+-+levante-EMV.com.jpg)
LEVANTE/Castelló* : El alcalde de Alcalà de Xivert y diputado provincial de Carreteras, el popular Francisco Juan Mars, ha declarado esta semana de nuevo en los juzgados de Vinaròs en calidad de imputado, acusado de un presunto delito de prevaricación por "permitir" que siguiera adelante la construcción de un edificio en la calle Barquero de Alcossebre pese a las denuncias vecinales y a los informes de tres técnicos municipales que alertaban de irregularidades.
La visita a los juzgados es la segunda que el diputado del PP realiza este año en calidad de imputado ya que hace sólo siete meses, el 2 de abril, ya compareció ante la justicia acusado de cometer presuntamente otro delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por una presunta irregularidad alrededor del patrimonio municipal del suelo. En abril, le acompañó la concejala de Hacienda, Cristina Pinilla. Este pasado lunes, fue otro de sus colaboradores en el equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Javier Tosar, el que declaró junto a Juan también como imputado.
Su declaración forma parte del proceso abierto por los juzgados vinarocenses después de que la Fiscalía pidiera, hace ahora un año, abrir diligencias previas tras estudiar las denuncias de los vecinos de la calle Barquero. Los propietarios han presentado varias reclamaciones ante el consistorio, e incluso han abierto un proceso contencioso. Alegan que el equipo de gobierno de Francisco Juan permitió que se continuara con la construcción de un edificio de seis viviendas en esa calle obviando los informes de técnicos municipales (el secretario, la arquitecta y un técnico de urbanismo) emitidos en 2007 que ponían en duda que el proyecto se ajustara 100% a la legalidad. Los tres técnicos fueron despedidos en 2008.
Las dos denuncias por presunta prevaricación que el juzgado de Vinaròs investiga actualmente no son, sin embargo, los únicos frentes judiciales que el alcalde del PP tiene abiertos en estos momentos. En Madrid, el Tribunal de Cuentas todavía sigue investigando si se han dado irregularidades en la cuenta contable del consistorio en los pasados ejercicios mientras la Fiscalía de Castelló resolvió el pasado verano solicitar a los juzgados que se abra una nueva investigación en torno a la legalidad de un PAI en el área de Capicorb.
* Levante-EMV - V. SALINAS - 31.10.09
Foto: Imagen de archivo del edificio que ha provocado la denuncia. - c. p., levante-emv.com
El alcalde de Alcalà de Xivert declara de nuevo como imputado por presunta prevaricación
"Pretoria": Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos
,+registro+ayuntamiento+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Barcelona* : El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones. Todas estas operaciones seguían un guión parecido...
1) Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.
2) Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.
3) La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas.
- Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.
Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días.
Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación.
- Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros. Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o "conseguidores". Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García.
- Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros. Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (...) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.
* ELPAIS.com - 31.10,09
Foto: Santa Coloma (Barcelona), registro ayuntamiento - elpais.com
Puerto Real: Duro revés del Supremo al proyecto de Las Aletas
,+obras+parque+de+Las+Aletas+-+diariodecadiz.es.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : El Tribunal Supremo dio a conocer hoy una sentencia por la que "queda anulado y sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007 por la que se declara zona de reserva una superficie 287 hectáreas de suelo de dominio público marítimo-terrestre situada dentro de las 527 hectáreas que integran el área de Las Aletas, término municipal de Puerto Real (Cádiz).
Asimismo, según la sentencia, el Supremo señaló que queda anulada la estipulación tercera del Convenio suscrito con fecha 30 de abril de 2007 entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía en cuanto dicha estipulación incluye en su ámbito territorial, junto a otros terrenos, las 287 hectáreas de suelos de dominio público marítimo terrestre afectos a la reserva acordada por el citado acuerdo del Consejo de Ministros.
Esta sentencia dictada por el Tribunal Supremo es consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por WWF-Adena que argumentó en su denuncia que la Administración del Estado no es completamente libre para declarar una reserva del dominio público marítimo terrestre.
Además, WWF-AdenaDENA argumentó en su recurso que la ubicación de las actividades e instalaciones de la reserva vulnera lo dispuesto en el artículo 47 en relación con el artículo 32 de la Ley de Costas, ya que según dichos preceptos únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo terrestre para aquellas actividades e instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
Igualmente, señaló en su recurso la ausencia de la evaluación ambiental estratégica, con infracción de lo dispuesto en los artículos 3.2.b y 7.3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
* Diario de Cádiz - Europa Press - 30.10.09
Foto: Imagen de los primeros movimientos de tierra sobre la superficie del parque de Las Aletas./Borja Benjumeda, diariodecadiz.es
El oasis catalán
JOSÉ MARIA MENA* : En el pretendido oasis catalán parece que hay fuego subterráneo como en las Tablas de Daimiel. Una de las instituciones más prestigiosas de Cataluña, una joya de nuestra cultura y un orgullo para todos, ha sufrido una succión impenitente, sistemática, agotadora, de las aguas que la enriquecían y embellecían, y ahora arde su subsuelo humeando por distintas grietas que van apareciendo:el caso Millet, o el de Santa Coloma, de variado colorido político, son buenos ejemplos.
