LAPROVINCIA* : En 20 años, el paisaje del municipio de Las Palmas de Gran Canaria ha cambiado de forma drástica. Nada tienen que ver las afueras de entonces, puro campo y espacio libre, con los barrios actuales de dúplex y pisos promocionados como de alto standing. El cemento ha cambiado el horizonte y lo ha hecho especialmente en Ciudad Alta. Menos de 15 años han pasado desde que se desató la fiebre edificatoria en la Ciudad Alta y Tamaraceite, dando lugar a un crecimiento tan desmesurado y tan acelerado que ha dejado irreconocibles territorios como Siete Palmas, Las Torres, La Minilla.
Lo que en 1987 era puro campo y laderas salpicados por alguna que otra casa o por pequeños barrios como Lomo Los Frailes o Almatriche, aparece hoy colmatado de viviendas, cemento y asfalto, un paisaje que se ha vuelto absolutamente irreconocible para alguien que llegue a la ciudad después de haber estado fuera en los últimos 20 años. Son los nuevos centros urbanos del municipio y han protagonizado, casi en exclusiva, el crecimiento de la ciudad, que ha elegido este territorio -tampoco tiene otro- para expandirse.
En la Ciudad Alta, la edificación ha comenzado a frenarse, pero en Tamaraceite, cuya población se dobló en menos de diez años, se preparan para una nueva oleada de viviendas. Los planes municipales prevén la construcción de 3.900 nuevas viviendas, de las cuales 2.570 forman parte del plan de Tamaraceite-Sur. El pequeño centro comercial que se construirá en la zona amenaza con incrementar con 10.000 vehículos diarios más la circunvalación.
La comparación de las imágenes aéreas realizadas por la empresa cartográfica de Canarias (Grafcan) de zonas como Siete Palmas, Tamaraceite y La Minilla tomadas en los últimos veinte años reflejan el desaforado crecimiento que han soportado estos territorios. De hecho, en apenas diez años surgieron de la nada barrios enteros como Siete Palmas, donde se han edificado más de 4.000 casas -en las que residen unas 15.000 personas- o La Minilla, que supera ya los 3.500 residentes.
La edificación en los últimos doce años ha crecido en la capital grancanaria a un ritmo de unos 5.000 inmuebles por año, la inmesa mayoría de los cuales han surgido en Siete Palmas, Las Torres, La Minilla y Tamaraceite. El consumo de suelo ha sido frenético y, además, expansivo. No hay más que mirar cómo han crecido como la espuma los dúplex en barrios como Lomo Los Frailes, Ciudad del Campo, Hoya Andrea y La Galera. Laderas enteras han sido colonizadas por casas de dos plantas.
El crecimiento de estas zonas ha estado presidido por una absoluta falta de planificación, lo que ha provocado que las vías se hayan quedado pequeñas para absorber el tráfico de la gente del lugar y de la que llega atraída por los centros comerciales de zonas como Siete Palmas y del Estadio de Gran Canaria.
Guaguas Municipales ha sido incapaz de adaptar sus servicios a estos nuevos centros urbanos, lo que a su vez genera una mayor dependencia del coche particular.
EQUIPAMIENTOS. Los residentes se quejan además de la falta de equipamientos. Sólo dos grandes parques (Juan Pablo II y La Mayordomía, aún sin terminar) son insuficientes para tanta población. Apenas hay zonas verdes, los colegios se han quedado pequeños y los centros de salud están colapsados. El de Tamaraceite, por ejemplo, ha doblado su número de usuarios en sólo diez años.
* La Provincia - T.G. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 11 de noviembre de 2007
Foto: Vista aérea de La Minilla - laprovincia.es
Las Palmas: El cemento engulle la ciudad alta
2.500 vecinos de Alcorcón se manifiestan para conservar el Parque de los Castillos
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EFE/Madrid* : Alrededor de 2.500 vecinos se manifestaron en Alcorcón para pedir al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por PSOE e IU, que no construya el Centro de Creación de las Artes (CREAA) en un parque público, tal y como tiene previsto. Asociaciones vecinales, Ecologistas en Acción, Los Verdes y el Partido Popular de Alcorcón formaronla plataforma "Salvemos el Parque de los Castillos" que se opone a la ubicación de este centro artístico, que contará con nueve edificios, zonas comerciales y un aparcamiento, en una zona verde.
