+-+motrildigital.blogia.com.jpeg)
EUROPAPRESS* : La Fiscalía Provincial de Granada ha denunciado al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), por la posible comisión de un delito contra las instituciones del Estado al no colaborar con la Oficina Defensor del Pueblo Andaluz y obstruir su labor, confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
Su titular, José Chamizo, llevó esta posible obstrucción el pasado mes de junio a la Fiscalía Superior de Andalucía por su "actitud entorpecedora persistente" de las tareas de la institución basada en la falta de colaboración y desatención a la información solicitada por la misma en relación por más de una decena de quejas de ciudadanos.
En el escrito de denuncia, que ha sido trasladado al Decanato para que un juzgado de instrucción de Almuñécar asuma la investigación, la Fiscalía considera evidente que la postura del regidor sexitano, que no contestó a las reclamaciones salvo cuando el tema ya estaba en manos de instancias judiciales y había trascendido en los medios de comunicación, encaja con un delito de desobediencia del artículo 502 del Código Penal, que contempla penas de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, según adelanta hoy el diario 'La Opinión de Granada'.
El Defensor del Pueblo Andaluz acudió a la justicia por primera vez en junio por "obstrucción" de su labor por parte de un representante de la Administración, una situación que obligaba a la institución a dar cuenta de ello ante el Parlamento de Andalucía y el Ministerio Fiscal.
Tal y como explicaron entonces desde la Oficina, ésta acumuló hasta cinco expedientes de quejas ciudadanas sin resolver por la falta de colaboración del Ayuntamiento a la hora de facilitar los informes y datos requeridos, a las que se sumaron seis expedientes más desde el año 2007, ninguno de ellos "atendidos", lo que produjo una situación de "acumulación de no colaboración" que constituye un supuesto de "especial gravedad".
Todos estos expedientes --la mayoría relacionados con el urbanismo-- siguieron su correspondiente tramitación, con la petición de informes iniciales, reiteración de solicitud de colaboración en numerosas ocasiones, contactos frecuentes y declaración de actitud entorpecedora por parte del Defensor. A pesar de ello, cinco expedientes "terminaron desatendidos", que se agravó con la suma de los últimos seis abiertos, "los cuales, uno detrás de otro, han sido completamente ignorados".
No obstante, la Oficina envió un "enésimo" escrito a Benavides -- que no obtuvo respuesta--, trasladándole la situación y advirtiéndole de que si en un plazo estipulado no recibía la colaboración "legalmente debida por el Consistorio con el envío de la información requerida en los expedientes de queja" daría conocimiento de ello al Parlamento y al Ministerio Fiscal.
Para el Defensor, al hecho de "dejar gravemente desatendido el derecho de los ciudadanos a formular quejas referidas al ayuntamiento de Almuñécar" se une en este caso el problema "de fondo" que representa que "un mecanismo de control de la actuación administrativa establecida en el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española está paralizado porque el deber legal del alcalde de colaborar con el Defensor no se realiza".
* Europa Press - 29.10.09
Foto: Almuñécar (Granada) - motrildigital.blogia.com
La Fiscalía denuncia al alcalde de Almuñécar por no colaborar con el Defensor del Pueblo Andaluz
La trama corrupta de la operación ‘Pretoria’ obtuvo unos beneficios de 30 millones de euros
,+ayuntamiento+-+cope.es.jpg)
ELCONFIDENCIAL/Cataluña* : Los beneficios de la trama corrupta que investiga en Cataluña el juez Baltasar Garzón se elevan, de momento, a unos 30 millones de euros, según manifestaron a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. Estas mismas fuentes detallan que los dos principales implicados, los ex dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, eran los proveedores de los medios para la compra de solares y terrenos a los ayuntamientos.
El mediador de las operaciones era el ex diputado socialista Luis García Sáez, más conocido como Luigi en los ambientes financieros, que recibía los fondos y ejecutaba las operaciones de compra. Los tres conformaban, pues, una maquinaria perfectamente engrasada donde cada cual tenía su función específica. Luego, los buenos oficios de Luigi hacían que esos terrenos pudiesen ser recalificados, cosa que no siempre conseguían, aunque existen algunos indicios que hacen pensar que, en ocasiones, se sobornaba a cargos municipales. Una vez la recalificación en su haber, las parcelas eran vendidas a las constructoras, listas para comenzar a trabajar, de tal modo que las plusvalías que hubiesen conseguido los propios consistorios se deslizaban hábilmente hacia los bolsillos de los primeros compradores, es decir, hacia los tres ex políticos metidos a empresarios. Lo que no está claro todavía es si los abultados beneficios conseguidos mediante estas tácticas se quedaban en España o viajaban de nuevo a cuentas secretas en distintos paraísos fiscales.
