R.González.- ABC* : "El Ayuntamiento de Palencia ha actuado de forma ilegal al vender suelo público a constructores con destino a viviendas libres, sin ningún tipo de protección. Así se desprende de la sentencia dictada por la sala de lo contencioso - administrativo del TSJ de Castilla y León a raíz del recurso presentado por el responsable de política municipal de IU, Mariano San Martín, contra un fallo en primera instancia favorable al consistorio palentino por parte del juzgado contencioso-administrativo de Palencia. Según el fallo del alto tribunal de la Comunidad, «si se pretende la construcción de viviendas en terrenos de patrimonio municipal de suelo, éstas han de ser protegidas y no pueden ser libres, ya que la construcción de viviendas a precio libre en terrenos públicos no constituye un uso de interés social».
La sentencia del TSJ, «demoledora contra el proceder urbanístico del alcalde socialista Heliodoro Gallego», según IU, alude a la «obligación que tienen los ayuntamientos de destinar los terrenos que se integran en el patrimonio municipal del suelo a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública cuando se trate de suelo con uso residencial». Según IU, esta obligación impedirá a partir de ahora al Ayuntamiento de Palencia vender suelo público sin imponer algún tipo de protección a las viviendas que en dicho suelo se construyan.
La sentencia del alto tribunal de Castilla y León llega después de que Mariano San Martín llevara a los tribunales al Ayuntamiento de Palencia por vender dos parcelas ubicadas en el polémico sector 8, donde se ha construido el nuevo campo de fútbol. Mediante el sistema de concurso, estas parcelas fueron adjudicadas en diciembre de 2004 a la entidad Alquiler y Gestión Calle Colón SL por importe de 1,9 millones de euros cada una de ellas. Con posterioridad, esta entidad fue absorbida por la constructora burgalesa Arranz Acinas, que ha edificado en los terrenos 59 viviendas libres de cualquier tipo de protección, 23 oficinas, garajes y trasteros.
El precio cambiará
Sin embargo, y según IU, el precio de venta de estas viviendas no podrá ser el mismo tras el fallo del TSJ de Castilla y León, que deja «sin efecto la adjudicación de las parcelas» a la empresa constructora, y «obliga al Ayuntamiento de Palencia a realizar los actos necesarios para que las viviendas que se construyan sobre esas parcelas queden sujetas a algún régimen de protección pública». Es decir, en teoría, y según la interpretación que IU hace del fallo judicial, las parcelas vendidas de forma irregular «deberán volver a manos municipales para ser adjudicadas de forma correcta», según explicó ayer el abogado de la coalición, Antonio Vázquez.
A la espera de lo que suceda con estas viviendas en construcción, con sus propietarios, promotores y constructores, la sentencia del TSJ crea un importante precedente que afectará a la hora de financiarse al Ayuntamiento de Palencia. Según los cálculos de IU, en los años de Gallego al frente del consistorio palentino se han vendido casi 80.000 metros cuadrados de suelo público, buena parte de ellos destinados a la construcción de viviendas a precio libre. De la venta de estas parcelas el Ayuntamiento ha ingresado 8,4 millones.
Por otro lado, el fallo del alto tribunal de la región afectará, según IU, a la construcción de 300 viviendas libres en los terrenos del antiguo campo de fútbol, fruto de la permuta de terrenos que derivó en la construcción del nuevo estadio, precisamente en el sector 8.
Tras conocer el fallo, el coordinador provincial de IU, Vicente Fernández, pidió la dimisión inmediata del alcalde de Palencia y del concejal de Urbanismo, Alberto Combarros. «Somos conscientes de que no van a hacerlo, pero por lo menos tienen que salir a la opinión pública y pedir perdón a los palentinos por actuar de forma ilegal».
Fernández señaló que «esta sentencia tiene que remover los cimientos del Ayuntamiento, ya que es contraria a todos y cada uno de los argumentos que ha usado el alcalde para justificar la venta de patrimonio municipal». Por su parte, el denunciante, Mariano San Martín, pidió también la dimisión de Gallego «por ética política, para que deje de manchar la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos». San Martín acusó al regidor palentino de poner en práctica «políticas urbanísticas especulativas amparándose en que los Ayuntamientos asumen competencias que no les corresponden y para las que no tienen fondos».
