ELPAÍS* : Cuando este periódico se puso en contacto con un analista para que valorara las estadísticas trimestrales sobre la evolución del precio de la vivienda, éste respondió: ¿A qué datos te refieres, a las que son ciencia ficción? El comentario quizás es un poco exagerado, pero refleja un malestar evidente entre los que se dedican a escudriñar las tablas que -en teoría- reflejan el número de casas que se construyen, las compras que se realizan y las tendencias de precios.
Ejemplos hay para todos los gustos. Porque, ¿cómo puede ser que los precios del segundo trimestre del año, cuando el sector asistía alarmado a una importante caída de las ventas, subieran más que los del tercer trimestre de 2006?
Tampoco parece creíble que en pleno boom del ladrillo, años en los que, según todos los afectados, se vendían pisos sin ningún esfuerzo, se hubiera generado una importante bolsa de viviendas sin vender. Pero esto es lo que se desprende de los datos de compraventa que elabora el ministerio y las viviendas terminadas que contabilizan los notarios. Si se comparan estas cifras en el periodo 2004-2006, se descubren unas 600.000 viviendas pululando en un limbo fuera del mercado que nadie sabe dónde están.
Y es que, en cualquier reunión con promotores, la mención a la mala calidad de las estadísticas de lo que rodea a la vivienda se ha convertido en un lugar común. Incluso el director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, criticaba en una entrevista las "carencias en la información sobre el montante y la evolución de las estadísticas de vivienda, construcción y suelo".
Las lagunas estadísticas no se quedan en una discusión para eruditos que estudian series infinitas de números. Tienen un efecto real. Porque la evolución oficial de los precios se elabora con los datos que proporcionan los tasadores, y este método tiende a magnificar las tasas de crecimiento. Y, como apunta el profesor de la Pompeu Fabra José García Montalvo, los datos inflados afectan a las expectativas de los posibles compradores, que pudieron entrar en el mercado para especular por los elevados beneficios de la época del boom. Es decir, que la calidad "horrorosa" de las estadísticas contribuyó al recalentamiento que ha vivido el sector en los últimos años.
La práctica de sobrevalorar una tasación para poder obtener una hipoteca que cubra la totalidad del piso hace que las estadísticas de precios magnifiquen la realidad.
El ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez no sólo considera que la calidad de los indicadores es manifiestamente mejorable, sino que faltan algunos datos básicos para hacerse una idea de lo que ocurre alrededor del ladrillo. "El problema más importante es la ausencia de estadística de ventas. Menos mal que los registradores contabilizan las compraventas, porque si no, no tendríamos ni idea de las operaciones que se cierran", asegura.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 31/12/2007
Foto: Carteles con ofertas de pisos en Madrid- CLAUDIO ÁLVAREZ - elpais.com
Vivienda, estadísticas y otras falsedades
El ladrillo en picado
LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS* : El sector de la construcción se encamina a una crisis de las de caballo. De enero a octubre de 2007, últimos datos disponibles, se produjo una caída de los visados para obra nueva del 23,2% y para los bloques de vivienda, las famosas promociones, del 19,2%. Como resultado de lo sucedido en 2007 y, más importante, de las expectativas de lo que pasará en 2008, las inmobiliarias han perdido más de un 43% de su valor bursátil a lo largo de este año. Para finalizar un cuadro bastante tenebroso, el empleo en el ladrillo ha comenzado a descender y el paro a aumentar. En este contexto, lo más probable es que el crecimiento de la construcción en 2008 registre tasas negativas.
¿Era y es esto inevitable? La respuesta es positiva. Es verdad que el aumento de la ocupación desde 1997, la espectacular entrada de inmigrantes, el crecimiento de las familias uniparentales, la compra de inmuebles por extranjeros etc. han tenido un impacto alcista sobre la demanda y el precio de los pisos. Ahora bien, eso hubiese sido imposible sin la brutal disminución experimentada por el precio del dinero entre 1998 y 2006. Sin ella, la burbuja inmobiliaria es incomprensible y su alcance sería menor. Este es un factor indiscutible y el principal elemento explicativo del boom de estos últimos años. Sin plata barata las personas con un poder adquisitivo bajo, el grueso de los adquirentes de vivienda en estos años, hubiesen podido comprar.
El anterior ciclo inmobiliario expansivo, el de 1987-1991, tuvo menor impacto macroeconómico por una razón fundamental: los tipos de interés estaban al 17% con lo cual se endeudaron familias e individuos con alto poder adquisitivo. En el período 1998-2006, el grueso de los compradores/deudores han sido personas con ingresos medios y medios bajos que han podido acceder al mercado porque el coste del dinero se ha mantenido muy bajo durante casi una década. Este colectivo es muy sensible al encarecimiento de los préstamos y al deterioro de la situación económica.
Ante este panorama, todo apunta hacia una fuerte contracción del sector. La demanda de viviendas acelerará su trayectoria bajista por el cambio en las condiciones económico - financieras del país, el paro aumentará, el precio de las viviendas disminuirá generando un efecto riqueza negativo para los hogares con lo cual el consumo privado descenderá. En el camino, muchas pequeñas constructoras y algunas grandes van a ir a la quiebra. De la misma manera que el auge del ladrillo explica en parte el dinamismo de la economía española, su ajuste anuncia una importante desaceleración de la actividad en 2008.
