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LAPROVINCIA/Lanzarote* : Los municipios de Teguise y Yaiza han perdido más de 1.500.000 metros cuadrados de terreno para dotaciones públicas y privadas por el incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Lanzarote (PIOT) que ha supuesto un incremento irregular del suelo turístico en detrimento del uso residencial y para equipamientos.
Esta es la conclusión a la que ha llegado la oficina del PIOT de Lanzarote tras analizar los incumplimientos cometidos en materia de ordenación del territorio por los promotores de los planes parciales situados en las localidades de Playa Blanca (Yaiza) y Costa Teguise (Teguise).
El Plan Insular aprobado en 1991 desclasificó, por un lado, un total de 250.000 plazas turísticas que se podían construir en Lanzarote y, por otro lado, obligó a los planes parciales existentes a redistribuir su edificabilidad. Así, para el uso turístico sólo se podía destinar un máximo del 50% de la edificabilidad del plan, mientras que se establecía un mínimo del 25% para uso residencial y otro mínimo del 25% para uso de equipamientos.
Los promotores de los planes parciales, con el consentimiento de los ayuntamientos, sobrepasaron la edificabilidad turística para construir más plazas alojativas de las permitidas. La construcción de hoteles y apartamentos en suelo que no podía ser destinado para uso turístico ha restado alrededor de 700.000 metros cuadrados en edificabilidad para equipamientos, lo que en la práctica supone un mínimo de 1.500.000 metros cuadrado de suelo.
CONSECUENCIAS. La consecuencia de esta pérdida de
edificabilidad afecta a la construcción de centros comerciales, guarderías, centros educativos, centros de salud, parques y zonas verdes. Aunque los planes parciales puedan adaptarse al PIOT, en algunos casos será imposible encontrar más suelo, a no ser que se proceda a la demolición de los establecimientos turísticos que hayan sido construidos en suelo no apto. Esta sustracción de suelo supone en la práctica que los ayuntamientos tengan que recalificar suelo rústico para nuevas edificaciones. Es decir, consumir más suelo del que se había previsto para estos equipamientos en el PIOT. El plazo que tenían los planes parciales para adaptarse al PIOT finalizó en noviembre de 1991.
* La Provincia - D. RIVERO - ARRECIFE - 16.06.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
Teguise y Yaiza pierden una gigantesca bolsa de suelo para dotaciones
Detenidas otras seis personas en Chiclana por la trama Obra Nueva
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DIARIODECÁDIZ* : La trama Obra Nueva ha vuelto a deparar un nuevo capítulo a lo largo de este pasado fin de semana con la detención, en Chiclana, de seis personas y la imputación de otras tres, según han confirmado fuentes policiales. Están acusadas de falsedad documental y estafa tras obtener préstamos hipotecarios por viviendas que no existían o eran distintas a las tasadas.
La historia es similar a la última de las actuaciones llevada a cabo por la Guardia Civil sobre propiedades existentes, precisamente también, en el Camino de Algodonales, de nuevo escenario ahora de presuntos delitos relacionados con la construcción.
En este caso, los detenidos están acusados de falsedad documental y estafa tras haber obtenido préstamos hipotecarios sobre viviendas inexistentes y que localizaban en el mencionado Camino de Algodonales.
Con sus actuaciones, los ahora detenidos, cuyas edades oscilan entre los 28 y los 56 años, lograban gravar viviendas que o bien no existían o eran distintas a las tasadas realmente. Además, en algunos de los casos se llegaron a firmar certificados falsos de antigüedad, en los que se aseguraba que la vivienda en cuestión llevaba más de cinco años construida. Evidentemente, la citada vivienda no existía en dicha fecha.
De este modo, los implicados en la trama contaban con la posibilidad de inscribirlas en el Registro de la Propiedad, algo totalmente imposible en caso contrario al estar localizadas las mismas en suelo calificado como urbano no consolidado.
Cabe recordar en este sentido que en este tipo de suelos no se pueden obtener licencias de construcción ni tampoco de parcelación, ya que, entre otras cuestiones, las mismas carecerían de servicios básicos, tales como luz, agua o alcantarillado.
Esta situación es similar a la que se da también en unas 15.000 viviendas de Chiclana, que en los próximos años van a ser sometidas a un proceso de regularización, con la urbanización de los suelos y la instalación de los servicios básicos necesarios.
