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LEVANTE/Castelló* : El litoral norte tiene unas 120 edificaciones. Las viviendas construidas en el litoral norte de Benicarló sin licencia y afectadas por la línea marítima serán expropiadas por Costas, a quien le interesa que "ese espacio quede liberado".
En estos términos se expresaba ayer el edil de urbanismo de Benicarló, Antonio Cuenca, quien explicó que el consistorio está censando todas las viviendas que cuentan con licencia de construcción amparadas por el PGOU anterior al 1986, puesto que Costas se ha comprometido a permitir que permanezcan en la zona de dominio público si cuando fueron construidas contaban con licencia de construcción.
El edil de urbanismo explicó que este es uno de los acuerdos alcanzados con Costas para conseguir la actuación del ministerio en la protección de la costa norte, que sufre desde hace más de una década un acusado proceso de degradación. Para Cuenca una de las finalidades de este censo es salvar de la demolición los tres núcleos de viviendas consolidadas ubicados en las partidas del litoral norte además de diversas viviendas aisladas.
En estos momentos, el ayuntamiento ya ha terminado de censar todas las viviendas pero para evitar equivocaciones. "Se les ha trasladado a las asociaciones para que a su vez hagan los sondeos pertinentes por si hay alguien que los servicios municipales no han detectado, dado que son expedientes muy antiguos", señaló.
Según Cuenca, en el plano de que dispone el consistorio quedarían afectadas por la línea de costas unas 75, si bien "hay algunas que no han sido detectadas", por lo que el número de viviendas podría oscilar entre las 100 y 120 en las tres partidas, dentro de la zona de afección de costas.
Legislación
El concejal incidió, sin embargo, en que esta es una "lectura laxa de la transitoria cuarta de la ley de 1988, ya que la ley, en toda la zona de dominio, declara de utilidad pública a efectos de expropiación los terrenos de propiedad particular situados en la zona de servidumbre que se estimen necesarios para la defensa y uso del dominio público marítimo terrestre, es decir, que Costas puede expropiar en toda la zona de afección todas las construcciones que haya dentro de ese espacio".
Ajustándose a las explicaciones del edil, Costas autorizaría que siguieran las construcciones edificadas con licencia, aunque éstas no podrían aumentar su volumetría en el futuro y únicamente podrían estar sujetas a trabajos de mantenimiento, mientras que "para el resto de viviendas construidas sin el amparo de la preceptiva licencia por parte del ayuntamiento se mandará su expropiación", aseguró Cuenca, quien determinó que Costas "pagará el valor de esas edificaciones en el momento en que se haga".
Paralelamente, Costas ha dejado claro que el paso de ribera, es decir, los seis primeros que hay dentro de la línea marítimo terrestre tierra adentro, "debe quedar libre totalmente" para poder llevar a cabo las labores de protección de la costa.
El edil pretende reunirse con los vecinos para informarles de las diversas posibilidades a los afectados. En este sentido, en el concierto previo queda recogido que los propietarios que construyeron sus casas con su preceptiva licencia podrán permanecer 30 años en la zona "y si lo estiman pertinente, una vez se desarrolle el PAI del sector, hacer la reserva del suelo en la parte de arriba, donde se les concretaría el aprovechamiento correspondiente".
* Levante-EMV - Noemí Oms, Benicarló - 22.04.2008
Foto: Vista aéreaen la que se ven diseminadas algunas viviendas de la zona norte/ lluïsa garcia, levante-emv.com
Costas expropiará las viviendas construidas sin licencia en dominio público en Benicarló
Madrid: Derriban tres casas de la Cañada Real pese a la oposición vecinal
ELMUNDO* : "Y mira, esta es mi habitación, estoy con los papeles de la autoescuela, que me estoy sacando el carné". Iman, una joven marroquí de 18 años, enseñaba ufana su casa a primera hora de esta mañana, incapaz siquiera de atisbar que horas después su hogar desde hace tres años iba a quedarse hecho trizas por una excavadora. "Si nos tiran la casa, ¿dónde vamos?", se preguntaba Iman, esperanzada con el 'escudo humano' que varios vecinos y miembros de colectivos sociales habían prometido montar alrededor de su casa.