* Diario de Mallorca - Opinión - 30 de diciembre de 2007
Denuncian los crecimientos previstos en el Aljarafe
ABC/Sevilla* : La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha lamentado que el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) permita el desarrollo del 70 por ciento del «suelo urbano actual», dejando «vía libre» a un crecimiento «desmesurado e insostenible».
Según dijero a Efe fuentes de ADTA para valorar la ampliación del plazo de presentaciones hasta el 15 de enero, en la denominada Gran Sevilla «está preparado para construirse el 60 por ciento del suelo urbano actual», porcentaje que se incrementa hasta el 70 por ciento con el Potaus.
Considera que el suelo disponible «en la actualidad» resulta «suficiente para construir entre 270.000 y 370.000 viviendas», es decir, «más de la mitad de las 550.000 que ya hay y mucho más de las necesarias en los próximos años».
El Potaus, según denuncian, eleva ese suelo urbanizable hasta más del 70 por ciento del suelo urbano actual, «a lo que habrá que añadir los suelos que clasifiquen los PGOU municipales, sobrepasando el tope de 40% establecido por el POTA». Al tiempo señalan que las Áreas de Oportunidad», propuestas son «un mecanismo legal excepcional» para «subvertir los límites del crecimiento impuestos por las normas».
* ABC - 30 de diciembre de 2007
Foto: Sevilla, al fondo El Aljarafe - wikipedia.org
Orihuela: El TSJ rechaza el recurso en contra del PAU-21 para favorecer el «interés público»
,+terrenos+plan+Sierra+Escalona+-+laverdad.es.jpg)
LAVERDAD/Alicante* : Nuevo varapalo judicial a los ecologistas, tras el sufrido en el juicio de los vertidos al río Segura, agrupados en la plataforma Amigos de Sierra Escalona que presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que suspendiese la realización de las obras del PAU 21 de Orihuela.
Ahora el tribunal valenciano ha desestimado la suspensión cautelar promovida por los colectivos ecologistas y da la razón Conselleria de Territorio y Vivienda que fue la encargada de validar el plan de actuación urbanística del Ayuntamiento de Orihuela.
La plataforma de Amigos de Sierra Escalona (ASE) ya ha anunciado que presentará un recurso de súplica contra la decisión. En un escrito remitido ayer la plataforma recuerda que esa petición fue efectuada a la vez que formalizamos nuestra demanda «contra esta agresiva e insostenible actuación urbanística», que pretende ocupar más de 3 millones de metros cuadrados de la Sierra de Escalona con 2.300 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf.
Los ecologistas se muestran descontentos con la decisión del TSJ porque acuerda no suspender la ejecución del PAU 21 en una sentencia que afirma «que prevalece el interés público asociado a la aprobación de los instrumentos de planeamiento», esto es, que el tribunal concede, en la interpretación de la sentencia que hacen los miembros de ASE, «que éste se antepone al interés igualmente público ligado a la defensa del medio natural».
Documentos sin valorar
De la lectura del auto parece deducirse, prosigue el colectivo ecologista, que la Sala «viene a considerar que la urbanización del PAU 21 es un ejemplo de desarrollo sostenible, una apreciación de la que discrepamos radicalmente». La asociación de Amigos de Sierra Escalona además considera que el tribunal «no ha valorado adecuadamente los distintos informes y documentos que aportamos para justificar la suspensión».
La plataforma insiste «en el irreparable perjuicio que la urbanización producirá sobre la flora y la fauna, especialmente sobre las 200 hectáreas de pinar y matorral mediterráneo y sobre las colonias de rapaces y de mamíferos carnívoros», motivo más que suficiente para ASE para dictaminar la protección de la Sierra de Escalona como espacio natural. «Ese perjuicio -insisten los ecologistas- no ha sido valorado ni por el Ayuntamiento de Orihuela ni la Generalitat al haberse aprobado la urbanización sin evaluación de impacto ambiental».
La documentación a la que se refieren desde la plataforma en defensa de este enclave natural y que dicen no ha sido estimada por el TSJ son cuatro estudios que recaban información sobre el espacio natural en cuestión, firmado por el doctor en Biología Trinitario Ferrández, y el de Emilio Virgós, biólogo y profesor de Ecología en la Universidad Juan Carlos I, y que resalta la afección sobre las mamíferos de la actuación del PAU 21. Asimismo, otros dos informes, de la Sociedad Española de Ornitología SEO/ Birdlife sobre el resultado para la avifauna y otro de la Universidad Miguel Hernández a través del departamento de Ecología y Biología Aplicada, «tampoco han sido tenidos en cuenta», dicen.
Para la asociación de la lectura de esos informes se infiere que el PAU 21 «presenta valores ambientales, iguales o mayores que los presentes en el colindante y futuro parque natural», lo que implica, sostienen, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, «que la zona debe ser tratada como de especial protección para las aves, ZEPA, de la Unión Europea» siendo contrario a lo dispuesto en la directiva europea de aves la urbanización del PAU 21, al comportar el deterioro de hábitats ligados a la supervivencia de especies protegidas.
