GRANADAHOY* : El ex alcalde de Gójar y diputado provincial del PP Francisco Javier Maldonado vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia. Esta vez por, presuntamente, haber permitido a una familia del pueblo realizar varias edificaciones ilegales en el paraje Cañada de la Grama, un terreno no urbanizable con una calificación de protección especial por razones paisajísticas.
El fiscal solicita para el ex regidor 4 años de prisión, así como 11 años y medio de inhabilitación por tres delitos, por los que plantea no obstante también otras penas menores alternativas.
Los delitos que el Ministerio Público imputa al ex primer edil son prevaricación urbanística, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos. En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal sostiene que Maldonado, pese a conocer en 2005 a través del Seprona de la Guardia Civil que se estaban levantando edificaciones ilegales en el citado paraje, "en lugar de proceder conforme a su deber legal", no realizó ninguna actuación.
La acusación pública asegura que el ex alcalde llegó incluso a conceder una prórroga de licencia para construir una casa de aperos a dos de los miembros de la familia en cuestión, cuando "ya le había sido puesto de manifiesto por la Guardia Civil y un técnico municipal que estaban construyendo una verdadera vivienda ilegal y que la parcela había sido segregada de facto en contra de las normas urbanísticas vigentes".
El fiscal dirige por ello también su acusación contra la citada familia: cuatro hermanos que se convirtieron en copropietarios de 39.108 metros cuadrados de suelo en el mencionado paraje al fallecer sus padres. Asimismo, incluye en su lista a la hija de uno de ellos y su esposo, M.S.D.J. y F.J.T.M., a quienes se les cedió una porción de terreno de unos 2.000 metros.
En su escrito, a través del que solicita la apertura de juicio oral, el Ministerio Público recuerda que el PGOU de Gójar prohibía la construcción de viviendas unifamiliares en esa finca . Sin embargo, pese a ello, los hermanos C.D.Y., A.D.Y., M.J.D.Y. y M.D.Y. realizaron "clandestinamente" una segregación del terreno en seis porciones.
En estas porciones construyeron varias edificaciones: una vivienda unifamiliar de dos plantas con piscina, dos almacenes de grupos electrógenos, y otras seis obras realizadas en su mayoría con bloques huecos de hormigón, forjado de viguetas y chapas. Según el fiscal, "todas estas obras fueron comenzadas con posterioridad a octubre de 2004 y llevadas a cabo durante 2005, no habiendo finalizado la construcción de algunas de ellas".
A juicio del Ministerio Público, con las obras ejecutadas los acusados "sentaron las bases para constituir clandestinamente una verdadera urbanización ilegal, tras haber parcelado los terrenos y edificado en ellos en contra de las normas urbanísticas vigentes". Por ello, les achaca la posible comisión de un delito continuado de construcción ilegal en suelo protegido por su valor paisajístico.
Para los cuatro hermanos solicita la pena de 2 años de prisión, 3 de inhabilitación y una multa. No obstante, por si no se considerase que el delito fuese continuado, solicita subsidiariamente que los acusados sean condenados por cada una de las construcciones ilegales que levantaron en sus solares. Junto a ello, solicita la demolición de todas las edificaciones ilegales.
Para M.S.D.J. y F.J.T.M. reclama un año de cárcel, dos de inhabilitación y una multa. A esta pareja el fiscal atribuye en concreto la construcción ilegal de una vivienda con piscina en el solar que le fue cedido tras el reparto de la herencia.
Esta no es la única causa que existe en los tribunales contra el ex regidor de Gójar. En el juzgado de Instrucción 1hay otro proceso judicial relacionado con la venta de un solar a una empresa -Cavifer S.L.- de la que era socio su hermano. Recientemente, Maldonado acudió a declarar por esos hechos y negó que conociera la vinculación de su hermano con esa empresa.
* Granada Hoy - Y. Huertas - 16.05.2008
Foto: Gójar (Granada) - keyproperty
El fiscal acusa al ex alcalde de Gójar por dejar edificar en suelo protegido
Valverde pide alejar a los políticos del urbanismo
CANARIAS7* : El magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, defendió ayer la necesidad de que los cargos políticos dejen trabajar a los técnicos en materia urbanística. Así, se reduciría notablemente la arbitrariedad en los procesos y la sospecha permanente que hay sobre éstos.
Rafael Fernández Valverde ofreció ayer una conferencia a los técnicos que trabajan en la Audiencia de Cuentas de Canarias, que asisten a unas jornadas sobre urbanismo y la responsabilidad penal y contable.
