ELPAÍS/Almería* : ¿Cómo puede levantarse un hotel de 20 plantas a 28 metros del mar y en terreno protegido? ¿Cómo pudo la promotora Azata del Sol erigir su mole en el parque natural del Cabo de Gata, en Almería, con todos los permisos y que, 20 años después del primer trámite, el juez falle que la licencia es ilegal? Sólo el apoyo continuado del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía, del PSOE, explica que el hotel del Algarrobico, símbolo de la destrucción del litoral, haya llegado tan lejos.
Esta es la historia de la tramitación del proyecto y de cómo la Junta modificó sus propios planos -"de forma burda", según el juez- para legalizarlo.
Hace 20 años, el suelo de Almería casi se regalaba. Desde 1983 ya era alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, del PSOE. El 26 de mayo de 1988 la Junta aprobó el plan del hotel, 411 habitaciones pegadas al mar. El acuerdo no llegó al boletín oficial hasta el 8 de agosto. Las fechas son relevantes porque entre medias, el 4 de agosto, se aprobó la Ley de Costas, que fijaba una franja de 100 metros de protección de la costa. Cualquier plan urbanístico posterior al 1 de enero de 2008 debía adecuarse a la ley. El juez de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, consideró la semana pasada que ya entonces la Junta y el ayuntamiento debieron anular el plan. El Ministerio de Obras Públicas, a través de Costas, alertó al ayuntamiento el 15 de febrero de 1988 de que debía respetar los 100 metros.
En 1990, las normas subsidiarias del municipio pasaron otra vez por la comisión autonómica de urbanismo. El hotel no suscitó debate, pero la crisis de principios de los 90 durmió el proyecto. En 1994, la comunidad amplió el parque del Cabo de Gata y calificó la zona del hotel C1, "incompatible con el uso urbanístico", según la sentencia que acaba de declarar ilegal el hotel. Pero la comunidad modificó la planimetría para decir que el hotel estaba en una zona urbanizable (D2). Con un bolígrafo, una mano anónima convirtió la C en D sobre un plano. Los siguientes cambios fueron más sofisticados. El 11 de marzo pasado, en un escrito el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como no urbanizable fue "un error", ya que era urbanizable antes de la llegada del parque, y que rectificaron "por vía de hecho", cambiando los planos sin hacerlo público. El juez considera que ese cambio dio "apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal" y ha pedido al fiscal que investigue "la burda maniobra" por si ve delito. En 1997 ya era dueña del terreno la promotora Azata del Sol; sus directivos cuentan que fue muy barato. Entre 1997 y 2003 el proyecto recibió los parabienes de cuatro consejerías de la Junta. El Ministerio de Medio Ambiente seguía sin concluir el deslinde que delimita la zona pública y privada de playa. Las obras comenzaron en 2003 y sólo el recurso de 2005 de la Asociación Salvemos Mojácar logró en 2006 paralizarlas cautelarmente.
Juan José Luque y Cristóbal Fernández han participado en todo el proyecto. El primero fue delegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería entre 1998 y marzo de 2008. Siempre insistió en que el hotel era legal y que no había habido ningún cambio de planos. Ocurría, decía, que el publicado en el boletín oficial era pequeño y no quedaba claro, pero que el hotel estaba en zona urbanizable. Luque es ahora director de la empresa pública Acuamed, del Ministerio de Medio Ambiente, en Almería. El otro es el alcalde, que ha insistido en que "el hotel está y estaba fuera del parque natural" y ha anunciado que recurrirá la sentencia. En los últimos 25 años Fernández sólo ha dejado el cargo seis meses al ser condenado por delito electoral. Con su renuncia dio tiempo al Gobierno socialista a indultarle; se volvió a presentar y ganó con mayoría absoluta. El juez critica que las dos administraciones actuaron con "abulia y desidia" y no defendieron el interés general.
A estos hay que sumar a Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente entre 2000 y marzo de 2008, que defendió que el hotel era feo pero legal. Desde marzo preside el Parlamento Andaluz. En 2007, cuando el hotel era ya un quebradero de cabeza para la Junta, cambió del discurso. Entonces se sumó al recurso de Salvemos Mojácar contra la obra, pidió la demolición y comenzó a negociar con la empresa la expropiación. La Junta sostenía que la distancia legal para edificar era 50 metros del mar, criterio contrario al del juez, la Audiencia Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la administración de Manuel Chaves afirma que la sentencia le da razón y resalta que en 2007, con el nuevo plan del Cabo de Gata, aumentó al protección de los terrenos, "que pasaron de D2, urbanizables, a C3", terrenos construidos que hay que recuperar. Sin embargo, si, como dice el juez, el terreno era desde 1994 de máxima protección el nuevo plan rebaja la protección de la playa. Fuentes del actual equipo de Medio Ambiente, dirigido por Cinta Castillo, afirman que la Junta está determinada a demoler el hotel. Castillo ha calificado como "opiniones personales del juez" partes de la sentencia que le son contrarias. La ex ministra Cristina Narbona, siempre muy crítica con la obra, señaló que era legal y estaba dispuesta a pagar una indemnización pública.