* La Verdad - 30.12.07 - JOAQUÍN ANDREU
Foto: Terrenos del PAU 21 en desarrollo en el término de Orihuela en obras. / L. V.
Camariñas protagoniza la tercera protesta contra el Plan Acuícola en dos meses
,+manifa+-+J.T.+elcorreogallego.es.jpg)
ELCORREOGALLEGO* : Los vecinos de las localidades de Camelle y Arou (Camariñas, en A Coruña) se manifestaron hoy defensa de la costa y contra el Plan Galego Acuícola y se convierte en la tercera concentración de colectivos vecinales y ecologistas en dos meses para pedir su retirada. La más multitudinaria fue la primera del 4 de noviembre en Corrubedo, con la participación de miles de personas.
La concentración comenzó al mediodía desde el museo del Alemán y recorrió el paseo marítimo de la ciudad hasta la Xandriña, donde está prevista la construcción de una "macropiscifactoría" de 217.000 metros cuadrados, que con la Camelle, de 101.000 metros cuadrados, "pretende rodear esta emblemática costa con más de 30 hectáreas de hormigón y lonas negras", criticaron los vecinos.
En este sentido, recordaron que el Plan Sectorial de "megaparques" de acuicultura en tierra recoge para Camelle y Arou dos instalaciones, la denominada Xandriña y la de Cameselle, en una costa virgen de "altísimos valores" naturales y culturales.
Por ello, alertaron que "al desastre paisajístico" tendrán que añadirse las consecuencias del vertido de más de un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas, "precisamente" en un litoral de "gran riqueza" pesquera y marisquera.
Por su parte, los vecinos y los ecologistas advirtieron de que "no van a tolerar" que los intereses de empresas privadas estén por encima del interés público en la conservación del medio ambiente y en el derecho del pueblo de Camelle a aprovechar sus recursos naturales.
Como punto final de la manifestación se leyó una carta del hijo del alcalde de Camariñas Manuel Valeriano Alonso, Diego Alonso gran defensor del Plan Acuícola y que expresó su opinión tras trabajar en una factoría de rodaballos.
Pesca garantiza el respeto medioambiental
Por el contrario, la consellería ha insistido en todo momento en que el Plan Galego de Acuicultura apuesta por el respeto al medio ambiente, puesto que obligará a que todas las plantas acuícolas que se pongan en marcha cumplan con todos los criterios medioambientales necesarios.
En esta línea, indicó que se trata de un proyecto del Gobierno gallego que busca el desarrollo de una actividad acuícola "sostenible y cuidadosa" con el medio. Además, subrayó que el Plan Acuícola supone la ocupación de un 1,8 por ciento de espacio integrado en el Red Natura, frente al 27 por ciento previsto por el plan anterior, elaborado por el PP.
* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 30.12.2007
Foto: Vecinos de Merexo se manifiestan en Camelle - J.T. - elcorreogallego.es
Canarias: La corrupción, a juicio
LAPROVINCIA* : Los imputados en Eolo, Icfem y posiblemente Faycán se sentarán en el banquillo de los acusados en el próximo 2008. Después de dos activos años de investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción política, la opinión pública tendrá la oportunidad de empezar a ver, a lo largo del próximo año, qué se cuece en la olla de las instituciones públicas canarias que están bajo sospecha, mientras se mirará con lupa cómo transcurren las investigaciones acuñadas bajo el sello de alto standing y que mantienen al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y su entorno, intentando explicar a las magistradas Carla Bellini y Lucía Machado qué ocurrió en varias operaciones de importante calado económico.
Desde que el 6 de febrero de 2006 el juez Parramón acordara la detención del que fuera director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y cinco personas más, entre ellas su compañera sentimental, Mónica Quintana, en la denominada operación Eolo, un lluvia de investigaciones en torno a diferentes ayuntamientos canarios ha dado con los huesos de varios políticos en prisión. Pero Eolo marcó un antes y un después, y a lo largo de 2008 se celebrará en la Audiencia Provincial de Las Palmas y bajo la decisión de un jurado popular, el juicio en el que se aclare del todo lo ocurrido en torno al concurso para la adjudicación de parques eólicos de Canarias, aquel que llevó a investigar cuentas corrientes en Luxemburgo y que tuvo varios meses en prisión al ex director general de Industria. Antes del juicio, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que comunicar su escrito de conclusiones provisionales en el que, a partir de los delitos que se imputan y de lo recogido en el Código Penal, solicitará penas que oscilan entre los dos y los cuatro años y medio de prisión.
Sin embargo, el más antiguo de todos los casos de corrupción que se investigan en Canarias es el denominado caso Icfem, que bucea en subvenciones públicas dedicadas al empleo y trata de averiguar cómo gestionaron ayudas europeas un grupo de políticos relacionados con la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Hace más de un año que, también la Fiscalía Anticorrupción, redactó su escrito de calificaciones provisionales en el que solicita cinco años de prisión para cinco de los seis acusados (el ex consejero Víctor Díaz y cuatro ex directores generales del Icfem: Francisco Almeida, Aurelio Ayala, Francisco Zumaquero y Diego León), un escrito en el que detalla todas y cada una de las que considera una serie de irregularidades por las que entienden que se dan los delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos.