Los vecinos recorrieron la avenida de Los Castillos con pancartas en las que se podía leer: "Parque sí, CREAA no", "No más hormigón en nuestro Alcorcón" o "Alcalde, el parque es de todos, no lo destruyas".
Pidieron al consistorio el traslado de este proyecto a otro punto de Alcorcón porque, a su juicio, supondrá un "desastre medioambiental" y un "atentado ecológico" construir nueve edificios en el "parque más emblemático de Alcorcón".
Así piensan los vecinos que este domingo se manifestaron, que consideran que esta construcción, además de la destrucción de un área verde, supondrá el incremento de la contaminación acústica y atmosférica y el colapso circulatorio de la zona.
Escuchar a los ciudadanos
El portavoz de Los Verdes de Alcorcón, Juan Carlos Martínez, manifestó que la plataforma "en ningún caso está en contra de crear un centro artístico en Alcorcón, pero sí de que la localización sea en un parque ya consolidado que disfrutan miles de familias".
Desde esta organización ecologista critican además al alcalde, el socialista Enrique Cascallana, porque "no atiende a los vecinos" y porque "los está provocando diciendo que el inicio de las obras es inminente".
El portavoz del PP, Fernando Díaz, pidió también al regidor que sitúe este centro en otro punto de Alcorcón y que "deje de escudarse en que ha ganado las elecciones para construir un centro que rechazan los ciudadanos".
La mayoría de los vecinos dicen que apoyarían el proyecto cultural en otra zona de Alcorcón, aunque otros también han criticado que el Ayuntamiento se gaste 180 millones de euros en un centro artístico, "cuando los ciudadanos tenemos otras necesidades bastante más urgentes", señalaron algunos de los manifestantes.
Auditorio, escuelas y circo
El proyecto del CREAA incluye la construcción de espacios para la producción y difusión artística, un circo estable, un auditorio y escuelas municipales, además de salas para exposiciones y un centro de congresos.
La concejala de Cultura de Alcorcón, Tatiana Ercolanese, aseguró que tras la construcción del CREAA en el Parque de los Castillos, la superficie de arbolado se habrá triplicado y que la superficie para el disfrute de los vecinos al aire libre será del 87% del espacio.
"No vamos a destruir ningún parque", señaló Ercolanese, para quien el CREAA será una de las dotaciones culturales más importantes de la Comunidad de Madrid.
* Madridiario - 11-11-2007
Foto: madridiario.es
Huelva: Viviendas ilegales junto a las olas
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ELPAÍS* : El urbanismo salvaje ya manda en Huelva y el Guadiana, pero, incluso así, la costa onubense aún queda lejos del enladrillado que ciega el litoral español. El empeño de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa es parar urbanizaciones antes de que se construyan, ofreciendo suelo a los promotores tierra adentro. La fiebre urbanizadora que ha asolado el litoral español ha sido en la costa de Huelva más lenta y ha dejado un paisaje algo menos denso que en el resto de Andalucía. Pero el crecimiento entre 1991 y 2002 ha sido imparable, pues el número de viviendas cerca de las playas ha aumentado un 60%, según denuncia Greenpeace en su informe Destrucción a toda costa 2007.
Huelva ha conocido una construcción que tiende no tanto a los edificios en altura, sino a ocupar grandes bolsas de terreno para adosados y viviendas unifamiliares enclavados, a veces, en la misma arena de la playa. No obstante, también existen buenas muestras del modelo urbanizador tradicional de edificios de apartamentos, como en Isla Canela, El Portil o Matalascañas.
Isla Canela, en Ayamonte, se empezó a elevar en la década de los 60 junto a la frontera con Portugal y tiene planes de seguir creciendo. Su proyecto turístico, que llega hasta la Punta del Moral, albergará en un futuro 43.351 nuevas plazas turísticas, un campo de golf y un puerto deportivo en 600 hectáreas, como alerta Greenpeace.
