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ELPAÍS/Alicante* : La vía de circulación rápida que proyecta el Consell para unir los núcleos urbanos más populosos de La Vega Baja, Orihuela y Torrevieja, a través de la huerta ha sufrido otro revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dictado una sentencia que paraliza el proyecto, conocido como la CV-9, por su impacto ambiental y porque "ignora" alternativas que consumen menos suelo.
Este el segundo fallo sucesivo del tribunal contra la infraestructura a raíz de sendos recursos de afectados.
Los colectivos cívicos de la comarca (vecinos, agricultores y ecologistas) no sólo se han organizado contra esa nueva carretera, sino contra una autovía similar también del Consell entre Orihuela y Guardamar y otra autopista, impulsada por el Gobierno, entre Murcia y Catral.
El fallo del TSJ admite parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Afectados de la Autovía CV-95 Orihuela-Costa. La sala considera que una de las dos propuestas no consideradas por la consejería "consume menos territorio y evita duplicidades, aparte de que optimiza la funcionalidad de las infraestructuras preexistentes". Esa alternativa que señala el TSJ es la defendida por los afectados y supone el ahorro de 600.000 metros cuadrados y evita partir el término del municipio de San Miguel de Salinas.
El tribunal también cuestiona el estudio de impacto ambiental que califica de "imperfecto e incompleto" porque se privó al órgano ambiental de evaluar las distintas alternativas.
La sala anula la aprobación del proyecto del 16 de marzo de 2007. Fuentes de la Consejería de Infraestructuras han señalado que la sentencia no afecta a la iniciativa, "porque ya ha sido recurrida". El proyecto ya ha sido adjudicado a una UTE, liderada por Lubasa, por 172,4 millones de euros, aunque las obras no han comenzado.
La segunda autovía que propone el Consell en el interior de La Vega Baja es la CV-91, que unirá Orihuela con Guardamar del Segura. Éste proyecto todavía no ha sido adjudicado, y también ha concitado el rechazo de los vecinos y propietarios de terrenos. "Ya hemos presentado más de 7.125 firmas rechazando el primer tramo de la autovía. Entre otras cuestiones porque la concentración de vías rápidas va a acabar con la huerta", señaló Quintín Gómez, de la asociación de afectados.
La tercera vía que ha sublevado los ánimos de los vecinos de La Vega Baja es la autopista A-37, entre Murcia y Catral, que discurrirá en paralelo a AP-7. Esta vía, programada por el Gobierno, está en fase de estudio de las distintas alternativas. No obstante, los vecinos ya han recogido 14.000 firmas solicitando su anulación. En contra del proyecto se ha posicionado hasta el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, entidad partidaria de desdoblar la AP-7 como alternativa a la nueva autopista.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 07/08/2009
Foto: Orihuela (Alicante), la vega y la sierra - wikipedia.org
Segundo revés del TSJ a la autovía de La Vega Baja
Pontedeume: Fusquenlla exige castigo penal para los que autorizaron los chalés de Nogueirosa
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El colectivo eumés Fusquenlla exige responsabilidad penal para los miembros del anterior Gobierno local de Pontedeume que permitieron la construcción de los ocho chalés de Freixeiro-Nogueirosa, todos ellos levantados en suelo de protección rústico costera, donde está prohibido edificar.
Esta asociación, que lucha por un urbanismo sostenible, afirma que las licencias de obra fueron concedidas "a sabiendas de su ilegalidad" ya que, apunta, se admitió que las construcciones infringían la ley de protección litoral.
Recuerda que el Concello de Pontedeume fue advertido por la Consellería de Política Territorial sobre la ilegalidad de las licencias y requirió al por aquel entonces alcalde, el socialista Belarmino Freire, que anulase los permisos de obra y paralizase la actuación, advertencia que se obvió.
El colectivo eumés destaca que "el delito no consistió sólo en construir en suelo rústico de protección costera" sino que, apunta, en un caso los propietarios de los terrenos consiguieron el permiso del Concello par la segregar el terreno y levantar así dos chalés. La división de terrenos está estipulada en la ley del suelo como una actividad "expresamente prohibida" en suelo rústico y tipificada como infracción urbanística "muy grave".
Pese a que comprende el malestar de los propietarios de las viviendas, señalan que la mayor parte eran conscientes del riesgo que corrían "solamente con leer los términos de la licencia concedida", ya que en ellas aparecía el dictamen contrario de la secretaria municipal.
"Se comprende el malestar provocado por una demolición, pero hay que tener en cuenta los hechos que originaron esa resolución judicial" manifiesta Fusquenlla, que denuncia que los políticos que otorgaron dichos permisos de obra no pueden tener "ningún tipo de eximente" y espera que haya "otro dictamen de los jueces que haga recaer sobre los verdaderos responsables todo el peso de la ley".
