Carlos Jiménez Villarejo* :"Los derechos sociales, como el de la vivienda, son universales, es decir, patrimonio de todas las personas, son primordiales, como garantía de desarrollo de la persona, y deben ser exigibles de formas diversas.
Ya sabemos que la economía española, de acuerdo con la Constitución, se asienta sobre una "economía de mercado", corregida por múltiples prescripciones y exigencias que tratan de evitar que se acentúe la desigualdad social.
Que estamos ante una sociedad desigual socialmente es tan indudable que lo reconoce el propio Tribunal Constitucional: la economía de mercado se asienta sobre un "ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección, al menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales". Son varios los factores correctores, que podrían resumirse en uno: la subordinación de la riqueza al interés general. Precisamente, el equilibrio entre economía de mercado y la garantía del interés general es lo que hace que la Constitución defina a nuestro Estado como una "democracia social de derecho".
Por esta razón, el ciudadano no solo tiene derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales y económicos que pretenden otorgarle el nivel de bienestar derivado de la condición humana. Conviene tener presente que la Constitución española proclama que "la dignidad de la persona" y el "libre desarrollo de la personalidad" son dos fundamentos del orden político y de la paz social.
El reconocimiento de todos estos derechos significa que las administraciones públicas deben ser garantes de ese bienestar. Y, con mayor fuerza, cuando el sistema capitalista, dominado por la política neoliberal, está en un proceso globalizador que conduce a acentuar las desigualdades de las personas y los pueblos. Ante esta perspectiva, los derechos sociales, entre ellos el acceso a la vivienda, deben ser un instrumento esencial para los siguientes objetivos: exigir mayores controles de la economía de mercado a los estados, particularmente para impedir la especulación, y una institucionalización de los sistemas de protección social, como la satisfacción del derecho a la vivienda.
Hoy, los derechos sociales son ya también la base de la condición de ciudadanos. Ciudadanos empobrecidos y marginados son ciudadanos excluidos de la participación política activa. Así lo proclamaron las Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993: "Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos el mismo peso".
ASÍ PUES, LOS derechos sociales, como el de la vivienda, son universales, es decir, patrimonio de todas las personas, son primordiales, como garantía de desarrollo de la persona, y deben ser exigibles de formas diversas. Asimismo, generan en las administraciones obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de las mismas de disponer de recursos suficientes para garantizar su prestación.
Pero estamos ante un serio inconveniente.En la Constitución, dichos derechos están reconocidos como derechos de segundo orden en relación a los derechos civiles y políticos. Y, en consecuencia, el ejercicio de los mismos no está amparado con la misma eficacia que los derechos civiles, en cuanto no puede exigirse directamente ante los tribunales su satisfacción.
Pero si estos derechos están en la base del respeto a la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, su exigencia ante los tribunales debe ser viable como forma de exigir a los poderes públicos una efectiva satisfacción a los ciudadanos de una prestación social básica, como lo es la vivienda.
La exigencia judicial de estos derechos parte de dos presupuestos básicos: si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y efectivas", puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar elevando hacia cotas más altas las prestaciones que permiten cumplirlos. Es lo que se llama principio de no regresividad o de progresividad.
EN SEGUNDO lugar, el incumplimiento por los poderes públicos de su deber de prestación en áreas determinadas, como la vivienda, puede entenderse como una forma de discriminación, y esta omisión del poder público pudiera estar lesionando el derecho a no ser discriminado que, constituye, sin duda, un derecho fundamental, siempre exigible judicialmente
La exigibilidad del derecho a la vivienda ante los tribunales sería viable cuando el poder público:
a) Viola o incumple una obligación derivada de su posición de garante de la calidad de vida, no proporcionando "viviendas dignas y adecuadas", a precios razonables, a los sectores más necesitados de la sociedad.
b) Mantiene de forma sistemática y constante --más allá de un plazo razonable-- una omisión de medidas básicas para garantizar a los ciudadanos aquella prestación.