Una partida de dinero movido desde la Isla de Jersey fue el hilo que condujo a los investigadores hasta la red catalana. Una vez comenzadas las pesquisas, el juez vigiló de cerca los movimientos de cada uno. Así, pudo determinarse también la supuesta implicación del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, que se dio de cuenta de las sospechosas operaciones de su antiguo compañero de partido, Luis García. Por contra, los constructores, últimos protagonistas de la red, pagaban el precio de mercado por los terrenos recalificados, aunque operaciones urbanísticas servidas en mantel sin problemas legales por medio son siempre un bocado apetecible y, sobre todo, ventajoso económicamente. Precisamente el hecho de que algunos de los capitales invertidos provenían de fuera de España es lo que provoca el delito de blanqueo de capitales, una de las acusaciones que realiza la Audiencia Nacional.
Construcciones de lujo en Santa Coloma
La mayor operación en la que estaban inmersos los implicados en la trama era la de Santa Coloma de Gramenet, con la urbanización de 65.000 metros cuadrados, de los que 10.000 son para uso público. El resto, se reparte entre 150 pisos de alto standing, cien viviendas de protección oficial, un hotel de 146 habitaciones y un multicine con 12 salas. En Badalona, la operación se ciñe a la ampliación del Puerto de esta localidad, relativamente cercana a la zona de Diagonal Mar, uno de los polos más modernos con que cuenta Barcelona. En el municipio de Sant Andreu de Llavaneres, se investiga la recalificación de varias parcelas, entre ellas una que acogerá la construcción de un polideportivo. En esta localidad, la Plataforma SOS Llavaneres había denunciado dos operaciones urbanísticas sospechosas, pero dichas denuncias habían sido archivadas por falta de pruebas. Ahora, se han vuelto a abrir.
Por otra parte, según informa la agencia Efe, en Madrid fue detenido el consejero delegado de Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, por su presunta vinculación con la trama descubierta en Barcelona. Paralelamente, el secretario general de CDC, Artur Mas, dejó la puerta abierta a que los dos ex altos cargos de su formación, Prenafeta y Alavedra, pidan la baja voluntaria si el tema afecta al partido. El secretario general adjunto, Felip Puig, señaló anteayer que Convergència no pensaba tomar ninguna iniciativa para suspenderles de militancia hasta que no se aclarase su implicación.
* El Confidencial - Antonio Fernández (Barcelona).- 29/10/2009
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ayuntamiento - cope.es
Andratx: La juez cita a Garau como imputado por el 'pelotazo' que le aprobó Munar
+-+Antoni+Sureda+(wikipedia.org).jpg)
ELMUNDO/Mallorca* : La juez del caso Andratx ha citado el próximo martes como imputado por un delito de tráfico de influencias al histórico ex jefe de Costas de Baleares para que explique cómo logró que el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar recalificara en su Plan Territorial los tres solares que posee en una zona protegida y catalogada como ANEI (Área Natural de Especial Interés) en Andratx denominada Punta de Sa Gavineta.
Una operación para la que el también ex presidente del Círculo de Bellas Artes no dudó en emplear a su propio hijo Antonio Garau Obrador con objeto de que, desde su puesto de vocal de la Ponencia Técnica de Urbanismo de la institución insular, votase a favor de la reconversión urbanística de dichas parcelas protegidas.
La magistrada María del Carmen González ha decidido asimismo imputar por el mismo delito a Garau Obrador, al que también ha emplazado a primera hora de la mañana del próximo martes, teniendo en cuenta no sólo su condición de hijo del propietario de los terrenos sino la existencia en el momento de la votación de un informe técnico que dejaba constancia de la "falta de servicios" de la zona. Una circunstancia que impedía que los terrenos de Garau pudiesen ser declarados como zona urbanizable. Finalmente la reconversión no llegó a materializarse al oponerse a la misma el ex alcalde de Andratx por el PP Eugenio Hidalgo, que era quien tenía que dar el visto bueno definitivo a la misma.