Los detenidos, de los que no hay constancia en esta ocasión que tengan relación directa con profesionales del sector de la construcción, son Jaime Valentín R.C., Francisco S.R., José Manuel M.A., Irene S.C., María Teresa M.A. y Diego R.G.
Al parecer, y aunque no existe confirmación oficial por el momento, algunas fuentes apuntan a la existencia de un cuarto imputado. Las tres restantes son mujeres.
Las primeras detenciones, según han confirmado fuentes oficiales, se produjeron el pasado jueves. De momento, la investigación continúa y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en fechas próximas, ya que el caso sobre la trama Obra Nueva continúa abierto.
* Diario de Cádiz - D.M. / CHICLANA - 17.06.2008
Foto: Camino de Algodonales, en Chiclana, donde se ha repetido una vez más el 'modus operandi' que ha dado lugar a la trama Obra Nueva/ diariodecadiz.es
La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la Fundación de la UCAM
LAVERDAD/Murcia* : El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas del Reino, Olayo González Soler, considera que hay indicios que pueden ser «constitutivos de ilícitos penales» en la Fundación San Antonio que gestiona la Universidad Católica de Murcia. Por este motivo, ha remitido la documentación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Esta Fiscalía estudiará el contenido de una denuncia formulada meses atrás contra la Fundación que dirige José Luis Mendoza, tras lo cual admitirá a trámite la causa o, por el contrario, la archivará.
En el punto de mira está el entramado societario de la Fundación San Antonio, y en especial la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa en Los Dolores, donde la UCAM tiene previsto construir su nuevo campus. En este caso, se trata de determinar si se produjeron irregularidades en la operación de subasta. En lo que respecta a las cuentas de la Fundación, y por extensión de la Universidad Católica, el Tribunal de Cuentas no ha encontrado responsabilidades contables a la vista de los datos que aportó el denunciante.
Investigación contable
Olayo González Soler confirmó ayer a este diario que días atrás remitió dicho oficio a la Fiscalía Anticorrupción, dado que en su ámbitoel Tribunal de Cuentas no ha encontrado base para actuar. El fiscal jefe recibió la denuncia el pasado mes de mayo, acompañada de una exhaustiva documentación relativa a «presuntos ilícitos en la UCAM». González Soler abrió diligencias de investigación preprocesales y, tras el estudio de las mismas, ha pasado el caso a Anticorrupción. Éste manifestó ayer a La Verdad que dicho departamento «estudiará detenidamente la documentación. De eso estoy seguro. Lo que no puedo decirle es si después admitirá el caso o lo rechazará». Precisó que lo que más le «preocupa» es la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa a la Fundación.
Más competencias
El fiscal jefe apuntó que, en lo que atañe al Tribunal de Cuentas, no se ha encontrado indicios de irregularidades en la UCAM. «En la denuncia no había datos contables suficientes para detectar que existieran partidas de gastos injustificadas. No había manera de abordar el caso por nuestra parte, y pensé que la forma más adecuada de estudiarlo ha sido remitirlo la Fiscalía Anticorrupción, atendiendo al volumen de negocios y ante la posibilidad de que estuvieran implicados funcionarios públicos. La Fiscalía Anticorrupción es la que puede tener más competencias en este asunto».
Olayo González explicó, por último, que el Tribunal de Cuentas no puede reclamar la contabilidad de la UCAM porque se trata de una entidad privada. Sí actuaría en el supuesto de que hubiera de por medio subvenciones de organismos públicos.
Según el denunciante, «los presuntos ilícitos» en la Universidad Católica se ciñen a un supuesto «entramado societario» dirigido por José Luis Mendoza y su familia, «con fines y actuaciones de muy dudosa legalidad». Considera que «se ha creado toda una serie de sociedades satélites a la Fundación que rige la UCAM, donde Mendoza y su familia son administradores y probablemente titulares de esas sociedades limitadas que sirven a la universidad privada. Estas sociedades satélite no tienen ingresos económicos, ni personal contratado, conforme a la documentación que obra en el Registro Mercantil», apunta la denuncia. «El presidente de la Fundación, José Luis Mendoza, se dedica a contratar con sociedades limitadas de las cuales es su administrador y probablemente su propietario».
