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TELEPRENSA/Almería* : La investigación del conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman, los eurodiputados que informaron por delegación del parlamento europeo sobre la corrupción urbanística en Almería, Madrid y Valencia, defendieron el pasado once de abril un informe en el que se recogen todas las quejas de los ciudadanos británicos afectados, pero también su consentimiento en algunas prácticas.
El Valle del Almanzora queda seriamente dañado y más en concreto la imagen de Albox, localidad de la que se dijo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que su ex alcalde, Francisco Granero, está siendo investigado y que una trama entre administración local, promotores y abogados, ha llevado al engaño a los ciudadanos extranjeros afincados en esa zona. En el informe también se recogen apreciaciones hechas en las entrevista mantenidas en Almería y que forman parte de ese informe en el afirman que “parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido”, suscriben Libicki y Cashman.
La Comunidad Británica no ha aceptado de buen grado que se ponga en duda su papel de víctimas como única versión de lo ocurrido en El Almanzora, pero los constantes ataques en medios de comunicación de habla inglesa también han colmado la paciencia de los nativos de la zona, que no entienden por qué las actividades de unos pocos empiezan a poner en peligro su futuro como zona de expansión reglada y con todas las garantías.
El chollo, las mansiones a precios irrisorios y llave en mano escondían ilegalidades que fueron aceptadas de una y de otra parte. Pese a que nadie pone en duda que algunos fueron compradores de buena fe, también se apunta que los corredores de fincas, los comisionistas que actuaban en suelo británico como primer enlace con los futuros clientes, son parte de una trama que se escapa de la justicia española, pero no por ello dejan de ser el primer eslabón de una cadena que terminará con el derribo de aquellas villas que sean insalvables.
Según la traducción no oficial realizada para teleprensa.es, en el apartado dedicado a Andalucía y en concreto a Almería, los eurodiputados exponen que: “Aunque el día de la visita coincidiera con el Día de Andalucía, los representantes del gobierno regional en la Provincia de Almería se reunieron durante dos horas con los delegados del Comité de Peticiones para hablar de las leyes de urbanismo en Andalucía y su aplicación en las distintas provincias.
Las autoridades informaron a los delegados sobre sus objetivos de un desarrollo ordenado, sostenible y planeado del territorio. Pero admitieron y reconocieron que varias autoridades municipales habían actuado incorrectamente y en algunos casos, como en Málaga, habían actuado ilegalmente, pero que el alcalde y varios de sus concejales habían sido detenidos. Declararon que la construcción ilegal no disponía de los servicios mínimos de agua, electricidad y recogida de basura, reconociendo que las enormes sumas de dinero se habían obtenido a costa de tales prácticas ilegales.
Los representantes del gobierno regional afirmaron que, materia de aplicación de las leyes urbanísticas, las autoridades municipales tenían un elevado nivel de autonomía, pero que estaban obligadas a actuar dentro de ciertas pautas, en cuanto al tamaño y el grado del desarrollo, (desarrollo sostenible que reiteraron era la primera prioridad de la planificación de uso de tierra).
Ellos también indicaron que no todas las autoridades locales consultaban al técnico urbanístico y que las reglas de Valencia no eran aplicables a Andalucía. Afirmaron también que un grupo de promotores locales podría haber combinado sus recursos para desarrollar conjuntamente el terreno, en lugar de hacerlo individualmente.
Cuando las autoridades locales decidieron que el desarrollo era necesario para el público en general, se contrató al constructor que hace su oferta la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, según la ley andaluza.
La información relacionada con proyectos urbanísticos fue publicada y los promotores afectados fueron informados, así como los notarios y registradores ya que fueron los que legitimaron la obra.
La recalificación del terreno de rural urbanizable, implica que el dueño de la tierra tiene que ceder el 10% del terreno a las autoridades locales para la utilidad pública y que el promotor debe pagar una proporción del coste de los nuevos servicios.
Durante la reunión mantenida, las autoridades afirmaron que el interés público debe ser definido según las necesidades específicas de cada desarrollo que tiene en cuenta coacciones ambientales, económicas y sociales de cada comunidad implicada.