El ejercicio de acciones ante los juzgados y tribunales, siempre de resultado incierto, debe ser --además de otras formas de acción cívica y política-- un instrumento de participación efectiva de los ciudadanos en la configuración de los contenidos esenciales de los derechos sociales.
*Exfiscal anticorrupción
El Periódico 15/01
La vivienda, un derecho exigible
La lucha contra el fraude - Debate sobre la vivienda
20minutos.es 17/01 : "El Gobierno y el PP han roto la negociación del plan de lucha contra el fraude urbanístico, que mantenían desde el pasado junio, según adelantó ayer Cuatro. Para los populares, la ruptura no se debe al "distanciamiento político de los últimos días", sino a que en el plan no se contempla la modificación de algunos aspectos de la financiación de los ayuntamientos.
Debate sobre la vivienda.
Jóvenes, promotores inmobiliarios, arquitectos y abogados estuvieron representados en el encuentro para hablar del difícil acceso a la vivienda. 20 minutos ha reunido a cuatro interlocutores de los sectores implicados para debatir sobre el «problema de la vivienda». El Ministerio de Vivienda fue invitado a este encuentro, aunque tras reiterados intentos, este periódico no pudo contar con ninguno de sus representantes.
Participantes
1. Ángel Carrasco
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado del despacho Gómez-Acebo&Pombo.
2. Luis Zarapuz
Licenciado en Económicas y miembro de la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna.
3. Ricardo Aroca
Arquitecto y decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
4. J. Manuel Galindo
Secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima).
¿Cuánte valen cuatro paredes?
R. Aroca: "El superávit no tiene sentido mientras haya necesidades sociales".
L. Zarapuz: "Queremos priorizar el derecho a la vivienda sobre el de propiedad".
J. M. Galindo: "La lógica económica aún lleva hoy a optar por la compra".
A. Carrasco: "Los que se hipotecan esperan conseguir plusvalías en el futuro".
¿Es posible adoptar la medida anunciada en Francia?
Para Ricardo Aroca no es una utopía, sino "cuestión de voluntad política, ya que dotar de una vivienda a quien lo necesite es más barato que la medicina o la jubilación universal. En Francia es más fácil conseguirlo porque desde hace 60 años tienen un parque de vivienda pública en alquiler, pero aquí habría que crearla".
José Manuel Galindo, por su parte, considera que "incluso en Francia es una utopía, porque el proceso de producción de viviendas es largo en el tiempo y por el shock que podría suponer el que todo el que lo necesite reclame judicialmente a la Administración una vivienda".
Desde el punto de vista legal, Ángel Carrasco cree que "en España no presentaría ninguna dificultad técnica universalizar el derecho a una vivienda digna para los sin techo; sólo habría que desarrollar una ley. Ahora bien, habría que delimitar el supuesto de hecho, es decir, ver si el problema grave es el de los sin techo o el de los que tienen recursos pero no pueden acceder a una vivienda".
Para Luis Zarapuz, la medida francesa "es alcanzable y el ejemplo al que debería tender España. Habría que universalizar el derecho que aparece en nuestra Constitución, con el reconocimiento y la garantía por parte de los poderes públicos del acceso a una vivienda digna a precio asequible. No creemos que la propiedad sea el mecanismo para garantizarlo".
¿Cómo se podría dar esa cobertura universal?
Luis Zarapuz apuesta "por el alquiler de vivienda pública. Sólo falta voluntad política para actuar sobre los 3 millones de pisos vacíos que reconoce el INE y reasignar el gasto actual del Gobierno central en materia de vivienda, lo que permitiría construir 150.000 inmuebles".
Ricardo Aroca recuerda que primero "habría que arbitrar los medios para que se cumpla esa ley de acceso a la vivienda. Tardaríamos bastantes años en garantizar un número suficiente de pisos públicos o semipúblicos de alquiler y en poner en marcha el sistema de subvenciones. Además, habría que evitar la aparición de guetos como los que han provocado problemas sociales en Francia".
