MICIUDADREAL* : Juan Antonio León Triviño y José Pedro Cano Martínez, quienes fueran respectivamente presidente y secretario de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, cobraron, cada uno, más de 2,2 millones de euros de la sociedad CR Aeropuertos para que presumiblemente fueran reinvertidos a su vez con el objeto de mantener un determinado "status quo" de poderes en la sociedad. Así consta en el informe concursal elaborado por los actuales administradores del Aeropuerto de Ciudad Real que estiman, además, que muchos de los socios-promotores (incluido el propio León Triviño y el empresario Domingo Díaz de Mera, entre otros) hicieron negocio de forma inmediata con la construcción del Aeropuerto. El informe, firmado por los administradores Francisco Pérez Pérez, José Joaquín Navarro Rubio y Agustín Flores Vadillo, asegura que Juan Antonio León Triviño y José Pedro Cano Martínez recibieron cada uno 2.267.489 euros en el contexto de la quinta ampliación de capital efectuada por la sociedad aeroportuaria.
Tal y como señalan los administradores en el documento que presentaron al Juzgado Número 4 de Ciudad Real, "esta ampliación de capital tiene su origen en un acuerdo privado o pacto parasocial de los socios de fecha 19 de junio de 2003 mediante el que calificaron a Juan Antonio León Triviño y a José Pedro Cano Martínez como promotores del proyecto del aeropuerto y, sin que tuvieran ninguna obligación legal de hacerlo, acordaron irrevocablemente retribuir a cada uno de ellos con la cantidad de 2.267.489 euros".
Según detallan los administradores concursales, los socios de CR Aeropuertos y sus representantes en el Consejo de Administración se obligaron a acordar y suscribir el pago con León Triviño y Cano "en un plazo no superior a cuatro meses desde la fecha de este contrato y de forma tal que el tratamiento fiscal de las mencionadas cantidades sea lo más eficiente posible para los señores León Triviño y Cano Martínez; y que tales sumas, o bien sean abonadas lo antes posible a dichos señores, o bien se les paguen en un período más prolongado, siempre a elección de los señores León Triviño y Cano Martínez".
El informe concursal relata que dichas cantidades se pagaron a León Triviño y a Cano Martínez, quien también fuera consejero delegado del Aeropuerto, "con tratamiento tributario de renta irregular" y en virtud de acuerdo de la Junta General de 28 de octubre de 2003. En ese encuentro también se acordó una quinta ampliación de capital (la sociedad llegó a registrar once ampliaciones) que precisamente fue desembolsada únicamente por León Triviño y Cano, "presumiblemente con el efectivo metálico que habían recibido de la sociedad".
A juicio de los firmantes del documento, este acuerdo se inscribe en el contexto de dos pactos privados "parasociales" suscritos entre los socios del aeropuerto para configurar una sociedad "cerrada" que garantizara para cada uno de ellos una determinada participación.
Los "pagos indebidos" de José Cano
Pero no acaban ahí las llamativas valoraciones de los administradores concursales del Aeropuerto. En el mismo informe hacen constar que formularon una demanda incidental contra José Pedro Cano Martínez exigiendo la devolución del importe de unas "retribuciones que no le correspondían".
Según los administradores, José Cano únicamente tenía derecho a percibir las retribuciones que, según los estatutos sociales, le correspondían como consejero y consejero delegado de CR Aeropuertos, pero "su contrato de trabajo suscrito con la concursada fue en todo momento nulo de pleno derecho, por lo que no tuvo derecho a percibir retribuciones salariales y debe reintegrar la diferencia entre las retribuciones que percibió y las que legalmente le correspondían".
El informe detalla que Cano dimitió de su cargo de consejero delegado el 3 de julio de 2009, momento en el que cesó de prestar servicios para la sociedad. "Sin embargo, continuó percibiendo el salario que anteriormente tenía atribuido, pese a no trabajar en la compañía, hasta que la administración concursal dio órdenes de dejar de abonárselo. Por lo tanto, debe reintegrar todos los salarios percibidos desde el 4 de julio de 2009".