El magistrado del Tribunal Supremo dijo ser partidario de potenciar el papel de los técnicos en los procesos urbanísticos y que los cargos públicos se limiten a los planes y programas en los cuales se inspiran después estos expertos en su trabajo. Por ello, animó a «huir de la penalización del urbanismo mediante una mayor discrecionalidad técnica».
De todas maneras, Fernández Valverde afirmó que «el urbanismo de hoy en día es más sostenible, más transparente y también menos concertado» ya que «hay un cierto temor a los convenios».
El magistrado se apoyó en parte de la doctrina que considera que el derecho penal debe actuar «mínimamente» en los procesos urbanísticos ya que esencialmente se enmarcan en la jurisdicción administrativa. De hecho, llamó la atención sobre las «dificultades» que entraña la convivencia de la vía administrativa y penal a la hora de condenar y sancionar una actuación que se ha llevado a cabo.
En cualquier caso, Fernández Valverde se centró en dos de los delitos reconocidos en el ámbito urbanístico, el de la construcción ilegal y el de la autorización indebida.
En relación al primero, el magistrado del Tribunal Supremo reprodujo el artículo 319 del Código Penal, que establece los supuestos para aplicar el delito de construcción ilegal. Sobre él llamó la atención acerca de que no es lo mismo hablar de «construcción» que de «edificación», así como tampoco que alguna de ellas sea o no «autorizada» o «autorizable».
Preocupación
Rafael Fernández Valverde admitió que «existe una gran preocupación» entre los funcionarios por la figura de la autorización indebida.
Al respecto, el magistrado puntualizó que para condenar a un técnico hace falta «acreditar» que su actuación estuvo movida por la mala fe y eso «es de una gran dificultad». De hecho, el público presente en la sala le hizo preguntas a este respecto a lo cual el ponente trató de aclarar que cada caso merece ponerle una atención especial.
* Canarias 7 - Almudena Sánchez, Santa Cruz de Tenerife - 13.05.2008
Viñeta: El Roto, recalificable - El País
El Defensor del Pueblo reprocha al Consell su silencio en los PAI de Parcent
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LEVANTE/Alacant* : Hasta cuatro veces ha tenido que dirigirse ya el Defensor del Pueblo a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para reclamarle informe en relación al caso de los PAI de Parcent en relación al úlitimo informe del ombudsmann español en el que recomendaba que "en ningún caso debería aprobarse la actuación urbanística proyectada".
El silencio del Consell mientras mantiene los polémicos programas urbanísticos en tramitación empieza a impacientar al Defensor del Pueblo, y también a la plataforma ciudadana Veïns de Parcent, que ayer manifestó sentir "vergüenza ajena por la actitud de la conselleria ante el Defensor".
Es la cuarta vez que el Defensor del Pueblo se dirige por escrito para reclamarle el informe a la conselleria desde mayo de 2007, fecha en la que la institución defensora solicitó una primera explicación del caso. Ninguna de las comunicaciones ha sido por el momento contestada por la Generalitat.
El pasado día 30, el Defensor del Pueblo informaba en una carta a Veïns de Parcent, promotor de la queja, de que "ante la tardanza en recibir el informe solicitado de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, con esta misma fecha se ha solicitado que sea remitido urgentemente".
Asimismo, el Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar, comunica a la plataforma vecinal que "tan pronto como dicha Administración autonómica envíe la información pedida, se le dará cuenta de su contenido y de las actuaciones que en el caso concreto procedan".
La información pedida por el Defensor del Pueblo a la Conselleria de Medio Ambiente no es otra que un informe sobre el que emitió ya el Defensor, que instaba al Consell a no aprobar los programas urbanísticos de Parcent principalmente por no tener garantizado el suministro hídrico las cerca de 2.000 viviendas proyectadas.
Ayer, Veïns de Parcent lamentó "profundamente el despecho que se le hace a la institución garante de los derechos de los ciudadanos, no sólo no siguiendo su recomendación y retirando inmediatamente los PAI, sino además al ni siquiera contestarle". "Nos avergonzamos y entristecemos de ello", concluye el comunicado.
* Levante-EMV - S. G., Parcent - 14.05.2008
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
Menos hormigón y más reflexión
GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : Finalmente, la burbuja inmobiliaria estalló. La tan temida y tantas veces anunciada desaceleración de la economía del ladrillo ya se está produciendo, incluso de una manera mucho más virulenta de lo que se esperaba. Pues bien, desde la presumible lucidez que ofrece encontrarse en el epicentro de la cruda realidad del problema, procede analizar sus características básicas con el fin de vislumbrar eventuales respuestas y salidas. Como primera reflexión debe señalarse que la situación actual se deriva de un anterior proceso productivo del sector inmobiliario explícitamente anormal, es decir, "fuera de norma".
