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EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Castellón ha iniciado diligencias de investigación penal tras observar indicios de delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el desarrollo urbanístico de Torrenostra en el municipio castellonense de Torreblanca, según informaron en un comunicado fuentes del grupo ecologista Gecen. Así, Gecen indicó que "tras la denuncia presentada por la asociación y la lamentable reacción del ayuntamiento de Torreblanca, llamándonos ignorantes y desinformados y clasificando nuestra denuncia como infundada y gratuita, la Fiscalía investigará dicha denuncia".
La denuncia presentada el 31 de octubre tuvo respuesta el 5 de noviembre.
Gecen añadió que la destrucción de saladares (zonas húmedas) y endemismos vegetales "en grave peligro de extinción son delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente y no puede salir gratuito a quienes actúan destruyendo tan valioso patrimonio natural".
La organización interpuso la denuncia cuando tuvo acceso a la documentación científica necesaria que avalaba la necesidad medioambiental y legal de proteger la zona en cuestión. La documentación científica sitúa en el espacio el saladar y las especies que acoge.
La Conselleria, que tuvo acceso a la documentación aportada por la asociación mucho antes, "no dudó en dar el visto bueno a una urbanización que no cumple con la legalidad y que va a eliminar, si la Justicia no lo impide, otra población de las cuatro que quedan", según el grupo ecologista.
Los ecologistas señalaron que "la Conselleria tiene la responsabilidad de proteger las zonas húmedas y la biodiversidad que éstas acogen, por ello tiene las competencias sobre el medio ambiente. Evitar la extinción de especies es una prioridad en cualquier política medioambiental".
Explicaron que la aprobación de la Conselleria de Medio Ambiente "es necesaria" en todo proyecto, por lo que este departamento "se convierte en un actor fundamental en cualquier procedimiento". "Desafortunadamente, la Conselleria de Medio Ambiente, lejos de ordenar el urbanismo y seguir las reglas de legalidad y respeto medioambiental que indica la legislación, se dedica a poner el sello verde a actuaciones urbanísticas nefastas para nuestro patrimonio natural", agregaron.
* Europa Press - CASTELLÓN , 20 Nov.
Foto: Torreblanca (Castellón), Torrenostra - mma.es
Castellón: La Fiscalía ve indicios de delito en el desarrollo urbanístico de Torrenostra
Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Barbate a dar infraestructuras a casas sin licencia
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ELPAÍS/Cádiz : Una sentencia del Juzgado número 3 de Cádiz con fecha del 6 de noviembre ha condenado al Ayuntamiento de Barbate a dotar de servicios básicos e infraestructuras a la pedanía de Zahora, donde hay más de 500 viviendas ilegales. El fallo judicial estima el requerimiento de los vecinos que demandaron al Consistorio, cuando estaba gobernado por el PP, por incumplir un acuerdo escrito de incluir esta pedanía en la revisión del Plan General.
Ese acuerdo no se cumplió y los vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, que ahora se ha resuelto a su favor.
La sentencia promueve la realización de un estudio para que a esta pedanía se la "dote de la determinaciones precisas a fin de posibilitar su adecuación a la realidad actual, con respeto a las normas de calidad de vida demandadas por la población y garantizando su correcta integración urbanística en atención al entorno en el que se localiza".
Con todo, reconoce que los vecinos tendrán que pagar impuestos por estos servicios. También insta a formular y aprobar unas ordenanzas municipales de regularización urbanísticas vinculadas al proceso de revisión del plan general que facilite la legalización de las viviendas existentes. Asimismo, requiere adoptar las medidas reglamentarias necesarias para la creación de una comisión de seguimiento del convenio, que realice "la verificación de los compromisos asumidos, así como analizar las soluciones a los problemas de servicios y tráficos que afectan a los Caños [de Meca] y Zahora".
