LAVERDAD* : La Policía halla documentos sobre varias sociedades del ex consejero en el extranjero, y abre una nueva vía de investigación. Ni la moneda se libra del racismo. El dinero blanco, lícito, limpio, reside en modernas y funcionales oficinas bancarias y no tiene pudor alguno en desfilar ante los ojos de cualquiera. El dinero negro, ilícito, vive en ratoneras, en agujeros, bajo los colchones de munícipes de respetable apariencia..., y le teme a la luz tanto como un vampiro.
Lo saben, por supuesto, los agentes de la Policía Nacional especializados en perseguir la corrupción, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública... De ahí que el miércoles por la noche le pidieran a Francisco Marqués, ex consejero de Sanidad y de Industria y Medio Ambiente, ex delegado del Gobierno e imputado en varios delitos por el caso Zerrichera, que les facilitase las llaves del trastero de su casa. Intuían que lo que estaban buscando, si es que tal cosa existía, no lo iban a encontrar reflejado en las anotaciones de sus cartillas de ahorro.
Perfectamente escondido, metido en un agujero como una pequeña alimaña, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal, brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) hallaron un fajo de billetes, todos ellos de 500 euros, que sumaban 43.000 euros. Algo más de siete millones de pesetas.
«Lógicamente, lo primero es sospechar que el dinero no tiene un origen muy lícito, pues de lo contrario no estaría escondido en un trastero», indicaron fuentes próximas a la investigación.
Nuevos hilos de los que tirar
Ésa -la procedencia del dinero- es una de las cuestiones que el ex alto cargo del PP, quien este miércoles fue detenido en Madrid como imputado en supuestos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, tendrá que explicar al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, que es quien coordina la investigación sobre el caso Zerrichera.
También tendrá que aclarar, si es que no se acoge a su derecho a no declarar, como ayer hizo ante la Policía, de dónde procede el dinero en metálico -en cantidades que rondarían los 200.000 euros- con el que ha comprado alguna vivienda y que, según las gestiones de la UDEF-BLA, no habrían dejado rastro en las cuentas bancarias de Marqués.
Fuentes cercanas al caso han confirmado que, al margen del hallazgo de los 43.000 euros, los registros realizados en seis domicilios vinculados al ex consejero (piso en Madrid, domicilio de Murcia, casa en Campoamor, apartamento en Águilas y dos viviendas en Valencia, que eran examinadas ayer tarde) han sido «muy positivos» para la investigación.
Así, los agentes han intervenido gran cantidad de documentación sobre sus propiedades y, algo que se considera de especial interés, sobre su participación en diversas sociedades, tanto en España como en el extranjero. La Policía Nacional ya ha iniciado gestiones para tratar de determinar qué hay detrás de esas mercantiles. Las fuentes citadas han eludido confirmar si las sociedades están radicadas en países de la Unión Europea o si alguna de ella está vinculada con paraísos fiscales.
Segunda noche entre rejas
A la espera de que sea conducido a presencia del juez Alcázar, el ex consejero del Gobierno de Valcárcel completó esta madrugada su segunda noche entre rejas. Marqués permanece recluido en las dependencias que el Cuerpo Nacional de Policía tiene en la Plaza Ceballos, y ayer tarde estaba previsto que empezara a ser interrogado por los agentes anticorrupción.
Sin embargo, fuentes próximas al asunto indicaron que se habría negado a declarar ante los policías, aunque se habría manifestado dispuesto a hacerlo ante el juez.