* El Mundo - Esteban Urreiztieta - 29.10.09
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
Una empresa de la trama recibió 12,4 millones de dinero público en un año
,+edificios+Proinosa+-+publico.es.jpg)
PÚBLICO/Cataluña* : La maquinaria de corrupción descubierta en la operación Pretoria funcionaba hasta ayer a pleno rendimiento. La sociedad de gestión urbanística del Ayuntamiento de Santa Coloma, Gramepark, había concedido a Proinosa, la empresa de uno de los detenidos, la construcción de un aparcamiento en la avenida Banús hace apenas un mes.
En el último año, Proinosa, al frente de la cual figura Josep Singla, había sido adjudicataria de seis proyectos por parte del Ayuntamiento, cuyo valor total asciende a 12,4 millones de euros.
Negocio en los aparcamientos
Quizá porque en una ciudad tan densamente poblada como Santa Coloma ya quedaba poco espacio por edificar, la construcción de aparcamientos subterráneos seguía siendo negocio. Uno en el Parque Moragas, otro en la calle San Carlos y la reforma de un tercero iban a engordar sustancialmente las cuentas de Proinosa a costa de los fondos públicos. Además, a la empresa de Singla se le adjudicaron unas obras de un centro escolar y el proyecto de finalización de un edificio de viviendas.
Aún así, Josep Singla encontró el pasado miércoles día 21 los arrestos necesarios para quejarse amargamente ante el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, de la escasez de suelo edificable en Catalunya, durante una cena en que coincidieron en el Círculo de Economía.
De Marbella a Santa Coloma
La historia de su empresa ha estado muy vinculada al complejo Els Cubs. La compañía se hizo con las codiciadas manzanas 30.901 y 30.902 de Santa Coloma en 2004 mediante una sociedad creada ad hoc, Centro Comercial Gramenet, que compró el terreno en una operación cuyas cantidades se desconocen. Un año después, los terrenos eran recalificados para usos residenciales.
Tras ceder la edificación del proyecto a Proinosa, en la sociedad entraron los abogados Antonio Peñarroja y Francisco Alejandro Petrus, este último investigado por el caso BBV-Privanza. Tras salir de la firma, entró en la sociedad Enrique Viñas, cuya inmobiliaria Prosavi figura en el sumario de la operación Malaya por sus relaciones con Juan Antonio Roca, el cerebro de la corrupción urbanística en Marbella.
En 2007, Centro Comercial Gramenet y Prosavi se fusionaron y el proyecto siguió sufriendo cambios que lo alejaban cada vez más de los usos sociales. Terminó incluyendo 150 pisos de lujo, un multicine, una zona comercial y un hotel con 246 habitaciones. Els Cubs representa, según los investigadores, el "patrón" en que se basó la trama para hacer sus millonarios negocios.
En este sentido, el Plan Municipal de Santa Coloma 2007-2010, que preveía la construcción de 1.120 viviendas, es uno de los objetivos prioritarios de las pesquisas, según los investigadores.
Estos 12,4 millones de euros adjudicados a Proinosa elevan las cifras del fraude conocidas hasta ahora. Por el momento, las pesquisas no vinculan a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta de estas adjudicaciones. Estos dos antiguos próceres ligados a CiU habrían actuado de intermediarios entre cargos públicos y empresarios y habrían ayudado a blanquear el dinero obtenido por terceros de negocios fraudulentos en paraísos fiscales. Precisamente a uno de ellos, en las Islas Jersey, fueron a parar casi 21 millones de euros que Alavedra y Prenafeta habían sacado de sus manejos en la trama. Esas cantidades constituyeron el hilo del que tiraron los investigadores hasta llegar al centro de comercial colomense.
La hija de Prenafeta
Los registros efectuados por la UCO de la Guardia Civil a lo largo del miércoles se produjeron también en las sedes de las empresas Poliafers, Versabitur y Capital City Consulting.
En la primera de ellas, dedicada a elaborar informes, consta como administradora única una hija de Prenafeta, mientras que Versabitur es una inmobiliaria ligada al entorno de Macià Alavedra.
Doce meses de adjudicaciones a Proinosa
12.479.873 euros
Es la suma total de las seis adjudicaciones que ha conseguido la empresa de Josep Singla en Santa Coloma durante los últimos 12 meses. Se distribuyen de la siguiente forma:
3.093.827 euros.
Construcción de un aparcamiento subterráneo en la Avenida Banús.
626.837 euros
Reforma de un parking en la Rambla del Fondo.