Isla Canela es uno de los lugares de la provincia donde el Gobierno va a tener que emplearse a fondo para reparar la situación, como apunta la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, encargada por el Ministerio de Medio Ambiente y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El Gobierno quiere eliminar las edificaciones en zona de servidumbre (inmediatamente pegada a la playa) que tras una revisión de un deslinde en 1996 han quedado dentro de la zona protegida. Además, prevé ampliar el área de servidumbre pública a 100 metros "en aquellas parcelas en las que todavía no hayan sido iniciadas las obras de urbanización, por lo que esta ampliación puede estar plenamente justificada", según el documento.
El Gobierno también prevé revisar el Plan Parcial del enclave, sobre todo en las zonas contiguas a la marisma. El objetivo es "reducir o eliminar la edificabilidad de las parcelas situadas frente a la marisma, en las que todavía no han comenzado las obras de urbanización". Lo mismo se quiere hacer en la playa de Isla Canela, justo en los terrenos donde todavía no ha comenzado la construcción.
"Ya es tarde", sentencia Iñaki Olano, portavoz de Ecologistas en Acción en Ayamonte: "En la playa de Isla Canela queda poquísimo espacio sin construir". Para Olano, las acciones que se van a tomar en la costa onubense, aunque sean positivas, llegan con retraso. "Esto demuestra que durante mucho tiempo los ayuntamientos y la Junta de Andalucía no han aplicado la ley, sino que, o han mirado a otra parte o han toreado la ley para que todas estas obras se pudieran realizar".
Volando hacia La Antilla, en Lepe, al este, se encuentran bloques de apartamentos en segunda y tercera línea de playa, precedidos de un frente de viviendas unifamiliares clavadas, muchas veces, a pocos metros de donde rompen las olas. Estas últimas pueden tener sus días contados. La liberación de la zona de servidumbre de La Antilla contempla la "expropiación de las edificaciones" en esta área, así como de las casas con derechos reconocidos incluidas en el dominio público (la playa). Además, la Estrategia contempla la "eliminación de las ilegales" dentro de este dominio.
Un poco más hacia Levante, se elevan tres núcleos contiguos de gran proyección turística: El Rompido (Cartaya), El Portil, en Punta Umbría, y la propia Punta Umbría. En todos se pretende eliminar las edificaciones en dominio público. El Rompido y Punta Umbría presentan sobre todo casitas bajas en primera línea y, en el caso de Punta, bloques altos hacia el interior.
En la marisma del río Tinto, muchísimo más degradada por las industrias del polo Químico, el Gobierno planea una actuación relacionada con las balsas de fosfoyesos, residuos que la fábrica de fertilizantes Fertiberia ha vertido allí desde hace décadas. La concesión terminó en 2003, por lo que el rescate del lugar supondrá el sellado del vertedero y su restauración ambiental.
* ELPAIS.com - M. J. ALBERT - Huelva - 11/11/2007
Foto: Almonte (Huelva), playa Matalascañas - García Cordero (El País)
Imputan al anterior gobierno de Caldas un delito urbanístico
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LAVOZDEGALICIA/Pontevedra* : Los miembros de la anterior junta de gobierno local del Ayuntamiento de Caldas de Reis se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra el próximo 28 de enero. Al ex alcalde, el socialista José María Tobío, y a los concejales Juan Manuel Rey -actual regidor de la localidad-, José Blanco, José Lemos y José Fuentes, se les imputa un delito contra la ordenación del territorio por la concesión, en el año 2003, de seis licencias para naves industriales en la zona de As Veigas de Almorzar, en las márgenes de la carretera N-640 que comunica Caldas con Vilagarcía.
La entonces comisión de gobierno otorgó los permisos amparándose en que los terrenos estaban clasificados como suelo apto para urbanizar (SAU) en las normas subsidiarias municipales de 1995, que siguen en vigor. Los políticos adoptaron la decisión a pesar de los informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del asesor jurídico. Fuentes consultadas explicaron que una disposición de la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural establece que el régimen aplicable es el del «suelo urbanizable no delimitado», por lo que no procede otorgar la licencia hasta la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo.