Explica que una de esas sociedades «se ha quedado con el 90% de los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa y sólo el 10% es de la Fundación». En este punto, el denunciante cree que hubo «irregularidades» en la venta de los terrenos de Los Dolores, en Cartagena. La denuncia se cursó al Tribunal de Cuentas después de que trascendiera la noticia de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había abierto una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de terrenos e infraestructuras de Defensa. Sostiene que el general que se encargó de la venta de los terrenos a la UCAM «es el mismo que está ahora imputado por hechos similares. Es decir, que tras una subasta fallida se procedió a vender los terrenos mediante un convenio con la Fundación que administra la UCAM y con una sociedad limitada. Creemos que hay base para que se investigue», subraya la denuncia.
* La Verdad - M. BUITRAGO - 17.06.2008
Foto: Murcia, campus UCAM - gabcom.ucam.edu
El líder del "agua para todos" es un promotor con intereses inmobiliarios
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ELPAÍS/Alicante* : La sombra del ladrillo es alargada y sus intereses alcanzan a muchos. Andrés Martínez, presidente de los regantes de Villena y líder del movimiento Agua para todos que ha organizado varias manifestaciones para exigir el trasvase del Ebro, tiene intereses en una empresa que proyecta una importante promoción de viviendas en Valencia.
Se trata, según anuncia la propia empresa -Promociones y Urbanizaciones del Vinalopó, SL, (Prourvi)- en su página web, de 250 "viviendas de alto standing sobre una parcela en la prolongación de la avenida de Francia de Valencia, frente al circuito de Fórmula 1". Andrés Martínez figura como vicepresidente de Prourvi. Esta promotora, constituida en 2001, con un capital suscrito de 4,7 millones de euros, aparece como socio único de GA Promociones, SL, que a su vez cuenta con un capital de más de 110.000 euros. Ambas comparten domicilio social en la calle del Mestre Casimiro Ruiz de Petrer (Alicante), y en ellas coincide José Juan Martínez, que en la primera figura como administrador y en la segunda aparece como presidente.
Andrés Martínez restó ayer importancia al tema. "Mi familia tiene relaciones con Prourvi, pero yo no", aseguró el presidente de los regantes, quien, a pesar de que en el Registro Mercantil aparece como vicepresidente de Prourvi, afirmó que sus intereses inmobiliarios en estas empresas son "nulos o escasos". Al ser preguntado sobre el proyecto de construcción de viviendas de lujo en Valencia aseguró no tener "ni pajolera idea". Martínez argumenta que su principal actividad sigue siendo la agricultura y su comercialización, "negocio del que dependen 160 familias". El líder de los regantes impulsa la venta de agua de sus acuíferos a Danone para embotellarla.
Andrés Martínez argumenta así su participación en empresas vinculadas al sector inmobiliario: "Nosotros, como agricultores, tenemos terrenos y con su venta lo reinvertimos en participación de las empresas, y no nos lo gastamos". Martínez resta importancia a esta actividad y asegura que su "principal" negocio continúa siendo la venta y comercialización de hortalizas. Ayer este periódico intentó sin éxito localizar a José Juan Martínez Romero, administrador de GA Promociones y presidente de Prourvi, para conocer su versión sobre los proyectos.
Actualmente Prourvi gestiona directamente la promoción en Villena del Polígono Industrial Bulilla (obras en marcha y urbanización realizada) y en breve comenzará la del Polígono Casa del Padre. Prourvi participa en la promoción de 100 viviendas de alta calidad en la calle de Juan Carlos I de Ibi. También promociona un Merca Parque junto al centro comercial Bassa del Moro (Petrer), donde se ubicará la futura sede social de la empresa. Además, tiene 16 naves industriales en un polígono de Villena y promocionará próximamente la venta de viviendas en la finca Giravella de Ibi.
Pero además de todas estas iniciativas inmobiliarias la familia del presidente de los regantes de Villena, Andrés Martínez, tramita desde el año 2004 la reclasificación de un millón de metros cuadrados para construir un campo de golf y 1.200 viviendas. El proyecto, que comparte con otros socios, fue aprobado por el Ayuntamiento en el anterior mandato, tras varias modificaciones. Ahora depende de que la Consejería de Territorio reclasifique el suelo agrícola a urbanizable. Los terrenos son mayoritariamente propiedad del tenista Juan Carlos Ferrero y una parte de la familia de Martínez. El deportista, que ha participado en actos de reivindicación del trasvase, tiene en las inmediaciones una escuela de tenis, Equélite, que ofrece en unas instalaciones anexas los servicios de Equélite Golf, que dispone de una cancha de prácticas y anuncia un campo de golf de nueve hoyos.