José Manuel Galindo plantea la duda "de que las administraciones públicas tengan capacidad técnica para dar respuesta a una gran demanda de pisos de alquiler como la que se plantea. Habría que hacer una refundación absoluta de la política de vivienda y contar con la iniciativa privada para llevar adelante ese programa tan ambicioso".
Para Ángel Carrasco, el problema "es el alto coste público que tiene el mantenimiento de un parque de alquiler que debe ser gestionado a largo plazo para mantener las condiciones de habitabilidad. Para abaratar ese coste e incentivar al inquilino habría que ofrecerle opciones de compra. Pero aquí llega la perversión del sistema, ya que quien llega con subvenciones al alquiler se convierte en propietario y aprovecha las plusvalías que le impedían acceder al mercado de la vivienda".
¿Es el alquiler una opción real en nuestro país?
El alquiler, según Ángel Carrasco, presenta en España el problema "de los altos costes de una relación permanente con un inquilino y por el miedo de los propietarios a la aprobación de leyes que protejan el alquiler en exceso".
Aunque anima a apostar por el alquiler, José Manuel Galindo reconoce que "la opción de compra en alquiler permite conseguir plusvalías a quien tiene menos recursos y que no sean sólo los que más dinero tienen los que salgan ganando".
Por su parte, Zarapuz considera que "seguir construyendo no es la solución y la apuesta del Ministerio de Vivienda por el alquiler ha sido prácticamente nula, con 46 millones para subvenciones frente a un volumen de gasto de 1.200. Nosotros apostamos por el alquiler sin opción de compra y con un precio que sin ser el de mercado, incluya los costes de mantenimiento de la vivienda".
Por último, Ricardo Aroca considera necesario "educar a los españoles en el alquiler tras años de subvención fiscal a la propiedad. Se puede proponer un gran pacto entre partidos para mantener la apuesta por el alquiler".
Proteger el litoral
IGNACIO RAMONET : "Coincido con el presidente de la Xunta cuando afirma que la ley de medidas urgentes de protección del litoral de Galicia que su Gobierno presentará en el Parlamento el mes próximo es "una de las cuestiones más relevantes del futuro del país". Es obvio que no se puede seguir tolerando el urbanismo salvaje y la lepra inmobiliaria que han arrasado ya las mas hermosas riberas de nuestras rías.
Por los malos hábitos y la dejadez de los gobiernos del Partido Popular, heredero aquí del peor franquismo, el del "todo vale", un tercio de los municipios del litoral gallego triplicaron la edificación en los tres últimos años, y autorizaron en los últimos cinco la construcción de más de 120.000 viviendas. Si continuamos así, todas las orillas de Galicia yacerán pronto sepultadas bajo abominables pisos de hormigón. De ahí la urgencia de una ley que establezca una banda de protección del litoral de 500 metros.
Algunos timoratos, en el seno mismo del Gobierno bipartito, temen que, adoptada a escasos meses de las elecciones municipales, esta ley le pase factura en las urnas a la coalición gobernante. Hablan ya de posponer su adopción, o de reducir su alcance limitando a 200 metros, o incluso a 100 la anchura de la banda de proyección. Deben calmarse. La inmensa mayoría de los ciudadanos tiene la sensación de que todo el territorio, atacado de concierto por incendios, riadas y hormigón, se está degradando de manera dramática. Y sancionarán en las urnas con extrema severidad toda señal de retroceso -o de simple pasividad - del Gobierno en estos tres frentes.
Porque ha recibido una Galicia destrozada y arrollada por decenios de gestión irresponsable, la misión del Ejecutivo actual es, en su sentido literal, salvar el país. Y tal deber sagrado -que le ha confiado una mayoría de electores de Galicia- supone voluntad política. Y no medidas a medias, paños calientes y retrocesos.