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 20/11/2007
Foto: Barbate (Cádiz), protesta vecinos de Zahora - elpais.com
Los vecinos de El Álamo (Madrid) advierten que un aeropuerto privado no responde a ninguna necesidad social
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MADRIDDIGITAL* : La “Plataforma No al Aeropuerto de El Álamo”, que cuenta con la participación de los vecinos y distintos grupos sociales y políticos, ha manifestado en un acto informativo celebrado ayer domingo en la localidad, su rechazo a esta infraestructura que consideran meramente especulativa. El principal motivo es el gran impacto acústico y medioambiental que ocasionará: Según sus estimaciones, el aeropuerto permitiría 125.000 operaciones anuales, es decir, 1 vuelo cada tres minutos.
Los planes del Gobierno regional prevén que esta instalación absorba el tráfico aéreo del aeródromo de Cuatro Vientos, los vuelos privados del de Torrejón y parte de los de Barajas (previsiblemente las líneas de bajo coste).
Próximas acciones
La “Plataforma No al Aeropuerto de El Álamo” que pretende la paralización del proyecto e impedir que sea declarado de interés público por parte del Ministerio de Fomento, planifica -en el ámbito de Comunidad- hacer entrega ante la Comisión de Infraestructuras de la Asamblea, las firmas recogidas y el Manifiesto de rechazo al proyecto. Asimismo llevarán cabo una concentración en las puertas del Parlamento madrileño el 5 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Pleno.
En el ámbito municipal, los vecinos plantean informar a los municipios directamente afectados (Navalcarnero, Arroyomolinos, Casarrubios, Batres y Móstoles) del impacto real de la infraestructura e instarles a que manifiesten su rechazo.
En el Manifiesto leído durante el acto de protesta, la “Plataforma No al Aeropuerto de El Álamo” ha exigido que se inicie un proceso de información por parte de la Consejería de Infraestructuras y Transporte previo a la aprobación de ningún proyecto, y que se aporten datos contrastables acerca del impacto ambiental y social que de esta infraestructura se pudieran derivar.
Los afectados demandan, así mismo, que se constituya una comisión que analice la necesidad objetiva de esa infraestructura y en su caso el estudio de zonas donde menos impacto de todo tipo cause.
Además se reclama al Presidente del Gobierno de España y a la Ministra de Fomento que nieguen “la declaración de interés general” a ningún aeropuerto privado en El Álamo y su comarca, puesto que entendemos que éstos no responden a ninguna necesidad social.
La “Plataforma No al Aeropuerto de El Álamo” está formada por vecinos de los municipios afectados y por colectivos sociales y políticos como: Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de El Álamo, Asociación de Vecinos “Dos Ríos”, Asociación de Vecinos de Arroyomolinos, CCOO de El Álamo, IU de El Álamo, PSOE de El Álamo, Asociación de Comerciantes Independientes de El Álamo, Los Verdes de Móstoles y Ecologistas en Acción, entre otros.
* Madrid Digital - El Álamo, 19/11/07
Foto: manifestación - madriddigital.info 19/11/2007
Noticia relacionada: - La "Plataforma No al Aeropuerto de El Alamo" recoge más un millar de firmas - Madridiario, 18-11-2007
"Las sentencias de demolición hay que ejecutarlas, aunque no haya tradición"
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EUROPAPRESS/Santander* : El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, defendió hoy el cumplimiento de las sentencias de demolición como algo "bueno" y "positivo", si bien lamentó que esa conciencia es algo que "este país no acaba de asumir". Vercher respondió así al presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, quien intervino en el turno de preguntas posterior a la ponencia del fiscal de Medio Ambiente 'Las Fiscalías de Medio Ambiente, retos y futuro', incluidas en las III Jornadas 'Naturaleza y Medio Ambiente', organizadas por la Guardia Civil.