Fusquenlla afirma que, mientras no se tomen medidas, serán los vecinos de Pontedeume los que pagarán los "delitos" cometidos por los políticos "corruptos".
* La Opinión Coruña - VIVIANA BURÓN - 7.08.09
Foto: Fachada del chalé cuyo derribo estaba previsto para el pasado jueves. / la opinión
La Policía detiene a un ex director de Deportes del Consell por el Palma Arena
DIARIODEMALLORCA* : La Policía implica a otro alto cargo del Partido Popular en la trama económica del Palma Arena. Se trata de Antonio Palerm, quien en la anterior legislatura ocupó el cargo de director general del área de Deportes del Consell Insular y que se convierte en el séptimo detenido en este nuevo escándalo político.
El área de Deportes que dirigía estaba integrada en s´Institut, la única responsabilidad que asumió el PP en la anterior legislatura del Consell Insular, bajo la dirección del hoy diputado autonómico Antoni Serra.
Palerm, que ayer no se encontraba en Mallorca, regresó al mediodía y se presentó en Jefatura. Quedó detenido a la espera de que se le tomé declaración, posiblemente hoy.
El ex director general insular de Deportes también formó parte del Consorcio que se creó para tramitar todo el proceso de construcción del velódromo de Palma. Este organismo lo constituían el Consell Insular, el Govern y el ayuntamiento de Palma. Pero Palerm no se limitó sólo a participar en las reuniones del Consorcio. También suministró material de construcción a la UTE que fabricaba el velódromo, facturándole 11.400 euros. Estas facturas están en poder de la Policía. Su defensor es el abogado Eduardo Valdivia.
Durante la tarde de ayer, y bajo la supervisión de los fiscales Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach, la Policía tomó declaración a varios de los seis detenidos en la primera fase de la operación. En concreto, se interrogó a Ignacio Antonio Sáez, el arquitecto que participó en la construcción, quien a media tarde quedó en libertad con cargos. Abandonó el edificio policial acompañado de su abogado, Pedro Cerdá.
Los investigadores se interesaron por conocer el papel que tuvo Sáez en el proceso de construcción del velódromo. El detenido declaró que se encargó de la dirección técnica del proyecto, es decir, era el arquitecto que estaba a pie de obra. Explicó que su función era interpretar los planos y resolver los problemas de construcción que se podían plantear. Estuvo trabajando tanto para Ralf Schürmann (diseñador del proyecto original) como para los hermanos García Ruiz, aunque fueron estos últimos arquitectos los que fijaron su sueldo.
Una de las líneas de investigación sobre las que se vuelcan los policías del Grupo de Delincuencia Económica es determinar si alguno de los arquitectos que participó en el proyecto del velódromo lo hizo también en el nuevo chalet que se construye el ex director general de Deportes Pepote Ballester en la zona de sa Ràpita. Sobre este punto se le preguntó ayer a Sáez, que negó que hubiera intervenido en este chalet. Sin embargo, Anticorrupción sospecha que parte del material que se pagó con fondos del Consorcio y que nunca se colocó en el velódromo, terminó en la casa de Pepote Ballester.
* Diario de Mallorca - J. F. MESTRE/ B. PALAU. PALMA- 7.08.09
Foto: Palma de Mallorca, velódromo Palma Arena - diariodemallorca.es
El TSJ 'tumba' otro plan para 1.272 casas porque deja el urbanismo en manos privadas
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LAVERDAD/Alicante* : Las macrourbanizaciones, que generalmente conllevan una alteración importante del paisaje y del modelo de planeamiento vigente, no se pueden aprobar por la puerta trasera de un plan parcial o un PAI, sino que han de estar amparadas por el Plan General (PGOU). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha vuelto a apelar a la doctrina Parcent, conocida así por la paralización de una operación urbanística en dicha localidad decretada a finales del 2006, para tumbar otro proyecto megalómano, en este caso en Tibi, a los pies del mazizo del Maigmó.
Es la respuesta de los jueces al cúmulo de irregularidades, aberraciones y atentados contra el paisaje que muchos ayuntamientos han ejecutado en los últimos años y que han llevado al urbanismo de la Comunidad Valenciana hasta el Parlamento Europeo.
En el caso de Tibi, el Consistorio aprobó el 30 de marzo del 2005, el convenio que permitiría construir 1.272 viviendas en el sector El Aljibe. Lo hizo, «paradójicamente», apenas un año después de acordar una especie de moratoria urbanística en esa zona hasta que estuviese listo el avance del PGOU o al menos definido en su concierto previo el modelo territorial de municipio, según el fallo hecho público ayer por el TSJ.
