piden a Conde Pumpido y a la UE que investigue la permuta de Mestalla
DIARIOCRÍTICO/Valencia* : Cercle Obert de Benicalap ha exigido a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que "continúen urgentemente" las investigaciones emprendidas sobre la permuta de terrenos. Esta entidad señaló hoy, en un comunicado, que lleva a cabo esta petición por la "no perfección" de dicha permuta. Comentó que los directivos del Valencia y responsables del equipo municipal de gobierno "han declarado en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación que los terrenos donde se construye el nuevo Mestalla, siguen siendo de titularidad municipal", dado que no se ha hecho efectivo el cambio de terrenos con la entidad deportiva.
Cercle Obert aseguró también que no entiende las razones esgrimidas por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo, "para archivar las investigaciones" emprendidas antes por la Fiscalía respecto a esta permuta.
En este sentido, el colectivo vecinal afirmó que "no existe permuta y hay numerosas irregularidades en todo el proceso", al tiempo que consideró que con los convenios sucritos entre el Valencia y el Ayuntamiento de Valencia son "perjudicados de manera grave e irreparable todos los ciudadanos valencianos".
"La pérdida de unos terrenos municipales y la construcción de un estadio de fútbol privado, sin que se perfeccione la permuta ni se cumplan los acuerdos y convenios suscritos entre el Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, merecen una rigurosa y eficaz investigación por parte de la Fiscalía y de todas las instituciones implicadas, en aras a velar por el interés general", destacó Cercle Obert.
Esta entidad estima que los vecinos de la zona en la que se construye el nuevo Mestalla -en el barrio de Benicalap- han sido "engañados en reiteradas ocasiones" por los que dicen ser sus representantes, apuntó. "Los terrenos donde se construye el nuevo Mestalla deberían ser destinados a equipamientos públicos deportivos y de ocio, tal y como la propia alcaldesa de Valencia -Rita Barberá- tuvo a bien comprometerse en el programa electoral y en el Plan Director de Instalaciones Deportivas del año 2000", apuntó el colectivo.
En este sentido, sostuvo que "a la gran e histórica carencia de equipamientos que padece la zona, así como a las molestias añadidas que provoca construir un gran estadio en una zona altamente saturada de tráfico y con una enorme densidad de población, se une la falta de diálogo y respeto que manifiestan" los "representantes municipales, empeñados en no defender el interés general y nuestro derecho a vivir en espacios dignos".
Cercle Obert destacó también que "tampoco" le resulta "admisible decir que los votos obtenidos por el PP en Valencia permiten la realización de todo tipo de proyectos" porque "realmente, el alto porcentaje de abstención supera con creces los votos que obtienen" la alcaldesa y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, apuntó.
"La falta de credibilidad del actual sistema político y judicial es visible y crece día a día", estimó la entidad vecinal, que apuntó que no comprende "cómo se puede afirmar que los electores municipales pueden interpretar a su antojo y libre albedrío lo que es legal o no".
Asimismo, manifestó que "la falta de cauces para defender el interés general y combatir presuntos y gravísimos casos de corrupción", le obliga a "solicitar el concurso y la participación de todas las instituciones españolas y europeas en aras a que se proceda a investigar si hay trato de favor por parte del Ayuntamiento de Valencia a la hora de ceder unos terrenos municipales, destinados a la creación de equipamientos deportivos y de ocio públicos a una empresa privada".
Cercle Obert expuso, a este respecto, que "la construcción de un estadio privado, de un hotel y de una zona comercial en unos terrenos municipales es algo inadmisible, dado que no existe permuta ni se han cumplido los acuerdos y convenios suscritos" entre el Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. "Todos los ciudadanos valencianos hemos sido perjudicados y lesionados por la falta de transparencia en un proceso urbanístico, plagado de zonas oscuras e irregularidades", afirmó el colectivo.
* Diario Crítico C. V. - 24.09.09
Más de 200 excursionistas exigen en la Pobla de Benifassà la retirada del PGOU
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LEVANTE/Castelló* : Más de 200 excursionistas pertenecientes al El Centre Excursionista de Castelló, el de Benicàssim, el de les Alqueries, el de Vila-real, Amics de la Serra d'Espadà, el Aula de Natura de Vinaròs y la Associació per la Recuperació de la Tinença reclamaron ayer en Boixar la retirada del PGOU de la Pobla de Benifassà en tramitación ya que, a su juicio, el documento "supone junto al olvido institucional y la mala gestión de los servicios la principal problemática que sufre uno de los territorios más significativos, tanto por su grado de conservación, como por su agreste belleza y espectacularidad, donde muchos montañeros nos hemos encontrado con el territorio ideal para disfrutar del montañismo y la naturaleza salvaje".
Joan Carles Adell miembro de la Associació per la Recuperació de la Tinença, leyó un manifiesto en el día de celebración de la jornada de la de la Muntanya Neta que nace con el impulso y apoyo del Comité de la Naturaleza de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Se trata de una actividad de sensibilización medioambiental sobre la conservación del patrimonio natural y del propio territorio. Según recordaron el PGOU "plantea miles de viviendas por la comarca, la expansión de todos los núcleos urbanos y la creación de urbanizaciones aisladas en espacios protegidos, a lo largo del río Sénia y en lugares con figuras de protección LIC, ZEPA e incluidas en el ámbito del PORN o en zonas peligrosas bajo un embalse".
Los colectivos criticaron "el desastre paisajístico y ambiental" que estas propuestas podrían generar y apostaron por una dinamización de los actuales cascos urbanos "y la redacción de un Plan de Acción Territorial del Paisaje como el que se redacta en la Vall de Gallinera y que plantee un crecimiento sostenible, la ordenación y la gestión del paisaje y la creación de servicios".
A continuación la marcha partió hasta la Pobla de Benifassà por una ruta muy frecuentada en los últimos años por los grupos excursionistas. Allí los autobuses devolvieron a los participantes a sus casas que se llevaron tazas conmemorativas de la jornada.
* Levante-EMV - JOSEP DOMINGO - 28.09.09
Foto: Los participantes en la jornada durante la marcha que realizaron de Boixar a la Pobla. roger blasco, levante-emv.es
Cádiz: Los grandes proyectos olvidados
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DIARIODECÁDIZ* : En una provincia tan necesitada de infraestructuras y determinados servicios como la de Cádiz, la realidad es dura: proyectos que deberían estar ya en funcionamiento no están acabados, en el mejor de los casos, y muchos ni tan siquiera han comenzado. En estas líneas aparecen sólo algunos de esos proyectos, tal vez los más significativos, pero no los únicos.
