DANIEL JIMÉNEZ LORENTE/ VdeVivienda* : Las últimas manifestaciones que convocamos desde VdeVivienda el 14 de marzo en Madrid y Donostia ha servido para que la ciudadanía comience a conocer el Alquiler Social Universal (ASU), el programa de medidas que proponemos para hacer efectivo el derecho al alojamiento. Hablamos de un conjunto de propuestas que parten de un movimiento asambleario compuesto por personas que sufrimos las consecuencias de la especulación inmobiliaria.
Por tanto, nuestras soluciones tienen que ser a la fuerza radicalmente distintas de las planteadas por los que han causado el problema, es decir, la clase política, la banca y los señores del ladrillo: constructores y promotores. Esta fuerte contradicción nos hace ser conscientes de que jamás se podrá plantear un acuerdo con las administraciones. Tampoco lo queremos. Nuestro objetivo no es convencer al poder político, sino a la ciudadanía, que es la verdadera depositaria de la soberanía popular.
El primer punto del ASU exige dar un uso social a las viviendas vacías existentes en nuestro país. Según datos del Banco de España, a finales de 2007 el parque total superaba los 25,5 millones, sobre un total de 16,69 millones de familias. Estas cifras indican un promedio de 1,56 viviendas por familia, una de las tasas más altas del mundo. Tantas viviendas sobran que España es el país de la UE con más viviendas vacías, superando los cuatro millones. La idea es realizar una expropiación de uso de esas viviendas sobrantes, en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias, que poseen un stock de viviendas vacías sin vender que supera ampliamente el millón, y de las grandes fortunas. Estas viviendas se destinarían a un parque público en alquiler. Para optar al uso de estas viviendas, el futuro inquilino sólo tendría que inscribirse en un censo de demandantes. Cuando la recibiera, pagaría únicamente una renta mínima para el mantenimiento del inmueble, y en ningún caso el lucro de sus dueños.
La segunda de las medidas del ASU plantea un cambio de la ley hipotecaria, de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago de la cuota no tenga que responder más allá del precio de subasta de su casa por el banco. Actualmente, la pérdida de la vivienda no significa la cancelación automática de la deuda, porque puede suceder que la deuda sea mayor que lo obtenido por la entidad financiera en la subasta. Esto no pasa en la mayoría de los países, donde la subasta de la vivienda supone siempre el fin de la deuda.
El tercer punto es acabar con las subvenciones de dinero público para las entidades privadas. El Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía, debe dejar de socorrer a los especuladores con avales (se han previsto 5.000 millones para construir más innecesarias viviendas protegidas) y créditos (otros 3.000 millones destinados a refinanciar deuda de los señores del ladrillo que conviertan vivienda libre en vivienda en alquiler). También rechazamos las inyecciones de liquidez destinadas a la banca.
La última medida incluida en el ASU es la despenalización de la okupación para vivir o crear espacios sociales. En la mayoría de países, la okupación es falta y no delito penal, constituyendo España una excepción a esta normal general. La okupación no genera ningún daño a la sociedad, sino que es la existencia de viviendas vacías la que provoca una enorme injusticia social, y por tanto los que deben ser perseguidos son los que especulan con este bien, tal y como se hace en el resto de Europa. Esto es lo que defendemos desde VdeVivienda. Sin duda, hay otras muchas propuestas interesantes que habrá que estudiar. Lo importante, en todo caso, es que las soluciones partan desde la ciudadanía, y que al fin nos convirtamos en dueños de nuestros propios proyectos vitales.
* Periódico Diagonal - Daniel Jiménez Lorente, VdeVivienda Madrid. - Del 2 al 15 de abril de 2009
La lucha por el Alquiler Social Universal
Alicante: Noventa localidades de la provincia siguen sin tener Plan General de Urbanismo
LAVERDAD* : Hasta 94 de los 141 municipios de la provincia de Alicante carecen aún de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se rigen por planeamientos urbanísticos desfasados, en muchos casos aprobados hace veinte años, o por normas transitorias, según datos facilitados a este diario hace unos meses por la Conselleria de Territorio y Vivienda.