Por su parte, los policías de la UDEF-BLA se afanan en clasificar y filtrar la ingente documentación obtenida en los hasta ahora seis registros domiciliarios que han practicado, con el fin de separar el grano de la paja y poner en marcha las averiguaciones y comprobaciones más urgentes. Entre esta documentación hay pocos soportes informático, pues Marqués no es muy ducho con los ordenadores.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 6.03.09
Murcia: Marqués escondía 43.000 euros, en billetes de 500, en el trastero de su casa
La Fiscalía denuncia al alcalde de Torre Pacheco por otorgar 40 contratos ´a dedo´
LAOPINIÓN/Murcia* : El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, se enfrenta a una nueva acusación ante la Justicia. En esta ocasión, la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma cree que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, otorgó varios contratos "a dedo" y ha presentado una denuncia ante el juzgado para que se investigue. Además del alcalde, la denuncia presentada por el ministerio público incluye a dos concejales de este ayuntamiento. Se trata, en concreto, de los ediles de Urbanismo, Santiago Meroño, y de Deportes, José Saura.
En esta ocasión, la investigación se centra en varias decenas de contratos -cerca de cuarenta en el periodo comprendido entre finales del año 2005 y el año 2006- otorgados, presuntamente, de forma irregular. La cuantía total de estas adjudicaciones de proyectos de obra pública en el municipio superaría los 750.000 euros. Al parecer, las adjudicaciones no se hicieron de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta norma obliga a que todos los contratos que superen un mínimo legal -fijado en los 12.000 euros- tengan que ser sometidos a un concurso público.
Según fuentes próximas a la investigación, muchos de los contratos superan este límite legal, llegando a haber incluso contratos por valor de 60.000 euros. Otros, al parecer, están fraccionados en varios contratos para no superar los 12.000 euros que obligarían a convocar un concurso público, algo que está expresamente prohibido en la legislación.
La gran mayoría de estas adjudicaciones iban a parar siempre al mismo estudio de arquitectos y a una empresa constructora. Ahora, los investigadores tratan de determinar la relación entre este arquitecto, Francisco C., y el alcalde, cuya firma figuraría en un tercio de los contratos presuntamente irregulares.
La investigación se inició hace unos meses en la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma tras la denuncia de un particular. El fiscal anticorrupción, José Luis Díaz Manzanera, se hizo cargo del caso y presentó, a finales de febrero, una denuncia por un delito continuado de prevaricación ante los juzgados de San Javier.
El caso ha recaído ahora sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Javier, que tendrá que valorar la legalidad de esos contratos y determinar si los concejales y el alcalde -licenciado en Derecho y que trabajó como abogado- conocían los límites marcados en la Ley de Contratos. De momento, según fuentes próximas al caso, los mismos podrían considerarse nulos desde el punto de vista administrativo, independientemente del curso que tome la investigación judicial.
* La Opinión de Murcia - DAVID CANELLADA - 6.03.09
Foto: Torre Pacheco, ayuntamiento - lomejordemurcia.com
El escándalo alcanza a otros dos alcaldes del PP en Madrid
ELPAÍS* : Garzón imputa a los regidores de Arganda y Pozuelo, y a cuatro cargos más. Hasta que el juez Baltasar Garzón hizo público su auto ayer por la tarde, sólo dos altos cargos del PP madrileño estaban imputados en el caso Gürtel, y a los dos les ha abierto expediente su partido: el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (dimitido a raíz del escándalo) y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (que ocupaba un cargo de gerente en el Gobierno de Esperanza Aguirre y dimitió también).
Anoche se sumaron nueve implicados más: son otros dos alcaldes, dos ex concejales (familiares de un eurodiputado del PP), un ex consejero de Aguirre, un responsable de una empresa municipal de suelo y tres diputados autonómicos. A estos últimos -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- no los imputa Garzón porque tienen condición de aforados: sobre ellos tendrá que decidir el Tribunal Superior de Madrid. El resto sí están imputados desde ayer. Son los siguientes:
- Ginés López Rodríguez. Conocido, según el auto, como El Gafitas, Ginés López es desde hace seis años el alcalde de Arganda del Rey, municipio madrileño de 50.000 habitantes. También preside el PP de Arganda y es miembro del comité ejecutivo del PP madrileño. Según Garzón, durante su mandato en la alcaldía "se ha producido la entrada de las empresas de Francisco Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, SL durante los años 2005 a 2007, como así pone de manifiesto Isabel Jordán en su declaración".