1. Cádiz. De Puerto América a la Ciudad de la Justicia
A pesar de su reducido tamaño y de la necesidad de equipamientos que tiene la capital, ésta acumula numerosos proyectos cuyo desarrollo se alarga durante años. Hay dos que se acercan peligrosamente a los veinte años. La Ciudad del Mar se ideó para el Mundial de Vela de 1992 pero nunca se término. El esqueleto del edificio, lleno de pintadas, es el mejor ejemplo de la dejación de las administraciones. Ahora la Autoridad Portuaria pretende recuperar la concesión del suelo, en manos del Ayuntamiento. Los mismos años tiene la tercera fase de la ampliación del Museo de Cádiz, aún pendiente. Su conclusión era una de las grandes apuestas culturales de la Junta para el 2012, que no se cumplirá. Otra de las grandes obras que no acaban de iniciarse, pese a su importancia para toda la ciudadanía, es la Ciudad de la Justicia. Se anunció por primera vez en 2001. Ahora la Junta anuncia que la construcción se iniciará en 2010, pero no se da fecha de finalización. Con igual carácter provincial, Cádiz lleva escuchando desde hace años el inminente inicio de las obras del Hospital Regional así como los trabajos del nuevo hotel de lujo en Valcárcel.
2. Jerez. La gran parra que daría sombra al Museo de la ciudad
Una de las bodegas más coquetas de la ciudad, de la familia Valdespino, fue adquirida por el Ayuntamiento en los años en que pacheco era responsable de Urbanismo. Allí tendría que ir el Museo de la Ciudad. El proyecto, del arquitecto Ramón González de la peña, era rompedor, puro minimalismo respetando en su interior el ambiente bodeguero. El proyecto tuvo los parabienes de Europa que, a través de Interreig III transfirió tres millones para su ejecución. Europa ya ha preguntado por el Museo y por los fondos transferidos porque desde hace meses la obra está totalmente parada.
3. El Puerto. La estación de autobuses sigue siendo una marquesina
La estación de autobuses sigue siendo una pobre marquesina junto ala estación de Renfe. Pese a que ADIF cedió sus terrenos y que en cada presupuesto de la Junta hay una pequeña partida para el proyecto, las obras no acaban de empezar. No es un proyecto olvidado, es más bien un proyecto dormido al que la Administración da migajas para dar la sensación de que lo tienen en mente. Lo cierto es que no acaba de arrancar.
4. Chiclana. Estación de autobuses y poblado de Sancti Petri
En Chiclana, uno de los proyectos que más retrasos acumula y que una mayor repercusión tendrá para la ciudad una vez que se desbloquee es la puesta en valor del poblado de Sancti Petri, una iniciativa que comenzó a desarrollarse hace varios lustros, tras la desafectación de los terrenos por parte del Ministerio del Interior, y que aún hoy permanece a la espera de que las administraciones competentes lleven a cabo los trámites necesarios para concretar las actuaciones.
Otra iniciativa con demora es la construcción de la estación de autobuses, un proyecto del que se viene hablando desde mediados de los 90 y que ha pasado ya por multitud de etapas y vaivenes, sin que aún se haya puesto ni tan siquiera la primera piedra. En la actualidad lo único que existe es el apeadero en la Plaza de Andalucía, emplazamiento que carece incluso del equipamiento básico para este tipo de servicios, como una simple marquesina. No menos destacado es el retraso en la construcción de los dos nuevos centros de salud previstos desde hace años en la localidad. Asimismo, el empresariado local y provincial continúa pendientes de que se ponga en marcha el parque industrial de Miralrío. Por último, y aunque la pasada semana la Agencia Andaluza del Agua hizo público su compromiso de impulsar el proyecto, se encuentra la presa contra avenidas, proyecto que debe acabar con el riesgo de inundaciones y que se antoja clave para el desarrollo de viviendas de VPO en la ribera del río.
5. San Fernando. Sigue sin llegar la rehabilitación del Ayuntamiento
Uno de los casos más flagrantes de estos supuestos despistes en San Fernando es la rehabilitación integral del Ayuntamiento. Esta reforma hubiera sido clave en la conmemoración de los fastos del Bicentenario tan sólo dentro de unos meses y, sin embargo, sigue hoy a la espera del visto bueno de la Junta de Andalucía y de resolver su financiación, inasumible para el Consistorio isleño, que tendría que aportar casi nueve millones de euros. En el capítulo medioambiental, la regeneración de la playa de La Casería es una de las intervenciones más necesarias y sin embargo guardadas en el cajón de Demarcación de Costas. Y en el de equipamiento público, la construcción del Palacio de Justicia, que cuenta con consignación presupuestaria, pero la obra sigue sin visos de arrancar, a pesar de que el estado de las instalaciones actuales es deplorable. Por último, la concertación pública integral del hospital de San Carlos, que actualmente sólo tiene abierto al uso civil una decena de especialidades. Es la única ciudad de estas dimensiones que no cuenta con hospital propio en toda Andalucía. Por otro, en la parcela del desarrollo turístico, la liberación de los terrenos militares que ocupan una inmensa cantidad de terreno en Camposoto. Aunque esto, más que un proyecto olvidado, es una realidad denegada.
6. Puerto Real. Un solar para los nuevos juzgados desde 2005
El proyecto de construcción de los nuevos juzgados en Puerto Real sigue todavía constituyendo una iniciativa que permanece en el aire, a pesar de que hace cinco años que se viene hablando de ella y después de varios anuncios realizados desde la Administración autonómica. Ya en el año 2003, el Ayuntamiento puertorrealeño inició el expediente para la cesión de suelo. Tanto en marzo como en junio de 2004, el pleno de la Corporación da forman y aprueba el ofrecimiento del solar destinado para albergar las nuevas instancias judiciales. En abril de 2005, la Consejería de Justicia resuelve aceptar la donación de los terrenos cedidos. Posteriormente, en mayo de 2007, se presenta ante el Ayuntamiento de Puerto Real el proyecto básico de los nuevos juzgados de cara a obtener la licencia de obra necesaria. El Ayuntamiento da el visto bueno y solicita el obligado estudio de seguridad, algo que hasta la fecha no ha sido presentado, ni tampoco el proyecto de ejecución.
7. Campo de Gibraltar. Sin hospitales en Algeciras ni en La Línea
La mayoría de las grandes infraestructuras proyectadas para el Campo de Gibraltar se encuentran paralizadas. En materia sanitaria, las dos principales actuaciones en la comarca acumulan un retraso más que notable. El caso más grave es del hospital materno infantil de Algeciras. La Junta reconoció a principios de este mes que tendrá que iniciar de nuevo el proceso de adjudicación, después de que Begar –la empresa encargada de las obras– haya presentado concurso de acreedores. La consejera de Salud, María Jesús Montero, aseguró durante la presentación del proyecto que las obras comenzarían en la primavera de 2008 y que el hospital entraría en servicio en 2010. Sin embargo, todavía no se ha puesto ni la primera piedra.
La primera piedra del nuevo hospital de La Línea tampoco se ha colocado todavía aunque estaba previsto que las obras se iniciaran este mes de septiembre después de años paralización a causa del retraso del Ayuntamiento a la hora de entregar el suelo a la Junta. Otra obra que debería estar casi acabada y que todavía no ha empezado es la de la Ciudad de la Justicia de Algeciras. La Junta aseguró que los trabajos empezarían a finales de 2007 y que el plazo de ejecución sería de 24 meses.