El artículo 38 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que entró en vigor el 1 de febrero del 2006, establece que el PGOU es el único instrumento válido para definir el crecimiento y determinar el espacio físico de las localidades, por lo que todas deben contar con un plan ajustado, por lo demás, a la nueva normativa autonómica.
En el listado de las poblaciones que carecen aún de este documento aparecen algunas con un padrón ciertamente importante como Novelda, Monforte del Cid, Albatera, Almoradí, Muro d'Alcoi, Mutxamel, Sax o El Pinós, entre otros.
En todo caso, los que más problemas tienen para redactarlo, dada la escasez de recursos económicos con los que cuentan y el alto coste de su elaboración, son los municipios más pequeños. En esa situación se encuentran Benferri, Jacarilla, Torremanzanas, Busot y, sobre todo en las comarcas de Las Marinas, l'Alcoià y El Comtat, Planes, Benilloba, Sella, Relleu, Murla o Balones, por poner sólo algunos ejemplos.
«Eso no significa que carezcan de ordenamiento. Mientras no se adapten a la LUV, los planeamientos antiguos y las normas subsidiarias siguen vigentes», explican desde el departamento regional de Territorio.
La falta de esta herramienta ha provocado en los últimos años que los gobiernos locales hagan uso de los Planes de Actuación Integrada (PAI), que incluyen recalificaciones masivas de suelo y no pocos de los cuales están recurridos ante los juzgados.
Para los ayuntamientos con menos recursos, la Generalitat dispone de una serie de ayudas destinadas a la redacción de los PGOU. La última orden fue publicada en el 2006 y tenía vigencia para ése y el año siguiente.
Por su parte, la Diputación cuenta con una oficina de asesoramiento técnico y jurídico en esta materia a través de la empresa mixta Proaguas Costablanca. Su gerente, el ex conseller Fernando Modrego, advierte sin embargo de que la institución no tiene por ahora presupuesto para financiar la redacción de esos planes de los pueblos más pequeños.
* La Verdad - 06.04.09 -M. C. S.
Foto: Casa de Benifato que deberá ser demolida./ V.B. - laverdad.es
Diez alcaldes sevillanos son investigados por la Fiscalía por delitos urbanísticos
,+ayuntamiento+-+sevillaweb.info.jpg)
ABC* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla tiene abiertas investigaciones al menos contra diez alcaldes de la provincia de Sevilla. La mayoría de ellos por delitos urbanísticos que, en todos los casos, tienen un denominador común según explican desde la propia Fiscalía: la falta de respeto a la legalidad.
Se trata de un puñado de primeros ediles (también hay un par de ellos que ya han dejado el sillón municipal) que han permitido que en sus municipios se construyera sin licencia y que anteponen sus propios criterios a los que estipula la norma urbanística. Estos son los que actualmente están siendo investigados.
Gerena. El alcalde de esta localidad, Jacinto Pereira, (PSOE) se enfrenta una investigación sobre destrucción de yacimientos arqueológicos para que se construyera una urbanización sobre el yacimiento. Además ese mismo alcalde también está siendo investigado por la Fiscalía por el derribo de un edificio catalogado para la construcción de una residencia de ancianos. Y se libró de otra denuncia porque ya había prescrito al haber pasado más de tres años que recaía sobre él por la construcción de una nave en suelo rústico.
Castilblanco de los Arroyos. En este caso se trata del ex alcalde, Manuel Ruiz (IU). Tiene un juicio inminente por haber permitido edificar centenares de construcciones ilegales en las Minas de Castilblanco. En este caso, según fuentes de la Fiscalía, «las toleró y las alentó durante varios años». Se enfrenta por tanto a un posible delito de prevaricación por omisión.