Los delegados del Comité de Peticiones, fueron informados que todos los proyectos debían ser notificados al Gobierno Regional para su aprobación final y que los proyectos podían ser desechados si consideran que no cumplían con los principios de la ley regional. Los ciudadanos son capaces de apelar contra la planificación de decisiones a las autoridades regionales y una Corporación de inspectores ha sido establecida para investigar la realización de proyectos urbanísticos. La cabeza del Servicio de Investigación estaba presente para la discusión del mismo. Las prescripciones han sido impuestas a proyectos de urbanización que no han cumplido con los criterios de conservación y de desarrollo sostenible.
Existen cinco casos disciplinarios contra autoridades locales por actividades urbanísticas ilegales.
Sin embargo, era aparente que a pesar de las salvaguardas, los abusos han ocurrido. Dos en particular eran los de mayor interés para los delegados del Comité: la situación en Ronda, y en Albox y el valle de Almanzora. En el segundo caso, existió un tácito entre constructores y las autoridades locales que llevó a la construcción de varios cientos de casas ilegales que fueron compradas sobre todo por expatriados, por agentes inmobiliarios certificados y abogados, de buena fe. Muchos de ellos están ahora bajo la amenaza de demolición. El Alcalde está bajo investigación.
La delegación fue informada por las autoridades regionales que el estado ilegal se aplica sólo a la vivienda y no a la tierra en la cual está construida. Una casa ilegalmente construida puede ser demolida y la tierra repoblada hasta alcanzar su estado original. (Una comparación desafortunada se realizó entre la compra de una casa ilegal y la compra de un coche ilegal, que la ley confisca.) Afirmaron que, nadie que compre una casa ilegal de buena fe, puede emprender acciones legales en contra del vendedor, ya que dicho procedimiento le podría llevar años y podría ser demasiado costoso.
Sin embargo, parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, sin saberlo (porque han sido engañados o víctimas de un fraude) según el gobierno regional, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido.
Tampoco puede afirmarse que la culpa o responsabilidad se le debe exigir a las autoridades locales, a los constructores que se han beneficiado con la construcción, y las autoridades regionales que eran ignorantes de lo que pasaba o que decidieron no actuar para prevenir tal acontecimiento. No hay, en resumen, ningún procedimiento aparente, fuera de los tribunales, para resolver el problema.
Es cierto que ambos casos de construcciones ilegales son completamente diferentes, a pesar de que ambas construcciones se realizaran sobre zonas prohibidas, bien zonas especiales de conservación o llanuras sujetas a inundaciones designadas.
Para evitar la demolición, el propietario está obligado a conseguir una rectificación del estado de la tierra o los permisos de edificación pueden ser una posibilidad que conservará su propiedad.
Tomando uno u otro camino y considerando la gravedad del asunto, debería existir algún tipo de tribunal administrativo que se dedicara a resolver tales asuntos, ya que en dicho problema están implicados todos los partidos. Sería una forma de aliviar de tal carga a las víctimas inocentes de esta situación. Lo que es evidente es que los residentes de las viviendas ilegales de Albox no recibieron el consejo apropiado por parte de las autoridades locales, topógrafos o abogados.
Conclusiones.
La aplicación de las leyes de urbanismo han resultado ser problemáticas en algunas de las Comunidades Autónomas. Las presiones para realizar proyectos de desarrollo urbanístico, están promovidas principalmente por la comunidad comercial, ya que son las que más se lucran con estas actividades.
Los residentes locales, español o no, son los principales afectados en tales proyectos urbanísticos, e inevitablemente son los que más tienen que perder. El algunos casos se arriesgan a perderlo todo, principalmente los residentes de la Comunidad Valenciana.. Fue en esta región donde la delegación del Comité de Peticiones se encontró con la mayor arrogancia y las menos explicaciones a cerca de la explotación urbanística de gran número de parques naturales y zonas protegidas. Por otra parte, es la región de donde proceden la mayoría de las quejas. Esto no quiere decir que no existan problemas en otras comunidades.
La solución al problema de excesivo urbanismo, podría solucionarse con la colaboración de las autoridades locales y las asambleas regionales. El gobierno nacional tiene que desempeñar el papel de asegurar el cumplimiento del Tratado y la legislación de la Unión Europea, en asuntos como derechos fundamentales. La Constitución española tampoco ha sido probada en relación a la explotación urbanística que tantas víctimas ha creado. La única tentativa, de un importante abogado valenciano, de llevar el caso al Tribunal Constitucional, en una materia procesal.