En concreto, Canales le recordó al fiscal los problemas para la ejecución de los derribos sentenciados en Cantabria a instancias de sus denuncias. "Lo único que hemos conseguido es que los ayuntamientos liciten proyectos de derribo", detalló, pero señaló que "ninguna empresa se atreve a ir al concurso o las que van sufren amenazas y se retiran".
Por esto, el presidente de Arca criticó que, como consecuencia, se transmite a los ciudadanos el mensaje "peligroso" de que "no importa vulnerar las leyes urbanísticas porque las sentencias no se van a cumplir".
El fiscal de Medio Ambiente aseguró que en España "no hay tradición de demoliciones" y sostuvo que "demoler es tan bueno como que llueva". Vercher explicó que el artículo del Código Penal en el que se mencionan las demoliciones se interpreta "de forma errónea", ya que, al mencionarse en el texto como una posibilidad la demolición, acaba por entenderse "con discrecionalidad" en lugar de como una norma general.
Además, señaló que las demoliciones no son consideradas penas, sino "una simple responsabilidad civil". En este sentido, citó la experiencia "con éxito" de Andalucía, donde se interpretan como penas cuya ejecución es necesaria si el condenado quiere obtener la anulación de la pena de privación de libertad. Por tanto, para evitar el ingreso en prisión, se debe ejecutar previamente el derribo.
Vercher matizó que la Fiscalía de Medio Ambiente es de reciente creación, y que la ley en virtud de la cual podría intervenirse de forma administrativa se aprobó "el mes pasado". "Queremos actuar, pero ahora estamos más centrados en lo penal", reconoció.
"Lagunas" en la Fiscalía
El representante de la asociación ecologista Arca también apuntó en su turno de preguntas las "enormes lagunas de especialización y la enorme falta de medios" con la que trabaja la Fiscalía de Medio Ambiente de Cantabria. Aunque reconoció el "progreso" en materia de "sensibilidad" por parte de la justicia cántabra, destacó la falta de profesionales "independientes" que digan a la Fiscalía "lo que está pasando".
Al respecto, el fiscal de Medio Ambiente matizó que las competencias en materia de personal de Justicia dependen de las comunidades autónomas, y citó el caso de Valencia, donde se ha incorporado a la plantilla de la Fiscalía un ecotoxicólogo, experto en vertidos.
No obstante, Vercher informó de que está previsto incrementar la plantilla de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo con asesores y profesionales como los biólogos. Estos "especialistas" se desplazarían a las comunidades autónomas que tengan "dificultades", en virtud de un convenio ya redactado que implica a distintos ministerios y cuya firma se espera para "finales de año".
Por su parte, otro miembro del público le preguntó por la posibilidad de más acciones en materia de prevención por parte de la Fiscalía para evitar, por ejemplo, que se sigan comprando viviendas en urbanizaciones afectadas por anulaciones de planes generales o sentencias de derribo.
Vercher reiteró que el organismo judicial que él encabeza lleva "unos meses funcionando", y denunció que hay un "amplio sector social" con una perspectiva "peculiar" en materia urbanística. El fiscal sostuvo que el Código Penal no tiene un carácter "preventivo" salvo por su propia existencia.
Durante el turno de preguntas, un representante de la asociación Ecologistas en Acción criticó el "fracaso" de la Administración en la vigilancia medioambiental, sobre todo en lo relacionado con las empresas, y apuntó las consecuencias, además de por acciones administrativas, de la "inacción, omisión o asunción" de lo ya aprobado.
Vercher aseguró no estar de acuerdo "del todo" con él, y explicó que sí está tipificado, según distintas sentencias del Tribunal Constitucional, el delito de "prevaricación por omisión", aunque asumió que es una definición "reciente".