Respecto a las comunicaciones, las dos principales actuaciones del Gobierno central –la variante de la A-7 y la A-48– siguen enfrascadas en los trámites administrativos. La A-48 entre Vejer y Algeciras está pendiente de la declaración de impacto ambiental. El Gobierno central auguró que, en el mejor de los casos, la autovía estaría finalizada en 2016.
8. La Sierra. La planta de biodiesel en la azucarera de Jédula
Cuando cerró la azucarera de Jédula por la crisis remolachera se intentaron apaciguar los ánimos hablando de un gran planta de biodiesel, donde iría a parar el cultivo. Contaba con todos los parabienes de la Administración y de Ebro. Desde que se presentó el proyecto, nunca más se supo de lo que iba a ser una de las grandes innovaciones tecnológicas de la provincia. Ebro Puleva renunció a la construcción porque, revisados los objetivos de la UE, se observó que la rentabilidad no alcanzaba los objetivos iniciales. Ebro apostó definitivamente por la planta de Babilafuente (Salamanca).
* Diario de Cádiz - F.R. - 28.09.09
Foto: San Fernando (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Xàbia: Los vecinos critican al Arzobispado por resistirse a ceder la iglesia fortaleza
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INFORMACIÓN/Alicante* : Censuran el afán de la diócesis por engrosar su patrimonio a costa del municipal y denuncian el intento de quitarles su bien más emblemático. A Dios lo que es de Dios y a Xàbia lo que es de Xàbia". La frase la acuñó ayer un vecino que, como otros muchos, se declara indignado por el intento del Arzobispado de Valencia de apropiarse de la iglesia fortaleza de Sant Bertomeu de Xàbia.
Los vecinos criticaban ayer abiertamente a la diócesis por registrar a su nombre el templo, cuya titularidad municipal está más que acreditada por referencias históricas y al aparecer como bien del Ayuntamiento en todos los inventarios hasta 1960. Calificaron de "expolio" y "robo" la pretensión del Arzobispado de hacerse con la propiedad de la iglesia gótica.
Con todo, expresar opiniones contrarias al clero todavía se le hace cuesta arriba a muchos xabiencs que, aunque censuraron la forma de actuar de la diócesis de Valencia, prefirieron mantenerse en el anonimato.
Pero sí los hay que dan la cara. Alberto Santamera, que es natural de León, pero tiene casa en Xàbia desde hace 35 años, es uno de ellos. "He visto evolucionar este pueblo y ahora nos quedan cuatro monumentos emblemáticos, la iglesia, el mercado, el museo Soler Blasco y alguna casa histórica. Con lo que le ha costado a este pueblo conservar ese patrimonio, no tiene sentido que ahora se lo quiten. Que la iglesia quiera engrosar sus bienes a costa de arrebatar el patrimonio histórico y artístico de Xàbia es excesivo", dijo. Mientras, Vicente Chulià señaló que "la iglesia, sea de quien sea, seguirá siendo del pueblo porque la hizo el pueblo".
* Información - A. P. F. - 26.09.09
Foto: Un turista fotografiaba ayer la portada gótica de la iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia - tino calvo, diarioinformacion.com
Las 11.000 viviendas ilegales
EMILIO RUÍZ/Almería* : Parece que el recuento ya está hecho: Son 11.000 las viviendas construidas al margen de la ordenación urbanística en ese espacio de terreno provincial comprendido entre el mar Mediterráneo y la inmensa parábola que delimitarían los términos municipales de Carboneras, Lubrín, Albox, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora. Dentro de la parábola, un montón de pueblos.
La mancha de construcciones ilegales, por ahora, ha dejado de extenderse. ¿La razón? Puede ser por la crisis inmobiliaria, pero también puede ser –más bien es- porque la mayoría de los alcaldes le han visto las orejas al lobo y no quieren jugarse el pellejo ahora, vistas como están las cosas, tomando decisiones que pueden bordear la legalidad, cuando no incumplirla lisa y llanamente.
El “escarmiento” ante tal desaguisado urbanístico se resume, si es que no aparece nada nuevo, en un concejal/diputado provincial del PSOE imputado y dimitido o cesado (de Lubrín), un alcalde/diputado provincial del PP imputado por la Fiscalía (de Sorbas), en una Corporación entera (PA, PP y PSOE) imputada en la llamada “Operación Costurero” (Zurgena) y en un derribo de una vivienda en Vera (ayuntamiento del PA).
Conclusiones personales: a) Hace el ridículo quien se escude en una persecución política, de uno u otro signo, pues vemos cómo en el Juzgado se juntan todas las siglas, b) Un derribo por ilegalidad ante 11.000 ilegalidades suena a aviso a navegantes más que a inicio de un amplio plan de derribos, c) Unos poquísimos cargos públicos pueden pagar los platos rotos propios y también los ajenos, lo que no deja de ser una cruel injusticia, y d) Este tema no se resuelve en los juzgados sino en los despachos políticos.
Y estoy llegando a otra conclusión aún más notable: Tras leer la transcripción de las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía y buena parte del sumario presiento –es la presunción de un lego en Derecho, claro- que la “Operación Costurero” se va a disolver como un azucarillo por falta de consistencia para imputar penalmente a nadie. No se ve en este caso de Zurgena algo muy distinto de lo que se ha visto en los demás pueblos. También, aquí, la solución va a tener que ser más política que judicial.
www.emilioruiz.es
* Teleprensa - Opinión - 27.09.09
Foto: Albox (Almería), zona viviendas ilegales - teleprensa.net
Una cincuentena de activistas 'invaden' el hotel 'vela' para pedir su demolición
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Varias entidades vecinales presentarán mañana una demanda para pedir el derribo. Una cincuentena de activistas entraron hoy en el Hotel W de Barcelona, más conocido como hotel Vela por la forma de su silueta, para protestar por la construcción de este edificio, que es ilegal en su opinión.
Los hechos tuvieron lugar durante una protesta por "tierra, mar y aire" en la playa de Sant Sebastià de Barcelona para pedir la demolición del hotel convocada por los vecinos del barrio donde se sitúa este edificio, la Barceloneta. A esta protesta Acudieron unas 1.000 personas, según la organización, cifra que la Guardia Urbana situó en una sesentena de personas.
El hotel está situado frente al mar, en el muelle de Llevant del puerto, a escasos 20 metros de la costa, "cuando la Ley de costas establece una distancia mínima de 100 metros" aseguró una de las portavoces de los convocantes, Gala Pin.
Pancartas y globos
Para protestar por la construcción de este hotel, se simuló una invasión del hotel por tierra y aire mediante pancartas y globos, y por mar, con la acción de varios nadadores y surfistas que lucieron la pancarta Bomba al Hotel Vela.