Los especuladores inmobiliarios y los corruptos de la construcción, principales afectados por la futura ley de salvación de nuestras costas y verdaderos matadores del patrimonio territorial gallego, ya han puesto el grito en el cielo. Y movilizan sus redes de influencia y sus relevos mediáticos. Así, por ejemplo, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) no ha tardado en declarar que considera "no admisible" la propuesta de la Consellería de Política Territorial de la Xunta.
No sin cierto descaro, la organización empresarial pretende que siempre ha sido partidaria de una "ordenación razonable de la zona costera de Galicia", por tratarse de "un bien general", que ha de ser "preservado de posibles intervenciones que puedan dañar su entorno". Aunque se apresura a afirmar que "la defensa de la riqueza natural que configuran las costas no consiste sólo en adoptar medidas tan indiscriminadas como la anunciada", que podría provocar, según la CEG, "una seria distorsión del mercado" y "enturbiar múltiples proyectos empresariales".
Bienvenida sea la ley si consigue "enturbiar" algunos turbios negocios urbanísticos y si detiene por fin el asesinato de nuestro litoral. Los especuladores no deberían quejarse. En otras partes de Europa, existen leyes más severas. En el Connemara irlandés, por ejemplo, donde medidas mucho mas drásticas han permitido preservar la hermosura salvaje de uno de los territorios mas bellos de Europa. O en Córcega, donde no deja de parecer insólito descubrir bahías y playas de ensueño, bordeadas por inmensos bosques de pinos, perfectamente desprovistas de cualquier edificio.
Esa impresionante belleza natural del paisaje y de las costas esta protegida, no por una ley, sino por el Frente de liberación Nacional de Córcega (FLNC), que en ocasiones pone bombas contra edificios y proyectos turísticos con la excusa de pretender salvar el litoral. "Proteger la identidad geográfica de nuestro país es una prioridad", afirman los nacionalistas. Pero nosotros decimos que lo que valen son las leyes, no las bombas.
El País 17/01
Del espectáculo al escándalo
ORIOL BOHIGAS* : "Luis Fernández Galiano publicó el pasado día 8 en este mismo periódico el artículo Exorcismos urbanos con un ataque al absurdo desarrollo de la ciudad en esta era liberal y capitalista, y a la comprometida y plácida participación de la arquitectura a este irreversible desaguisado que ha destruido las identidades urbanas y ha suburbializado el paisaje. La primera frase del artículo es ya un manifiesto: "La arquitectura ha transitado del espectáculo al escándalo". Y la última resume la dramática situación: "Parafraseando al Borges de la Nueva refutación del tiempo, la ciudad es un tigre que nos devora, pero nosotros somos el tigre".
No se resolverá el problema con mejoras puntuales, garantías de calidad, normativas anticorrupción, prescripciones legales, aparentes socializaciones disfrazadas de planeamiento, si no es con un cambio radical de los valores fundamentales -o de la ausencia de valores- en una sociedad obcecada por la "construcción oceánica del territorio". Es decir, por el exclusivo uso mercantil -representativo de un vacío moral- de todo ese territorio.
Por las mismas fechas he leído unas referencias periodísticas a unas declaraciones del arquitecto holandés Rem Koolhaas después de que un proyecto suyo para la nueva sede de Gazprom en San Petersburgo haya perdido un concurso internacional de evidente trascendencia y en el que salió ganadora la propuesta de un inmenso rascacielos, según parece, un exabrupto oportunista contra la identidad histórica de la ciudad. Koolhaas pide el boicot al actual sistema de concursos de arquitectura impuesto en toda Europa. Y lo pide especialmente a los arquitectos estelares que hoy se cobijan en un potente sistema mediático, es decir, aquellos que más han colaborado en el despilfarro del suelo y la negación de las realidades urbanas y paisajísticas. Un sistema en el que el propio Koolhaas tiene un buen papel, gracias al cual ha logrado grandes encargos en todo el mundo, realizados siempre con indiscutible maestría, pero sin escapar del evidente servilismo espectacular, aquel que, como decía Galiano, se ha transformado ya en escándalo.