La luna llena seguía iluminando las callejuelas del sector V de la Cañada Real, de las que brotaban a cuentagotas sus habitantes para ir a trabajar a la capital, cuando su padre, Mohamed, se dirigía ya al juzgado a aclarar la situación de su vivienda. Los rumores llegaron a última hora de ayer. "Oye, que van a derribar la casa del 'panadero'". Al hogar de Mohamed, levantado en terrenos del Ayuntamiento de Madrid, llegaron entonces las lágrimas, los rezos y las promesas de ayuda.
Sobre las 7.30 comenzaron a desplazarse hasta allí las primeras unidades de la 'resistencia', encabezadas por Javier Baeza, párroco de la Iglesia de Entrevías. La amplia presencia periodística hacía pensar a los presentes, unas 30 personas, que la amenaza de derribo se iba a quedar en eso, en amenaza. "Con todos los medios desplegados aquí no creo que actúen hoy", decía Baeza.
A las 8.30 horas, sin embargo, el vuelo de un helicóptero de la Policía y los cortes al tráfico de varias calles del barrio despejaban las dudas. Poco después varias furgonetas de la Unidad de Intervención Policial se colocaban sobre una loma desde la que se divisa la Cañada. Era hora de actuar. "Primero que se coloquen los extranjeros y luego los españoles, vamos a obligarles a que nos enseñen la orden", gritaba Baeza mientras intentaban taponar la entrada a la casa.
'¡Venid a la carrera!'
A los pocos minutos llegaron decenas de antidisturbios. "¡Venid a la carrera!", gritaba el responsable del operativo por el comunicador. No hubo incidentes. Sí empujones y gritos, tensión. "Asesinos", "fascistas" o "cobardes" se escuchaba entre la marabunta, que era impelida a unos 200 metros de la casa, encerrada entre el cordón policial y otro que se comenzaba a insinuar con agentes subidos a caballo que llegaban por otro lado del poblado.
En total, más de 200 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Un enorme despliegue que pretendía evitar los incidentes del pasado octubre, cuando el desalojo de una vivienda de la Cañada acabó en una batalla campal que se saldó con unos 30 heridos, la mayor parte policías. Esta vez, por si acaso, uno de los agentes grababa el operativo por si se producían altercados y había que realizar identificaciones.
Gritos como "Vais a tirar la casa de trabajadores como vosotros" o "La gente no se puede comprar una casa y vosotros tiráis las que hay" se repitieron durante toda la mañana. "Dicen que no van a derribar la vivienda de Mohammed, que tienen sólo una orden para la vivienda de al lado", explicaba Baeza a los presentes, expectantes ante lo que iba a ocurrir. La de "al lado" era una enorme construcción de dos plantas, propiedad del presidente de la asociación de vecinos, el constructor español Félix Rodríguez, que alquilaba las 19 miniviviendas a inmigrantes.
El momento de mayor tensión llegó cuando varios vecinos hicieron una sentada para evitar la entrada de las excavadoras. Fueron dispersados por los antidisturbios. Aunque un técnico municipal dijo, según los vecinos, que la casa de Mohammed no se iba a derribar, fue la primera que cayó después de ser desalojada.
Más de 90 personas sin hogar
Él y su hermano vivían en el 61 B y 61 C de la calle Cañada Real. Ambas construcciones de ladrillo, donde vivían 11 personas, tardaron minutos en convertirse en escombros. Según la abogada de la familia, el juzgado no les llegó siquiera a comunicar si había aceptado un recurso a la demolición después de que ella y su cliente se personaran allí esta mañana.
El edificio más grande, de dos plantas, con forma de 'U', donde residían unas 80 personas, muchos de ellos menores, fue el siguiente objetivo de las excavadoras. Según denunciaron más tarde los afectados, a muchos no les dio tiempo ni de coger sus pertenencias. "No nos dejan entrar a coger la documentación. Estoy aquí sin nada. Es algo injusto. No sabemos qué vamos a hacer, donde vamos a dormir", explicaba una de las desalojadas, del 61 A.