La fase de instrucción del caso Icfem está a la espera de lo que decida la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre un recurso planteado por el colectivo Justicia y Sociedad, que actúa de acusación popular en el mismo, y que pide que los acusados sean sentados en el banquillo también por un delito de malversación de caudales públicos. Con la investigación ya completamente terminada, todo hace pensar que el juicio se puede celebrar en 2008.
LAS RAMIFICACIONES. La operación Faycán, que alarmó a la población de Telde y que se basa en el presunto pago de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas en torno a la concejala del Partido Popular Toñi Torres, lleva ya casi dos años de investigación marcados por una incesante apertura de piezas separadas que han hecho del caso una historia interminable. Allí donde se hacía un interrogatorio o se practicaba un registro nacía una nueva ramificación. De hecho, es el caso que más imputados tiene y reúne ya a más de treinta personas investigadas, entre las que se encuentra, incluso, el que fuera alcalde Francisco Valido, imputación que le obligó a dimitir. Es muy probable que también a lo largo de 2008, a finales quizá, el grueso del caso pueda ser juzgado, pero las numerosas piezas separadas abiertas en torno a esta operación hace pensar en la posibilidad de que se pueda demorar.
De hecho, una de esas piezas separadas está muy activa en la actualidad, la relacionada con el Grupo Europa, que a su vez tiene ramificaciones en varias partidos judiciales de Canarias.
Una investigación que es poco probable que llegue a juicio en 2008 pero que sí se tendrá que aclarar en el próximo año es la operación Góndola, situada en torno al alcalde de Mogán, Francisco González. A principios de 2007 la policía procedía a la detención de González y de la que fuera su teniente de alcalde en el municipio, Onalia Bueno, dos personas que en la actualidad tiene sobre sus espaldas la imputación de un total de ocho delitos. Con un sumario todavía secreto, 2008 servirá para conocer el contenido de una investigación que cuenta con numerosas intervenciones telefónicas y que indaga también en el patrimonio del que fuera hombre fuerte del urbanismo en Mogán: Marcelino Martín, un funcionario con treinta años de servicio.
Una investigación que podría decirse se encuentra en una fase intermedia afecta también a otro ayuntamiento del sur de Gran Canaria: San Bartolomé de Tirajana. Se denomina operación Paraíso y tiene en la persona del concejal Pacuco Guedes y al empresario Alejandro Navarro (imputado también en Faycán) como los principales imputados. Ambos acaban de salir de prisión por Navidad pero, tras el análisis de la documentación incautada en los registros, es probable que haya más fases en los próximos meses.
También está la operación Brisan, Taprada...
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 30 de diciembre de 2007
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
Guateque: "¿Por qué nadie arregló el caos en la concesión de las licencias?"
ELPAÍS/Madrid* : Joaquín Fernández de Castro, jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid, no piensa quedarse de brazos cruzados desde su celda de la prisión de Alcalá-Meco. Imputado en el caso Guateque -que investiga la presunta trama de agilización de licencias a cambio de dinero en el Ayuntamiento de Madrid- por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, Fernández de Castro señala en una carta de nueve folios redactada el pasado 8 de diciembre que la situación en su departamento era "caótica", y se pregunta por qué nadie arregló lo que sucedía.
El imputado asegura que los expedientes tardaban dos años en resolverse. "He tenido que lidiar con una situación difícil, sin medios para resolverla y con unos jefes (responsables de Medio Ambiente) que conociendo el problema no tenían interés en resolverlo", afirma en la misiva. Y puntualiza que no ha favorecido "a nadie". Fernández de Castro agrega una pregunta retórica: "¿A quién hay que pedir responsabilidades? ¿A la concejal [en alusión a la ex edil de Medio Ambiente, Paz González, ahora responsable de Obras, o a la actual, Ana Botella], al coordinador [Ignacio López-Galiacho], al director general [Ramón Sánchez] o al departamento?". Y pasa a insinuar el derroche municipal: "¿Por qué el anterior equipo de gobierno del área de Medio Ambiente no contrató una asistencia técnica para solucionar el problema? Posiblemente porque todas las partidas económicas estaban dedicadas a pagar generosamente a los más de 300 altos cargos que desembarcaron con el nuevo alcalde [Alberto Ruiz-Gallardón]".
Precisamente del alcalde se acordó ayer el portavoz socialista municipal, David Lucas, que aseguró que "ante las declaraciones de cargos de confianza del Ayuntamiento como era Fernández de Castro, Gallardón debería responder si conocía esta situación, y si fuera así debería aclarar por qué no hizo nada". Según Lucas, la modificación de las normas para la concesión de licencias (las ordenanzas de evaluación ambiental y de concesión de licencias urbanísticas) no ha sido eficaz. "Sólo ha servido para favorecer el caos", dijo.