* ABC - 12 de julio de 2007
Foto: Palencia /abc.es
Varapalo judicial al alcalde de Palencia por vender suelo público para vivienda libre
Regalo envenenado
Domi del Postigo* : "No se va a derribar nada". Lo advertía el penalista Díez Ripollés en el curso `Territorio, Urbanismo y Corrupción´ de la Universidad Internacional de Andalucía, que se está celebrando esta semana en Málaga. El curso está dirigido por el profesor de la UMA Diego Vera, quien, junto al propio Ripollés y otros especialistas, ya había analizado los procesos de corrupción urbanística en el libro `Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Un estudio de la Costa del Sol´. Pero hubo que esperar judicialmente a que, después de años de complicidad en el escándalo televisado, un joven magistrado en comisión de servicio en Marbella, Miguel Ángel Torres, demostrara su honrosa vocación de tirar del hilo más fino, y casi fortuito, con la firme convicción de que se trataba del más resistente hilo de pescar, y de que tirando de él se podía cazar algún tiburón en medio de tanta ballena más blanqueada que blanca, acostumbradas a nadar sin apenas sobresaltos políticos ni judiciales en las aguas costeras.
El grado de complicidad en un sistema devenido de hechos consumados, con 30.000 construcciones ilegales `licitadas´ en 14 años sólo en Marbella, posibilitó cuatro mayorías absolutas que sostuvieron el esperpento gilista. De la misma manera que alcaldes imputados y en libertad bajo fianza, en algún caso elevada, han revalidado su alcaldía en las últimas municipales. Herencia de la victoria del sistema de hecho sobre el de Derecho.
En el curso de la UNIA el inspector jefe Fernando Vivas ha afirmado que los bancos no colaboran con la policía. En ese sentido podríamos recordar aquí la cadena de colaboradores necesarios que el entramado de la corrupción del ladrillo necesita, alguno de los cuales, abogados, notarios, jueces e, incluso, policías, están imputados en los sumarios abiertos, no sólo en el icónico Malaya.
Con todo, y después de constatar que durante demasiados años determinados estamentos de la Administración y de la Justicia no pudieron, supieron o quisieron frenarlo, al ciudadano alimentado con el ejemplo de ese vacío moral no le preocupa el delito urbanístico. Incluso saca de él conclusiones positivas a corto plazo. Mientras dure, a quienes les cae algo de lo que va dejando por el camino el febril movimiento económico producido les parece un regalo que da igual que esté envenenado.
No es de extrañar, por tanto, que en el último informe de Transparencia Internacional, y aun con la entrada de los países del Este a la UE, España haya bajado al puesto 14.
Quizá también por eso, y como ha revelado la penúltima parte del Malaya, cuyo secreto acaba de levantar para las partes el juez Torres, tan pocas personas a las que, por ejemplo, la constructora Aifos enviaba regalos (comidas, noches en su hotel de lujo Guadalpín e, incluso, jamones), se preocuparon en devolverlos. Se vive tan bien en este infierno donde arderán quienes lo hereden...
* La Opinión de Málaga - 12 JULIO 2007
Una constructora tira al vertedero los restos humanos de un cementerio de Albacete para edificar viviendas
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PD/Agencias* : "Algunos vecinos de Valdeganga (Albacete) han denunciado el vertido de restos humanos a una escombrera desde un antiguo cementerio donde una empresa constructora va a edificar nuevas viviendas. El movimiento de tierras realizado por las excavadoras ha dejado al descubierto restos óseos que no se trasladaron al nuevo cementerio hace más de 30 años. Según las denuncias presentadas, empleados de la constructora han llegado a introducir los huesos en bolsas de basura junto a otros escombros para arrojarlas después en un vertedero.
Según las declaraciones del alcalde, Fermín Gómez, los restos se volverán a enterrar en una fosa común del cementerio municipal. Esto sólo han tranquilizado a medias a los vecinos porque "puede que algún resto quede entre los escombros porque ellos (los operarios de la constructora) recogen todo lo que ven, pero algo se les puede escapar".
Los terrenos del antiguo cementerio pertenecieron al Obispado de Albacete hasta el pasado año. La anterior corporación municipal trató de adquirirlos para convertir la parcela en un parque público. Sin embargo, no pudo afrontar el pago necesario. Finalmente un constructor los compró el año pasado con la intención de construir chalés adosados.