Por todo ello, los administradores solicitaron al Juzgado que "declare la nulidad de cualquier pago efectuado por la concursada a José Pedro Cano Muñoz en los dos años anteriores a la declaración de concurso que supere la retribución que los estatutos sociales fijaban para los vocales del Consejo de Administración y los consejeros delegados y, en consecuencia, condene a dicho señor a reintegrar a la sociedad la cantidad de 200.918 euros, incrementada con los intereses legales devengados". Asimismo, los nuevos gestores del Aeropuerto solicitaron la declaración de nulidad de cualquier pago efectuado a José Cano desde la fecha de constitución de CR Aeropuertos hasta el 31 de mayo de 2008 "que supere la retribución que los estatutos sociales fijaban para los vocales del Consejo de Administración y los consejeros delegados". Consecuentemente, se pidió a Cano el reintegro de otros 114.892 euros, más intereses devengados.
La construcción como negocio inmediato
Otro de los aspectos en los que incide el informe concursal es la valoración de la propia fase de construcción del Aeropuerto como negocio "en sí mismo" para algunos de los propietarios. De hecho, los acuerdos "parasociales" a los que se hacía referencia anteriormente tenían como objeto "fomentar" las relaciones comerciales entre los socios y la sociedad "siempre en condiciones de mercado".
Según los administradores concursales, "la subcontratación, el suministro de materiales y bienes de equipo, la consultoría y asesoramiento, suponen los primeros ingresos para parte de los socios propietarios". "Se firman -prosiguen- contratos de empresas de socios con la sociedad aeroportuaria constituida, se forman alianzas con otras empresas. En definitiva la fase de construcción supone los primeros beneficios para los inversores, obtenidos indirectamente con cargo a la sociedad aeroportuaria a través de terceras empresas propiedad de ellos mismos".
En este sentido, el informe concursal relata operaciones entre la sociedad aeroportuaria y sus socios, así como "actos o negocios realizados con personas físicas o jurídicas que presenten una intensa vinculación con socios de la concursada sin ostentar jurídicamente dicha cualidad".
Este es el extracto del informe en el que se desgranan las principales operaciones:
1) La construcción de gran parte del aeropuerto fue llevada a cabo por una Unión Temporal de Empresas denominada "UTE Aeropuerto de Ciudad Real", integrada por Sacyr y Grupo Isolux Corsán S.A. Esta última es propietaria del 3,64 % del capital de la concursada (a su vez, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha también mantiene una participación relevante en Grupo Isolux Corsán S.A.).
2) La construcción de otra parte importante del aeropuerto y su zona de uso industrial-aeroportuario (pavimentación, viales, etc.) fue realizada por la empresa León Triviño Construcciones y Obras Públicas S.A., que es una empresa familiar del socio Juan Antonio León Triviño, presidente del Consejo de Administración de la concursada.
3) A su vez, empresas del socio Juan Antonio León Triviño fueron subcontratistas de la "UTE Aeropuerto de Ciudad Real" para el movimiento de tierras y proveedoras de áridos y asfalto.
4) Tanto el acreedor Preturbi S.L (en su caso para el Centro de Visitantes) como el socio Construcciones León Triviño S.A. (en este caso para los accesos al aeropuerto) contrataron como director de proyecto y director técnico a Tomás Herrera Mazón, persona que era director general de la concursada.
5) Montreal Montajes y Realizaciones S.A., que se encargó de actuaciones de urbanización de la segunda fase de la zona industrial e intervino en el inicio de la construcción del puerto seco (a través de la UTE Montreal Montajes y Realizaciones S.A.-Constructora Hispánica S.A.), es una empresa participada en un 51% por sociedad Ruteso Aplicaciones S.A., la cual, a su vez, está controlada por Domingo Díaz de Mera Lozano e Ignacio Barco (familia Barco).
Es posible también identificar otras vinculaciones en torno a esta contratista: Ruteso Aplicaciones S.A., accionista mayoritaria de Montreal Montajes y Realizaciones S.A. (es titular del 51% de su capital), está representada en el Consejo de Administración de Montreal por Marcelino Francisco Larrañaga Arruti, el cual, a su vez, es también consejero y apoderado general mancomunado de CR Aeropuertos SL.
Pese a todas esas vinculaciones, Montreal Montajes y Realizaciones S.A., fue la primera entidad en instar el presente concurso de CR Aeropuertos SL. Montreal Montajes y Realizaciones S.A. se encuentra también en situación de concurso necesario desde el 7 de mayo de 2.010, procedimiento que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 10 de Madrid.
6) La financiación bancaria de la sociedad se concertó, en su inmensa mayoría, con Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. A su vez, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha ha financiado a varios socios para que suscribieran o compraran participaciones de la concursada.