En la carta de Fernández de Castro, titulada Reflexiones desde el chabolo número 40, el imputado revela parte de sus declaraciones ante el juez del caso, Santiago Torres. "¿De dónde proviene su importante patrimonio?", interroga el magistrado. "De 40 años de trabajo, herencias y rentas del capital que tengo en dos entidades financieras", responde el acusado. El empleado municipal desde 1968 niega una por una todas las acusaciones. Así, dice no a que su departamento generara "un fondo de cohechos que se repartían entre todos los funcionarios", a que "la mitad de las cantidades que pedía Victoriano Ceballos [funcionario de Medio Ambiente, también imputado]" fueran para él, a que "prefiere una cantidad mejor que muchas pequeñas" o a que "exigía el adelanto de pagos", algo que supuestamente declaró Ceballos.
En la carta, Fernández de Castro dice estar "pasándolo mal" en prisión. "Máxime cuando sabes de tu inocencia", señala. Detenido desde el pasado 14 de noviembre, Fernández de Castro afirma que "peor que estar en la cárcel es el deterioro de mi persona y la humillación a la que me he visto expuesto". El imputado, seguro de su inocencia, se arriesga a decir: "Me han tenido intervenidos mis teléfonos durante meses. Por las preguntas que me han formulado o que han formulado a los implicados no hay nada, ninguna conversación comprometida, ningún indicio que pueda probar mi implicación en algún acto delictivo".
* ELPAIS.com - ÁLVARO CORCUERA - Madrid - 30/12/2007
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Can Ricart: Los vecinos presentan tres alegaciones en la Generalitat
ELPAÍS/Barcelona* : La plataforma Salvem Can Ricart presentó el jueves alegaciones al expediente tramitado por el Departamento de Cultura para que declare el área del viejo complejo industrial como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) sin excluir zona alguna. Su objetivo es que, con esa catalogación, la Generalitat impida al Ayuntamiento construir un edificio dentro del área protegida, así como una torre de 52 metros en la frontera del complejo. Y reclaman algo más: que se preserven los elementos del subsuelo relacionados con la evacuación de humos de la sala de calderas y el transporte de agua y vapor.
Cultura incoó el expediente en marzo y tiene año y medio para resolverlo. Pero, de entrada, fuentes del departamento expresaron su sorpresa por la mención a los dos edificios citados al subrayar que las licencias están congeladas durante la tramitación. La cuestión es que el debate está viciado. Los vecinos acusan a la Generalitat de no haber impedido en septiembre que se derribaran el 30% de las naves del recinto que, según el Ayuntamiento, no tenían valor. Cultura se acoge al informe favorable del Institut d'Estudis Catalans y al de una comisión de expertos. La plataforma ha llevado el caso a la justicia. "No hemos podido frenar la demolición, pero quizá a alguien le llamen la atención", avisó Salvador Clarós, del Grup del patrimoni industrial Fórum Ribera del Besòs. "¡Es escandaloso! En Alemania o Inglaterra no hubiera sucedido".
Clarós cree que Can Ricart ha pagado la falta de cultura respecto al legado de la arquitectura industrial afirmando que, por ejemplo, a nadie se le ocurriría "modificar la ventana de un edificio gótico o románico". Y recordó que en 2000, el Ayuntamiento sólo incluyó en el catálogo del patrimonio municipal la chimenea de Can Ricart. Y en la revisión de 2006, 60 elementos más. "La sensibilidad es mucho mayor en otros países europeos", dijo Clarós explicando que Can Ricart, por su estilo de naves de poca altura y corte neoclásico, lejos de los grandes edificios rojizos de Inglaterra, ha merecido la atención de diversos estudiosos europeos sobre el patrimonio industrial. Clarós pidió que la reforma de Can Ricart se ajuste a la ley para que las nuevas edificaciones tengan un volumen y perfil similar a las anteriores para no alterar el paisaje.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 30/12/2007
Foto: Barcelona, patrimonio Can Ricart - sos-monuments.upc.es
Gran Scala: “Venden arena a precio de harina”
,+maqueta+Gran+Scala+-+elpais.com.jpg)
DIAGONAL/Aragón* : Hablamos con el ecologista José Luis Martínez para saber cómo se ve la macrociudad del juego ‘Gran Scala’ desde los movimientos sociales.
DIAGONAL: ¿En qué consiste exactamente el negocio de Gran Scala?
J.L.MARTÍNEZ: Se trata de construir un centro de juego y ocio consumista, el mayor del planeta. Máquinas tragaperras, casinos, hoteles, restaurantes, plazas de toros, hipódromos, etc. Sus promotores hablan de crear parques temáticos, tres de los cuales desearían estar en funcionamiento en el año 2010.
Para conseguirlo precisarían más de 30.000 trabajadores, lo que supone la creación de una nueva ciudad o la ampliación de Zaragoza, a decenas de kilómetros del enclave escogido. Un nuevo hospital, decenas de escuelas y servicios ambulatorios y construcciones en solares serían necesarios para acoger a todo este personal temporal.
D.: ¿De dónde surge la propuesta?