Gala Pin lamentó también que el terreno que ocupa se haya privatizado argumentando que es un equipamiento para la ciudad. "Un hotel no es un servicio, y menos si es de lujo", añadió. Por ello, varias entidades vecinales presentarán mañana un contencioso administrativo con la esperanza de que el edificio sea derribado.
El hotel tiene ya entre 250 y 275 habitaciones reservadas de cara a su apertura el próximo domingo, lo que supone una ocupación de más de la mitad de sus 473 habitaciones, 67 de las cuales serán suites.
* El Periódico - E. P. - 27.09.09
Foto: Activistas contrarios al Hotel W de Barcelona -más conocido como Vela- han mostrado pancartas en contra del edificio desde el espigón. Foto: ACN / MARC COLOMER
Madrid: Un informe señala que la política de vivienda en la región perjudica la integración de inmigrantes
EUROPAPRESS* : La política de vivienda pública desarrollada en la actualidad en la región perjudica la integración residencial de la población extranjera y puede generar guetos en unos 15 años, según se desprende sobre el estudio 'Políticas públicas y segregación residencial de la población extranjera en la Comunidad de Madrid' de la Fundación Alternativas.
El responsable del informe, Alfonso Echazarra, achaca estas conclusiones a la "insuficiente" inversión en vivienda protegida pública y a los requisitos exigidos por el Gobierno regional y los ayuntamientos, "que no garantizan la prioridad de los grupos más necesitados y no contribuye a una distribución homogénea de esta población". Respecto a la política urbanística, el trabajo apunta que el modelo de ciudad "descongestionado", presente en los municipios de rentas medias-altas, está "negativamente asociado" con la presencia de las nacionalidades más desfavorecidas.
Los inmigrantes de la Comunidad han pasado en poco más de una década de significar el 2 por ciento de la población a convertirse en el 15 por ciento, con un millón de inmigrantes de 27 nacionalidades que tiene más de 5.000 miembros. "A pesar de que algunos académicos insisten en la creciente heterogeneidad del colectivo inmigrante, lo cierto es que en Madrid se aprecia más bien una concentración progresiva en las nacionalidades de América del Sur y Europa del Este y, concretamente, de ecuatorianos y rumanos", apuntó Echazarra.
Una tendencia que prevé que no disminuirá debido al fuerte crecimiento de los nuevos migrantes procedentes de Europa del Este, al efecto multiplicador de las redes sociales y a los procesos de reagrupación familiar.
Si bien hay un equilibrio de la población inmigrante en razón de género, tiene una media de edad media más joven que la española, de unos 30 años, es decir, en edades laborales activas y fértiles. Siguiendo el estudio, tienen elevadas tasas de empleo, destacada inestabilidad laboral, alta concentración en los sectores de la construcción, servicio doméstico y restauración, bajos ingresos medios y con una fuerte dependencia de las redes sociales a la hora de encontrar empleo.
Respecto a la vivienda, predomina el alquiler directo (48,7 por ciento) o el subarriendo (29,1), mientras que en la población española prevalece el régimen de propiedad (82 por ciento). En segundo lugar, el tamaño medio de las viviendas es significativamente entre los inmigrantes, con 71 metros cuadrados de media, y los españoles, con 90. Por último, el número medio de personas por vivienda (4,4) es sensiblemente superior a la media española (2,9).
Los resultados del informe indican que la distribución residencial de los extranjeros no se produce de forma aleatoria, sino que sigue unas pautas definidas. El más importante es la renta, ya que los municipios y distritos con mayores rentas son los que menos población censada tienen.
EXPOSICIÓN DE EXTRANJEROS A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
El estudio también analiza diferentes variables para conocer la concentración de la población inmigrante por nacionalidad y su exposición o mezcla con la española. Así, las nacionalidades más concentradas entre sí en la región son la bangladeshí, seguida de la ecuatoriana y la rumana, mientras que la menos son la cubana, la portuguesa y la argentina. En el segundo baremo, las nacionalidades asiáticas y africanas son las menos expuestas a la población española son las chinas y las ecuatorianas y las menos las europeas.
Por distribución en el territorio, las nacionalidades asiáticas y son las americanas las que más tienden a localizarse en el centro urbano, mientras que los marroquíes y rumanos viven más lejos del mismo.
Como conclusión, Echazarra subrayó que durante el periodo 2000-2007 el aislamiento residencial de los extranjeros en la Comunidad no sólo ha aumentado, "sino que lo ha hecho a un ritmo mayor del que cabría esperar por su crecimiento poblacional". Asimismo, resalta diferencias notables entre nacionalidades, ya que las más privilegiadas muestran una segregación residencial desdeñable, similar a la población española, mientras que las menos privilegiadas --entre las que se encuentran las asiáticas, las africanas y las andinas-- presentan una segregación residencial significativa.
DETERMINANTES DE LA SEGREGACIÓN
El autor del estudio destaca el papel de los poderes públicos para integrar a las minorías y la responsabilidad de agentes privados como propietarios, instituciones financieras, agencias inmobiliarias y los propios vecinos para todo los contrario.
Como ejemplo, citó que a principios de los años 90, el Gobierno regional reubicó a 230 familias de origen gitano en el barrio de Moratalaz. Este tipo de medidas, según Echazarra, pueden tener en común la reacción negativa de los miembros más afectados de los grupos mayoritarios en forma de protestas, violencia y, en algunos casos, huída del barrio.
Además, en este caso concreto, afirmó que los gitanos han podido contribuir a "disuadir" la llegada de inmigrantes a la zona, ya que barrios con el mismo nivel socioeconómico acogen muchos más extranjeros que Moratalaz. "Por alguna razón, es inimaginable que este realojo se hubiera producido en los distritos de Salamanca o Chamartín o en municipios con abundante suelo edificable, como Pozuelo o Las Rozas".
POLÍTICA PÚBLICA DE LA VIVIENDA
El autor del estudio cree que las viviendas públicas son insuficientes y que la reglamentación de los requisitos de la renta que se piden para acceder a uno de esos pisos "genera bastantes dudas en cuenta a sus fines redistributivos". En primer lugar, considera que sólo tiene en cuanta las rentas actuales y no las potenciales, por lo que buena parte de los candidatos que cumplen las condiciones al inicio las incumplen una vez que las viviendas son entregadas. En segundo lugar, asegura que este requisito no garantiza que las personas más necesitadas tengan preferencia, "sólo evita el acceso de las más privilegiadas". "Además, los precios de la vivienda pública no gozan de la suficiente subvención como para que los grupos más desprotegidos puedan acceder a ella", agregó.
Echazarra criticó, especialmente, que la Ley no impide que los municipios exijan requisitos adicionales en sus promociones, en incluso en algunas que dependen del Gobierno regional, como es el caso del periodo mínimo de residencia o de trabajo. "Desde el punto de vista democrático, este requisito podría considerarse como una política dirigida a satisfacer las preferencias de los electorados municipales", añadió.
