JRMORA*
Y sube la usada también…y el pan nuevo y el de segunda mano, y la leche y la que le dieron…
Pero la publicidad va por su cuenta, nos quieren vender un “resort” porque son los mejores de Europa.
A todo esto ¿Qué carajo es un resort?
Igual el anuncio se coló y era para emitir en “Londón”…
* JR Mora, Humor Gráfico - 14 Octubre 2007
¡Qué pasa!¡qué pasa! ¡que no tenemos resort!
La Fiscalía censura el plan de Barbate para regularizar 1.000 viviendas ilegales
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ELPAÍS/Cádiz* : "Desde el punto de visto jurídico es un fraude de ley que se permita construir ilegalmente con la posibilidad posterior de legalizar". El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, censuró ayer los intentos de varios ayuntamientos andaluces, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, de regularizar las casas que se han levantado en los últimos años sin orden ni licencia. "Si eso se permite de manera general, las normas no sirven para nada". El último caso es el del Ayuntamiento de Barbate, gobernado por el PSOE, que pretende legalizar casi 1.000 viviendas ilegales.
La Junta de Andalucía, en cambio, defiende la legalidad de estas actuaciones siempre que estén amparadas en revisiones de planes generales o sigan las directrices de planes supramunicipales, como ocurre en Barbate o en la bahía gaditana.
Chiclana es la localidad donde más avanzados están sus planes de legalizar casas. Su intención es poder normalizar la situación de 15.000 viviendas que se han construido en los últimos años en zonas donde no podía hacerse y, además, sin permiso ninguno. Unos planes que también existen en otros municipios cercanos como Puerto Real y El Puerto de Santa María, también en la bahía de Cádiz, o en Barbate, donde su ayuntamiento ha programado regularizar mil edificaciones. Para ello se cambiará el uso de suelo rústico a urbano no consolidado.
Estas intenciones no gustan al Ministerio Público. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, en su última memoria anual había alertado de la permisividad municipal. A su juicio, "regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo" y contribuye al efecto llamada. También advertía de que los propietarios de estas construcciones acaban convirtiéndose en grupos de presión a los ayuntamientos para exigir servicios e infraestructuras.
En esta línea, Rodríguez León también cuestiona las intenciones municipales. "El hecho de que modifiquen el destino de un suelo para intentar legalizar construcciones ilegales desde un punto de vista político podrá estar amparado, pero desde el punto de vista legal no quiere decir que deje de ser constitutivo de delito. Lo que no pueden modificar es el Código Penal", sostiene. Por eso añade que estos planes son "un fraude de ley". El fiscal se muestra preocupado de la generalización de esta práctica. "Me parecería fuera de lugar que la solución sea permitir construcciones ilegales y después legalizarlas".
Rodríguez León también explica que contra estos planes se pueda actuar "en la vía de lo contencioso y en la vía penal", aunque aclara que la Fiscalía de Medio Ambiente no intervendrá de oficio. Confía en que todos los trámites que se realicen cumplan con la legislación, de ahí que dé importancia al papel de las comisiones provinciales de Urbanismo. "Las soluciones pueden ser puntuales pero la regla general no puede ser 'construye donde quieras que después se legaliza' porque entonces las normas no sirven para nada".
El delegado de Obras Públicas en Cádiz, Pablo Lorenzo, defendió la legalidad de la regularización de viviendas. Recordó que el Plan de Ordenación del Territorio de la bahía de Cádiz incluye que hay que dotar de servicios a aquellas zonas donde proliferen viviendas ilegales. A ello se han acogido municipios como Chiclana, El Puerto de Santa María o Puerto Real. "Esos asentamientos son una realidad y hay que darles una solución que ese plan de ordenación ya contempló.
También defiende la regularización que se va a iniciar en Barbate, aunque no esté dentro del documento de la bahía gaditana. "Aquí el proceso elegido es la revisión de su plan general. Se pueden incorporar esos asentamientos al suelo urbano respetando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan del Ordenación del territorio de Andalucía".
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 13/10/2007
Foto: Vecinos de Zahora, durante una protesta - elpais.com
Córdoba: Miles de parcelistas siguen inmersos en su legalización un lustro después del PGOU
ABC* : Justo cinco años después de iniciarse el macroproceso para la legalización de 8,7 millones de metros cuadrados, contemplado en el PGOU, miles de parcelistas -algo más de 6.000 viviendas entre construidas y las que se harán- siguen inmersos en él y ningún enclave se ha regularizado aún. Eso sí, las parcelaciones que llevan más avanzado el papeleo ya ven la luz al final del túnel. Núcleos como La Gorgoja, El Marroquil, Barquera Norte y Paso de la Barquera (Barquera Sur) esperan tener en unos tres años culminada su legalización.
La situación es ésta: de los 8 planes de sectorización -cambian la clasificación del suelo a urbanizable-, tienen aprobación definitiva de la Junta el PO-1 (Huerta de San Luis-Casillas y Cortijo Alcaide); el PO-2 (Carretera de Encinarejo, km. 4 y 5 y Arroyo Ochavillo); el PO-4 (Gorgoja-Marroquil y Barquera Norte); el PO-5 (Cortijo Rubio y Barquera Sur); y el LE-1 (Campiñuela Norte, Montón de la Tierra y Porrillas).
Están aprobados, pero pendientes de subsanaciones, el LE-2 (Quemadas Sur y Ribera Baja) y el PO-6 (Alamillo). Cierra el grupo el PO-3 (Carretera de Encinarejo, km. 5, El Castillo, Fontanar de Quintos y Girasoles) que aún no tiene el visto bueno de la Junta.