Como ejemplo paradigmático de operación vinculada destaca que Caja de Castilla-La Mancha avalase nueve pagarés emitidos por la concursada por importe de 5.000.000 euros cada uno, a favor de la "UTE Aeropuerto de Ciudad Real" (es decir, un socio avala a la sociedad frente a otro socio, en cuyo capital también tiene participación la avalista).
Para garantizar dicho aval se constituyó una hipoteca de máximo a favor de Caja de Castilla-La Mancha sobre la finca registral única Nº 84.579 (1.059 Ha., 90 A. y 98 Ca.), mediante escritura otorgada ante la Notaria de Ciudad Real, María Luisa García de Blas Valentín Fuentes, con fecha 2 de diciembre de 2.008 y Nº 4.487 de su protocolo, lo que supone para dicho inmueble carga real por un principal total de 45.000.000 euros, más 9.000.000 euros en concepto de los intereses generados por los avales y otros 9.000.000 euros en concepto de costas y gastos de ejecución.
7) La firma de ingeniería Gerens Management Group S.A. (Gerens Hill), que se encargó de dirigir las actividades de construcción y de elaborar proyectos técnicos, es una sociedad participada por Caja de Castilla-La Mancha.
8) La firma de asesoría urbanística Equipo Redactor Malt S.L., que se ha encargado y se encarga del asesoramiento técnico y jurídico en materia de urbanismo, es una sociedad participada por Caja de Castilla-La Mancha.
9) Watsegur S.A., compañía de seguridad que ha suministrado equipos y cámaras de seguridad, es una sociedad del Grupo Isolux Corsán S.A.
10) Actualmente el mantenimiento de la pista de aterrizaje y del campo de vuelos, tanto correctivo como preventivo, está contratado con el socio Construcciones León Triviño S.A.
11) La concursada se subrogó en los contratos de trabajo que las dos letradas de la sociedad y dos técnicos de administración mantenían desde hacía varios años con una empresa denominada Global Consulting Partners S.L. en la que son o han sido socios destacados la familia Barco, Domingo Díaz de Mera Lozano y la familia Sanahuja. De dichos trabajadores, la responsable de la Asesoría Jurídica, Ana Isabel Valiente, ya venía encargándose de ciertas labores jurídicas internas de CR Aeropuertos desde antes de producirse dicha subrogación.
12) Se otorgó un derecho de superficie a la empresa Aerojet Center en cuyo capital participaban el grupo de Domingo Díaz de Mera Lozano, el grupo de Ignacio Barco y el de Serafín González, éste a través de su hijo.
13) La defensa de la concursada en un gran número de litigios civiles se encargó al despacho de abogados Bufete de Abogados DM S.L., en el que es socio destacado Antonio Díaz de Mera Lozano.
14) La defensa de la concursada en un gran número de litigios contencioso-administrativos se encargó a la letrada María Esperanza Obejo Escudero, la cual es sobrina del socio y anterior consejero delegado de la concursada, José Pedro Cano Martínez, que fue quien suscribió con ella el contrato de arrendamiento de servicios profesionales.
15) Aunque no se trata de una operación concertada con la concursada, debe reseñarse también que Construcciones León Triviño S.A. y Grupo Isolux Corsán S.A. constituyeron una Unión Temporal de Empresas que construyó para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el vial que va desde la autovía A-43 hasta los terrenos del aeropuerto.
* Mi Ciudad Real - 4.01.11
Foto: Ciudad Real, aeropuerto fantasma - EFE
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EFE/Sevilla* : La Fiscalía de Urbanismo ha pedido un año de cárcel y 18 de inhabilitación para Salvador Guerrero Reina (PSOE), alcalde de Lora de Estepa (Sevilla) por autorizar unas viviendas en suelo rústico con "plena conciencia de ser manifiestamente contrarias a la legalidad". El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, se dirige contra el alcalde, la secretaria municipal Carmen Rosario Prados y dos promotores urbanísticos, acusados de construir 17 viviendas con aparcamiento en el lugar conocido como Piedra del Águila, calificado como "suelo no urbanizable común". Conociendo dicha calificación, los acusados se concertaron para "burlar las limitaciones para edificar", pese a que la finca de 12.052 metros cuadrados era expresamente mencionada como rústica en el contrato de compraventa.