La propuesta de Koolhaas trasluce, sin duda, un talante cínico, desagradable y, además, se sitúa todavía en la aceptación de un sistema que ya no se puede arreglar con detalles de método, sino con cambios revolucionarios. Boicotear los concursos puede ser incluso contraproducente. Sin ellos tampoco se evitaría el despilfarro deshonesto porque éste no depende sólo de la calidad arquitectónica. Pero, aceptando incluso esa voluntad regeneradora aunque conservadora, quizás se podría sustituir el boicot por modificaciones esenciales que paliarían algunos defectos y reducirían incluso el poder y las influencias de aquellas estrellas mediáticas. A pesar de sus errores y sus escándalos, los concursos han sido un buen instrumento para descubrir nuevos valores hasta entonces obstaculizados por los maestros previamente reconocidos. El propio Koolhaas nació públicamente con un concurso. Anular ese medio a petición de los que lo han usado a destajo puede ser escandalosamente abusivo.
Por lo tanto, es necesario -aunque no como solución definitiva- imponer otros controles a estos concursos, sobre todo en el sentido de apoyar su posible alcance cultural. Un concurso público debería ser el campo idóneo para un diálogo sobre tendencias y objetivos. Para empezar, habría que asegurar unos jurados solventes y comprometidos, conocedores del tema y de la correspondiente situación cultural, cosa que pocas veces ocurre porque, para facilitar la gestión, la mayoría de miembros del jurado no son más que funcionarios próximos a los temas burocráticos de la Administración, que acaban imponiéndose a los pocos profesionales capacitados. Este problema ha quedado manifiesto en el mismo concurso de San Petersburgo en el que los tres únicos arquitectos del jurado han dimitido al darse cuenta de que, al final, los numerosos funcionarios de Putin acabarían decidiendo a las órdenes del ajetreo político. Asegurar, por tanto, un jurado solvente e independiente es un primer paso que habría que exigir. Pero es importante también subrayar, incluso públicamente y a niveles internacionales, los contenidos culturales de los proyectos vencedores y utilizarlos como base de discusión profesional y académica. Memorias críticas, exposiciones, debates universitarios, asesorías, discusiones sobre los resultados son instrumentos para asegurar el acierto y rentabilizar los contenidos. La solución no es un boicot en manos de aquellos que más se han aprovechado del sistema. La solución es cambiar radicalmente "nuestros corazones y nuestras mentes" como decía Galiano, allí donde residen los problemas básicos, sociales, económicos y culturales, es decir, políticos. Y mientras esperamos ese cambio, sólo podemos proponer controles provisionales, por lo menos más eficaces que un boicot promovido por los favorecidos hasta hoy por el propio sistema.
*Oriol Bohigas es arquitecto.
El País 17/01
Sostenibilidad, ecología y medio ambiente
JORGE BENAVIDES SOLÍS* : "En resumen, gracias a varios jueces y fiscales, conocemos la enorme magnitud del insostenible desarrollo urbanístico de España. Al respecto, ya habían manifestado su preocupación todos los poderes públicos (nacional y autonómicos), también Greenpeace, la WWF (Fundación para la protección de la Naturaleza), la Unión Europea (2005), el Relator de vivienda de Naciones Unidas (2006). Hasta el partido en el gobierno acaba de manifestar su insatisfacción ante este hecho.