Morón de la Frontera. Su alcalde Manuel Morilla (PP) ha sido objeto de una querella por autorizar vertidos ilegales al cauce del río Guadaira. Se trata de un presunto delito contra el medio ambiente ya que durante años no ha evitado que los vertidos de derivados de la aceituna llegaran al río. Además, Morilla se alió con su antecesor, el ex alcalde del PSOE, José Párraga y ambos aprobaron un aparcamiento ilegal en suelo rústico.
Guillena. El alcalde socialista Justo Padilla tiene en el juzgado de instrucción número 18 de Sevilla un juicio pendiente con una acusación de prevaricación urbanística por permitir la edificación en suelo rústico sin hacer nada durante años. Se trata de una urbanización «Los lagos del Serrano». Pero el primer edil de Guillena también está siendo investigado por la Fiscalía por permitir el vertido al río de todas las aguas residuales de la población sin depurarse. Burguillos. José Juan López, alcalde socialista autorizó un edificio ilegal en suelo urbano. Era un edificio que tenía más altura de la permitida. El juicio tendrá lugar en el juzgado de lo penal número 12 de Sevilla en unos días. En este caso la Fiscalía pide varios meses de prisión y al menos ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Madroño. La alcaldesa, la socialista María Josefa Rubiano, también está siendo investigada por conceder licencias ilegales en suelo rústico. Al parecer se trataba de una vivienda unifamiliar a la que concedió la citada licencia en 2004 pese a que el arquitecto municipal informó de que estaba en suelo rústico.
Aguadulce. Otra mujer, la ya ex alcaldesa socialista Isabel Ortiz, a quién también se acusa de prevaricación urbanística por dar licencias contrarias a la legalidad. La licencia en cuestión se otorgó para la construcción de dos naves para engorde de pavos en suelo calificado como no urbanizable en el PGOU. Y ello pese a que los técnicos municipales habían informado contrariamente a esa licencia.
El Viso del Alcor. Manuel García Benítez, alcalde socialista y el concejal Antonio Salvat fueron denunciados por un delito urbanístico ya que realizaron una adjudicación en suelo rústico sin licencia.
Cazalla de la Sierra. Se trata del ex alcalde socialista, Angel Rodríguez de la Borbolla (hermano del ex presidente de la Junta), también denunciado por prevaricación urbanística. Falta el escrito de acusación y el caso se ha demorado por la avalancha de recursos.
Lora de Estepa El alcalde socialista Salvador Guerrero, también se tuvo que enfrentar a un juicio similar. Por haber tolerado la construcción de un edificio ilegal en suelo rústico llegaron a pedirle un año de cárcel aunque fue absuelto hace un par de meses.
Cinco fiscales dedicados a ello
En Sevilla hay cinco fiscales de la red de fiscales medioambientales dedicados a eso: a investigar los asuntos urbanísticos, contra el medio ambiente o el patrimonio. Su trabajo está surtiendo efecto dado que cada años son más los casos. El problema es que cada asunto tarda dos o tres años en resolverse por que a la lentitud de la justicia se suma que, cuanto toca en órganos de pueblo, los juzgados son aún mas lentos.
* ABC - MERCEDES BENÍTEZ. - 6.04.09
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info
C. Valenciana: Una veintena de alcaldes ante la Justicia
+-+Rodriguillo+(wikipedia.org).jpg)
LEVANTE* : Veintidós alcaldes de la Comunitat Valenciana se encuentran actualmente sentados en el banquillos de los acusados. Están el punto de mira de la Justicia por presuntos delitos que van desde la prevaricación a los urbanísticos pasando por malversación de fondo o falsedad en documento público, por poner sólo unos ejemplos, ya que la lista es larga.