3.450.231 euros
Construcción de otro aparcamiento en el Parque del Doctor Moragas.
927.460 euros
Estructura para la construcción de un centro escolar en la calle San Carlos.
3.781.744 euros
Construcción de un aparcamiento subterráneo en la calle San Carlos.
599.774 euros
Proyecto de finalización de un edificio de 29 viviendas en la Rambla del Fondo.
* Público - P. ÁGUEDA / A. M. VIDAL - MADRID / BARCELONA - 29/10/2009
Foto: Los tres edificios principales del complejo Els Cubs, buque insignia de Proinosa en Santa Coloma de Gramenet, ayer. - EDU BAYER, publico.es
Del 3% al Caso Palau, pasando por Santa Coloma
ELMUNDO/Cataluña* : El último golpe contra la corrupción urbanística, con epicentro en Santa Coloma de Gramenet, ha salpicado a los dos partidos políticos que se han turnado el gobierno de Cataluña desde la reinstauración de la democracia. Unos en el poder -como el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet- y otros ex de lo que fue época de dominio convergente sin titubeos -como el ex conseller de Economia del gobierno de Pujol-.
Esta irrupción del juez Baltasar Garzón en los consistorios catalanes y los últimos ataques directos del PSC a CiU a propósito de su relación con la fundación Trias Fargas, que recibió dinero del Palau de la Música, en pleno destape de años de desfalco en la entidad, parecen haber roto el pacto tácito de no agresión entre los dos grandes de la política catalana.
CiU culpa de este último caso de corrupción -incluso del que lleva sus siglas- al PSC, mientras los socialistas catalanes preparan una limpieza en sus filas. El caso Palau ha demostrado que diez años de desvío continuado de fondos pueden pasar desapercibidos -voluntaria o involuntariamente, eso lo decidirá el juez- en la calma chicha del oasis catalán. Convergentes y socialistas han gobernado mientras Fèlix Millet se llevaba unos 20 millones de euros -según la última calificación de la Fiscalía- de las cuentas de uno de los símbolos de Cataluña, el Palau de la Música.
Hasta el momento, los más destacados casos de corrupción urbanística en Cataluña en los que supuestamente estaban implicados cargos municipales han quedado en el aire. En Tarragona, el caso Terres Cavades, por el que se acusaba al ex alcalde Joan Miquel Nadal (CiU) de presionar a los propietarios para vender unos terrenos que luego recalificaría, sigue abierto. En Sant Cugat, en 2006, el ex alcalde Joan Aymerich (CiU) y otros siete funcionarios y arquitectos al servicio del consistorio fueron imputados por prevaricación.
'Ustedes tienen un problema. Y ese problema se llama 3%'
Tras años de calma relativa en este aspecto, se acumulan las acusaciones de corrupción y, pese a que las consecuencias electorales de estas informaciones son aún un misterio, que la sociedad catalana ha colocado la sombra de la duda sobre la clase política ya es un hecho. Una coyuntura que recuerda a esa otra en la que Pasqual Maragall, en pleno debate parlamentario, espetó a Artur Mas que el "problema" de CiU "se llama tres por ciento", en alusión a un supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras a través de la empresa Adigsa. Era el año 2005 y, tras la tormenta política, el entonces presidente de la Generalitat retiró sus palabras y los convergentes hicieron lo propio con la denuncia a Maragall.
Pero el entonces president ya había abierto la caja de los truenos cuestionando la limpieza de los 23 años de gobierno 'pujolista'. El conseller de Treball de Pujol, Ignasi Farreres, ha sido absuelto recientemente de los delitos continuados de prevaricación de funcionario público, de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario. El juez considera que Ferreres desconocía la existencia de los informes plagiados o falsos a través de los que se realizaba el desvío de fondos. La Audiencia de Barcelona condenaba, en cambio, a Josep Maria Servitje, ex secretario de Treball, a cuatro años y seis meses y al empresario implicado, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, a dos años y tres meses de prisión.
Este es uno de los tres casos de supuestas irregularidades en Unió Democràtica de Catalunya (UDC) durante la época de Jordi Pujol, junto al caso Turismo, ya juzgado, y el caso Treball. Hasta el propio Pujol estuvo querellado por falsedad documental en el caso Banca Catalana, en los años 80, cuando la entidad financiera que quería ser referente de la independencia económica catalana frente al Banco de España cayó en picado. El caso, finalmente, prescribió.