El alcalde y los promotores G.M.M. y E.F.M. contaron con la colaboración de la secretaria municipal, que "no puso objeción alguna a la evidente ilegalidad que se preparaba" y "silenció la necesidad de informes técnicos previos" al convenio urbanístico.
Este documento "burlaba el planeamiento vigente" e incluso incumplía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía al no señalar que la cantidad que debería recibir el Ayuntamiento en contraprestación al aprovechamiento urbanístico debía integrarse en el patrimonio público del suelo, según la Fiscalía.
Para el mismo fin hicieron luego un "ilegal proyecto de reparcelación" y el 12 de julio de 2005 el alcalde concedió la licencia de obras "con la misma plena conciencia de ser manifiestamente contraria a la legalidad".
A su vez, los promotores vendieron las parcelas en torno al año 2007 a terceros compradores que desconocían las irregularidades expuestas, añade el fiscal.
La Fiscalía imputa a Salvador Guerrero un delito continuado de prevaricación, por el que pide 9 años de inhabilitación especial para cargo público, y dos delitos contra la ordenación del territorio, por los que pide otros nueve años de inhabilitación, un año de prisión y dos multas de 9.000 y 2.700 euros.
A la secretaria municipal imputa dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio, por los que pide nueve meses de cárcel y siete de inhabilitación, y a los promotores un año de cárcel y nueve años de inhabilitación para cargo público y otros dos para ejercer como promotor y constructor.
El escrito del fiscal precisa que no se ha demostrado que el alcalde o la secretaria obtuvieran ningún beneficio económico de la operación urbanística y que no procede la demolición de las viviendas y de la urbanización por haber sido modificado posteriormente el ordenamiento urbanístico de Lora de Estepa.
Guerrero fue absuelto en el año 2009 de otro delito contra la ordenación del territorio por autorizar varias edificaciones en suelo no urbanizable, ya que el juez entendió que existe la "duda racional" sobre una posible legalización posterior de dichas obras.
* NorteCastilla - 4.01.11
Foto: Lora de Estepa (Sevilla), ayuntamiento - andaluciarustica
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LAVOZ/Pontevedra* : La aprobación de un plan de urbanismo ha figurado prominente en todos los programas electorales de los últimos veinte años. También ha sido marcado como una prioridad por sucesivos gobiernos locales de todos los colores y coaliciones. Estuvo a punto de ser aprobado en dos ocasiones, pero los defectos técnicos y las desavenencias entre Xunta, Concello y Estado acabaron por tumbarlo. Ahora, en el 2011, Marín se enfrenta otra vez a la recta final del proceso de aprobación del PXOM, un plan por el que espera desde hace 33 años. La ausencia del documento urbanístico han convertido a Marín en el número uno de las listas de municipios sin PXOM en Galicia. Es el municipio más importante que todavía no ha sido capaz de aprobar uno y el paso del tiempo, con la constante evolución de las leyes urbanísticas, no ha hecho más que complicar cada vez más un trámite que pudo haber sido relativamente sencillo hace unos años, pero que ahora parece interminable.
Con 27.000 habitantes y el tercer casco urbano de la provincia, Marín está sometida a una serie de carencias estructurales imposibles de resolver sin un planeamiento. No hay suelo empresarial, no se pueden abrir nuevas calles, no se puede edificar en el rural, el litoral está también congelado y cosas tan básicas como la ampliación del cementerio de A Raña tampoco se pueden llevar a cabo.
Después de un accidentado trámite de conversaciones con la Xunta y modificaciones por las múltiples alegaciones recibidas y con muchas etapas de aparente falta de actividad municipal, el informe preceptivo de la Xunta fue favorable a la aprobación provisional, anticipándose al máximo plazo legal permitido desde que se le envió desde el Concello. Esta medida fue vital para garantizar su futuro.
Tras unas sesiones maratonianas de trabajo en el Concello, el pleno pudo dar la luz verde de forma provisional al PXOM en abril del 2010, un día antes de la entrada en vigor de la reforma de la Lei do Solo (Louga). Eso salvó por lo pelos un plan, que de otra manera tendría que haber empezado de cero. Un lujo difícilmente asumible por ningún gobierno local dadas las circunstancias especiales del caso.
Ahora, el plan sigue pendiente de los informes previos a la aprobación definitiva por la Xunta. El Concello envió el plan a Santiago para adelantar su visto bueno, pero los técnicos autonómicos detectaron la falta de tantos documentos que se lo reenviaron al Ayuntamiento. Ahora este tiene que subsanar los defectos y volver a enviarlos para el dictamen final de la Xunta.