Se da la circunstancia de que cuatro de los cinco miembros de aquella comisión de gobierno forman parte de la actual junta de gobierno local. Varias de las seis naves afectadas tienen en la actualidad actividad empresarial.
Una vez concedidas las licencias, la Dirección Xeral de Urbanismo requirió, en febrero del 2004, al Concello para que las anulara. Como se hizo caso omiso a la exigencia autonómica, Urbanismo acudió a la vía contencioso-administrativa para impugnar los permisos. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra, conocida en diciembre del 2005, dio la razón a la Xunta y obligó al regidor a revisar de oficio las licencias.
El proceso penal al que se enfrentan ahora los miembros de la anterior comisión de gobierno trascendió ayer a raíz de una petición de información al actual alcalde, Juan Manuel Rey, cursada por el partido Independentes de Caldas de Reis (ICDR). El próximo martes, los cinco implicados deben comparecer en el Juzgado de Caldas con carácter previo a la vista del 28 de enero.
Esta formación aseguró que estos hechos, que califica de «gravísimos», provocaron la dimisión «por sorpresa» del ex regidor, José María Tobío, en noviembre del 2006, cuando meses antes había confirmado públicamente que se presentaría a la reelección. El único concejal independiente en la actual corporación, Fernando Pérez, hizo hincapié en que ni el proceso penal por las licencias de As Veigas de Almorzar ni otros dos que están en marcha se pueden achacar a ninguna fuerza política, «xa que todos están instados por organismos administrativos ou xudiciais, non por partidos».
Los otros dos asuntos a los que se refiere ICDR tienen que ver con un edificio ilegal ubicado en el número 57 de la calle Real de Caldas y con una petición de voto para el PSOE realizada entre emigrantes argentinos antes del inicio de la campaña electoral del 27 de mayo y que fue pagada con fondos municipales. Por el primer asunto, José María Tobío declaró como imputado el pasado 16 de abril en el Juzgado de Caldas por desobedecer la orden judicial de demolición del inmueble. Su sucesor, Juan Manuel Rey, tendrá que comparecer, también en Caldas, el próximo 28 de noviembre para responder por un supuesto delito electoral.
* La Voz de Galicia - Cristina Barral - 10/11/2007
Foto: Algunas de las naves afectadas tienen actividad empresarial/ La Voz de Galicia
Un desafío democrático a los Ayuntamientos
JORGE BENAVIDES* : En España, particularmente en Andalucía, debido a su situación geográfica y al prestigio de su cultura popular, en estos días no hay aldea, pueblo o ciudad que se escape de la presión financiera interesada en convertir el suelo rústico en urbano y en edificar miles de inmuebles, más de los necesarios. Basta leer la prensa o escuchar con atención la radio. La edificación de 250.000 viviendas en el área metropolitana de Sevilla en los próximos diez años, producirá el colapso de todos los sistemas urbanísticos: infraestructuras, vías, equipamientos, transportes, espacios culturales y ambientales protegidos y de los servicios: seguridad, protección, medio ambiente, salud, educación, etc., que tienen dimensión pública. En esas circunstancias, florecerá la excluyente oferta privada. Diferente a nuestra cultura; como en Estados Unidos.
Por lo pronto, el informe sobre el colapso del transporte, ya lo conoce la Junta. La solución del problema se vislumbra para el año 2020. Pero en los quince años próximos, la situación será peor que la actual. Todas las nuevas viviendas ya estarán terminadas, los usuarios serán 700.000 más y al ritmo vigente, el paisaje y el entorno medioambiental se encontrarán irreversiblemente deteriorados.
Así, la ciudad mediterránea heredada, origen de la política y de lo público cuyo último fin es la calidad de vida (Polis, Aristóteles, felicidad) se diluirá dentro del modelo de la ciudad neoliberal estadounidense que ha logrado consolidar el espacio urbano privado sometiéndose a los requerimientos de la economía lucrativa inmobiliaria (pragmatismo empresarial) antes que a los intereses de sus habitantes (convivencia solidaria, civilidad).