J.L.M.: José María Mur, histórico dirigente del PAR (Partido Aragonés) en la recta final de su carrera política (por edad) lleva años estudiando el desembarco del negocio del juego americano en Europa. José Ángel Biel, líder indiscutible del PAR y actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, y otros líderes del PSOE (mayoría en el Gobierno aragonés) apoyan a pies puntillas la creación de estas ilusiones de progreso y enriquecimiento a partir del negocio del juego en Aragón. El total servilismo del ejecutivo aragonés a esa empresa de promotores ha sido crucial para que piensen en este territorio.
D.: ¿Qué tiene de Las Vegas este proyecto?
J.L.M.: Los promotores de este tipo de negocios necesitan algunos requisitos que han encontrado fácilmente en Aragón: colaboración para cambiar leyes y suelo barato para realizar una gran operación inmobiliaria. En este caso, no para viviendas, sino para recalificar el suelo. Además, los Monegros dispone de comunicaciones creadas como el AVE o la proximidad de Zaragoza. El negocio consiste en comprar esos terrenos baratos y venderlos después a mucho más. Para que esto salga adelante, hacen falta compradores. Y aquí es donde aparecen las mafias estadounidenses y los empresarios vinculados a los negocios de Las Vegas. Promotores vinculados a empresas de tragaperras, casinos, etc., que por separado no podrían hacerse cargo de un proyecto como Gran Scala, pero que juntos pueden adquirir los terrenos. Es un negocio redondo, venden arena a precio de harina.
D.: ¿Qué costes sociales y económicos tendría Gran Scala?
J.L.M.: Las infraestructuras que necesitará la construcción de semejantes obras las pagarán todos los aragoneses, como nuevas carreteras de gran velocidad, hoy en día innecesarias. Además, la llegada de decenas de miles de trabajadores precisará, como decíamos, crear numerosas infraestructuras y servicios pagados con los impuestos de todos. Sin embargo, la insostenibilidad social del proyecto aparece con la incertidumbre de qué harán esos trabajadores temporales cuando acaben las obras. ¿Se quedarán cobrando en otros trabajos mucho menos de lo que ganaban en la construcción? Todo apunta a que esta operación tan mal diseñada y con inversiones de tal envergadura traerá consigo tensiones sociales y conflictos xenófobos (no olvidemos que la mayor parte de los trabajadores que vendrán serán inmigrantes). Zaragoza y Aragón pueden convertirse en una hoguera.
D.: ¿Crees que, ante tal panorama, este proyecto se realizará?
J.L.M.: Muchas de las cosas que ofrecen no se van a hacer, pero otras sí. Pero, como ya apuntó un conocido periodista local, Gran Scala puede ser “un caballo de Troya” que albergue características distintas en su interior. Las expectativas creadas son tan gigantescas que seguro que habrá quien se lo crea e invierta allí. Algo será seguro porque, ante tanto servilismo político, hay mucho dinero que ganar.
D.: ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación masivos?
J.L.M.: La autocensura de los medios, consecuencia del miedo a que les caiga el fuego del Gobierno de Aragón o de las grandes empresas constructoras, perfila este ‘Aragón controlado’. Las organizaciones ecologistas no han sido invitadas al debate, ya que la imagen de que Aragón es una sola voz a favor de Gran Scala es importante para que todo esto salga adelante. Las disensiones internas (incluso dentro del PSOE) están totalmente controladas. Los ataques mediáticos contra los ecologistas son constantes. Y eso que yo no he hablado ni de protección de aves, ni de energía, ni de gestión del agua en Los Monegros.
Iniciativa popular frente al negocio de la nieve
DAVID VILA
El inicio de la temporada de esquí en el Pirineo aragonés está marcado por los proyectos de Aramón, empresa coparticipada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja y concesionaria de la explotación del mayor dominio esquiable del Estado (137 km de pistas). Tras las pérdidas económicas del ejercicio anterior por las altas temperaturas, la inversión de Aramón para este año se ha reducido de 43 a 8,2 millones de euros. Desde sus inicios, la empresa acumula una inversión de 128,2 millones de euros en ampliación y modernización de las estaciones, con unos resultados económicos bastante opacos. En la actualidad, Aramón negocia los aspectos contables de la incorporación de Candanchú, una de las dos estaciones aragonesas que no pertenecen al grupo. A su vez, el pasado 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas, la Plataforma en Defensa de las Montañas presentaba ante las Cortes de Aragón 17.000 firmas que avalaban una iniciativa legislativa popular que insta al Legislativo aragonés a establecer un régimen jurídico que considere las especialidades de los territorios de montaña, garantice una protección eficaz y la posibilidad de un desarrollo sostenible para sus habitantes. La iniciativa se acompañó en los días anteriores de la aventura de dos montañeros aragoneses, que permanecieron durante nueve días en la cumbre del Anayet (2.545 m). El campamento reivindicaba la protección de la zona a fin de evitar la conexión de las pistas de esquí a lo largo de todo el Pirineo Central.