* La Voz de Galicia - 4.01.11
Foto: Marín es la principal localidad gallega todavía sin un plan de urbanismo - lavoz
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SUR/Marbella* : La merma del patrimonio de la ciudad durante la 'era GIL' no se limitó al desvío de cantidades millonarias de las arcas municipales para beneficiar a unos pocos, tal y como establece la sentencia del 'caso Saqueo'. El caos, la falta de control y las anómalas actuaciones durante cerca de tres lustros de los gobiernos gilistas generó también la pérdida de decenas de parcelas e inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Marbella que, de manera irregular, pasaron a manos particulares. La documentación hallada por el actual Ejecutivo local a lo largo de la presente legislatura recoge diversas fórmulas por las que bienes del Consistorio se encontraban ocupados por terceros. Entre ellos, convenios en los que se otorgaron fincas con valoraciones erróneas, adjudicaciones que se mantenían a pesar de haberse extinguido el plazo y dejado de abonar el canon, acuerdos en los que se realizaban promesas de entrega de un bien no definido y se permitía la ocupación de otro o concesiones basadas en la mera palabra de un concejal.
«Querían vender hasta una calle de Nueva Andalucía, operación que finalmente no se formalizó», relata el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero.
«Fue una gestión descontrolada durante quince años», destaca el edil, que ayer dio a conocer un acuerdo marco para la recuperación de bienes de titularidad pública. El Ayuntamiento ya ha recobrado en los últimos tres años un importante número de parcelas e inmuebles de su propiedad que se encontraban en manos privadas. Así ha sucedido con distintas fincas en Las Chapas y Nueva Andalucía o con los terrenos donde se asienta la nave de servicios operativos municipales, en la carretera de Ojén. Sin embargo, el nuevo protocolo de actuación nace tras descubrir la existencia de bienes que pertenecían al Consistorio y han sido inscritos por terceros en el registro de la propiedad.
«Nuestro umbral de asombro parecía que no podía superarse, pero la verdad es que seguimos hallando fórmulas por las que particulares se benefician de forma ilícita del patrimonio público», indicó Romero, que explicó que el equipo de Gobierno ha detectado dos parcelas en primera línea de playa de San Pedro Alcántara, que, a través de un proceso denominado inmatriculación, fueron inscritas en el registro de la propiedad a favor de terceros.
Acciones judiciales
Las actuaciones del Ayuntamiento para recuperar este tipo de bienes estarán marcadas, según señaló el portavoz municipal, por la antigüedad de la inscripción en el registro. En el caso de que haya tenido lugar en los dos últimos años, se llevarán a cabo gestiones registrales. Si la inmatriculación es anterior, el Ejecutivo local recurrirá a los tribunales. «Que nadie piense que por tener una inscripción antigua puede quedarse con bienes públicos», advirtió el edil.
Romero apuntó que el anuncio constituye además «un mensaje a navegantes» para «todas aquellas personas que de forma directa o indirecta pudieron pensar que aquel negocio podría salir bien y que se podía disfrutar del patrimonio de los ciudadanos de Marbella de forma gratuita». El concejal destacó además que los bienes de titularidad municipal son «imprescriptibles», por lo que, «pase el tiempo que pase, nadie que posea un bien público puede llegar a ser su propietario».
* Sur - 5.01.11
Foto: La parcela donde se asienta la nave de servicios operativos es uno de los bienes recuperados - sur
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20MINUTOS* : El valor medio de la vivienda de segunda mano en España cierra el año con un descenso del -3,8% respecto al precio de hace un año, mientras que 2009 se cerró con una caída del -10%. Así lo señala el Informe anual de 2010 del precio de la vivienda en España, que recoge la evolución de su precio desde enero de 2005, elaborado por el portal inmobiliario fotocasa.es, junto con la escuela de negocios IESE. El año 2010 se convierte en el cuarto año natural consecutivo que se cierra con caídas en el precio de la vivienda, después del -1,1% de 2007, del -8,7% de 2008 y del -10% experimentado en 2009. En definitiva, se suman ya 38 meses consecutivos con descensos en las tasas de variación anual (que comparan los precios de un mes con el mismo mes del año anterior).