El año pasado Prourvi se comprometió con el Ayuntamiento de Petrer a canalizar gratuitamente las aguas fluviales en la zona de La Frontera, en compensación por la construcción de un edificio de mayores dimensiones a las permitidas.
Andrés Martínez es uno de los promotores e impulsores del proyecto de la venta de agua de los acuíferos agrícolas de Villena, propiedad de los regantes, a la multinacional Danone para su embotellado y comercialización. La semana pasada la junta de gobierno local, presida por el PP, aprobó la solicitud de modificación del planeamiento de la parcela destinada a albergar la embotelladora. Ese terreno -no urbanizable de protección especial- es en parte propiedad de la familia Martínez. El Ayuntamiento considera "conveniente para los intereses municipales" esta modificación y plantea a la empresa la firma de un convenio urbanístico para desarrollar la planta embotelladora.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 17/06/2008
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
La policía desarrolla una operación contra la corrupción urbanística en Estepona
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ELMUNDO/Málaga* : La Unidad contra la Delicuencia y el Crimen Organizado (Udyco) está llevando a cabo una operación contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona, donde esta mañana el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), era escoltado por agentes de esta unidad desde su su residencia en la urbanización Bahía Azul hasta el Consistorio.
Fuentes de la investigación han informado de que la operación, que se desarrolla desde primera hora, es una actuación de la Comisaría General de la Policía Judicial, con sede en Madrid.
En la sede principal del Consistorio, donde se encuentra la Alcaldía, no se permite ni la entrada ni la salida a las dependencias, según han informado testigos presenciales.
Otros agentes han acudido al edificio Puertosol, donde están las delegaciones municipales de Urbanismo y Hacienda, aunque de momento las entradas y salidas se producen con normalidad.
Según el diario 'Málaga hoy', ya se han practicado detenciones entre miembros de la gerencia de urbanismo y también pueden estar implicados empresarios del municipio.
Sobre la localidad malagueña pesa la sombra de la corrupción urbanística. El años pasado el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento tenía abiertos 1.578 expedientes por irregularidades urbanísticas. En aquel momento el concejal de urbanismo Rafael Duarte se mostraba sorprendido por la "indisciplina" urbanística en Estepona.
* EL Mundo - AGENCIAS - 17.06.2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)
Patrimonio obliga a demoler 67 viviendas del hermano del ex alcalde de Ortigueira
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ELPAÍS/A Coruña* : La concesión de licencia a su hermano para construir 67 viviendas en el entorno del castro del Campo da Torre, en Ortigueira, ha acabado en multa y orden de restitución de la legalidad urbanística. El anterior gobierno local del PP, presidido por Antonio Campo, autorizó en agosto de 2006 a la inmobiliaria Os Celtas, de la que su hermano José es administrador, a construir en una zona pegada a los restos del castro.
La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta acaba de decretar una sanción de 24.000 euros al ayuntamiento, al que obliga a restituir la legalidad urbanística.
El Campo da Torre es un elemento emblemático que confiere carácter singular al paisaje de Ortigueira, y también un apetitoso pedazo de terreno próximo al mar. Su interés arqueológico se reconoce en el catálogo de bienes patrimoniales del planeamiento de Ortigueira, del que deriva su protección por la Ley del Patrimonio de Galicia. Además, la normativa municipal prohíbe cualquier tipo de construcción en un radio de 100 metros alrededor de una zona arqueológica catalogada.
Pese a ello, los técnicos de la Consellería de Cultura constataron en agosto pasado "la afectación del yacimiento arqueológico" por las obras de la inmobiliaria del hermano del entonces aún alcalde. Su informe recoge que se llevaron a cabo obras de desmonte y construcción de cimentaciones y muros pantalla para la estructura de las viviendas, "afectando a la ladera del Castro de Campo da Torre por su vertiente norte, en terrenos situados dentro del entorno de respeto del yacimiento arqueológico catalogado, y afectando especialmente a un aterrazamiento pegado al área de protección integral del mismo".
El informe del arqueólogo de la delegación de la consellería, firmado el 20 de agosto pasado, es concluyente: "El impacto sobre el bien protegido se considera severo, ya que la distancia de las obras es inmediata al área de protección integral del castro, afectando gravemente a un aterrazamiento vinculado al castro por su vertiente norte, teniendo un efecto negativo, inmediato irreversible e irrecuperable".