Isabel Jordán es una de las empresarias imputadas, y en varias grabaciones se refiere a la actuación de cargos públicos de los municipios en los que operaba la presunta trama corrupta.
El juez subraya que López "aparece desarrollando acciones de intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, que habría satisfecho comisiones a Francisco Correa por esta labor". Y recuerda que en ese mismo municipio "la organización trabajaba con Benjamín Martín Vasco [diputado autonómico] al que pagaban comisiones por favorecer los intereses de Correa".
El alcalde de Arganda, prosigue el auto, "disponía de un archivo personal con apuntes contables dentro del sistema de contabilización de las operaciones realizadas con la caja B". "Ginés López consta dentro de un esquema de distribución de dinero B", insiste el juez. Y acompaña una relación de anotaciones sobre "facturas de los años 2004 a 2008 por distintos conceptos: billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches y tres entregas en efectivo" en esa supuesta cuenta de dinero negro. Todo eso suma 1.315.427 millones de euros que López habría recibido de la trama. Es, de todos los imputados, el que más dinero cobró, según el auto.
- Jesús Sepúlveda Recio. Alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes) desde 2003, presidente del PP local y miembro del comité ejecutivo del PP regional. Sepúlveda "aparece en la contabilidad B del grupo empresarial investigado", dice el auto de Garzón. A veces son cantidades "entregadas en sobre a JS" pero también hay, por ejemplo, un "ingreso en cuenta en el BBVA, por cuenta de PC" -a quien el juez identifica como Paco Correa- "para cancelar una factura de Pasadena Viajes con cargo a Jesús Sepúlveda". "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", resume Garzón. Y añade: "Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo era una de las personas que organizaban los eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos. Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para ese municipio".
- Carlos Clemente Aguado. Fue viceconsejero de Inmigración de Madrid hasta el 23 de octubre de 2008 y, según el juez, recibió al menos 16.000 euros de la trama en 2006, mientras ocupaba su cargo. Uno de los pagos está reflejado en la cuenta B y el otro ha sido desvelado por la empresaria Isabel Jordán. En el auto no consta a cambio de qué recibió ese dinero.
El consejero de Inmigración de Madrid, superior inmediato de Carlos Clemente, es Javier Fernández Lasquetty, uno de los consejeros más próximos a Aguirre y procedente de La Moncloa, donde trabajó en el Gabinete de José María Aznar.
- Tomás Martín Morales. Vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cobró al menos 378.172 euros por intervenir a favor de diversas adjudicaciones de ese Ayuntamiento, según el auto. Martín Morales, miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla y persona de confianza del ex alcalde Arturo González Panero (también imputado), participó, sostiene Garzón, en la adjudicación directa de contratos a Down Town Consulting, SL, actual Easy Concept Comunicación, SL. También en la adjudicación directa de una parcela a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, tras la intervención de Francisco Correa, entre otras.
En la documentación intervenida constan apuntes de los pagos reiterados a Martín Morales. En unas ocasiones aparece su nombre y en otras las iniciales TM. Por ejemplo, figura un apunte de fecha de 16 de junio de 2006 en concepto de entrega de un sobre a Tomás Martín por importe de 30.000 euros.
- José Galeote Rodríguez. Padre del eurodiputado Gerardo Galeote, fue durante 12 años concejal en Boadilla del Monte. En septiembre de 2002 era concejal de Relaciones Institucionales. En 2004 fue nombrado gerente del consorcio deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid. En la contabilidad de la caja B de la sede de Special Events aparece un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a José Galeote cuando era concejal de Boadilla. El juez detalla cómo los distintos pagos pasan por Francisco Correa. En total, el ex concejal habría recibido 612.506 millones de euros.
- Ricardo Galeote Quecedo. Hijo del anterior, ex gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades recreativas en el Ayuntamiento de Estepona y concejal del PP tras las elecciones 2007 en esa localidad malagueña. Aparece en la contabilidad de la empresa de Correa como beneficiario de varios pagos de 1.500 a 2.900 euros entre enero y agosto de 2001. En la caja B consta un pago de 6.000 euros. Sumando una tercera cuenta, la cantidad total percibida por Galeote es de 42.469 euros.