Es más, el Ayuntamiento recurrió para ello a un plan parcial con expediente de homologación, obvió los valores medioambientales que había previamente reconocido y se alejó del interés general para beneficiar a intereses privados de promotores.
Para los magistrados, la aprobación del convenio urbanístico es «nulo de pleno derecho» porque dejaba sin efecto el anterior, de noviembre del 2003, que «precisamente disponía todo lo contrario». De una superficie total a urbanizar de 59,30 hectáreas para 474 viviendas se pasó, por arte de funambulismo administrativo, a permitir 1.593.413 metros cuadrados urbanizados y 1.272 edificaciones.
Además, según el TSJ, la corporación empleó un mecanismo inadecuado para materializar la urbanización: la de la homologación de un sector y aprobación de un plan parcial.
Aunque no invalidan el procedimiento, los magistrados también enumeran en su sentencia -por la que revocan una anterior del Juzgado de lo Contencioso 3 de Alicante-que las autoridades locales no contaron con el informe del secretario ni de una comisión informativa, parece que quisieron eludir una directiva europea y no disponían de la opinión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la existencia o no de recursos hídricos en la zona.
En cualquier caso, la resolución, da la razón a la Asociación de Vecinos de El Aljibe» y apuntala todavía con más argumentos la doctrina Parcent contra el urbanismo salvaje.
* La Verdad - 07.08.09 -MANRIQUE C. SÁNCHEZ
Foto: Panorámica de la localidad de Tibi. / ROBERTO MILÁN, laverdad.es
El Gobierno de la Comunidad de Madrid castiga a los vecinos de La Cañada
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DIARIODELHENARES* : La Comunidad retrasa la aprobación de unas modificaciones relacionadas con el barrio. La Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid acordó este jueves condicionar la elevación al Consejo de Gobierno de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General en el ámbito del barrio cosladeño de La Cañada hasta la aprobación de la ley que desafecta la Cañada Real Galiana, que está tramitando este organismo autónomo.
El Gobierno Municipal de Coslada quiere manifestar su malestar y desacuerdo por esta incomprensible decisión, pues se trata de dos actuaciones absolutamente diferentes, especialmente cuando dicho plan ya había recibido el 25 de junio la aprobación definitiva por parte de dicha Comisión de Urbanismo y el apoyo unánime del conjunto de la Corporación Municipal de Coslada y de las cuatro formaciones políticas que la componen (PSOE, IU, PIC y PP).
A juicio del Alcalde cosladeño, Ángel Viveros, la decisión del Gobierno de la Comunidad es totalmente incomprensible puesto que equipara dos temas totalmente diferentes y los vincula desdiciéndose de lo que aprobó en junio de este mismo año, es decir, hace poco más de un mes. De esta manera, según el primer edil, tendrá que dar las explicaciones oportunas al conjunto de la ciudadanía de este municipio porque es difícilmente entendible un cambio de actitud como éste sin que detrás haya intereses partidistas.
La modificación puntual que se plantea en el barrio cosladeño de La Cañada aborda la corrección del trazado viario y de dos unidades de ejecución para mejorar su accesibilidad, especialmente en materia de seguridad, y posibilitar el correcto funcionamiento de los servicios urbanos. En ningún caso, afecta a terrenos comprendidos o delimitados por la denominada Cañada Real Galiana, aclara el 2º Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo Antonio Murillo. Son dos actuaciones que no tienen nada que ver, totalmente diferentes. El barrio cosladeño de La Cañada no responde a las mismas características que presenta La Cañada Real de Las Merinas. Los terrenos que comprenden este barrio ya fueron desafectados en los años 80, con el visto bueno de ICONA y de la propia Comunidad de Madrid, y en 1985 se incorporaron al Plan General de Coslada, aprobado por la propia Comunidad de Madrid, tras un modélico proceso de legalización y ordenación urbana de la zona, explica el concejal de Urbanismo.
El concejal de Urbanismo califica de incomprensible que ahora la comunidad de Madrid pretenda supeditar las mejoras urbanas de este barrio a un proceso de desafectación de terrenos de otra zona urbana diferente. Queremos pensar que la decisión responde al desconocimiento sobre la realidad urbana de la región por parte del gobierno de Esperanza Aguirre, lo cual, aunque grave es rectificable, porque de lo contrario podríamos estar hablando de mala fe, continúa Murillo
* Diario del Henares - 5.08.09
Foto: Coslada (Madrid), ayuntamiento - diariodelhenares.com