La Marina Alta. La comarca con más imputados
Dénia debe de ser, seguramente, la ciudad de toda la Comunitat Valenciana donde más políticos hay imputados en la actualidad. La judicialización de la vida política ha marcado los últimos meses en la ciudad. Son múltiples las denuncias cruzadas entre partidos en un clima generalizado de confrontación política desde el cambio de gobierno que propició, el 7 de julio de 2008, la moción de censura que el Partido Popular encabezó junto al PSD, los independientes de Centre Unificat y Gent de Dénia, y el tránsfuga socialista Juan Collado. Actualmente son un total de 13 las imputaciones vigentes; 11 de ellas de concejales o ex concejales; y 2 de técnicos municipales.
Consecuencia de esa confrontación, las acciones judiciales están teniendo dos objetivos prioritarios: las cabezas visibles del anterior gobierno y del actual. De esta manera, la ex alcaldesa Paqui Viciano (PSPV) está imputada por tres asuntos; la actual, Ana Kringe (PP), por dos.
Viciano, junto al ex edil socialista Juli Martínez y al ex gerente de Urbanismo Joan Frasés están imputados por presunta prevaricación por la venta de un tramo de un antiguo camino catastral a una promotora. Los terrenos se enajenaron con todos los informes económicos y jurídicos favorables y con el voto de todos los miembros de la junta de gobierno, en la que estaba también el actual tránsfuga Juan Collado. La ex alcaldesa ha resultado además imputada -junto a Pau Reig y Manolo Amat, del Bloc- por haber visitado las obras del nuevo trinquete en campaña electoral, días después de que la Junta Electoral prohibiera poner la primera piedra; y también, junto a las concejalas socialistas Vicenta Bixquert y María José Lorenzo, y la técnico Silvia Blanco, por no constar en la contabilidad municipal los 11.600 euros recaudados entre 2004 y 2008 por los carnés de juventud.
En cuanto a la actual alcaldesa, Ana Kringe, está imputada por presunta prevaricación por haber ejercido durante un año -hasta la moción de censura- el cargo de gerente del Patronato Provincial de Turismo, sin contar con la titulación necesaria. Y está imputada también por prevaricación por haber despedido al ex gerente de Urbanismo, Joan Frasés, pese a que éste ocupaba plaza de funcionario.
En el resto de la Marina Alta, el ex alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, que pertenecía a un grupo independiente con gran apoyo de residentes extranjeros, está imputado por cohecho al supuestamente pedir a un constructor 50.000 euros a cambio de que sus terrenos siguieran siendo urbanizables en el nuevo PGOU. La edil austriaca, que era primera teniente de alcalde cuando se produjeron los hechos, también está acusada de cohecho. Ambos fueron detenidos el pasado mes de julio cuando trascendió el presunto chantaje al promotor.
En Pego, está imputado el alcalde, el independiente Carmelo Ortolà, y todo su equipo de gobierno (Ciutadans per Pego, PSOE y Bloc) por prevaricación. Otro alcalde procesado y cuyo juicio se aplazó esta misma semana al extraviarse una importante prueba es el de la Vall del Laguar, Juan José Puchol, del PSPV. Se le acusa de falsedad documental al supuestamente cambiar el trazado de un vial que pasaba por un terreno de su propiedad.
Y un primer edil más de la comarca con causas judiciales pendientes es el de Xàbia, Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes. Tanto él como su antecesor, Juan Moragues, que ahora es edil del PP, están imputados por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la ampliación de un hotel y luego dar licencia de actividad cuando los nuevos módulos se vendieron como viviendas independientes.
Otro concejal de la Marina Alta imputado es el calpino Juan Roselló, del PP, quien también es diputado provincial. Era concejal de Aguas y consejero de la empresa mixta Aguas de Calpe cuando se contrataron las obras de renovación de la red a la empresa de su cuñado, dedicada originariamente al buzoneo. Además, las obras tuvieron un sobrecoste de 1,1 millones de euros.