Asimismo, el responsable del informe incide en que los municipios de mayores rentas, como Majadahonda y Pozuelo, imponen requisitos que llegan hasta los diez años de residencia en el municipio. "Las consecuencias de estas condiciones para la segregación residencial de los extranjeros son significativas, impidiendo la entrada de poblaciones desfavorecidas y ajenas al municipio", indicó.
PROPUESTAS DE MEJORA
En línea con los resultados de este trabajo, el autor propone introducir la renta como variable informadora para acceder a una vivienda de protección pública, eliminar el requisito legal para acceder a los sorteos, establecer la residencia legal como único requisito referido al estatus legal.
Asimismo, propone que se implante un sistema global, a nivel regional o nacional capaz de informar de forma automática sobre las posibilidades de construcción en un terreno determinado, con el fin de evitar sesgos localistas y prácticas corruptas; así como eliminar la competencia municipal tanto de vivienda pública como de política urbanística.
Como nota de atención, también señala que hay barrios madrileños donde conviven un porcentaje muy elevado de inmigrantes con población muy envejecida. "Si no se atrae a estas zonas población joven, en unos años pueden crearse guetos, como ha pasado en otros países europeos", concluyó el autor del informe.
* Europa Press- 26.09.09
Foto: Comunidad Madrid - turismadrid.free.fr
Gijón acumula nueve sentencias que anulan el PGOU
ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento tiene ya en su haber diez sentencias que anulan el vigente PGOU. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado otras nueve resoluciones que declaran «contrarios a Derecho» los acuerdos plenarios que dieron validez al documento que marca las directrices del crecimiento urbanístico de la ciudad y se suman así al primer varapalo judicial emitido el 15 de julio.
En este caso los recursos estimados por el alto tribunal asturiano corresponden al Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y a ocho particulares, uno de ellos una vecina de Deva afectada por el controvertido plan parcial de Cabueñes.
La nueva remesa de fallos judiciales utiliza como base jurisprudencial la argumentación de la primera sentencia de julio «por razones de igualdad y seguridad jurídica». Así, se vuelve a poner de relieve que «se ha encubierto una genuina operación de revisión del Plan General bajo un indebido supuesto de modificación puntual». Los diferentes ponentes del TSJA señalan también que la adaptación del PGOU gijonés a la Ley del Suelo del Principado va mucho más allá y conlleva, en la práctica, «una reconfiguración del modelo territorial». denominado por la propia Administración como 'urbs in rure' (ciudad en el campo), cuyo factor más novedoso es el salto de la ronda Sur.
Al hilo de todo lo anterior, las nuevas resoluciones inciden de nuevo en lo incorrecto del procedimiento seguido para actualizar el Plan General y dar suficiente cabida a la participación ciudadana. En concreto, se habla de «deficiente periodo de información pública anterior a la aprobación inicial, la falta de documentos esenciales (entre ellos la evaluación de impacto ambiental) y el deficiente estudio económico y financiero como consecuencia de la inadecuada tramitación de la adaptación como una modificación».
El equipo de gobierno municipal acogió ayer con aparente tranquilidad estos nuevos reveses judiciales. El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, fue ayer el encargado de valorar la creciente acumulación de fallos en contra del Plan Teixidor. El edil aseguró que la doctrina jurídica del TSJA está siendo la misma en las sentencias que ha notificado al Ayuntamiento como parte demandada desde el mes de julio. «Se invalida la tramitación por un error procedimental, pero no se anula el contenido», remarcó.
Sanjurjo también puso de relieve que las estimaciones de los recursos contencioso-administrativos por parte del alto tribunal asturiano no satisfacen, en ningún caso, las pretensiones de los demandantes en términos particulares sobre la calificación del suelo que deberían tener sus fincas. En su opinión, los criterios se mantienen fallo tras fallo, ya que el tribunal considera «irrelevantes» los motivos particulares de la demanda al dirimirse un documento de interés general como es el PGOU Además, a su juicio, las resoluciones judiciales dejan claro que «la determinación de la calificación del suelo es competencia de la Administración municipal y no de los órganos judiciales».
Estrategia sin cambios
La estrategia del Ayuntamiento no variará a pesar del aluvión de sentencias en su contra. Anunció que todos los fallos que vayan llegando se recurrirán en casación ante el Supremo y, en paralelo, se iniciará «a la mayor brevedad el trámite de revisión del PGOU para darle garantía jurídica a la normativa urbanística». El concejal explicó que de las 75 demandas interpuestas contra el Plan Teixidor, a día de hoy diez recursos fueron ya estimados, 25 se desestimaron, 16 están admitidos a trámite y 21 más están pendientes de resolución. Otros cinco recursos concluyeron por desestimiento, archivo o caducidad.
El PP de Gijón, a través de su presidenta Pilar Fernández Pardo, volvió a reclamar ayer la asunción de responsabilidades políticas , ya que, a su juicio, los nuevos varapalos judiciales dejan al gobierno de Paz Fernández Felgueroso en «una situación insostenible».
«La reiteración del criterio judicial sobre la ilegalidad del PGOU supone que estamos ya ante una verdadera doctrina de los tribunales, que ratifica la actuación fuera de la ley en materia de Urbanismo por parte de quien rige el Ayuntamiento, y ello, no por razones de forma, sino por vulnera normas con rango de ley en los ámbitos urbanístico, medioambiental y de procedimiento administrativo general», concluyó Pardo.
* El Comercio Digital - M. MORO - 27.09.09
Foto: Gijón - elportaldelosbarcos.es
Marbella: Una orden de derribo pesa sobre 44 viviendas habitadas que legaliza el PGOU
SUR* : Urbanismo aprobó en julio la resolución al no ajustarse el edificio al planeamiento. El retraso en las previsiones para la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, cuyo visto bueno definitivo no llegará antes de diciembre, ha supuesto una ingrata noticia para el bloque 4 de la avenida de Las Albarizas.
Los propietarios de las 44 viviendas habitadas que alberga este edificio aguardan con ansiedad que la Junta de Andalucía otorgue la bendición final al nuevo documento, que prevé regularizar la situación de ilegalidad del inmueble. El tiempo juega en su contra, dado que desde el pasado julio pende sobre la construcción una orden de demolición dictada por el Ayuntamiento.
El decreto firmado por la ex delegada municipal de Urbanismo, Alba Echeverría, en una de sus últimas actuaciones al frente de esta concejalía, establece que el bloque resulta incompatible con el planeamiento urbanístico vigente, por lo que ordena iniciar el procedimiento para la reposición de la realidad física alterada. Es decir, el derribo de los 44 inmuebles.
Proyecto de derribo
La resolución establece que, según dispone la normativa, la empresa propietaria del inmueble, en este caso la comunidad de bienes Monteazul, deberá presentar en el plazo de dos meses un proyecto de demolición. El plazo expiró el pasado martes. El expediente, al que ha tenido acceso este periódico, señala que el proyecto de ejecución del edificio carecía de aprobación, por lo que la licencia de obras «no se puede considerar ejecutiva».