Las caídas se suavizan
Según el informe de fotocasa.es, que recoge la evolución del precio de la vivienda desde enero de 2005, durante este año ha continuado la tendencia a la baja en el precio de la vivienda a nivel nacional. Sin embargo, si se observan las tasas anuales registradas mes a mes éstas se han ido reduciendo: en 2009 oscilaron entre un -10% y un -11%, mientras que en el primer semestre de 2010 lo hicieron entre un -4% y un -7% y en la segunda mitad del año entre el -3% y el -4%.
En diciembre de 2010 el precio del metro cuadrado de vivienda de segunda mano en España se sitúa en 2.262 euros por metro cuadrado (€/m2), lo que para un piso tipo de 80 m2 este valor supone un valor de venta de 180.960 euros. La caída acumulada de los precios desde que se registrara el valor máximo de la vivienda en España (que fue en abril de 2007 con un valor de 2.952 €/m2) es del 23,4%, es decir, 690 euros por metro cuadro.
Los precios suben en Baleares y Asturias
Según los datos de fotocasa.es, al cierre de 2010 y en términos de variación anual, todas las comunidades autónomas cierran el año con caídas excepto dos. Se trata de Baleares y Asturias que acaban el año con crecimientos del 2,1% y del 0,4% respectivamente. Asimismo, hay tres comunidades más que llegan a final de año con caídas anuales suaves: Cataluña (-0,9%, frente a los precios de diciembre de 2009), País Vasco (-1,9%) y Comunidad Valenciana (-2,5%).
Extremadura es la CC.AA. que mayor caída de precios registra al cierre de 2010, con un -8,7% respecto al precio de la vivienda en 2009. Entre las comunidades que más reducción de precios han experimentado se encuentran Castilla–La Mancha (-7,9%), Cantabria (-6,6%), Andalucía (-6,1%) y Murcia (-5,3%).
Regiones caras y baratas, las mismas que en 2009
Las cinco comunidades autónomas con mayor precio en diciembre de 2010 son las mismas que en 2009: País Vasco, Cataluña, Madrid, Navarra y Cantabria. País Vasco, con 3.736 €/m2, se sitúa como la CC.AA. más cara para comprar una vivienda de segunda mano.
Las CCAA con los precios más bajos en diciembre de 2010 también son las mismas que en 2009: Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias. La comunidad con el precio más económico sigue siendo Extremadura con 1.569 €/m2.
* 20 Minutos - 3.01.12
Foto: Bloques vivienda - GurusBlog
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MANUEL PIÑEIRO/Lugo* : Los lucenses nos estamos despertando de un sueño idílico: nuestra urbe figuraba como muestrario de una ciudad paradisíaca, donde la tranquilidad era la moneda de cambio de una vida ausente de problemas, por el bajísimo índice de delincuencia existente, entre otras cosas. Pero hete aquí, que en los últimos tiempos el nombre de Lugo brota en los telediarios y demás medios de comunicación por un carrusel de hechos, supuestamente punibles, de toda índole. Aquí hemos pasado de dar lecciones de civismo y convivencia a sacar todos los trapos sucios de una sociedad corrupta en grado superlativo. Desde una trama de burdeles, tráfico de drogas, prostitución y proxenetismo, con supuesto asesinato y desaparición incluida; tráfico de influencias con la expedición de carnés de conducir a orientales que no sabían ni jota de castellano; policías locales con doble vida laboral; otros policías presuntamente implicados en el primer apartado; hasta los últimos episodios judiciales que han paralizado auténticos atentados urbanísticos o bajo sospecha.
Pero lo más surrealista surge cuando los autores del mamotreto del Garañón se escaquean de cualquier responsabilidad política y penal, pasándose la pelota de unos a otros. Aquí nadie le puso el cascabel al gato de la corruptela. Todo surgió por generación espontánea, incluidas la licencia municipal y el plan urbanístico que lo autorizó. Es como si ahora recibiera luz verde la construcción de una edificación en pleno adarve de la Muralla, y se nos dijese que no existían autores del desaguisado.
Y no pasa nada, porque, ya lo verán, los autores e irresponsables se irán de rositas, sin ningún coste penal ni político. El cajón de sastre de la corruptela carece de fondo. Ahora hay otro proceso judicial abierto por otra causa semejante en un edificio ya habitado de la calle República Argentina. En Lugo se dan lecciones de urbanismo. Se nos trata de imbéciles y asentimos, y esa es la peor noticia para el futuro de esta urbe.
* La Voz de Galicia - Opinión - 31.12.10
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