Castelló. El urbanismo, en
el punto de mira
El alcalde de Orpesa por el Partido Popular, Rafael Albert, lleva a cuestas dos imputaciones por presuntos delitos de prevaricación. Una tiene que ver con el intento del PP de legalizar dos edificios de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo no urbanizable en un mandato anterior al suyo. Para ello, el equipo de Albert convocó un pleno con la pretensión de recalificar el suelo. Finalmente, la recalificación no fue posible ya que la sesión plenaria fue anulada por no quedar justificada la urgencia.
Otra imputación, por la que el alcalde de Orpesa prestó declaración en abril de 2008, es por una posible aprobación de la venta de suelo público a menor precio en la zona del Balcó del monte Renegà. Presuntamente se habría vendido a un precio de seis euros por metro cuadrado, cuando el precio medio del mercado era de 200 euros. Las causas están en los juzgados de instrucción número 3 y 4 de Castelló.
Otro alcalde imputado es el de Moncofa, José Vicente Isach, del PSPV. Al munícipe se le atribuye un presunto delito de prevaricación por presuntamente otorgar licencia de obras en el PAI Camí de Cabres, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por carecer de una publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Isach declaró por esta causa en agosto de 2007 en el juzgado de instrucción número tres de Nules.
Isach también está imputado por la presunta venta irregular de suelo municipal al venderlo a un precio inferior por debajo del precio de mercado a una empresa, todo ello en el PAI Belcaire Sur, que como se recordará está paralizado por el TSJ. Isach aún tiene pendiente declarar por esta causa tras dos aplazamientos.
En Burriana, a día de hoy sólo un concejal, el responsable de Fiestas, se encuentra imputado en estos momentos por un presunto delito de prevaricación por la presunta condonación del pago de los enganches de la grúa municipal a amigos y familiares. Capítulo aparte merecen las imputaciones del ex alcalde y actual senador por el PP, Alfonso Ferrada y dos de los ediles de su equipo, que todavía lo siguen siendo con Calpe. El primero lo fue por su intervención en el polémico PAI Pedrera Port mientras que sus concejales por otras acusaciones distintas. Los tres descansan ahora tranquilos al haberse archivado la causa de forma provisional, aunque se está esperando la decisión del juez al respecto de si se reabre o no parte o la totalidad de la investigación.
En Alcalà de Xivert, municipio del Baix Maestrat, están actualmente imputados el alcalde, el popular Francisco Juan Mars, también diputado provincial y su concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, en la investigación que se sigue en los juzgados de Vinaròs sobre el destino de un millón de euros que debían haberse invertido en patrimonio municipal de suelo.
Además en el municipio de l'Alcora, su alcalde socialista Javier Peris tiene dos frentes judiciales abiertos con sendas imputaciones: una investigación por la presunta venta a bajo precio de un terreno a una empresa en el PAI Camí Santa, en la que el alcalde está imputado y una segunda investigación (en la que están imputados tanto Peris como dos de sus tenientes alcaldes) por la presuntas irregularidades en la adjudicación a una empresa de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana.
Requena-Utiel. Viviendas en suelo rústico en Zarra
El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, es uno de los casos más sonoros de primeros ediles que están en el punto de mira de la Justicia. Rubio, presuntamente, autorizó la construcción masiva de viviendas en terrenos rústicos.
El alcalde dio el visto bueno a licencias para casas con aperos agrícolas, donde finalmente se construyeron 73 chalés. Veinte de estas licencias se otorgaron a la empresa de su hijo.
Al alcalde de Zarra se le acusa de prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio, , actividad prohibida a autoridades y funcionarios públicos, fraude funcionarial y estafa.
El juez instructor pidió cárcel y el alcalde en la actualidad está en libertad tras pagar una fianza de 18.000 euros. Sigue al frente del Ayuntamiento de Zarra al no haber dimitido.
La Ribera Alta. La alcaldesa de Alzira, en el juzgado
Los vertidos que contaminaron el Júcar han acabado en el juzgado. La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas (PP), que también preside la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, está imputada por un presunto delito contra el medio ambiente a raíz de una denuncia que interpuso la Confederación Hidrográfica del Júcar por los vertidos de aguas residuales sin depurar realizados desde el alcantarillado municipal al río durante los años 2004 y 2006.
El alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán (PP), deberá declarar ante el titular del juzgado de instrucción número tres de Sueca en calidad de imputado por la querella que han presentado los vecinos de cuatro calles declaradas Zona Acústicamente Saturada en 2006. Los vecinos denunciaron al alcalde por permitir que los locales de ocio de estas calles continuaran abiertos, pese a la sentencia dictada por el TSJ hace tres años. El tribunal obligó al ayuntamiento a desarrollar un programa para atajar estas molestias y cumplir con la sentencia.
El alcalde de Benimodo, José Luis Sanchis (PSOE), declaró como imputado el pasado mes de noviembre dentro del proceso abierto por el juzgado de instrucción número 1 de Carlet tras una denuncia del fiscal. TOUS
El alcalde de Tous, Cristóbal García (PP), está inmerso en un procedimiento penal abierto por el juzgado después de que la Fiscalía apreciara indicios de delito por negarse a ceder al PSOE un local municipal para que la plataforma anti-vertedero celebrase una asamblea informativa. El juzgado investiga si se pudo cometer un supuesto delito de prevaricación.
El juzgado número 1 de Picassent imputó al ex alcalde de Montserrat, Josep María Mas (Gent d'Esquerres), por un presunto delito de prevaricación continuada. Mas dimitió hace unos meses como concejal después de la sentencia de la Audiencia de Valencia que le inhabilitó por siete años por dar una licencia para reformar una nave industrial situada en terreno rústico.
El ex alcalde de Massalavés, Vicente Villalba (PP), prestó declaración el pasado septiembre en el juzgado número 2 de Alzira como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de concesión de licencias ilegales en relación con la ampliación de una industria en suelo urbanizable.
El Camp de Túria/Los Serranos
Querella archivada por Porxinos
En abril de 2007 el Juzgado de Llíria decretaba el archivo provisional de la querella contra el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y otros dos ediles del PP, por varios delitos relacionados con el urbanismo (algunos de ellos tenían que ver con el PAI de Porxinos), al estimar, una vez concluidas todas las diligencias, que no existen indicios en ninguno de los delitos imputados. Tarazona también fue imputado por un delito de cohecho tras la denuncia de un constructor que le acusó de exigirle ocho millones de euros para aprobarle varios proyectos y que fue archivada por el juez.
El juzgado de Llíria también sobreseyó la causa abierta contra el ex alcalde de Olocau, José Agustí (PSPV), por tramitar un PAI para construir alrededor de 12.000 viviendas en una zona que incluía varios terrenos de su propiedad, ya que finalmente el proyecto no se llevó a cabo.
En Los Serranos, la alcaldesa de Alpuente fue absuelta de un delito contra el medio ambiente por unos vertidos de aguas residuales.
El Camp de Morvedre. Castelló, acusado de prevaricación
La Fiscalía ha trasladado a los juzgados de Sagunt su informe en el que advierte de que existen indicios de prevaricación en una actuación del alcalde de Sagunt, el popular Alfredo Castelló. El dictamen tiene su origen en la denuncia realizada ante este organismo por el actual Intendente Jefe de la Policía Local, Rafael de Manuel, que advertía sobre la posible paralización en Alcaldía de todas sus propuestas de expedientes disciplinarios dirigidos contra el Inspector Juan Ramón Arnal, antecesor en el cargo y destacado militante del PP de Sagunt.
También la ex alcaldesa de Sagunt, la socialista Gloria Calero, fue acusada hace unos meses ante la Fiscalía de un posible delito de prevaricación al falsear un informe para beneficiar a la empresa Fertiberia en sus trámites de ampliación, en contra del resto de informes municipales. Sin embargo, el Fiscal archivó recientemente la denuncia.
* Levante-EMV - 5.04.09
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