Destaca además que los terrenos sobre los que se levanta el conjunto residencial están catalogados en el actual PGOU de 1986 como suelo urbanizable no programado para uso industrial. Dicha calificación, según el informe, permite autorizar únicamente las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos, así como actuaciones de interés general cuando concurran supuestos de utilidad pública e interés social. El expediente concluye que la edificación de 44 viviendas no se encuentra entre estos supuestos.
Cesión de suelos
El nuevo Plan, sin embargo, incluye el inmueble en el proceso de normalización por medio de compensaciones por el que se legalizarán cerca de 17.000 viviendas irregulares en el municipio. El documento recoge que la comunidad de bienes deberá llevar a cabo una aportación de suelos, dotaciones con una superficie que supera los 11.000 metros cuadrados, lo que supone más de un 36 por ciento de la construcción. Los terrenos que Monteazul deberá adquirir y ceder al Ayuntamiento de Marbella se encuentran ubicados al norte de la promoción inmobiliaria, próximos a la autovía A-7.
El decreto municipal establece que el proyecto de demolición que debe presentar la propietaria debe estar suscrito por un técnico y disponer las medidas de seguridad para proceder al derribo. Una vez presentado el expediente, el Ayuntamiento debe otorgar la licencia para acometer la actuación. En el supuesto de que Monteazul no acate la resolución, se puede proceder a la demolición subsidiaria por parte de la Administración local, aunque la ley establece un plazo máximo de un año antes de que el Consistorio pueda acometer esta actuación. La aprobación definitiva del nuevo PGOU por parte de la Junta de Andalucía supuestamente debe llegar mucho antes.
* SUR - 27.09.09 -HUGO SIMÓN
Foto: El nuevo Plan regulariza las viviendas./ JOSELE-LANZA, diariosur.es
La Ley de la Cañada Real Galiana podría esconder una gran operación urbanística
Diferentes profesionales han participado en el informe que Ecologistas en Acción* ha elaborado sobre el anteproyecto de Ley de la Cañada Real Galiana. El nuevo texto podría encubrir una gran operación urbanística. Por ello, agiliza el trámite de reclasificación y elimina todo tipo de control público y social en los procedimientos de desafectación y enajenación del suelo de la vía pecuaria. La organización, solicita a los grupos parlamentarios y a los sindicatos que no apoyen esta “Ley trampa”.
Geógrafos, biólogos, urbanistas y juristas, miembros de Ecologistas en Acción, han participado en la elaboración del informe sobre el anteproyecto de Ley para desafectar (eliminar) 14,2 Km. de la Cañada Real Galiana (a su paso por los municipios de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y los distritos de Vicálvaro y Vallecas, en Madrid). Las conclusiones son demoledoras. La nueva Ley es una trampa, no aporta ni un solo euro para resolver la compleja realidad social. Sin embargo, favorecerá operaciones inmobiliarias que marginarán, nuevamente a los más desfavorecidos.
La nueva Ley permite la reclasificación de 1.068.124 m2 de suelo, o lo que es lo mismo 107 hectáreas. Una superficie prácticamente igual a la del parque de El Retiro madrileño (116 hectáreas). Este suelo, hasta ahora dominio público (clasificado como suelo no urbanizable de protección por la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid) y propiedad de la Comunidad de Madrid, podrá ser reclasificado. Pero además, la Comunidad de Madrid, podrá cederlo, permutarlo (cambiarlo por otro), enajenarlo (venderlo), etc a cualquiera, sin ser obligatorio que los receptores sean los Ayuntamientos.
Por otra parte, el anteproyecto agiliza el procedimiento de reclasificación del suelo al permitir el cambio de clase de suelo por simple modificación del Plan General vigente, en lugar de tener que revisar todo el planeamiento como establece la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Otra cuestión muy grave es la eliminación de todos los mecanismos de control público y social de los procedimientos de desafectación y enajenación del suelo. Así se elimina el periodo de un mes de información público necesario en toda desafectación, se eliminan los informes preceptivos del Patronato de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, incluso la obligación de informar a la Asamblea de Madrid, o la autorización que el Consejo de Gobierno tiene que dar a toda enajenación de los suelos desafectados de las vías pecuarias.
La nueva Ley, por tanto, crea un procedimiento paralelo a los ya existentes para que la actuación pretendida escape a cualquier control público y social. Sin duda este nuevo mecanismo favorece el oscurantismo sobre cualquier actuación en la Cañada Real Galiana.
Por ello, resulta harto complejo creer que la nueva Ley vaya a resolver ningún problema social. Muy al contrario, las nuevas expectativas inmobiliarias que crea la Ley, generará tensiones entre los habitantes actuales con más medios y el resto. Muy posiblemente la población más marginal acabe expulsada del tramo afectado por la Ley y se asiente en otras zonas de la Cañada Real Galiana, actualmente no ocupadas, esperando tal vez, que en un futuro próximo ellos corran la misma suerte que sus vecinos.
Ecologistas en Acción ha solicitado a los grupos parlamentarios, sindicatos y ayuntamientos que no apoyen esta Ley.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 24.09.09
Santander: Denuncia en la Fiscalía contra el parking de Mendicouague
ELDIARIOMONTAÑÉS* : La asociación cívico vecinal Parque Mendicouague registró ayer en la Fiscalía Superior de Cantabria una denuncia para que se investiguen posibles delitos en la adjudicación y la tramitación de la concesión para el aparcamiento subterráneo. En el escrito, los vecinos solicitan además la adopción de medidas cautelares, en concreto la suspensión de las licencias o autorizaciones que se puedan haber concedido.
Un representante de los vecinos intervino en el pleno del jueves y el concejal de Obras, César Díaz, le dio respuesta a su petición de información, de la que no quedó satisfecho.
Uso de los terrenos
Ante la Fiscalía, los vecinos de Mendicouague piden que se requiera al Ayuntamiento un informe jurídico municipal sobre la legalidad del cambio de uso de los terrenos. Y es que, según dicen, la escritura de cesión de los terrenos establecía unas limitaciones de uso y señalaba que la cesión era para destinarlos como parque público.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía, la asociación solicita que se investiguen varios aspectos relacionados con el proyecto, tanto en lo que respecta a su tramitación administrativa, como a los riesgos que puede llevar aparejados, como que las obras pueden suponer para las edificaciones próximas, así como del peligro derivado de la contaminación del suelo, en concreto por metales pesados -principalmente cromo y mercurio-, ya que el terreno fue en el pasado la ubicación de una fábrica de curtidos.
Asimismo, el colectivo de vecinos contrarios al aparcamiento denuncia que no se les ha permitido acceder al expediente completo y critica que sus alegaciones a la licencia de apertura fueron contestadas «con pretextos formales, sin dar respuesta a lo planteado» y generándoles así una situación de indefensión.
La tramitación
En cuanto a la tramitación, la asociación pide a la Fiscalía que investigue la posible incompatibilidad del alcalde, Íñigo de la Serna, y de otros miembros de la Corporación, para participar en la tramitación de los expedientes por su vinculación laboral con la empresa APIA XXI, hecho este que ambos han negado. En el pleno del jueves el concejal Díaz indicó que «no hay ninguna relación laboral de ningún miembro de este Gobierno municipal con esa empresa».