El crecimiento urbanístico local, lejos de ser perjudicial, debería ser la respuesta lógica a las necesidades de sus vecinos para aumentar la calidad de vida: bienestar, identidad cultural, calidad ambiental; pero no es así. Debería corresponder al enriquecimiento de la dimensión pública del territorio y de los espacios urbanos: equipamientos, calles, parques, jardines, bosques y lugares protegidos; pero no ha sido posible. También debería permitir el crecimiento de la edificación privada: residencial, industrial, comercial con la cual conformar un escenario agradable donde los vecinos de un núcleo urbano, desarrollen gratamente todas las actividades; pero lejos de ello, se ha desgarrado el paisaje y los vertederos de basura estética se encuentran por doquier. Sin embargo, aunque la LOUA no lo diga, es indispensable tomar en cuenta que el último fin del planeamiento es mejorar la calidad de vida.
Lastimosamente, en la práctica, el proyecto de ciudad (enunciados y planos del PGOU), se lo reduce a una simple y discrecional operación por parte de los arquitectos: la asignación de usos y la clasificación de suelo. Para los edificadores es la posibilidad lucrativa de levantar contenedores de ladrillo donde y como sea. A la vez, por parte de la Junta, es un acotado proceso controlador de cumplimiento administrativo. En la misma línea, la construcción de ciudad, para los ayuntamientos, es equivalente a pura y dura gerencia inmobiliaria. Y para colmo, los dueños de la ciudad (vecinos), con su indiferencia, parecerían demostrar que les conviene postergar la ciudadanía (pensar en los demás) para facilitar su conversión en clientes o usuarios (omitir al otro).
En este contexto, la profesión del urbanista (teoría y acción) más bien aparece como un oficio (dominio de los instrumentos) al que el soporte teórico y estético le resultan inútiles dentro del unívoco proceso instrumental dedicado a satisfacer la apetencia depredadora de la economía inmobiliaria (suelo), la cual, en el mejor de los casos, está interesada en cumplir con la norma, pero no en proponer un modelo de ciudad, ni sugerir o hacer concesiones para el bien común. No es su función.
De aquí precisamente deriva la obligación cívica de "los poderes públicos" para elaborar las normas urbanísticas tomando en cuenta que la ciudad, tal como dicen los clásicos mediterráneos, es al mismo tiempo urbs (materia), civitas (sociedad) y polis (política), o sea, es el producto cultural más sofisticado y complejo que ha concebido el hombre para con-vivir entre y con los demás. Dicha norma, aunque se refiera sólo a lo físico (ley del Suelo), no puede gestarse en un ámbito operativo compartimentado como antaño: técnico, penal, policial, administrativo o de gestión. Ya no es tiempo del especialista que participa en equipos multidisciplinares. Es la era de la transdisciplina.
Está bien que, sobre el problema urbanístico, tengan protagonismo los abogados y los políticos (aspecto operativo), pero es necesario escuchar a los sociólogos, economistas, arqueólogos, filósofos y, sobre todo, después de su experiencia de 50 años en el planeamiento normativo, resulta indispensable el pronunciamiento de los urbanistas, de las Universidades; pues, "la experiencia hace la ciencia" y también la teoría.
De acuerdo a los resultados, hasta hoy todo el aparato instrumental desarrollado en España para construir civilizadamente la ciudad, por sí sólo, ha sido insuficiente. Es indispensable que se lo enmarque y se lo acompañe, si no de una teoría general del urbanismo, por lo menos de una política de aceptación unánime de principios y paradigmas generados por la actual sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, dirigidos precisamente a conseguir un crecimiento cuantitativo y a la vez cualitativo, con calidad de vida.
Si la ciudad es la casa de todos, tendremos que rescatar principios de la ecología, es decir, de la forma cómo los seres vivos construyen su oikos (hogar). ¿Habrá necesidad más básica? De la sostenibilidad, que, como dijo la señora Bruntland, es el consumo responsable de los recursos naturales no renovables que evite el despilfarro de: combustibles fósiles, suelo, agua, selva amazónica. ¿Qué intereses se mueven para hacer ambiguo su significado? Del medio ambiente, es decir, de la protección de los cuatro elementos que, para los clásicos, constituyen la vida: agua, aire, tierra y fuego (energía); no hay que contaminarlos. ¿Por qué se dificulta su comprensión? En último término, ecología, sostenibilidad y medio ambiente tienen como referencia común la vida en este planeta bello y finito. Todos debemos interactuar en este sentido, incluso para hacer y cumplir la norma.