Con la mayoría de planes de sectorización ya con luz verde, las parcelaciones siguen trabajando en sus planes parciales -el PO-2 llevó el martes al consejo de Urbanismo la aprobación definitiva de uno de sus dos planes-. Son 18 en total y son las piezas en las que se divide cada plan de sectorización. Definen dónde van las casas -muchas ya existen-, viales, equipamientos y zonas verdes.
Por lo tanto, las parcelaciones están ante un paso importante, ya que, cuando tengan sus planes parciales aprobados, pueden constituir la junta de compensación: el órgano que aglutina a los propietarios. Dichas juntas tienen dos tareas básicas: impulsar el proyecto de urbanización, que fija los costes de las obras (ya hechas en parte), y el de reparcelación, por el que cada dueño recibe sus escrituras como solar urbano. Además, sin el proyecto de reparcelación no se puede empezar la obra de urbanización ni un parcelista puede pedir licencia para hacer su casa, que es el fin del proceso.
Según Ecourbe, empresa surgida en este proceso de regularización -Urbanismo le adjudicó la redacción de la mayoría de planes de sectorización de Poniente: 1, 3, 4 y 5-, ahora los planes más avanzados son los del PO-4 y PO-5. Manuel Mellado, responsable del área de Asesoría Jurídica en Ecourbe, asegura que ya se tramita la aprobación definitiva de los cuatro planes parciales de los citados PO-4 y PO-5 y que ésta llegará de forma inminente.
Un millón de metros más
Paralelamente se trabaja para la constitución definitiva de las juntas de estos dos planes de sectorización que para cuatro de sus zonas (Gorgoja, El Marroquil, Barquera Norte y Paso de la Barquera) se prevé que sea «a finales de este año o en los primeros meses de 2008». Mellado añade que su planteamiento es que, a partir de la creación de dichas juntas, en tres años esté todo el proceso de legalización acabado, incluidas las obras de urbanización.
Esto es para las que van más rápido, pero el macroproceso es un pelotón estirado donde el último puesto es para el PO-3 -el que tiene más viviendas-. Su lentitud se debe a que abarca el espacio del aeropuerto y hay que precisar sus zonas de servidumbre y afecciones. Ello implica informes vinculantes de Fomento, con una tramitación compleja, que también tiene la ampliación de la pista del aeródromo en ciernes.
Además, en una carrera aparte, va la innovación del PGOU que el Consistorio tuvo que iniciar a principios de año para legalizar 9 parcelaciones más, cuya regularización no contemplaba el Plan General. Suman un millón de metros cuadrados y un máximo de 1.000 viviendas. El Consistorio se empecinó en meter estos enclaves en los planes de sectorización y la Junta los tumbó, disconforme con la vía usada.
* ABC - B. LÓPEZ - 13 de octubre de 2007
Foto: Cordoba, parcelas ilegales - abc.es
El TSJ anula el plan parcial 'Pino Albar'de Simancas
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TERRA/Valladolid* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León ha estimado el recurso presentado por varios vecinos de 'Pino Albar' que pedía la anulación del plan parcial que tramitó el Ayuntamiento de Simancas (Valladolid) hace cuatro años por, entre otros aspectos, no haber tenido la suficiente información pública ni haber sido sometido a evaluación de impacto ambiental.
En primer lugar se señala en la sentencia que la delimitación de dicho sector que se hace en el Plan Parcial aprobado inicialmente por decreto de la Alcaldía de Simancas el 9 de febrero de 2001, no fue sometido al trámite de información pública que exige el artículo 52 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Este trámite se considera esencial y, por lo tanto, al no cumplirse se determina la nulidad del citado plan urbanístico.
Según dicho artículo 52, le corresponde al Ayuntamiento acordar la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y abrir inmediatamente un periodo de información pública. Este acto se lleva a cabo a través de la publicación de anuncios en los boletines oficiales de Castilla y León y de la Provincia, y en al menos uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, con una duración mínima de un mes y máxima de tres meses. Y este requisito no se ha realizado. Además, tampoco consta que el plan parcial haya sido sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental, que es exigible en los planes parciales.
La delimitación, tampoco
La delimitación del sector tampoco cumple con los requisitos de racionalidad y calidad de ordenación urbanística que se establecen en el artículo 35.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Se ha considerado que el plan parcial litigioso se ha delimitado de forma completamente irregular, puesto que no existe un reparto justo de las cargas y beneficios existentes en la denominada zona 'Pago de la Bomba'. La falta de racionalidad radica en el beneficio evidente que van a tener otros propietarios 'colindantes y limítrofes' de suelo urbano no consolidado.
También especifica la sentencia que se ha producido una inadecuada ordenación en el plan parcial en cuanto a los viales previstos, pues existe un estrechamiento inadecuado en el V-10, que genera un posible peligro para la circulación de peatones y vehículos. En este vial no se contemplan aceras 'lo que parece insostenible, pues los peatones no pueden pasar con seguridad en ese tramo de la calle'.
Por todas estas razones el Tribunas Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado en Plan Parcial 'Pino Albar'. El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Simancas, del Partido Popular, no gobernaba aún en el momento que se aprobó dicho plan parcial. 'Este es un contencioso que viene de muy atrás, de hace muchos años', declaraba Miguel Rodríguez, alcalde de Simancas, tras conocer el fallo.
* Terra Actualidad - VMT - 12/10/07
Foto: Simancas (Valladolid), ayuntamiento - viajeros.com
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