Los vecinos incluyen como argumentos de su denuncia ante la Fiscalía un «desfase presupuestario» en la adjudicación, falta de informes jurídicos preceptivos de los servicios municipales, concesión de la licencia de instalación a nombre de una empresa diferente a la adjudicataria y la contratación de una firma de ingenieros para prestar auxilio técnico cuando ya estaba adjudicada la redacción del proyecto.
* El Diario Montañés - E. P. -26.09.09
Foto: Vista del parque de Mendicouague. / SÉ QUINTANA, eldiariomontanes.es
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas pedirá a Europa que retire los fondos a España por los "abusos"
EUROPAPRESS* : La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas pedirá al presidente del Parlamento Europeo y al de la Comisión de Peticiones que retire los fondos a España por mantener los "abusos" en las costas y "desoir" el 'informe Auken'. Así lo indicó hoy en declaraciones a Europa Press el portavoz y abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, tras celebrar una asamblea directiva en un hotel del Saler (Valencia).
Al respecto, Ortega explicó que la plataforma ha decidido dirigirse por escrito a Europa para pedir la supresión de fondos estructurales a España ya que "no cumple con lo que contempla el 'informe Auken', que le condena por abuso de la ley de costas y por otros abusos urbanísticos".
El portavoz indicó que el Gobierno central, a través del secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le comunicó a un miembro de la plataforma que el informe europeo "no decía nada de abusos en España", así que "negaba lo evidente", dijo.
Además, "en lugar de hacer caso al Parlamento Europeo", el Ejecutivo "endureció más la situación por un procedimiento turbio, el de denegar el acceso a expedientes de deslindes". En este sentido, Ortega señaló que, asimismo, cuando el deslinde está en marcha, "tampoco lo dejan ver, porque dicen que afecta a la intimidad de las personas, algo que no tiene sentido, porque el domicilio de éstas se puede ver en internet o en las páginas amarillas".
Ante esta situación, los miembros de la plataforma decidieron dirigirse al Parlamento Europeo y pedir que haga ejecutiva la posibilidad recogida en el 'informe Auken' de retirar los fondos a España porque "no está cumpliendo con el urbanismo".
* EuropaPress - 26.09.09
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
El TSJ impide en Lliria que la firma de los Cotino edifique más de 2.000 chalés
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado finalmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Lliria y la mercantil Residencial La Maimona, de la que forman parte Bancaixa Habitat y Sedesa, la empresa de la familia Cotino, contra la ejecución provisional de la sentencia que obligó a la citada mercantil a paralizar las obras de urbanización del proyecto que preve la construcción de más de 2.000 viviendas de lujo y un campo de golf en Lliria.
Un auto de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desestima los recursos de súplica interpuestos por la Generalitat-alineada con las promotoras-la Residencial La Maimona y el Ayuntamiento de Lliria en los que pedían la no ejecución de la sentencia del TSJCV 325/9, de 9 de marzo de 2009 que estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lliria de 19 de enero de 2006 por el que se aprobó y adjudicó por gestión indirecta del Coto Catalá a la sociedad formada por Sedesa y Bancaixa Habitat (Residencial La Maimona).
La resolución es ahora firme y no cabe recurso alguno, ni siquiera ante el Tribunal Supremo.
El recurso que provocó la sentencia fue presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico "Tos Pelat", formada por propietarios de viviendas - "ilegales", según el Ayuntamiento de Lliria- existentes en la zona y por el grupo ecologista Centro de Acuicultura Experimental (CAE).
La citada sentencia no entra a discernir sobre la legalidad de la reclasificación que permitió convertir en "urbanizable residencial" unos terrenos que eran de "protección forestal" ni el resto de presuntas irregularidades denunciadas, pero sí aplica la doctrina del Tribunal Supremo fijada por sentencia de 6 de junio de 2007 y otras por la que establece que resulta de aplicación a la figura de Agente Urbanizador prevista en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) bajo la que se tramitó el desarrollo urbanístico del Coto Catalá, la normativa estatal y la europea sobre Contratos Públicos.
La actuación urbanística afecta a 2.207.204 metros cuadrados para construir 2.207 viviendas, club social y un campo de golf de 18 hoyos con una superficie próxima los 600.000 metros cuadrados.
* Levante-EMV - JOSÉ SIERRA - 26.09.09
Foto: Inicio de las obras en el Coto Catalá que actualmente están paralizadas por orden judicial . levante-emv
De las corrupciones y los robos
FRANCISCO DE PAULA DE LA TORRE GARCÍA Y ALFREDO OLMEDO PEÑARANDA* : Las conductas actualmente calificadas de corrupción urbanística son hijas legítimas de un actuar administrativo perverso, contaminado por luchas partidistas y por un clientelismo servil hacia los centros de decisión, que confunde el ejercicio de los derechos con el otorgamiento de prebendas y bulas, consumando así, en un mismo acto, la permuta del reinado del principio de legalidad, por el imperio del principio de oportunidad.
No hace tanto, la conducta consistente en apropiarse de lo ajeno era denominada, genéricamente, como robo, hurto, atraco o apropiación indebida (todos ellos con sus distintas variedades), según las características del hecho concreto y de las circunstancias que lo acompañaran. Y se tenía a bien aplicar estos conceptos, por igual, a cualquiera que practicase tan antiguo arte, con independencia de su adscripción social o política, o del carácter público o privado del ámbito en que el hecho acaeciera.
Hoy, por el contrario, asistimos a una mutación semántica, no ajena a la labor de la prensa, según la cual la acción consistente en la apropiación indebida de una cantidad de dinero, a cambio de firmar o no firmar éste o aquél documento relativo a la actividad urbanística municipal, viene a denominarse corrupción urbanística, y no, como debiera, robo, hurto, atraco, soborno, etc...
La distinción conceptual no es baladí. Tanto los medios serios como los circos mediáticos que se generan alrededor de estos ladrones, se refieren a ellos como protagonistas de la corrupción urbanística, en un inconsciente ejercicio que desvía el disparo de la diana.
Se caracteriza el urbanismo por ser una actividad compleja en la que necesariamente han de actuar de manera coordinada distintas administraciones públicas. La actuación unilateral de cualquiera de ellas no podrá conseguir la transformación jurídica y material del suelo perseguida por dicha actividad. El planeamiento no puede ser aprobado sin la participación de la Administración autonómica y local, y en caso de imposibilidad de acuerdo o consenso, serán los tribunales los que de acuerdo con la legislación vigente decidan en última instancia. De la misma forma no puede otorgarse licencia urbanística sin planeamiento previo, so pena de la aplicación de los mecanismos de control e instrumentos de tutela con que las normas urbanísticas dotan a municipios y comunidades autónomas desde hace décadas, y que éstas pueden hacer valer en vía administrativa y en el orden jurisdiccional (sirva como ejemplo la actuación de la gestora y de la Junta de Andalucía en el caso de Marbella).