El portavoz de la promotora en la zona, Antonio Baena, no entiende que la administración diga que es ilegal, ya que el ayuntamiento le eximió de los impuestos municipales para desarrollar el pueblo y, si la obra se hubiese terminado, la Junta habría ayudado con más de 2,5 millones de euros, el 10% de la inversión, a través de una subvención del Ministerio de Economía.
Aunque el hotel es ilegal (a falta del recurso), aún quedan pleitos pendientes en el Algarrobico. La promotora tiene dos recursos contra el deslinde de 100 metros que en 2006 concluyó el ministerio, y los ecologistas han recurrido el plan del Cabo de Gata. La Junta ha presentado otro recurso porque dice que la empresa no le informó cuando compró el terreno y quiere ejercer el derecho preferente sobre el suelo del parque.
Azata es dueña de terrenos junto al hotel que siguen siendo urbanizables. Es decir, que aunque la justicia tire el hotel (falta mucho para decidir quién paga eso y cómo), la empresa puede llegar a construir justo al lado. El Algarrobico puede que no vuelva a ser virgen nunca.
Fuensanta Coves
El hotel se construyó mientras era consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta legislatura es presidenta del Parlamento Andaluz
Antonio Baena
Portavoz de la empresa Azata del Sol, la promotora del hotel. Azata es dueña de otros terrenos en la playa que siguen siendo urbanizables
Cristóbal Fernández
Alcalde de Carboneras desde 1983. Defiende el proyecto argumentando que la zona de servidumbre marítimo-terrestre es de 20 metros en el Algarrobico
* ELPAIS.com- M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 14/09/2008
Foto: El hotel del Algarrobico- JULIÁN ROJAS, epais.com
20 años de bendiciones para un hotel ilegal
El TSJ anula el PGOU de Guadalest y ordena proteger el conjunto histórico
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Castell de Guadalest y obliga al Ayuntamiento a proteger el conjunto histórico y paisajístico del municipio en una sentencia que vecinos y Ayuntamiento califican de "ejemplar" y hace que "creamos en la Justicia con mayúsculas", en palabras de la alcaldesa, del PSPV-PSOE, Trinidad Amorós.
El Tribunal ha revocado así el PGOU que se aprobó definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante el pasado 29 de junio de 2004. Esa ordenación no contemplaba la protección del entorno histórico ni del paisaje y preveía la creación de varias macrourbanizaciones en una población de 220 habitantes, que se habría multiplicada por diez hasta alcanzar los 2.000 residentes.
La Asociación Cultural Ventpluig, colectivo vecinal de la localidad en defensa del patrimonio, presentó un recurso contencioso en contra la aprobación de dicho Plan General que ahora se ha resuelto de forma favorable, con el apoyo del propio Ayuntamiento, que, tras cambiar de color político (del PP al PSOE) en las últimas elecciones municipales, se posicionó a favor de las reivindicaciones de vecinos y ecologistas y en contra del planeamiento aprobado por el gobierno anterior, retirándose del contencioso -lo que en términos jurídicos se denomina allanarse-.
Así, el TSJ recuerda en su sentencia que "en el pleno del Ayuntamiento de 14 de septiembre de 2007 se acordó el allanamiento a las pretensiones planteadas por la Asociación Cultural Ventpluig", así como "la suspensión preventiva del otorgamiento de licencias y acuerdos de programación, e iniciar el expediente de redacción, tramitación y aprobación del Plan Especial de Protección del BIC (Conjunto Histórico y Monumentos-Castillo de Sant Josep y de la Alcoçaiba) y su entorno, e iniciar el expediente de contratación del equipo redactor". Una retirada que "ha sido aceptada por la administración autonómica", por lo que el Tribunal resuelve "estimar el recurso" declarando la aprobación del PGOU "contraria a derecho, anulándolo y dejándolo sin efecto" y añade que el Ayuntamiento "debe tramitar y aprobar el Plan Especial de Protección del BIC y su entorno".
"Esto es un triunfo de toda la gente anónima que lucha en defensa del patrimonio y ha sido posible gracias a la concienciación del nuevo Ayuntamiento", declararon desde la Asociación Cultural Ventpluig.
La resolución judicial pone fin a una lucha de años y vuelve a situar a Guadalest en el punto de partida para redactar un nuevo Plan General.
La alcaldesa felicitó ayer a los vecinos que "han demostrado como la iniciativa ciudadana ha sido capaz de luchar por proteger su pueblo cuando en el gobierno de Guadalest no había oposición". Asimismo, destacó que la prioridad de su equipo "es el cuidado del patrimonio y del paisaje", razón por la que trabajan, desde que alcanzaron el gobierno, en que el conjunto histórico de Guadalest sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Amorós esbozó las líneas del futuro PGOU, que ahora comienza a tramitarse y que prevé estar redactado en un año. "Los dos criterios fundamentales son el respeto al paisaje y al patrimonio" por lo que "está garantizado que no se construirá nada en el límite entre Guadalest y Benimantell". Asimismo, plantea un crecimiento de población no superior al diez por ciento.
* Información -B.G.- 14 de septiembre de 2008
Foto: Imagen panorámica tomada ayer del Castell de Guadalest DAVID REVENGA, diarioinformacion.com