* El Diario Montañés - 15.11.07
Foto: Calvià (Mallorca), proceso demolición hotel costa - upm.es
Se acabó el dilema: una hipoteca a 30 años cuesta el doble que pagar un alquiler en el mismo plazo
COTIZALIA* : Alquilar es la mitad de costoso que comprar. Es una de las conclusiones que se desprenden del estudio "La vivienda ofertada de segunda mano y alquiler en España 2007" realizado por el portal inmobiliario Facilisimo.com. Concretamente, el estudio indica que la hipoteca mensual para comprar una vivienda a pagar en 30 años, duplicaría la mensualidad del alquiler para el mismo periodo de tiempo.
Según el informe, confeccionado a partir del análisis de 118.209 referencias de viviendas de segunda mano a la venta y 5.667 de alquiler, el tamaño medio de la vivienda ofertada en régimen de venta ha experimentado un descenso de 30 m2, desde los 151 m2 que era la media en noviembre de 2006, a los actuales 121 m2.
En cuanto a los precios de las viviendas a la venta, utilizando El Preciómetro -el índice de Facilísimo-, se ha producido un aumento del 1,18% en los últimos doce meses, hasta los 2.479 euros por metro cuadrado, lo que supone que una vivienda media usada de 121 m2 cuesta 299.959 euros.
Por tipologías, a los pisos en altura, que suponen el 57,28% de la oferta, les siguen los chalets adosados (7,34%). A continuación se sitúan los apartamentos (6,41%), los chalets independientes (3,80%) y los áticos (3,80%).
Por lo que respecta a la vivienda en régimen de alquiler, las características son similares a las de la vivienda usada en venta, ya que se trata de un piso en altura con tres habitaciones y un tamaño de 116 m2. El precio medio mensual del alquiler es de 965 €, una cantidad inferior a la hipoteca mensual de la vivienda media en venta que, aplicando el tipo de interés actual sin incluir gastos de compra ni entradas, sería de 1.690 € a pagar en 30 años. En ese periodo de tiempo de alquiler se desembolsarían 348.120 € y en 30 años de hipoteca 608.400 €. En el caso del alquiler, por tipología de vivienda tras el piso en altura (57,56%) se encontrarían los apartamentos (14,87%), seguidos de chalet adosados (4,74%), áticos (4,21%) y chalets independientes(3,05%).
Tres franjas de precios por Comunidades
Según el Preciómetro, el análisis por Comunidades Autónomas refleja tres grandes franjas de precios: por encima de los 300.000 € se encuentran País Vasco (390.600 €), seguida de Madrid (351.100 €) y Cataluña (337.300 €) como las Comunidades en las que se ofertan los inmuebles con precios más elevados.
Entre 300.000 € y 200.000 € se hallan Baleares (274.300 €) en cuarto lugar, seguida de Navarra (265.100 €) y Aragón (251.900 €) que ocupa la quinta plaza. A continuación se sitúan, Cantabria con un precio medio de 236.200 €, La Rioja (224.600 €), Andalucía (214.800 €), Comunidad Valenciana (207.700 €) y Asturias (202.200 €).
En la última franja, por debajo de los 200.000 €, estarían Ceuta y Melilla (197.100 €), Murcia (192.100 €), Canarias (191.400 €), Castilla y León (184.700 €), Galicia (167.500 €), Castilla - La Mancha (163.900 €) y, en la última posición Extremadura, que es la región donde resulta más económico adquirir una vivienda con un precio medio de 132.400 €.
* Cotizalia - Fátima Martín - 19/11/2007
Dos jubilados logran que el juez frene un plan urbanístico
ELPAÍS* : Pedro Camacho Valencia desborda sensatez: "Si mi casa estorba, me voy, que la tiren. Pero que me den otra parecida. No me puedo ir a un piso a mi edad". Desde 1946, Pedro, de 89 años, vive en una modesta casa en la huerta de Murcia junto a su esposa, Violante Pardo, de 84. La casa interrumpe el trazado elegido por el ayuntamiento para una enorme avenida en Murcia. Su casa era carne de derribo y Pedro y Violante estaban condenados a pasar sus días en un piso. Pero un juez les ha llevado la esperanza. Para preservar la salud del matrimonio, ha impedido cualquier realojo hasta que el ayuntamiento les garantice una casa en la huerta, donde puedan mantener sus conejos, sus limoneros, su vida. El urbanismo salvaje parece haber perdido una batalla.