La complejidad del sistema impide que una conducta concreta del individuo o individuos que ocupan un determinado cargo público en una determinada institución pueda producir, por sí sólo, un despropósito urbanístico de tal magnitud como el que vive la Provincia de Málaga.
La corrupción urbanística precisa de un actuar conjunto y sistematizado de aquellos operadores urbanísticos con poder suficiente para adoptar decisiones relativas a la transformación jurídica y material del suelo, hasta convertirlo en solar con una adscripción de edificabilidad determinada y con unas plusvalías económicas concretas. O bien, para dotarlo de aquellos sistemas de protección que impidan la degradación de una serie de valores que por su importancia ambiental, histórica o cultural merecen ser conservados para beneficio social.
Los operadores urbanísticos intervinientes en la tramitación de cualquier instrumento de planeamiento o desarrollo del planeamiento son multidisciplinares, y se ubican en una pluralidad de administraciones, organismos y entes públicos que suponen otros tantos controles del instrumento urbanístico en cuestión. Las delegaciones provinciales de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, de Medio Ambiente, de Cultura, de Agricultura, organismos de cuenca, carreteras y un largo etcétera, amén de la propia Administración local, intervienen de una u otra forma en la aprobación, gestión y ejecución de cualquier instrumento urbanístico.
Por si lo anterior no bastara, también existe la comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, donde tienen cabida representantes de la Administración central, autonómica y local y que conoce de cualquier actuación de cierta relevancia que afecte a cualquier municipio de la provincia.
Púes bien, dicho lo anterior, tenemos que afirmar que la efectiva constatación de una actividad urbanística corrupta precisa, para ser tal, que el actuar de estos operadores se dirija, no a la consecución del bien público y el interés social, sino a finalidades distintas, que pueden incluir desde favoritismos políticos al pago de servicios prestado, y a una suerte de clientelismo que preside todo el sistema.
Es decir, los operadores urbanísticos utilizarían los instrumentos jurídicos de que se encuentra dotada la actividad urbanística, planes, convenios, licencias, autorizaciones, etc..., no conforme a lo establecido por las propias normas que los prevén y regulan, sino en pos de intereses distintos a los perseguidos por la norma, y por tanto sin sujeción al principio de legalidad. La corrupción urbanística supone siempre una previa perversión teleológica de la norma aplicada.
Así, podemos entender como corrupción urbanística, la sistemática aplicación torticera, por parte de los operadores urbanísticos competentes, de la más estricta legalidad a unos determinados y muy concretos ayuntamientos, de signo político distinto a la de aquel partido que los sustenta, mientras que a la inmensa mayoría se les aplica la legislación urbanística conforme a los principios de equidad y mesura, cuando no, con manifiesta flexibilidad y generosidad y, en no pocos casos, con notoria dejación de funciones en lo que concierne a la disciplina urbanística.
También habrá que calificar de corrupción urbanística la persecución tenaz y pública de actuaciones urbanísticas en unos concretos espacios, mientras que las mismas actuaciones son consentidas en el resto del territorio, o en territorios muy concretos.
Sería corrupción urbanística la aprobación de modificaciones de planeamiento de idéntico contenido según el municipio en que tales modificaciones se hubieran propuesto, o según el promotor que la presentara.
Supone corrupción urbanística el que el tiempo de tramitación de un determinado expediente pueda depender del equipo técnico que lo firma, del despacho que lo gestiona, del promotor que lo presenta, o del municipio donde se ubica.
Podríamos llamar corrupción urbanística el hecho de que la Administración tutelante de la actividad urbanística municipal, impugnara todos los actos adoptados por determinados municipios en determinadas materias, y que, sin embargo, no impugnara ninguno de los adoptados en las mismas materias, con idénticas características, contenido y forma, en otros municipios, y cuya única diferencia fuera el color político de los municipios afectados.
Estaríamos ante un sistema de corrupción urbanística si el acceso de los operadores privados a las instancias decisorias de la Administración dependiera de una red de clientelismo donde se mezclaran los intereses públicos con los partidistas, y éstos, con los intereses privados.
Llegados a este punto, si efectivamente, existen comportamientos de los operadores y administraciones ajenos a los previstos en la norma; si efectivamente, existe perversión telemática de la actividad urbanística por parte de los órganos encargados de su tutela; si los mecanismos reales de tramitación y aprobación de los instrumentos urbanísticos se apartan de los procedimientos y tiempos establecidos en las leyes; si la rapidez, celeridad y eficacia de la resolución de los procesos urbanísticos dependen, no de la calidad técnica de los trabajos presentados, ni la adecuación jurídica de sus contenidos a las normas reguladoras de la actuación concreta de que se trate, sino que dependa de cualquiera otra circunstancia, entonces sí, entonces estaremos claramente ante un sistema corrupto que contamina toda la actividad urbanística, ajeno a cualquier marco normativo, y fundamentado en prácticas perversas que imponen las reglas al margen del cauce legal previsto, dejando en situación real de fuera de juego a todos aquellos operadores que quieran acercarse o intervenir en la actividad urbanística desde la legalidad vigente.
Y es precisamente aquí donde aparecerán de manera inevitable los salteadores, los saqueadores que acompañan cualquier tipo de catástrofe, ya sea natural (terremotos, incendios, apagones, huracanes) ya sea social, política o financiera (caos financieros, guerras, revoluciones, grandes crisis sociales etc), que lejos de encarnar la corrupción urbanística, o ser sus verdaderos protagonistas, constituyen un producto marginal y folclórico del mismo, pero también inevitable.
Si de verdad queremos depurar el sistema, regenerar su funcionamiento, habrá que empezar a buscar a los verdaderos protagonistas de la corrupción, que no se encuentran en los programas del corazón. Habrá que investigar en serio el funcionamiento de los centros de poder que han controlado las decisiones urbanísticas de calado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en especial, en la provincia de Málaga durante los últimos 25 años.
Y es que si hablamos de corrupción urbanística en Marbella y en numerosos puntos de la costa andaluza habrá que comenzar a pensar por qué en ninguno de los casos destapados se ha citado a declarar a los operadores urbanísticos públicos con mayor responsabilidad en el ámbito provincial y autonómico. Limitar la investigación al ámbito municipal y a los operadores privados, así como utilizar el castigo público de los salteadores como única medida preventiva ante males futuros sólo conseguirá saciar la sed de sangre televisiva de los espectadores rosas, espantar la inversión interna y externa que se refugia despavorida y rápida en otros territorios merced a la deslocalización y perpetuar un sistema tan corrupto como eficiente, que más pronto que tarde proporcionará nuevas carnicerías en el circo rosa de la televisión.
*Abogado-secretario interventor de ayuntamiento y abogado-secretario interventor de ayuntamiento
* La Opinión de Málaga - Opinión - 24.09.09