Terreno desacralizado
La empresa, que ya tenía la licencia antes de empezar a remover el antiguo cementerio, presentó ante la juez de instrucción un documento de desacralización de dicho terreno y en el mes de abril de este año ya le habían concedido los permisos de obras para construir.
Fermín Gómez destacó que esta práctica no es tan grave puesto que "fue lo que se hizo cuando se llevó a cabo la primera monda (extracción de los restos humanos) en 1973".
Según el alcalde los camiones de la empresa constructora separarán los restos oseos "como ordeno la juez por respeto a lo que pudiera haber allí". El miercoles 11 se comenzó a llevar los huesos sueltos, que no los esqueletos enteros, a la fosa común preparada para ello.
* Periodista Digital - 13.07.07
Foto: Valdeganga (Albacete) /dipualba.es
La policía sostiene que el alcalde y un edil de Alhaurín exigían 6.000 euros de comisión por cada vivienda ilegal
J.J.Buiza/J.Cano/ SUR* : "Las supuestas comisiones tenían «precios tasados». La policía sostiene que el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande presuntamente exigían a los promotores 6.000 euros por cada vivienda en exceso o 80 euros por metro cuadrado de incremento en la edificabilidad, según un informe policial incluido en el sumario del 'caso Troya'. Los investigadores del Grupo III de la Sección de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol han elaborado un extenso dosier en el que se analiza la documentación manuscrita y en soporte informático hallada en el despacho del edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, que está imputado en la causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
En el registro de su oficina, los agentes se incautaron de un ordenador, en el que se halló un archivo informático en el que, según la policía, «queda acreditada la metodología utilizada por el alcalde y el concejal, basada sobre el cálculo del 'precio del soborno' exigido a cambio de la concesión de la licencia de obras».
El informe indica textualmente que ese 'precio' está predeterminado, con una cantidad fija, que responde al aumento de edificabilidad/número de viviendas sobre el máximo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Tasación
Para la policía, se trata de «precios tasados» que presuntamente son asignados fuera de la legalidad y sin que medie convenio urbanístico con el Ayuntamiento. Los investigadores sostienen que este baremo es de 80 euros por metro cuadrado de exceso de edificabilidad, y de 6.000 euros por cada vivienda de más.
Esa supuesta tasación es la que, según el informe, sirve al alcalde, Juan Martín Serón, y al citado concejal para el cálculo de la «comisión» exigida en cada caso, que se aplica en todas las operaciones, según el informe.
Las pesquisas de los agentes del Grupo III de Blanqueo se han centrado en una docena de personas físicas o jurídicas, en la mayoría de los casos pequeñas o medianas empresas, que dieron lugar a la detención de 19 personas en la segunda fase de la operación.
Los supuestos cohechos, en algunos casos en grado de tentativa, que la policía atribuye a estos empresarios arrojan una suma total de 742.325 euros que supuestamente habrían sido exigidos para construir fuera de la legalidad, según se desprende del sumario. No obstante, en dos casos, los agentes no han podido constatar la cantidad que presuntamente se exigió.
Los posibles sobornos a los que hace referencia el dosier de la Udyco oscilan entre los 179.840 euros que se atribuyen a un promotor por dos actuaciones urbanísticas y los 6.000 euros que se le imputan a una persona que solicitó una licencia para una caseta agrícola, aunque en realidad, según la policía, construyó una vivienda unifamiliar.
Los investigadores han establecido vínculos entre los supuestos pagos y los proyectos urbanísticos de los imputados. Así, consideran que un constructor que podía edificar 21 viviendas acabó haciendo 47, supuestamente, a cambio de la cantidad de 168.545 euros.
Suculentos beneficios
En las conclusiones del informe policial, los agentes señalan que el promotor/constructor, como mínimo duplicaba su beneficio final al ver incrementada la edificabilidad del solar en cuestión, «con lo cual el pago del soborno es asumido y aceptado como coste inherente a la construcción», según el dosier.
Así, los funcionarios califican al alcalde y al concejal de «tándem», al entender que «sería descabellado» suponer que el primero es ajeno a las actividades presuntamente delictivas del segundo. Según el informe, la sistemática analizada de cobro de cantidades para la concesión de licencias es práctica habitual y extendida.