La Dirección Xeral de Patrimonio actuó tras recibir, en septiembre de 2007, una denuncia relativa a la construcción de las viviendas en una parcela situada dentro de la zona de protección del castro. Al expediente sancionador presentó alegaciones el Ayuntamiento de Ortigueira, en las que argumentó que la licencia se otorgó en suelo urbano de núcleo rural, fuera de la delimitación que los planos municipales realizan del castro, y que no sería por lo tanto precisa la autorización de la Xunta.
Sin autorización
A la impugnación del Ayuntamiento replica Patrimonio que, con independencia de la calificación del suelo, en el ámbito del castro es de aplicación específica la normativa de protección histórico-artística. "La licencia municipal nunca puede sustituir la preceptiva autorización de esta consellería, independientemente de los planes de desarrollo de la normativa urbanística del concello", sostiene el expediente de Cultura.
José Campo, administrador de Os Celtas Promocións de Vivendas, SL, es también dueño de empresas como Pizarras Lombao, y considerado por la oposición municipal como la persona más influyente en su hermano Antonio durante su mandato como alcalde. Antonio Campo también está implicado en el corte de suministro de cuarcita para la Cidade da Cultura, que le fue adjudicada por la Xunta durante el mandato del PP.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 17/06/2008
Foto: Ortigueira (A Coruña) - mma.es
Roca niega su participación en dos convenios y Muñoz no recuerda firmarlos
SUR/Málaga* : El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca ha negado hoy ante el juez haber participado en la redacción y aprobación de dos convenios que se investigan en una pieza separada del "caso Malaya", mientras que el ex alcalde Julián Muñoz ha asegurado no recordar su firma.
Roca y Muñoz han comparecido como imputados ante el instructor de la causa, Óscar Pérez, en relación con un procedimiento aparte abierto en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario del ex asesor con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones urbanísticas en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".
En su declaración, Roca ha aseverado que no ha tenido "ninguna" participación en la redacción y aprobación de los convenios y ha negado también haber dado dinero "a nadie" en relación con estas operaciones urbanísticas, según ha señalado el abogado defensor del ex asesor urbanístico, José Aníbal Álvarez.
"Él no es funcionario, con lo cual ni redactaba ni votaba", ha destacado el letrado, que ha apuntado que, por su parte, Julián Muñoz ha manifestado ante el juez que no recordaba haber firmado los citados convenios.
Además de Roca y Muñoz, hoy han comparecido también en calidad de imputados el empresario Francisco Javier Arteche, el tasador José Mora Igeño y los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano Pastor, estos dos último procesados también por el "caso Malaya".
Durante su declaración judicial, Arteche ha señalado que las operaciones urbanísticas han supuesto un perjuicio de cerca de 1,8 millones de euros para su compañía que no ha sido recuperado, según ha indicado Álvarez, que ha añadido que tanto Sánchez Zubizarreta como Soriano Pastor han negado también su participación en los hechos.
Para su comparecencia ante el juez, Juan Antonio Roca y Julián Muñoz han sido trasladados desde la prisión de Alhaurín de la Torre a los juzgados de la localidad malagueña de Marbella, donde han permanecido varias horas.
Las declaraciones por esta pieza separada se iniciaron el pasado enero con la comparecencia del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que el juez imputa un delito de falsedad de documentos, y continuarán mañana con la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, así como Inés Soroeta.
El informe policial sobre la operación en la parcela "Ave María" establece que el Consistorio firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.
Antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.
El informe señala además que la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.
Destaca también que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico, se refleja un pago por 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".
Según las investigaciones, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.
Dicha actuación, según el juez instructor del caso, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".
Sobre la operación "Francisco Norte", el magistrado indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el Consistorio acordaba pagar a la empresa 3 millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.
En 2004 la parcela es adquirida por Naviro Inmobiliaria S.L., propiedad del empresario José Ávila Rojas, por un millón de euros más el 25 por ciento del beneficio de la venta de las viviendas, y en 2005 se segregan 10.300 metros cuadrados de su subsuelo, licencia autorizada por Marisol Yagüe, que venden a Conservera Celta por 18 millones de euros.
* SUR - EFE - 16.06.08
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
