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LEVANTE/Castelló* : La Fiscalía de Castelló ha remitido al juzgado la primera denuncia contra un particular por construir de forma ilegal dentro de la zona húmeda protegida de la desembocadura del Millars, en el término municipal de Almassora.
Se trata de la resolución de la primera de las dieciséis investigaciones penales que la Fiscalía abrió el pasado mes de abril sobre otras tantas construcciones ilegales en el paisaje protegido por la Generalitat después de aceptar la denuncia presentada el año pasado por el grupo conservacionista Gecen que denunció hasta 120 edificaciones en el entorno de la desembocadura.
Según el decreto del fiscal jefe de Castelló, fechado el pasado 23 de septiembre, la Fiscalía remite al juzgado la denuncia tras comprobar que dentro de la zona húmeda y coincidiendo con la parcela I-56 se han construido dos estructuras "de 3 por 6 metros y otra de 7 por 3 metros con ventanas con rejas y puerta, así como dependencia aneja cuyo destino es de gallinero". En las diligencias se especifica que, al encontrarse en zona húmeda y en el dominio privado del cauce del río las estructuras no son "susceptibles de obtener autorización". En este sentido se propone la remisión al juzgado y que se tome declaración como imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio al usuario de las edificaciones y se recabe un informe de la confederación hidrográfica para comprobar si se ha abierto un expediente disciplinario.
Por parte del grupo Gecen insistieron en que el destino de estas construcciones ilegales, "bien con responsabilidad penal para el propietario o sin ella" debería ser "el derribo y la restauración al estado anterior de dicha agresión".
En este sentido desde la asociación consideraron "de especial relevancia" la conclusión de este proceso "ya que de él se derivará o bien el 'construye que no pasa nada' o bien el inicio de un punto de inflexión en la degradación del humedal, que abriría las puertas a actuaciones de gestión creíbles en pro de la conservación del patrimonio natural".
Los efectos
Además desde Gecen confiaron en que el resto de las quince denuncias tengan el mismo destino. Cabe recordar que la Fiscalía abrió estas 16 investigaciones penales tras recibir una denuncia de Gecen contra 120 edificaciones dentro del paisaje protegido. En abril, la fiscalía dictó el archivo de las denuncias contra todas aquellas construcciones anteriores a 2003 aunque remitió a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Conselleria de Medio Ambiente y a Costas un informe con la relación de todas ellas "a los efectos oportunos".
* Levante-EMV - Victoria Salinas, Almassora - 22.10.2008
Foto: construcciones. Cauce del río Millars entre Vila-real y Almassora, en cuyo entorno se han ido levantando edificaciones que está investigando la Fiscalía.
vicent martí, levante-emv.com
Cerco a las viviendas ilegales en el Millars
Londres y Berlín presionan a España contra la Ley de Costas
ELPAÍS* : Cliff Carter no sale de su asombro. "¿Usted cree que la gente en España no protesta porque lo heredó de la época de Franco?". Este jubilado británico llegó en 2003 a Valencia a vivir en la casa que sus suegros le habían dejado a su mujer, María José Ruiz, que se define como Miss Carter (herencia de 30 años en las islas). La casa, blanca, de dos plantas, construida en los años setenta, tranquila a más no poder, está en la playa de El Saler, en un parque natural a 15 kilómetros de Valencia.
El 2 de abril pasado recibieron una carta que aún marca al matrimonio. En ella, la Dirección General de Costas les comunicaba que había completado el deslinde de la zona y que, en virtud de una ley de 1988, la construcción estaba en dominio público, que podían pedir una concesión para seguir disfrutándola durante 30 o 60 años. Y Cliff no lo entiende. Cientos de extranjeros (la mayoría británicos y alemanes) y miles de españoles se encuentran en la misma situación. Y las quejas han cruzado la frontera.
El Reino Unido y Alemania han pedido explicaciones a España por lo que consideran expropiaciones abusivas a sus súbditos en la costa española. Las embajadas de estos países han reclamado al Ministerio de Medio Ambiente aclaraciones sobre la Ley de Costas, vigente desde 1988, pero cuya aplicación se aceleró en 2004, con la llegada de Cristina Narbona al ministerio. Miles de españoles y cientos de extranjeros han visto cómo sus casas en primera línea de playa están pasando a manos del Estado. Pueden usarlas durante al menos 30 años, pero no pueden venderlas ni ampliarlas y para hacer obras necesitan un permiso.