Dicho proceso se ha fortalecido debido a que los "poderes públicos" no han sido capaces de garantizar los contenidos que, por una parte, recoge el Estatuto de Andalucía y, por otra, constan en los artículos 45, 46 y 46 de la Constitución: derecho a la buena calidad del Medio Ambiente, al Patrimonio Cultural y a la vivienda, como taxativamente se dice, impidiendo la especulación.
Pero siendo honestos, ¿en un sistema económico de libre mercado es posible impedir la especulación si al mismo tiempo, ésta no es un delito? Todos los delitos están tipificados en la Ley. La especulación inmobiliaria está condenada por la Constitución, pero es legal, aunque, por unanimidad, la condenemos porque es inmoral.
Así las cosas, el equilibrio entre el sistema económico (libre mercado) y la forma de gobierno (democracia participativa y solidaria) resulta muy difícil. Mantenerlo, sin embargo, no depende solamente de quienes dominan el mercado y de los gobernantes, sino también de la sociedad, del ser humano cuyo sentido de la vida, como dicen los clásicos, es ser feliz. Dicho en términos coloquiales, el ciudadano tiene el derecho a disfrutar de una buena calidad de vida, sobreentendiendo que ésta incluye la satisfacción de las necesidades individuales pero al mismo tiempo, de las necesidades sociales básicas: el patrimonio medioambiental (paisaje, recursos naturales no renovables), el patrimonio cultural (valor social añadido de los bienes) y el patrimonio social (identidad, sociabilidad, cohesión, forma de disfrutar el tiempo).
En pocas palabras, el ciudadano que vive en democracia debe tener garantizados los derechos que residen en el ámbito de la sostenibilidad, o sea, de la ética, no sólo de la economía; de la libertad responsable, no únicamente de la libertad de mercado.
Pero si los procesos sociales y de gobernabilidad democrática, en determinadas circunstancias aparecen difíciles y opacos, no tienen por qué asumirse como irreversibles. Al contrario, los procesos cerrados deben ser transformados en abiertos, aquellos opacos tienen que hacerse transparentes; han de retroalimentarse y adquirir validez con la participación ciudadana real, y no solamente con el cumplimiento de formalidades previstas como sucede, por ejemplo, durante el proceso de aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
Hace pocos meses, el Ayuntamiento de Almensilla resolvió reclasificar suelo para la construcción de 18.000 viviendas y aprobó el Avance del PGOU de este municipio que según el IAE tiene 14 kilómetros cuadrados donde residen 1.200 familias en 1099 viviendas.
Hace pocos días, la "sociedad civil" almensillera, a través de una encuesta hecha por profesores universitarios, ha recogido y difundido la opinión de sus vecinos acerca de cuánto y cómo debe crecer el núcleo urbano. Los resultados ratifican las alegaciones con centenares de firmas presentadas oportunamente y discrepan radicalmente de la decisión tomada por quienes fueron elegidos democráticamente en las urnas pero que, aun cumpliendo la formalidad de los procedimientos administrativos, gobiernan con procesos opacos y cerrados a la participación ciudadana. Tal como, con la tolerancia de los demás "poderes públicos", sucede en todos los Ayuntamientos que ahora están aprobando sus PGOUs. Excepto en dos.
El 75%, es decir, tres de cada cuatro de los actuales habitantes de Almensilla, opinan que el núcleo urbano debe crecer por el bien de todos, pero de manera controlada, de forma compacta, máximo unas 2.000 viviendas. Nueve veces menos de las previstas por el Ayuntamiento al tenor de los convenios urbanísticos firmados anticipadamente con las empresas inmobiliarias.
Qué gran ejemplo democrático. Merece ser imitado por los habitantes de todos los municipios de Andalucía e incluso asumido como un procedimiento de obligado cumplimiento. Porque la democracia también debe formar parte de la calidad de vida de los españoles. Si tantas veces se ha despreciado las razones técnicas, las razones democráticas tendrán que ser tomadas en cuenta. ¡Felicitaciones almensilleros!
* ELPAIS.com - Andalucía - JORGE BENAVIDES SOLÍS 14/03/2006