De nada vale bombear confusión en la grieta del proceso penal confesando solamente lo ya descubierto. De nada vale bombear fingidos sentimentalismos en las grietas de viejos recuerdos, que reverdecen, de cuyo nombre parece desafortunado que quieran acordarse. En el drama ecológico de Daimiel sólo vale cegar los pozos abusivos e ilegales, devolver el agua a su cauce, respetar las leyes de la naturaleza. Del mismo modo, en los deplorables fenómenos de ecología social, ética o cívica que nos abruman con excesiva frecuencia, sólo vale la transparencia, la restitución, cegar los pozos de la codicia, atenerse a las leyes, que se haga justicia.
Algunos lances del proceso penal contra Millet han desconcertado o incluso escandalizado a la opinión pública. Es inevitable que algunos desconfiados piensen que no se hará justicia, sospechen de la honestidad del juez, porque hay mucho dinero por medio, y ha habido, en alguna ocasión anterior, jueces deshonestos. Pero debe decirse rotundamente que, desde ese punto de vista, se puede poner la mano en el fuego a favor del juez. Debe proclamarse, sin matices, su pulcritud e independencia. Sin embargo, esta proclamación tajante es perfectamente compatible con su posible desacierto. Y este posible desacierto es criticable.
La crítica a las decisiones judiciales, a causa de su desacierto, de su inoportunidad o de la simple discrepancia, es un ingrediente esencial de la convivencia democrática. El poder legislativo y el poder ejecutivo soportan con estoicismo las más severas críticas, justas o no. Los jueces, que administran el poder judicial, deben soportar del mismo modo, por más que sean severas, adversas o desacertadas, las críticas a lo que hacen o dejan de hacer.
Para que la crítica sea posible es preciso que exista información diáfana sobre las actuaciones judiciales, que por eso la Constitución ordena su publicidad, sólo limitable por causa del secreto previsto legalmente. Las leyes que regulan los trámites de los procesos no establecen la forma de producir o canalizar la información desde la oficina judicial a la opinión pública. Es posible que sea esta insuficiencia la que haya creado cauces oficiosos de información con efectos, o defectos, indeseables.
Sin embargo, la ley que regula el estatuto orgánico del ministerio fiscal sí establece esta fundamental función de la convivencia democrática. Así, encomienda a la fiscalía "informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia, y con respeto al secreto del sumario".
Ante el desconcierto o escándalo que generó la actuación judicial, la fiscalía de Cataluña estimó pertinente trasladar a la opinión pública determinados datos relacionados con acontecimientos relevantes del proceso. La que algunos medios calificaron como insólita actuación de la fiscalía no era más que puntual cumplimiento de una función legalmente prevista. Y era necesario, además, para general conocimiento de que la fiscalía había procurado cumplir, en toda la medida de sus posibilidades legales, con la obligación que le impone la ley de "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes, y en los plazos y términos en ella señalados".
Mientras la fiscalía cumplía con su función legal de informar a la opinión pública y el juez del caso resolvía, o no, los demás jueces ejercían su derecho a expresar y difundir libremente sus ideas y opiniones, favorables o críticas, en relación con el asunto. Algún juez y alguna juez, a título individual, "como ciudadanos", expresaban su opinión sobre la llevanza del asunto, en términos que a la mayoría del colectivo le han producido una santa indignación corporativa.
Desde perspectivas políticas y mediáticas bienintencionadas se ha lamentado que afloren las discrepancias efectivamente existentes en el seno del mundo judicial, estimando que con ello se menoscaba la credibilidad del sistema o se dificulta la serenidad del juez, imprescindible para el acierto de sus decisiones. Estas perspectivas, probablemente, están teñidas de un cierto angelicalismo. El torbellino que envuelve al asunto Millet es un ingrediente más, un elemento consustancial del caso. El juez tendrá que ejercitar y exhibir su ecuanimidad, objetividad e independencia, en el interior del torbellino. Ése es su oficio.
El fuego subterráneo que resquebraja el oasis catalán no lo han prendido los ciudadanos de Cataluña, sino unos cuantos que, como en el resto de España, quieren llevarse toda el agua a su molino. Es deseable que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones para salir del atolladero de este inacabable espectáculo bochornoso. Pero sería también deseable que las instituciones produjeran, con más frecuencia, motivos de confianza.
* ELPAIS.com - Opinión Cataluña - 28.10.09