La huerta de Murcia va camino de ser un reclamo publicitario. Decenas de grúas se alzan sobre el verde de los naranjos. Pero aún quedan huertanos, como Violante y Pedro, que viven rodeados de limones, acequias y animales. "La tierra era del amo. Hace 60 años yo tenía ahorradas 500 pesetas y a cambio de eso nos dejó hacer un cuerpo-casa para vivir", explicaba ayer Pedro. "Aquí hemos vivido y tenido cinco hijos", añadió. Pedro viste un jersey, una boina y una rebeca. Y lleva la azada en la mano.
Las máquinas han llegado al borde de su casa. La avenida Miguel Induráin, con tres carriles en cada sentido, un proyecto emblemático del Ayuntamiento de Murcia para servir de nuevo eje a la ciudad, ya se ha comido el resto de huertos.
El 26 de abril de 2006, el Ayuntamiento acordó definitivamente la expropiación para construir la avenida. A Pedro y Violante les afectaba porque su casa tiene 232,05 metros cuadrados (el terreno del huerto es de otro familiar, no está a su nombre), que al ser considerada de una calidad baja (la casa es modesta) fue tasada en 163.034 euros. Con ese dinero, deberían pagar un alquiler durante los 18 meses en los que la empresa Vallehermoso tiene que construir el edificio para los expropiados por el plan parcial Zarandona 2. Con el resto del dinero podrían optar a un piso de protección oficial. "Nos decían que íbamos a estar mejor en un piso, pero yo aquí me salgo al resol y estoy la mar de bien, para qué quiero un piso", explica Violanto. "Somos huertanos y queremos seguir siéndolo", añade.
El matrimonio buscó a Eduardo Salazar, letrado de ecologistas y causas perdidas. El 10 de mayo de 2007, dos técnicos municipales se presentaron en su casa y le entregaron a Pedro un papel dándole un plazo de cinco días para desalojar su finca. En el papel se decía que, o lo hacía así o sería desalojado por la fuerza. La amenaza era explícita.
En realidad, el trámite de expropiación había comenzado un año antes. "Desde entonces, la cabeza se me fue, no duermo bien. Qué hago yo en un piso ahora", clama. Violante recuerda que con la notificación "se le cayó la casa encima".
El 14 de septiembre pasado, la pareja de ancianos pidió la suspensión cautelar del realojo a no ser que el ayuntamiento les diese otra casa en la huerta.
Parecía una jugada desesperada. El derribo era inminente, porque la pareja ya ha cobrado la indemnización que le corresponde. Cuando las máquinas estaban a punto de entrar en su casa, el juez de Murcia Juan González Rodríguez accedió a la petición de Pedro y Violante de paralizar el realojo con la finalidad de "paliar las graves consecuencias que para la salud" del matrimonio de ancianos "podría conllevar su desalojo y no realojo en condiciones similares". En su auto, el juez impide el derribo "hasta tanto tenga lugar su realojo provisional en vivienda de similares condiciones en el entorno de la expropiada".
Antecedentes
- Pedro y Violante de 84 y 89 años viven desde hace 60 años en una modesta finca de la huerta de Murcia
El ayuntamiento de la ciudad trazó sobre su casa una gran avenida dentro de un gigantesco proyecto inmobiliario para la capital
La pareja pidió el realojo en otra casa de la huerta para preservar su salud
y no en un piso
El juez ha accedido y sólo permite el derribo si el consistorio les compra una casa con frutales
El matrimonio alega que ha criado en esa finca a sus cinco hijos y quiere seguir viviendo en la huerta hasta el final de sus días
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 19/11/2007