Las presiones son frecuentes. El 21 de mayo de 2007 el secretario del Ministerio de Exteriores británico, Peter Ricketts, "elevó la cuestión" al embajador español en Londres, según explica un documento del Ejecutivo británico al que ha tenido acceso EL PAÍS. En septiembre de ese año, Ricketts "trató la cuestión" con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, durante una visita oficial a Madrid. Finalmente, el pasado 18 de septiembre, la secretaria de Estado de Asuntos Consulares de Reino Unido, Meg Munn, se reunió en el Ministerio de Medio Ambiente con el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, y con la directora general de Costas, Alicia Paz Antolín, para pedirles detalles sobre la ley y su aplicación.
"Nuestra embajada en Madrid ha elevado la preocupación a alto nivel, a menudo, en colaboración con otras embajadas de la Unión Europea cuyos ciudadanos también se han visto afectados. Seguiremos haciendo lobby en el ámbito nacional y regional para conseguir más seguridad para los derechos sobre la propiedad privada en España", escribía el pasado marzo un responsable británico. En ese mismo texto añadía, sin embargo, que el Reino Unido "no puede interferir en las leyes de otro Estado soberano". Los consulados en España a los que acuden los británicos a protestar recomiendan quejarse ante el Defensor del Pueblo o llevar el caso al Parlamento Europeo, algo que ya han hecho. El vicecónsul británico en Alicante, John Tomlinson, respondió por escrito a Cliff en febrero pasado: "Lamento conocer otro ejemplo más de los problemas que los ciudadanos británicos están padeciendo en relación con la propiedad en España y comprendo los problemas que le está causando".
Entre los aliados de Reino Unido está Alemania, según fuentes próximas a los encuentros. Representantes alemanes se reunieron antes del verano con el Ministerio de Medio Ambiente para trasladar quejas parecidas. Un portavoz alemán admite: "Por supuesto, estamos en contacto con las autoridades españolas para informarnos sobre la ley y su aplicación".
La directora general de Costas, Alicia Paz, asistió a la última reunión con los representantes británicos. "Querían más bien información técnica sobre la ley y su aplicación y dijeron que compartían el espíritu de la ley", explica a este periódico en su despacho en la primera entrevista desde que en julio fue nombrada.
El Reino Unido comprende que España quiera limitar los daños del desbarre urbanístico en la costa. Lo que no acaba de compartir es el método que utiliza España para expropiar a los dueños de las casas. Considera que afecta a compradores de buena fe y que no siempre garantiza la seguridad jurídica. La mayoría de los registros de la propiedad no alertan de si la propiedad está afectada por un deslinde o si puede estarlo en el futuro. Así que alguien desprevenido puede comprar una vivienda legalmente y verse sorprendido en unos años con que el suelo pasa a manos del Estado. Medio Ambiente anuncia que prepara un convenio con los registradores y notarios para asegurarse de que las servidumbres de la Ley de Costas queden reflejadas de forma clara y rápida en las escrituras de propiedad.
Los británicos lamentan que llueve sobre mojado, ya que los problemas se unen a casos como el de la ley valenciana de urbanismo, que propició la expropiación a cientos de británicos para construir urbanizaciones. Los ingleses denuncian el caso a sus diputados, estos al Gobierno y así llegan a la embajada. En casi todos los encuentros bilaterales del último año ha salido el tema de la Ley de Costas.
La ley establece que en primera línea de playa, el llamado "dominio público marítimo terrestre", no puede haber ninguna casa, ninguna piscina. Como muchas de esas construcciones estaban allí desde antes de 1988, la norma establece que el suelo pasará a ser propiedad estatal y que los dueños tendrán una concesión de 30 años, ampliable a 60. El problema es que para delimitar si una casa estaba en la zona pública o privada, Costas tenía que hacer un trámite -el deslinde- sin el cual no se puede aplicar la norma. La ley daba cinco años de plazo para deslindar toda la costa, pero 20 años después aún faltan 1.845 kilómetros (el 17% del total) por deslindar.
El deslinde no es sencillo porque hay que hacer complejos estudios topográficos, ya que la norma define el dominio público con conceptos geográficos. Así, dice que será público hasta "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos" o "las playas o depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas, incluyendo escarpes y guijarros y dunas". Además, suele haber multitud de alegaciones de los afectados, ya que mover la línea uno o dos metros supone mucho dinero. La aprobación de deslindes estuvo prácticamente paralizada entre 1996 y 2004, con el PP, y el Gobierno prevé terminar el deslinde de todo el litoral en 2011. En 2018 comenzarán a caducar masivamente las concesiones otorgadas desde 1988.