Si la "norma" de crecimiento urbano anual en ciudades modernas y dinámicas es de 6-8 viviendas por cada 1.000 habitantes (equivalente a la formación de hogares), crecer, como en España, por encima de las 12-15 viviendas por 1.000 habitantes (más de 700.000 viviendas por año) -y en algunos territorios superando las 20-30 viviendas por 1.000 habitantes-, desvela un inquietante proceso acromegálico derivado de la aparición de factores exógenos, fundamentalmente de tipo financiero. Un proceso que, además, comportaba claro un riesgo de colapso si no se producía una reorientación gradual y sostenible hacia la normalidad.
Lamentablemente, el mal augurio sobrevino. Cuando el sector comenzaba a reajustarse con bajas acomodadas de precios y productos, se produjo el tsunami de las subprime norteamericanas con sus globalizadas, dramáticas y sorprendentemente incontroladas consecuencias de contracción financiera, generando un acusado desplome en el "aterrizaje blando" que venía aconteciendo y, tras ello, la preocupante afección al empleo y al consumo que la economía española, la macro y la micro, comienza a padecer.
Obviamente, la difícil situación en la que nos encontramos exige un esfuerzo de inteligencia, imaginación y prudencia por los responsables del sector, tanto públicos como privados, para diseñar y disponer medidas y políticas activas que permitan recuperar el escenario normalizado que nunca debió abandonar. En una etapa de contracción inmobiliaria, ante la "caída del hormigón", resulta conveniente potenciar la reflexión colectiva, prudente y experta.
Lógicamente, la primera medida pasa por recuperar una confianza asumible en la solvencia y eficacia del sistema financiero. La anunciada clarificación de su situación en tiempos próximos, mediante la formulación de las preceptivas auditorías, permitirá separar el grano de la paja y distinguir la gestión seria de la menos rigurosa. Asimismo, la esperanza en el acierto de las medidas que vienen adoptando tanto el Banco Central Europeo y la Reserva Federal como el Gobierno y el Banco de España permite albergar cierta confianza en que la situación financiera pueda solventarse en plazos razonables.
Y, en paralelo, adóptense medidas de intervención conjunta e inteligente entre el sector público y el privado más emprendedor. Movilícese la inversión inmobiliaria, pública y privada, estatal, autonómica y municipal, hacia la promoción de la vivienda protegida diversificando el régimen de tenencia, tanto en propiedad como, y sobre todo, en alquiler, cuya demanda social hoy se encuentra claramente insatisfecha y cuya absorción por el mercado y su financiación, tanto la pública como la bancaria, sí se encuentran garantizadas.
Adicionalmente, acométanse decididamente intervenciones dirigidas hacia la rehabilitación y recuperación urbanas, actuaciones no sólo necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, sino también muy adecuadas al escenario restrictivo en que nos encontramos, al demandar menores recursos financieros. Además, estas intervenciones son intensivas en mano de obra, lo que posibilitará paliar el proceso de desempleo iniciado.
Como técnicas destinadas a esa finalidad, se manifiestan como idóneos aquellos sistemas de gestión pública apoyados en la participación concertada entre propietarios y empresarios bajo el control, dirección y partenariado de la Administración más proactiva, que permitan optimizar los limitados recursos económicos hacia la actividad de mayor valor añadido, evitando, en lo posible, la expropiación-enajenación de suelo para nuevas inversiones y apostando por sistemas de "aportación", cesión del derecho de superficie y modalidades análogas de mayor eficacia inversora y mejor asunción social y empresarial.
Para ello, seguramente habrá que reajustar algunos marcos legislativos urbanísticos autonómicos. En este sentido, tal como ya están haciendo algunas comunidades, se puede aprovechar el trámite obligado de adaptación a la nueva Ley de Suelo estatal, con lo que no se producirán dilaciones temporales, nunca deseables y menos en esta etapa. Téngase en cuenta que las innovaciones instrumentales que ya presenta la reciente Ley de Suelo proporcionan y potencian, explícitamente, el escenario reactivador señalado, al apostar por la vivienda protegida y al establecer un marco regulador adecuado para desarrollar la inversión productiva, así como a penalizar la especulación.
Con ello a corto-medio plazo se podrá recuperar paulatinamente un escenario de desarrollo urbano equilibrado y sostenible, garantizándose una prudente estabilidad en el sector inmobiliario que nunca debió perder.
* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.
* ELPAIS.com - Opinión - 08.05.2008