El Samur Social atendía entretanto a lo que habían aceptado ayuda -hasta las 12.30 horas sólo tres familias-, que comenzaban a entender la gravedad de su situación, provocada, según Miguel Martín, portavoz de la asociación de vecinos, por las obras que se desarrollaban estas semanas en la Cañada. "Han ido a por el presidente de la asociación, que era el responsable de las obras del alcantarillado que hemos realizado aquí", decía.
El presidente no dio señales de vida en toda la mañana. "Ayer llegó de vacaciones de República Dominicana y ha tenido el buzón lleno desde entonces", indicaba Martín. "Ése es un cara. Está ganando una fortuna cobrando 300 euros a los bolivianos por una habitación", indicaba uno de los residentes de la zona.
Desde el Ayuntamiento se felicitaban por que no hubiera habido incidentes y se limitaban a señalar que los tres derribos fueron realizados por orden judicial. La abogada de Mohamed, Patricia Fernández, ha asegurado, por su parte, que el Ayuntamiento de Madrid "no ha comunicado al juzgado que en la pensión vivían 20 familias, por lo que no se les ha notificado el derribo, y ha violado derechos fundamentales de sus ciudadanos y colocado a un montón de niños en una grave situación personal y social".
Los vecinos han convocado una manifestación para este miércoles por la tarde para mostrar su rechazo por los derribos.
* EL Mundo - ROBERTO BÉCARES | QUICO ALSEDO - 22/04/2008
Foto: Madrid, derribo Cañada Real - madridiario.es
Benidorm: Las torres de Punta Llisera siguen adelante y superan ya las 20 alturas
INFORMACIÓN* : Las dos torres de Punta Llisera de Benidorm, sobre las que pesa un expediente de expropiación iniciado por el Ministerio de Medio Ambiente por su proximidad al mar, continúan las obras a marchas forzadas y han superado ya el listón de las veinte alturas, concretamente 17 y 16 de las 21 plantas destinadas a viviendas en cada uno de los bloques y otras cinco de aparcamientos y zonas comunes.
Fuentes del grupo Ballester, promotor del proyecto Gemelos 28, confirmaron días atrás su intención de continuar con el ritmo previsto de los trabajos mientras Costas resuelve el proceso de expropiación y manifestaron que, por el momento, "no se ha producido ninguna novedad" en el expediente ni se ha recibido "ninguna orden judicial" para que se paralicen los trabajos.
La construcción de los dos edificios se inició hace poco más de un año y en la actualidad se halla casi en la fase final de su estructura. Vecinos y trabajadores de la zona explicaron que las obras avanzan a un ritmo de cerca de dos plantas por semana, por lo que en menos de un mes las 21 alturas previstas para viviendas podrían estar completamente finalizadas.
Sin embargo, desde la Delegación de Costas volvieron a insistir en que para valorar la indemnización sólo se tendrá en cuenta la parte que estaba construida hasta el pasado 14 de febrero. En aquella fecha, el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, se personó en las obras acompañado de un notario para levantar acta del estado de las mismas, que entonces ascendía a las cinco plantas de sótano más nueve plantas de viviendas en un bloque y diez en el otro.
El expediente de expropiación fue impulsado por Medio Ambiente al entender que los dos edificios se levantan sobre la zona de dominio público marítimo terrestre. El Consejo de Ministros aprobó la declaración de utilidad pública del solar en junio de 2007 y, desde entonces, se han sucedido diversos trámites, pero ninguno de ellos ha conseguido obligar a la promotora a que paralizara las obras.