No fue mucho antes, cuando el tema llegó a la Corte Europea de Justicia, cuya decisión fue en contra de España y de las Autoridades Locales, ya que se las consideró las responsables de los problemas causados a las víctimas.
El Comité de Peticiones continúa decidido a cumplir con sus responsabilidades haciendo cumplir el Tratado, para defender al ciudadano europeo y darle su firme apoyo. Existe sin duda una carencia en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, en materia de defensa de sus propiedades. El Parlamento Europeo y las demás instituciones de Unión Europea tienen una obligación clara de asegurar a los ciudadanos que nadie viole sus derechos fundamentales. Es de interés general que esto suceda lo antes posible.
* Teleprensa - 4.09.09
Foto: Zurgena (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.es
El informe de la UE sobre las viviendas ilegales de Almería ya reconocía la implicación de los compradores en la trama
El edil infractor del gobierno de Nigrán acaba su obra con la licencia caducada
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LAVOZ/Pontevedra* : El edil del gobierno de Nigrán, Cándido Costas, ha conseguido salirse con la suya y ha terminado de edificar una vivienda ilegal en el barrio de A Cruz de Camos después de no darse por enterado de una orden de paralización de las obras que el alcalde, Efrén Juanes, le notificó por correo postal a mediados de agosto.
El caso ha retumbado en el juzgado número 4 de Vigo que, de una manera insólita en Nigrán, ha requerido al Seprona que desplace una patrulla a la polémica parcela del camiño do Seixo para precintar la obra, que podría interpretarse como en una muestra de desconfianza hacia la labor municipal.
Los agentes acudirán a primera hora de la mañana de hoy para cumplir la orden y se encontrarán con una edificación ya terminada, pero quien vaya a ocuparla se expondrá a un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
Los trabajos experimentaron un notable avance desde el pasado 12 de agosto, precisamente cuando el alcalde, Efrén Juanes, ordenó la paralización de los mismos como medida cautelar para iniciar un expediente de caducidad de la licencia, tal y como le había requerido la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Juanes ordenó la paralización y se marchó de vacaciones creyendo haber resuelto el problema, pero el pasado 25 de agosto entró en el registro del Ayuntamiento el anuncio del juzgado sobre el precinto de la obra previsto para hoy. Sorprendido por esta comunicación, el alcalde en funciones, David Giráldez, acudió al expediente y comprobó que el edil Cándido Costas no había recogido en la oficina postal la notificación de la alcaldía para parar las obras.
Un informe del policía de Urbanismo ha comprobado el avance que han experimentado las obras durante todo ese tiempo. «Apreciase que rematou ca formación da cuberta da edificación, o instalar tella curva e rematado e pintado dos aleiros, e se instalou toda a carpintería exterior da obra consistentes en fiestras de aluminio, porta e persianas de cor branco», hace constar el funcionario.
David Giráldez hizo entonces que a Costas le llegara la notificación en mano, que recibió el día 27 a la entrada de una comisión de gobierno, aunque también consta que por fin fue ese día a recogerla a la oficina de correos. Para entonces, ya había terminado el trabajo.
Escándalo
La Fiscalía presentó en junio una querella contra el edil socialista por ejecutar la obra fuera de plazo. La maquinaria administrativa y judicial no ha logrado impedir el desarrollo de los trabajos. Es otro ejemplo de la conocida política de «hechos consumados», que ha sembrado el paisaje gallego de ladrillos donde no debía de haber más que árboles o, a lo sumo, explotaciones agrícolas. Pero este caso adquiere tintes de escándalo público porque su responsable es un miembro del gobierno, perteneciente al grupo del PSOE, un partido que enarboló la defensa de la legalidad urbanística para derrocar al PP del poder local en las anteriores municipales. Cándido Costas es ahora una piedra en el zapato de Efrén Juanes y ha abierto un debate muy serio en la militancia socialista de Nigrán.