* Diagonal - Nacho Escartín / Redacción Aragón - 26 dic - 9 ene 2007
Foto: Los Monegros (Aragón), maqueta Gran Scala - elpais.com
Vigo aprueba hoy por segunda vez un Plan Xeral que divide la ciudad
LAVOZDEGALICIA* : La corporación viguesa aprueba hoy por segunda vez con carácter provisional, y por tercera si se tiene en cuenta el visto bueno inicial, el Plan Xeral de Urbanismo. De la magnitud que rodea todo el entramado del documento da una idea el hecho de que lleve siete años en trámite. En ese tiempo todos los grupos políticos han cambiado de opinión. Por si esto fuera poco, la Federación de Vecinos, satisfecha en su día con el plan, en este momento no solo no quiere saber nada, sino que convoca una protesta para hoy a las puertas del Concello y a la misma hora de la celebración del pleno, previsto para las 9.00 horas.
El PSOE, que antes se negaba a su aprobación por el exceso de edificabilidad, ahora se alza en abanderado. El BNG, que en su día dio el visto bueno a un documento con la mitad de vivienda protegida, en la actualidad acepta el 43%, y el PP, antes a favor, ahora se opone en rotundo, al igual que los promotores.
Pretensiones
El nuevo Plan Xeral pretende sustituir al de 1993, todavía en vigor. Se trata de un planeamiento que nació gafado pese a las expectativas iniciales: fue aprobado por unanimidad política y en medio de un gran consenso social. Pese a ello no habían transcurrido dos años cuando el siguiente gobierno municipal, del PP, se planteó su sustitución.
Abortada esta iniciativa, debido a los problemas internos de los populares más que a la oposición de socialistas y nacionalistas, la llegada a la alcaldía de Lois Castrillo (BNG) supuso la puesta en marcha del proceso de renovación urbanística de la ciudad. Castrillo, que lideraba una coalición paritaria con el PSOE (8 a 7), llegó a un acuerdo con el entonces conselleiro popular de Política Territorial, Xosé Cuíña, para ir de la mano en su elaboración y pactando con el PP y con el PSOE en el gobierno.
Consultora Galega logró un contrato sin oposición para elaborar el documento al ser excluida la otra candidatura. En el 2002 presentó el avance y fue respaldado sin discusiones. A partir de entonces empezó el verdadero proceso de elaboración con la redacción del documento para la aprobación inicial. Quedó listo en la primavera del año siguiente, pero el BNG decidió guardarlo en un cajón con el argumento de que así no se metería el tema en las municipales de mayo del 2003.
Empieza la polémica
Con lo que no contaban los nacionalistas era con un resultado electoral que colocó al socialista Pérez Mariño en la alcaldía y a ellos de socios en un gobierno de coalición. El nuevo alcalde y su equipo se sorprendieron al conocer un Plan Xeral con elevadas edificabilidades y que sembraba de torres gran parte del centro y del litoral de la ciudad.
El desacuerdo entre PSOE y BNG fue total, hasta el punto de que en diciembre el PP logró la alcaldía tras provocar los nacionalistas la dimisión de Mariño. Empezó entonces la etapa más reciente, en la que el PP, con el respaldo de los nacionalistas, intentó aprobar el nuevo Plan Xeral. La existencia de una fuerte contestación, el rechazo del PSOE y la presentación de 61.000 alegaciones en la exposición pública frenaron el proceso.
El PP perdió la Xunta y el PSOE se hizo con la Consellería de Política Territorial, que debía dar el informe favorable para su entrada en vigor. Ese informe no se produjo pese a que PP y BNG aprobaron el nuevo plan. Meses después llegaba Caballero a la alcaldía y, tras duplicar el suelo de vivienda protegida, pretende sacarlo adelante. Ahora, sin embargo, la contestación es todavía mayor.
* La Voz de Galicia - Juanma Fuentes - 29/12/2007
Foto: Vigo, vista monte del Castro - farodevigo.es
Guateque: Otros dos empresarios en busca y captura
MADRIDIARIO* : El juez Santiago Torres ha dictado órdenes de búsqueda y captura para dos empresarios relacionados con la Operación Guateque, que investiga una presunta trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, y mantiene en los calabozos de Plaza de Castilla a los cinco detenidos en la segunda fase, después de tomarles declaración este viernes, informaron fuentes de la investigación.
Asimismo, dichas fuentes afirmaron que la Guardia Civil está a la espera de detener en los próximos días a otro funcionario que se encuentra actualmente de vacaciones, "a la espera de que se reintegre a su puesto de trabajo, ya que no existe riesgo de fuga".
Torres tuvo ocasión este sábado de interrogar a los detenidos en la segunda fase de la Operación --que aún no ha terminado a la espera de efectuar nuevas detenciones y registros-- con la intención de emitir auto de prisión contra todos ellos.
Mientras tanto, entre los abogados defensores de los 24 imputados por este caso comienza a cundir la preocupación respecto al tiempo transcurrido. "El juez dijo en el auto de prisión que tan pronto terminase las diligencias podrían salir de prisión bajo fianza, pero estas diligencias parece que no van a terminar nunca", subraya uno de ellos.