Un proyecto polémico pero con sentencias a favor
Las dos torres levantadas por el Grupo Ballester sobre el solar de Punta Llisera son uno de los proyectos más polémicos iniciados en Benidorm en la última década pese a contar con numerosas sentencias a su favor. Entre ellas, destaca la dictada por el Tribunal Supremo y que, dieciocho años después, daba por válida la licencia que en 1989 otorgó el Ayuntamiento a los promotores del antiguo Coblanca 10, primera edificación que se erigió en el solar y que fue derribado por Ballester para iniciar el proyecto de Gemelos 28. Las dos torres actuales se levantan a 60 centímetros de la línea del mar en su zona más próxima, y a menos de ocho en la más alejada. La empresa insiste en que no están en la zona de dominio público, sino en la de servidumbre.
* Información - R. PAGÉS - 22 de abril de 2008
Foto: Aspecto que presentan en la actualidad las dos torres de Punta Llisera/ ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com
El Defensor del Pueblo carga contra el urbanismo en la capital
ELPAÍS/Madrid* : El actor Carmelo Gómez se trasladó hace siete años a vivir a una casa en Arturo Soria, pero ya no está a gusto. El barrio está cambiando. La zona de pequeñas casas unifamiliares se transforma en una manzana de edificios de lujo. Las zonas verdes desaparecen devoradas por bloques de ladrillos.
Algunos vecinos denunciaron la situación ante el Defensor del Pueblo en 2007. Éste ha respondido ahora, y califica de "pasividad" la actuación del Ayuntamiento "en la tramitación de licencia en la zona y en la protección de la legalidad urbanística".
La calle fue ideada por el ingeniero y urbanista Arturo Soria como una ciudad lineal, en la que a ambos lados de una vía principal se construirían casas unifamiliares y numerosas zonas verdes. Ahora está olvidando sus orígenes.Un grupo de vecinos, liderados por el actor Carmelo Gómez, ha constituido una asociación para denunciar que el "urbanismo devorador está destruyendo la zona". Urbe, como se llaman, denuncia que en solares donde antes había casas bajas han construido bloques de edificios. Algunos de los vecinos que llevan toda la vida en el barrio han visto cómo sus casas han quedado encajonadas entre dos grandes inmuebles.
La Concejalía de Urbanismo les ha asegurado a los vecinos que no puede hacer nada. "Nos dice que lo denunciemos en los juzgados", explica Gómez. "Entonces, ¿para qué están ellos?", se pregunta. Sin embargo, Urbe ha encargado una auditoría "exhaustiva" sobre las nuevas construcciones del barrio.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en su respuesta a la denuncia de los vecinos, se pronuncia sobre un edificio de viviendas situado en la calle de Antonio Cavero. El propietario asegura tener la licencia desde 2005. El Defensor asegura que "resulta inexplicable que hayan transcurrido más de nueve meses sin que se haya producido una visita de inspección... a pesar de que la Junta de Hortaleza conoce los hechos". El informe sostiene que se "produce un incumplimiento de la obligación de vigilancia que tienen encomendada los ayuntamientos".
Otro de los inmuebles analizados por el Defensor está en la calle de Santa Natalia. Este edificio está adosado al que está situado en la calle de Antonio Cavero. "Al ocupar ambos el 100% de la parcela, no existe ninguna zona verde, como prescriben las normas urbanísticas", considera Múgica.
El concejal socialista Óscar Iglesias critica la indolencia del equipo de gobierno en asuntos urbanísticos. "Ha tenido que ser el Defensor del Pueblo el que le diga al alcalde que no cumple la ley", señala. Iglesias acusa al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de "ignorar a los vecinos que reclaman que se cumpla la legalidad en una zona protegida. Es un nuevo ejemplo del descontrol urbanístico en el Ayuntamiento, donde se permite que se construya sin exigir licencias".
Otro de los inmuebles denunciados por la asociación Urbe está en la calle de Titania. El Consistorio no ha acudido a inspeccionar el inmueble, por lo que el Defensor del Pueblo sentencia: "Una vez más, ha de calificarse de pasividad la mostrada por el Ayuntamiento, no sólo en la tramitación de las denuncias, sino en el ejercicio de la protección de la legalidad urbanística". Episodios parecidos fueron denunciados por la asociación vecinal en las calles de Santo Ángel, Caminos, Zacarías Homs...