* La Voz de Galicia - Alejandro Martínez - 2.09.09
Foto: Nigrán (Pontevedra) - mma.es
Aborto urbanístico
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ELDIARIOVASCO/Gipuzkoa* : Asier Basterretxea dice «No al aborto... urbanístico. Últimamente contemplo con estupor y cierta preocupación la funesta deriva urbanística acometida por el consistorio de Hondarribia. Carente no sólo de una coherencia estética que cualquiera debería exigir en un entorno tan privilegiado y equilibrado como ha sido siempre Hondarribia, las últimas tropelías -bien acometidas, bien permitidas por el Ayuntamiento- dan muestra de lo preocupante que empieza a ser la situación.
a) Las nuevas escaleras mecánicas de acceso a Soroeta desde el muy histórico arrabal de la Magdalena: ¿pretenden hacernos creer que, con la tecnología existente hoy en día, la única solución viable para una obra, por otra parte necesaria, pasaba por semejante esperpento, máxime teniendo en cuenta el presupuesto manejado?
b) El nuevo edificio de viviendas de Kofradia: ¿de qué ilustre arquitecto fue el super-ego que pensó que esta construcción neo-decepcionante engarzaría bellamente con el estilo tradicional circundante? ¿Quién permitió, en última instancia, que esta obra siguiera adelante?
c) La nueva casa/centro de interpretación en pleno centro de la Plaza de Armas: ¿qué confuso cerebro permitió semejante aborto gris en la plaza más emblemática de Hondarribia, verdadero museo viviente que debería ser respetado como tal?
Trágico. Afortunadamente, este aborto puede todavía sobrevivir en quirófano: píntenlo en los colores tradicionales de Hondarribia, y ahórrennos el sonrojo de asistir al triste espectáculo de un edifico que atenta flagrantemente contra el deseo de muchos hondarribitarras por mantener con vida la belleza de su pueblo».
Plataneros
Nicasio envía un email en el que dice que «los árboles de Harresilanda son más altos que la casa. Es un verdadero problema, pues aparte de la suciedad que genera, también la limpieza y mantenimiento del tejado, el rugir y caída de ramajes en los vehículos con los fuertes temporales que padecemos. Los vecinos de la citada calle llevamos años pidiendo una solución, que los corten y no que se retiren.
En la reunión informativa en febrero sobre el proyecto del Arco de Santa María y calle Harresilanda, se le hizo mención al alcalde de la situación. Nos prometió una reunión explicando el transcurso de la obra, pues todavía le estamos esperando. En junio, los administradores de los inmuebles afectados estuvimos con el responsable de obra Andrés Erice transmitiéndole nuestro malestar por el arbolado. ¿Hasta cuándo una solución al problema que llevamos padeciendo la vecindad de Harresilanda? El otoño-invierno pronto nos visitará, con las consiguientes molestias y perjuicios».
Concurso de puzzles
Maite se teme que «el sábado, en el concurso de puzzles, pasará lo mismo que el año pasado, cuando mucha gente se quedó sin poder participar. Sólo veinte parejas pueden hacerlo en cada categoría y mucha gente se queda fuera, por lo que pido al Ayuntamiento que aumente la dotación económica para que así este concurso que tanto éxito tiene sea accesible para más gente».
* El Diario Vasco - Opinión - 4.09.09
Foto: Hondarribia (Gipuzkoa) - wikipedia.org
Gata paraliza 19 meses un expediente de infracción urbanística
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ELPAÍS/Alicante* : La Sindicatura de Greuges reclamó ayer al Ayuntamiento de Gata de Gorgos, en manos del PP, que concluya un expediente de infracción urbanística en el Parque Natural del Montgó tras 19 meses paralizado. La institución recordó que el Consistorio ha incumplido su resolución dictada ya a finales de 2007.
La Sindicatura explica que un ciudadano se ha dirigido a ella por segunda vez para denunciar una infracción urbanística, consistente en la realización de obras sin licencia en suelo no urbanizable, dentro de las áreas agrícolas de la zona de amortiguación de impacto del Parque Natural del Montgó. Ante esta situación, el Ayuntamiento aún no ha finalizado los preceptivos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador (paralización de las obras, requerimiento de legalización y, en su caso, orden de demolición e imposición de multa). El Síndic lamenta que desde que el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística se paralizó el 24 de enero de 2008 por haberse solicitado licencia de obras han transcurrido 19 meses sin haber dictado resolución.