En ese trámite, Costas acaba de incluir la casa de Cliff en dominio público. Y junto a ésta, las 80 viviendas de la urbanización La Casbah y el hotel Sidi Saler, de cinco estrellas. Todos fueron construidos en los años setenta. Y los dueños están molestos. "Que apliquen el sentido común. Puede que el hotel no guste. Pero se construyó porque hubo una subasta de suelo público para hacer un hotel. Ahora no nos pueden quitar el suelo. ¿Por qué no empiezan por las miles de casas ilegales que hay en España", se pregunta Roger Zimmerman, el alemán que dirige el establecimiento, y que se ha reunido con la embajada alemana. Zimmerman viste un impecable traje. Poco que ver con la ropa casi veraniega que aún lucen los vecinos de La Casbah.
La urbanización hierve, y al llegar el periodista los vecinos le asaltan espontáneamente para contar sus quejas. "No duermo desde que recibí la notificación de Costas. Ésta es mi casa y no me la pueden quitar", explica Mercedes Gómez. Irene Calvet narra que nació aquí y que ahora vive con sus hijos pequeños: "Me he quedado en paro, y ahora si tengo necesidad no podría vender mi casa".
Las casas de la urbanización más alejadas del mar están a decenas de metros de la arena de la playa, pero en su carta, Costas afirma que "se encuentran en la actualidad sobre el conjunto de dunas de la playa de la Devesa".
Todos los vecinos citan ejemplos de hoteles y edificios mucho más recientes y más cerca del mar, desde el Algarrobico a los hoteles ilegales de Lanzarote que siguen en pie pese a carecer de licencia. Cliff resume: "La casa de al lado valía 600.000 euros. Ahora no podemos vender ésta, y cuando nosotros muramos se acabó, la casa ya no existirá. Si un día queremos venderla, no podremos". El matrimonio Carter posee otro piso en Valencia. La mayoría de afectados tiene su casa en la costa como segunda residencia, según el Ejecutivo, que añade que intenta ayudar a reubicar a aquellos que se ven afectados en una primera residencia.
Los perjudicados se están organizando y han creado la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Su presidenta, Carmen del Amo, calcula que hay unas 45.000 viviendas que podrían estar marcadas por dicha ley en toda España, un 15% de ellas en manos de extranjeros. "No sé de dónde sacan la cifra de viviendas. No tenemos estimaciones pero me parece elevada" replica Paz Antolín. El Ministerio de Medio Ambiente no comprende que el escándalo salte ahora por aplicar una ley de hace 20 años y que el PP ni tocó en sus ocho años de Gobierno. Y recuerda que ha ganado en los tribunales el 97% de los casos. La mayoría de sentencias de la Audiencia Nacional están de parte del Gobierno.
Paz Antolín afirma que el Gobierno no tiene ningún plan para impulsar una reforma de la ley, recuerda que el Constitucional avaló la norma y que la intención del Ejecutivo es garantizar que todo el mundo pueda acceder y disfrutar del litoral. Aunque la ley permite al Estado rescatar las concesiones en cualquier momento y por un precio que acaba siendo bajo, Paz Antolín niega que ése sea el plan del Gobierno: "No hay previsto un rescate de las concesiones salvo que en algún sitio haya un proyecto de utilidad pública, como un paseo marítimo o una regeneración de playas o dunas".
El Gobierno aconseja informarse bien antes de cerrar la compra
-¿Se compraría una casa en primera línea de playa?
-No tengo interés en estar en primera línea. Pero si tuviese que comprar iría a informarme bien antes de hacerlo.
La directora general para la Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz Antolín, aconseja a los interesados en comprar una casa en primera línea de playa que vayan a la demarcación de Costas. Allí debe estar el deslinde con el trazo que delimite la zona pública y la privada de playa. Si no está y hay un plan urbanístico debe tener al menos una línea de deslinde probable.
Pero eso sí, el deslinde puede ser revisado en unos años y adentrarse al interior, con lo que podría afectar a propietarios que se creían a salvo: "Desgraciadamente van a ser más los supuestos en los que los deslindes avancen hacia el interior" que hacia la costa. La construcción en la costa, los puertos, el menor aporte de arena en la playa por la regulación en los ríos y la subida del nivel del mar, todo va en contra de las playas. Por eso Costas en los últimos años ha multiplicado las regeneraciones de playa con arena del fondo marino.
Alicia Paz niega que su departamento realice ahora los deslindes con más dureza que antes: "La Administración aplica la ley de la manera más objetiva posible".
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 20/10/2008
Foto: Propietarios de casas en la urbanización La Casbah, en El Saler- JESÚS CÍSCAR, elpais.com
El Tribunal Supremo confirma la extinción del Plan Parcial Alborada de Teguise por el Plan Insular
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DIARIODELANZAROTE* : El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la extinción del Plan Parcial Alborada de Teguise por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de 1991, desestimando el recurso de casación presentado por la empresa Cortijos del Majo S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 15 de septiembre de 2003.