El Defensor ha solicitado información adicional sobre estos inmuebles al Ayuntamiento antes de pronunciarse sobre los mismos. Y concluye con una solicitud al gobierno de Ruiz-Gallardón para que entregue toda la documentación necesaria a la asociación de vecinos, con el fin de que éstos puedan comprobar si las obras que denuncian cumplen la normativa urbanística y si se han realizado inspecciones.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 22/04/2008
Foto: El Defensor del Pueblo carga contra el urbanismo en la capital- LUIS SEVILLANO, elpais.com
Europa exige a Valencia que presente los mapas de ruido tras una denuncia sobre la F1
LEVANTE* : La Comisión Europea "está considerando la posibilidad de abrir un dictamen motivado" (un expediente que puede derivar en condena judicial y multa) porque "a más tardar el 30 de junio de 2007 deberían haberse elaborado mapas estratégicos de ruido para la aglomeración urbana de Valencia".
Además, estos mapas deberían haberse remitido al ejecutivo comunitario "a más tardar el 30 de diciembre de 2007". Pero, "hasta la fecha (el 21 de abril de 2008) la Comisión no ha recibido ninguna información sobre estos mapas", según la respuesta remitida por el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, a los eurodiputados de Los Verdes David Hammerstein, Raul Romeva y Monica Frassoni.
Los tres europarlamentarios preguntaron a la Comisión Europea qué medidas iba a tomar para "asegurar el cumplimiento del derecho comunitario" durante la tramitación y construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia con "evidente falta de transparencia".
"Serias deficiencias"
La pregunta-denuncia presentada por los tres verdes informa a la comisión que el Consell "ha iniciado un circuito urbano de carreras de Fórmula 1 obviando la realización de un estudio completo de impacto medioambiental y proponiendo un proceso público de contratación con serias deficiencias, lo que puede estar vulnerando la Directiva de Contratación Pública".
Además, los eurodiputados de Los Verdes recuerdan que "el proyecto se ha presentado como adaptación de avenidas de un nuevo entorno residencial, camuflando e induciendo a confusión sobre la realidad de la actuación: un nuevo circuito urbano de carreras. Con esta interpretación las autoridades han querido obviar la necesidad de la realización de una evaluación de impacto medioambiental, posiblemente vulnerando la directiva de evaluación de impacto ambiental (EIA)". Sobre esta cuestión, la Comisión Europea considera que al circuito urbano de Fórmula 1 no le afecta esta directiva de evaluación de impacto ambiental porque "los circuitos que no son permanentes no entran en el ámbito de aplicación de la directiva de EIA".
Además, según Hammerstein, Romeva y Frassoni "una de las principales carencias es un análisis del ruido, ya que el trazado discurre por zonas urbanas. Con esto se vulnera la directiva sobre evaluación y gestión del ruido medioambiental", relatan los eurodiputados. Desde la Comisión Europea no aclararon ayer si Valencia es la única que no ha presentado los mapas o hay más ciudades.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 22 de abril de 2008
Foto: Desde las alturas ya se adivina la silueta del circuito/ conselleria de infraestructuras, levante-emv.com
NOTICIA RELACIONADA: La CE investigará si las licitaciones vulneran las directivas - Levante-EMV - 22 de abril de 2008
El Ayuntamiento de Jaén partió una obra para adjudicarla a un 'invitado'
ELPAÍS* : El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, con mayoría absoluta del Partido Popular, desgajó en dos obras la construcción del aparcamiento subterráneo Avenida, 912 plazas, para así poder adjudicar el proyecto a quien quisiera de entre la quince de empresas a las que se invitó a postularse.
El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, con mayoría absoluta del Partido Popular, desgajó en dos obras la construcción del aparcamiento subterráneo Avenida, 912 plazas, para así poder adjudicar el proyecto a quien quisiera de entre la quince de empresas a las que se invitó a postularse.