Además, la policía sostiene que en varios supuestos las cantidades recaudadas por Guerra tenían como presunto destino una sociedad vinculada a la mujer del alcalde. Los investigadores deducen que existe una estrecha relación -personal y profesional- entre el regidor y el último de los empresarios detenidos, «llegando hasta el punto de utilizar la sociedad de este último como receptora de los posibles pagos en efectivo requeridos por el alcalde y el concejal a los constructores», dice el informe.
Se da la circunstancia de que esta sociedad forma parte de la cartera de clientes de la gestoría que regenta la esposa del regidor y, además, la mujer del citado empresario trabaja con ella en la asesoría.
Al hilo de lo que refleja el sumario, Martín Serón declaró anoche: «Rechazamos rotundamente los argumentos de la policía cuando usa la palabra comisiones, que nunca se han cobrado, porque no hemos sido intermediarios de nadie. Sí ha habido donaciones al Ayuntamiento, unas dinerarias y otras en especie, que se han materializado en obras municipales, unas realizadas y otras pendientes. Y todo eso se puede demostrar perfectamente».
* Diario SUR - 13 Jul
Foto: IMPUTADOS. El alcalde (dcha.) y el concejal de Urbanismo, a su salida de los juzgados, tras ser detenidos. /diariosur.es
Un juzgado investiga si se cometió un delito urbanístico en la plaza de España de Ferrol
L.Bustabad.- El País* : "El Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol instruye una denuncia presentada por la Fiscalía ferrolana, a instancias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por un posible delito contra la ordenación del territorio por las obras de remodelación de la plaza de España, donde la anterior corporación impulsó la construcción de un edificio de 21 metros con fines privados. La denuncia fue remitida a principios de esta semana a la Fiscalía de Ferrol por su responsable en el TSXG, Antonio Roma. Los juzgados de la ciudad ya han iniciado las diligencias previas, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la Fiscalía. Esta denuncia deriva de una primera querella interpuesta por la Federación Vecinal Roi Xordo el pasado 15 de septiembre.
Esta entidad exponía entonces que la actuación urbanística de la plaza de España podría ser constitutiva de un delito contra la ordenación del territorio y otro de supuesta prevaricación, aunque hasta la fecha se desconoce el contenido exacto del escrito remitido por Antonio Roma.
"Creemos en un 90% que la jueza ya la ha admitido a trámite" aseguran desde Roi Xordo, "y creemos que se presenta por un posible delito contra la ordenación del territorio que probablemente lleve otro parejo de prevaricación". El propio fiscal del TSXG confirmó la presentación de la denuncia en un escueto comunicado en el que expone que una vez practicadas las diligencias propuestas, "y a la vista del contenido de las mismas", formalizará una denuncia. César Manso, miembro de Roi Xordo, asegura que en los meses previos Antonio Roma se dirigió en varias ocasiones al Ayuntamiento de Ferrol para requerir información. Entre otros documentos, el fiscal habría solicitado un informe del secretario municipal y los nombres de los ediles que votaron a favor de la adjudicación de la obra, aprobada con los votos de la coalición PP-Independientes por Ferrol.
Acusación particular
La Federación Roi Xordo, que trató ayer sin éxito de personarse como acusación particular para acceder a toda la documentación del expediente, prepara una nueva querella en los mismos términos de la primera denuncia. César Manso considera que existe "un celo excesivo con todo este asunto" que en su opinión "está rodeado de un cierto secretismo". Desde que en mayo del 2005 se adjudicó en pleno esta controvertida actuación, la federación vecinal exploró todas las vías legales contra la construcción de un edificio en la plaza. Presentó una querella ante la Fiscalía y denunció las presuntas irregularidades en la Dirección Xeral de Urbanismo.
Meses después, en febrero del 2007, la Consellería Política Territorial requirió al Ayuntamiento ferrolano la paralización de una obra que la Xunta tachó de "ilegal" y que sin embargo, el popular Juan Juncal decidió continuar hasta el final de su mandato, desoyendo las advertencias de la Xunta y amparándose en los informes favorables de los técnicos del municipio. El resultado electoral truncó el proyecto urbanístico del PP y la nueva corporación, PSdeG-IU, liderada por el socialista Vicente Irisarri, se comprometió a paralizar la construcción del inmueble y reordenar los espacios de esta céntrica plaza.
* ELPAIS.com - Ferrol - 13/07/2007
Foto: Ferrol /turismo