* ELPAIS.com - Madrid - 06/03/2009
Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid
ELPAÍS* : Una decena larga de altos cargos del PP colaboró, a través de Administraciones públicas donde gobernaban en las comunidades de Madrid y Valencia, con una trama de corrupción masiva liderada por Francisco Correa, el empresario que durante los años de mandato de José María Aznar montó la mayoría de los actos del partido y que participó como testigo en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno con Alejandro Agag, del que era amigo personal.
Dirigentes públicos del Partido Popular en Madrid y Valencia concedieron trato de favor a las empresas de Correa a cambio de participar en los beneficios que estas sociedades obtenían por los contratos públicos logrados.
La investigación del juez Baltasar Garzón, que tuvo que interrumpir ayer para inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber diputados implicados, detalla las conductas supuestamente delictivas que salpican a más de diez altos cargos del PP.
En Valencia, la investigación implica al presidente, Francisco Camps; al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; a un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y al director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos ellos se beneficiaron de numeroso vestuario (trajes a medidas, chaquetas y pantalones, cinturones de piel, chalecos y otras prendas) que pagaban las empresas de la red corrupta a través de un mecanismo de facturas falsas para no dejar pistas. El juez Garzón detalla en su auto las pruebas recabadas para sostener la acusación: hay facturas de las dos tiendas de ropa donde se adquirían los trajes para Camps y los otros tres altos cargos valencianos; hay declaraciones del sastre, José Tomás, que se encargaba de suministrar la mercancía a los implicados e incluso de acudir a sus despachos a tomarles las medidas; y hay grabaciones de los principales jefes de la red corrupta donde hablaban de estos regalos a los altos cargos valencianos.
Garzón vincula estos supuestos sobornos con la adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros en los últimos cuatro años a las empresas de Correa en la Comunidad Valenciana.
Garzón recuerda en su auto que, aunque el valor de los trajes regalados por la trama corrupta a Camps y otros tres cargos valencianos no sea elevado -35.000 euros probados documentalmente-, "no puede eludirse la investigación penal en cumplimiento del principio de legalidad". En su auto, el juez también apunta a la posible financiación ilegal del PP -al menos 420.000 euros- recogida en la contabilidad de las empresas corruptas. Garzón aclara que la investigación sobre este aspecto de la trama no ha finalizado.
En el caso de Madrid, el relato del juez apunta a una trama de corrupción masiva de la que participaron hasta cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey), varios cargos municipales (generalmente vinculados a empresas de suelo y vivienda) y tres diputados autonómicos, uno de ellos Alberto López Viejo, consejero de Esperanza Aguirre hasta hace unos días, cuando fue destituido tras estallar el escándalo. López Viejo, según el relato judicial, cobró hasta 563.000 euros de la trama corrupta a cambio de adjudicarles la inmensa mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta autonómica.
La investigación ha acreditado pagos de entre 250.000 y 1,25 millones de euros a cada uno de los implicados madrileños. Según la investigación judicial, alcaldes, diputados autonómicos y cargos municipales favorecían a la trama corrupta en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones.
Implicados del PP
- Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana.
- Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia.
- José Víctor Campos, ex secretario de organización del PP valenciano.
- Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo.
- Benjamín Martín Vasco, parlamentario autonómico de Madrid.
- Alberto López Viejo, parlamentario de Madrid y ex consejero de Deportes.
- Alfonso Bosch, diputado autonómico de Madrid.
- Ginés López Rodríguez, alcalde de Arganda (Madrid).
- Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo (Madrid).
- Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid).
- Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).
- Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística de Boadilla.
- Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
- José Galeote, ex concejal de Boadilla.
- Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona (Málaga).
* ELPAIS.com - MANUEL ALTOZANO - Madrid - 06/03/2009
Foto: Juzgados Plaza Castilla (Madrid) - wikipedia.org