Con la citada división se eludió la licitación pública ya que las cantidades de ambos contratos quedaban por debajo de los seis millones de euros que la ley exige para ese tipo de procedimiento y que un único proyecto superaba con creces. El pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobará hoy el envío a la Cámara de Cuentas de Andalucía del informe técnico relativo al proceso de adjudicación de las obras del citado aparcamiento, que continúa sin abrirse después de pasados tres años del inicio de las obras.
Los populares enviaron 15 invitaciones a otras tantas empresas para optar a las obras, pero sólo se les dio un plazo de 14 días para presentar ofertas, según explicó el concejal socialista Manuel López. Por su parte, el concejal popular y ex presidente de la empresa pública de aparcamientos (Epassa), Miguel Ángel García Anguita, defiende que la propia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas avala su decisión en su artículo 129 ya que permite el fraccionamiento de este tipo de proyectos si para su ejecución se tuvieran que desviar servicios municipales, como el alcantarillado, el agua o el gas.
El coste del aparcamiento, que finalmente se adjudicó a la empresa ACSA Aguas de Barcelona, ha duplicado su coste -24 millones de euros- lo que ha conllevado también que Epassa haya tenido pérdidas de 11,5 millones de euros en el proceso de venta de plazas de aparcamiento. "Fue un proceso de adjudicación basado en el oscurantismo y que roza la corrupción política, una manera de adjudicarlo a una empresa amiga", señaló el concejal de Urbanismo y portavoz socialista, Manuel López.
Además, el Consistorio jiennense ha iniciado ya el proceso de revisión, y anulación si procede, de la venta de plazas realizado en su día, "para evitar la especulación", según afirmó la edil de Tráfico, Matilde Cruz. Por el momento, ya se ha ejercido el derecho de retracto sobre ocho plazas.Manuel López resaltó que el entonces equipo de gobierno "se saltara a la torera" la preceptiva publicación de la oferta de obra con 52 días de antelación en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas y 26 días en el BOE. López explicó que para el contrato de derivación de servicios se cursaron otras 15 invitaciones del mismo modo, pero en esta ocasión se presentaron dos ofertas; una procedía de la misma empresa adjudicataria de las obras y la otra de otra firma distinta que aportó una oferta más barata, aunque se adjudicó a la primera pese a que su propuesta era 500.000 euros más cara.
Mientras, el desfase presupuestario hasta doblar su coste que ha tenido finalmente la obra ha motivado que el valor de cada plaza de aparcamiento haya sido de 22.758 euros, muy por encima de los 14.000 euros a los que se vendieron en su día las mismas. Esto ha supuesto a la empresa pública de aparcamientos unas pérdidas de 11,5 millones de euros. El aparcamiento Avenida, que está previsto que se abra en cuestión de semanas, tendrá 705 plazas para residentes y 207 de rotación y está ubicado junto al solar de la antigua prisión.
Ventas irregulares
No sólo la adjudicación de las obras del aparcamiento subterráneo ha estado envuelta en la polémica. El proceso de venta de las plazas llegó a motivar una investigación municipal. Un hermano del secretario provincial del PP y en 2005 concejal responsable de los aparcamientos públicos de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, ganó más de 80.000 euros de comisiones por la intermediación de su empresa inmobiliaria, Viga, en la venta de 169 plazas del futuro aparcamiento, 500 euros por cada plaza. La inmobiliaria Viga -situada enfrente del aparcamiento Avenida- fue la que más plazas vendió en un proceso polémico en el que también participaron activamente otras tres inmobiliarias de la ciudad. El secretario provincial del PP defendió el "principio de libre concurrencia" para respaldar la participación en el proceso de la empresa dirigida por su hermano, y negó que hubiera existido trato de favor. Sin embargo, el portavoz socialista, Manuel López, recordó ayer cómo buena parte de las más de 300 plazas reservadas en su día a las inmobiliarias -entre las que figuran las 169 de la firma Viga- se vendieron minutos antes de abrirse la ventanilla al público. El PP abrió en su día una comisión de investigación, pero ésta se cerró sin ninguna conclusión.
* ELPAIS.com - GINÉS DONAIRE - Jaén - 22/04/2008
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