El Alto Tribunal canario ya había desestimado la demanda formulada por dicha empresa para que se declarase aprobado y en vigor el plan parcial La Alborada en Costa Teguise, que preveía 7.000 nuevas camas.
En su recurso, la empresa Cortijos del Majo S.A. pretendía que el Tribunal Supremo declarase aprobado por silencio el plan parcial Alborada al amparo del antiguo Plan Insular de Lanzarote de 1973.
La empresa alegaba que el Cabildo de Lanzarote no tenía competencias para suspender la aprobación de planes parciales durante el proceso de elaboración del Plan Insular de 1991, iniciado en 1987, y que por ello el acuerdo de aprobación inicial del PIOT adoptado por el Pleno del Cabildo en 1989, sería nulo.
El Tribunal Supremo rechazó el pasado mes de junio en su sentencia todos los argumentos de Cortijos del Majo S.A. reafirmando las competencias del Cabildo de Lanzarote en materia de ordenación insular y la superioridad del Plan Insular sobre los demás planes parciales y generales municipales y confirmando la legalidad del acuerdo que impidió la aprobación definitiva del plan parcial Alborada y la clasificación del suelo de dicho plan como rústico en el PIOT.
Historia del Plan Parcial
El plan parcial Alborada se presentó en el Ayuntamiento de Teguise en septiembre de 1987 para su tramitación (unos meses después del inicio del proceso de aprobación del Plan Insular de Lanzarote).
Se aprobó inicial y provisionalmente mediante acuerdos plenarios adoptados por el Ayuntamiento en sesiones celebradas los días 4 de diciembre de 1987 y 30 de junio de 1988, siendo remitido a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC) para que resolviera sobre su aprobación definitiva.
El 31 de marzo de 1989 la CUMAC adoptó el acuerdo de suspensión de la aprobación definitiva del plan parcial Alborada al estar afectado por las determinaciones del PIO (que clasificaba el suelo de aquel como rústico) y haber suspendido el Cabildo, mediante acuerdo plenario, la aprobación de planes parciales contrarios al PIO en tramitación.
Los terrenos que pretendían ser ordenados por el plan parcial Alborada (propiedad de la familia Lamberti) se encuentran junto al plan parcial Costa Teguise y hubieran tenido capacidad edificatoria para aproximadamente 7.000 nuevas plazas alojativas. Este plan es uno de los veinte que se tramitaron coincidiendo con el inicio de la redacción del Plan Insular de 1991.
* Diario de Lanzarote - ACN - 21.10.2008
Foto: Teguise (Lanzarote), costa - diariodelanzarote.com
El TSJ mantiene la suspensión de urbanizar los terrenos de La Zerrichera
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LAVERDAD/Murcia* : La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha dictado un Auto en el que mantiene la suspensión de la Orden de la Consejería de Obras Públicas de 13 de febrero de 2006, que permitía urbanizar en terrenos de la finca "La Zerrichera", ubicada en Águilas.
El acuerdo desestima los recursos presentados por las empresas "Grupo Inversor Hispania", "Inverlur Águilas I" e "Inverlur Águilas II", que habían solicitado al tribunal que levantara la suspensión acordada por éste en julio de 2007.
Estas empresas alegaron en su defensa que en la zona afectada no existen valores ambientales dignos de protección y que, por tanto, los razonamientos utilizados por la Sala para acordar la suspensión de urbanizar eran erróneos.
Además, el Grupo Inversor Hispania señaló que no levantar esta suspensión le iba a ocasionar perjuicios que valoraba en 180 millones de euros.
Al rechazar los recursos, el Alto Tribunal afirma que "de la propia resolución del Ayuntamiento de Águilas de suspensión del expediente del Plan Parcial se extraía que la medida de suspensión no ocasionaba perjuicio alguno al interés general".
Además, el tribunal añade que, "por otra parte, los perjuicios que se pueden ocasionar a las empresas por la no ejecución son meramente económicos y, por el contrario, el perjuicio que se podría ocasionar con la ejecución del acto es difícilmente reparable, teniendo en cuenta los valores ambientales de la zona".
La Sala de lo Contencioso añade que este acuerdo de suspensión, que puede ser recurrido en súplica, no prejuzga lo que en su día se pueda decidir al resolver el fondo del asunto.
* La Verdad - EFE - 21.10.08
Foto: La Zerrichera (Murcia) - Paco Alonso (La Verdad)