La institución critica con dureza esta actitud y recuerda que los "poderes locales" deben respetar la normativa urbanística que han probado y ejercer control "preventivo y represivo". El Síndic insiste en que el urbanismo encierra el equilibrio de las ciudades y el territorio y considera un acto "muy grave" que las normas se incumplan. "Generalizando el incumplimiento, es difícil saber a dónde se puede llegar", apostilla.
* ELPAIS.com - 4.09.09
Foto: Gata de Gorgos (Alicante), vista - wikimedia.org
Canarias no es para honestos
DIEGO TALAVERA* : José Saramago afirmó que "la corrupción está en el aire que respiramos". No sé si el Nobel y autor de Memorial del convento se refería a los alisios que soplan sobre el Archipiélago canario, pero mucho me temo que sí. Saramago, como buen portugués de Azinhaga, sabe también que en su país la palabra dimisión está en el diccionario para ser utilizada. En España, y por supuesto en Canarias, sencillamente se ignora.
Recuerdo que hace años se desplomó en Portugal un puente con más de un siglo de antigüedad al paso de una guagua. En el accidente perdieron la vida siete personas y una veintena quedaron heridas. En cuestión de horas, el ministro de Fomento y el director general de carreteras presentaron la dimisión
Recientemente el ministro de Economía le llamó cornudo a un diputado de izquierdas utilizando los dedos índices de sus manos durante un debate parlamentario. Al día siguiente se disculpó y presentó la dimisión irrevocable. Estos dos gestos serían impensables en España y en nuestras islas. Ahí van dos ejemplos.
El primero es el 'caso Tebeto', posiblemente el mayor escándalo, y también el mayor sablazo, que se ha dado en Canarias a lo largo de su historia. Y todo porque un empresario, Rafael Bittini, armado de paciencia y de habilidad para obtener dinero fácil por la vía judicial, logra en julio de 2008 que el Tribunal Superior de Justicia dicte una sentencia que condena al Gobierno autonómico a pagar algo más de 92 millones de euros (unos 15.300 millones de las antiguas pesetas) más los intereses, que suman cerca de nueve millones de euros cada año.
Cinco presidentes, con sus correspondientes consejeros de Industria y directores generales, han pasado desde que Bittini iniciara hace 16 años el proceso administrativo. Sin embargo, por desidia o dejadez los responsables políticos han sido incapaces de defender los intereses autonómicos; es decir, el dinero de todos los canarios. Que yo sepa, ninguno de esos administradores públicos que a lo largo de estos años han sido corresponsables de tal desaguisado han reconocido su error y pedido disculpas. Y los que siguen ocupando otro cargo político en la actualidad no han presentado la dimisión.
El segundo ejemplo es más kitsch, como su protagonista. Me refiero a José Alberto González Reverón, flamante alcalde del municipio de Arona, al que medio Tenerife le ha solicitado a través del teléfono móvil algún tipo de favor, desde la retirada de una multa de tráfico a la contratación de una recomendada en la guardería municipal. Las peticiones de empresarios, funcionarios, políticos o ciudadanos de a pie fueron grabadas hace un año por la Guardia Civil en el marco de la Operación Edén que investigaba irregularidades urbanísticas en Arona. Entre los peticionarios figuraba hasta el mismísimo presidente canario, Paulino Rivero, que le pedía a González Reverón que se ocupara de una sobrina que se iba a presentar a unas oposiciones para ingresar en la Policía Local. ¿Es esto normal? Que uno sepa, nadie ha pedido disculpas o presentado la dimisión.
Son dos ejemplos, pero hay muchos más. Como las estrafalarias permutas en Telde o las sentencias judiciales que afectan a las arcas de Las Palmas de Gran Canaria por convenios urbanísticos de los años del pelotazo. Pero nadie dimite ni reconoce sus errores. De todo este espectáculo es testigo una sociedad civil que cada vez está más desmotivada y desmoralizada. Y esta desmoralización ciudadana es lo preocupante porque lo otro, la corrupción, ya es tan normal como el aire que respiramos.
* La Provincia - Opinión - 1.09.09