La década de los 90 también tuvo su caso estrella de corrupción: el caso Hacienda, que se encuentra en la actualidad en pleno proceso judicial. La acusación sostiene que altos cargos de Hacienda de la Barcelona de los años 90 no inspeccionaban a determinadas empresas para recibir a cambio una compensación económica. El juicio ha sentado en el banquillo, además de a los máximos dirigentes de la Inspección de Barcelona de esa época, a un nutrido y popular grupo de empresarios, entre los que se encuentra Javier de la Rosa y Juan José Folchi, asesor del primero y también de Jordi Pujol, además del constructor y ex presidente del Barça Josep Lluís Núñez, entre muchos otros. La Fiscalía, en la acusación, habla de "pacto de silencio" entre empresarios y funcionarios públicos.
* El Mundo - Eva Belmonte - 28.10.09
Foto: Barcelona, parlament Catalunya- ub.es
Bilbao: El TVCP insiste en las irregularidades en La Peña
ELCORREO* : El informe definitivo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas insiste en las irregularidades cometidas en el proceso de construcción y adjudicación del polideportivo y parking para residentes del barrio bilbaíno de La Peña, tras rechazar las alegaciones del Ayuntamiento de la villa al texto preliminar, según se recoge en el documento, hecho público hoy.
El órgano fiscalizador asegura que, a petición del pleno del Parlamento vasco, se realizó un informe de fiscalización sobre la adjudicación, ejecución, recepción y liquidación de la obra del polideportivo y parking de La Peña en Bilbao, que fue aprobado con fecha 22 de septiembre de 2009 por la mayoría de los miembros del pleno, con los votos particulares de tres de ellos.
El trabajo del Tribunal ha consistido en la revisión de los expedientes de contratación por parte del organismo autónomo local Bilbao Kirolak, de la redacción del proyecto y dirección de obra adjudicado el 8 de mayo de 2002 y modificado posteriormente el 11 de septiembre de 2003. También se evalúan las obras de construcción del polideportivo y la concesión de la construcción y explotación de las obras del aparcamiento para residentes bajo el citado equipamiento deportivo adjudicadas el 24 de marzo de 2004, "verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso y los aspectos económicos derivados de la ejecución de ambos contratos".
Sin embargo, en relación con la redacción del proyecto y dirección de obra, el Tribunal destaca el incumplimiento de "determinados artículos" del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP).
En concreto, asegura que no consta en el expediente de contratación el informe jurídico sobre los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, ni el informe sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente, ni la fiscalización previa de la Intervención y tampoco figura la publicación de la adjudicación del contrato, entre otros aspectos.
También constata la modificación posterior del contrato, que supuso un incremento del importe adjudicado del 89% para incluir en el proyecto el estacionamiento de vehículos para residentes, lo que, en su opinión supone un incumpliento de "los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades" y agrega que no se repercutió ese coste "en el precio por parcela fijado en el contrato de concesión de obra pública".
Polideportivo y aparcamiento
En relación con la construcción del polideportivo, el Tribunal indica que "no consta en el expediente la supervisión del proyecto", lo que ocasionó "un incremento del presupuesto para corregir deficiencias de medición, la no existencia de licencia de obras sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con la normativa urbanística, la falta de fiscalización previa por la intervención, y las ausencia de publicación de la adjudicación".
Por otro lado, el TVCP señala que, en la ejecución, se efectuaron 10 modificaciones que supusieron un incremento del 18 por ciento del importe de adjudicación, y tres ampliaciones del plazo de ejecución que lo aumentaron en un 50%.
En lo referente a la concesión de la construcción y explotación de la obras de aparcamiento, se destaca "la falta de respaldo jurídico para la intervención de Bilbao Kirolak", ya que la competencia, en esta materia, corresponde al Ayuntamiento. Por otra parte, indica que "no consta el estudio de viabilidad" y que, a la fecha de licitación, "la construcción fue realizada al margen de las previsiones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana".
También se destaca, respecto al rescate de 77 plazas de aparcamiento realizado por el Ayuntamiento en 2007 y 2008, "la ausencia de informe o justificación económica alguna en el expediente que soporte la cláusula que rige la adquisición de aquellas plazas no transmitidas por el adjudicatario". Por último, el informe del TVCP incorpora diversos anexos aclaratorios al mismo, así como los tres votos particulares en su integridad.
* El Correo Digital - 28.10.09
Foto: Bilbao, ayuntamiento - flickr.com