Pero además de principios (ética y teoría), ¿qué otras sugerencias concretas se han puesto en consideración para superar el problema? ¿Por qué no el 23,5% del suelo en lugar del 30% o del 40% propuestos por la Junta para limitar la expansión urbanística salvaje?
*Jorge Benavides Solís es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
El País 17/01
2006 se cierra con otro récord histórico en licitaciones públicas
CARLOS SÁNCHEZ : "Ni sombra de desaceleración -y mucho menos de enfriamiento- en el sector de la construcción. Los últimos datos recogidos por Seopan -la patronal del sector- indican que el ladrillo continúa ganando peso respecto al conjunto de la actividad económica.
Las cifras no dejan lugar a dudas. La licitación pública total -incluyendo la demanda de las tres administraciones- ha crecido entre enero y octubre un 12,7% de media, hasta totalizar los 36.510 millones de euros, una cifra jamás alcanzada en los concursos públicos. El incremento ha sido especialmente intenso en relación a la edificación, toda vez que Seopan sitúa el crecimiento en un 22,3%, mientras que la obra civil crece un 8,5%, en cualquier caso por encima del aumento del PIB en términos nominales (con inflación).
Para hacerse una idea de la evolución de este indicador hay que tener en cuenta que en los diez primeros meses de 2006 se han contratado 5.000 millones de euros más en obra pública que en todo 2004, un año extraordinariamente positivo en cuanto a actividad constructora.
El crecimiento de la obra pública afecta fundamentalmente a la Administración General y a las comunidades autónomas, ya que, por el contrario, se ha producido una sensible caída en la demanda de ayuntamientos y diputaciones. Un fenómeno que puede estar vinculado a un doble motivo: la cercanía de las municipales (lo que hace que mucho gasto se haya retrasado hasta el año 2007) y los menores recursos de la administración local, al haberse paralizado muchos planes de urbanismo al calor de los casos de corrupción desvelados en los últimos meses.
Los datos de Seopan indican que las tres administraciones gastan prácticamente lo mismo: alrededor de 12.000 millones de euros, lo que es una auténtica novedad respecto a un año tan cercano como 2003, en el que el reparto era el siguiente. La administración general: 11.345 millones de euros; las comunidades autónomas: 9.255 millones, y los ayuntamientos: 6.206 millones. Quiere decir esto que el Gobierno central continúa perdiendo peso respecto a los ejecutivos periféricos como agente del gasto.
Récord tras récord
La bonanza del sector de la construcción a lo largo del año 2006 se manifiesta, además, con sólo echar un vistazo al número de viviendas construidas hasta ahora. Los datos de Fomento indican que hasta septiembre el número de visados de obra nueva asciende a 674.000 viviendas, prácticamente las mismas que se construyeron en 2004: 687.000, y ya muy cerca de las 729.000 que se levantaron el año pasado. Algo que parece indicar que también este año se batirá un nuevo récord en el número de nuevas viviendas, y todo ello pese a que los tipos de interés han subido seis veces (hasta el 3,5%) en el último año.
El consumo de cemento y el volumen de empleo creado son los otros dos indicadores que reflejan el mantenimiento del boom de la construcción, lo que sin duda explica la revalorización de las constructoras en Bolsa. Y es que con sólo con leer los correspondientes boletines oficiales el negocio está asegurado. Se trata, como es de sobra conocido, de la única actividad económica en la que la competencia exterior es mínima, ya que la penetración extranjera en el sector de la construcción es irrelevante.
El valor añadido generado por la construcción equivale ya -datos hasta el tercer trimestre- a 78.537 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,4% respecto al año pasado.
El Confidencial, 2007.