En este sentido, también se impacientan los encarcelados, sobre todo a la luz de que todo ellos (menos Carmen Eulalia Ibáñez que salió bajo fianza en Nochebuena) están pasado las Navidades en prisión. Es el caso de Joaquín Fernández de Castro, en la cárcel de Alcalá Meco desde noviembre y que hoy envió un escrito a la Cadena Ser en el que amenaza con 'tirar de la manta' y culpa directamente a su superior, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos.
La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial desde abril, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, así como en las agendas de los imputados y la documentación incautada en los registros.
En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Victoriano Ceballos, el cargo más alto de los funcionarios encarcelados, era una de las personas objeto de las escuchas. A pesar del tamaño de la investigación, con centenares de denuncias, el Juzgado número 32 sigue a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le designe otros cuatro funcionarios solicitados por Torres para asumir el volumen de trabajo que supone la investigación.
* Madridiario - 29-12-2007 - MDO / E.P
Foto: Gustavo San Miguel - MDO
El triunfo de la especulación
JUAN CLAVERO SALVADOR* : Acabamos de celebrar el vigésimo noveno aniversario de la Constitución, texto que algunos leen sólo parcialmente a tenor de cómo van las cosas. El art. 47 prescribe que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Existe un mandato constitucional para que las administraciones garanticen el interés general en la ordenación del territorio e impidan la especulación; o sea, todo lo contrario de lo que han venido haciendo los Ayuntamientos con la complacencia de la Junta de Andalucía.
No hay que olvidar que la Junta tiene las competencias exclusivas en la ordenación del territorio desde hace casi un cuarto de siglo; sin embargo, hasta el año pasado no aprobó el primer Plan de Ordenación del Territorio (POTA), plan que incluía algunas tímidas medidas para dar cierta mesura al urbanismo desbocado que campea por toda Andalucía. Hace un año escribí en estas mismas páginas un artículo pidiendo que no se permitiera ninguna "flexibilidad" ante la especulación y la corrupción urbanística. Pero en solo un año los constructores, promotores urbanísticos y la FAM -el lobby de los alcaldes que han actuado como voceros de estos empresarios-, han conseguido la promesa del mismísimo presidente de la Junta de que no se aplicará el POTA en los municipios menores de 10.0000 habitantes -que suponen el 81% de los 770 municipios andaluces-, y que en el resto se aplicarán medidas de "flexibilidad" para hacer inocuo los límites a los crecimientos urbanísticos fijados por el POTA. No deja de ser un insulto a los ciudadanos y al Parlamento andaluz que se anuncie y se firme el compromiso de incumplir una norma aprobada por el mismo Parlamento. No se anuncia su modificación -que ya sería grave, por responder tan solo a los intereses de constructores y promotores- sino, simplemente, que no se cumplirá.
El POTA fija unos objetivos y normas que, sin ser la panacea, pretende imponer un poco de racionalidad a la desmesura que impera en el urbanismo andaluz. El POTA pretende que se mantenga el modelo compacto de la ciudad histórica mediterránea, rompiendo la tendencia a nuevos crecimientos exógenos de tipo anglosajón con campos de golf incluido, garantizando unos mínimos principios de sostenibilidad con la reducción del consumo de recursos naturales (agua, energía, suelo…). Pero la causa de la oposición de sectores económicos y municipales al POTA ha sido la inclusión de límites al crecimiento urbanístico. El POTA prescribe que no se admitirán crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% ni la construcción de viviendas para crecimientos de población superiores al 30% en ocho años. Con estos límites se garantiza suelo más que suficiente para construir las viviendas que demandan los ciudadanos y para los usos productivos necesarios. ¿Qué pretenden los opositores al POTA? Sencillamente seguir disponiendo de manos libres para recalificar suelo y revalorizarlo, con plusvalías de miles de millones de euros, y seguir imponiendo la planificación territorial a golpe de convenio urbanístico y talonario. Quitar esos límites es una concesión inadmisible a los especuladores urbanísticos, un desprecio al Parlamento y un incumplimiento flagrante del mandato constitucional.
El POTA prescribe también que los PGOU atenderán a parámetros objetivos (demográficos, parque de viviendas…), en base a la tendencia seguida en los últimos diez años. Teniendo en cuenta que en la última década el incremento de la población en Andalucía ha sido inferior al 1% anual, es bastante inviable que en un PGOU se puedan justificar incluso la construcción de viviendas para ese hipotético e inalcanzable 30% de incremento de habitantes.
El Pacto por la Vivienda que ha suscrito la Junta con las entidades empresariales y financieras -con la cohorte habitual- tiene como única finalidad dar oxígeno a un sector de la construcción en crisis, facilitando las recalificaciones de suelo y favoreciendo con dinero público la construcción de viviendas de venta libre que en la actual coyuntura de mercado nunca se construirían. De las 700.000 viviendas previstas, menos de la mitad serán protegidas y, además, a precios difícilmente asumibles por buena parte de los ciudadanos, sobre todo por los más jóvenes. La Junta está perdiendo una ocasión de oro para demostrar que apuesta por un urbanismo donde primen los intereses generales de los ciudadanos y no los de un pequeño grupo de especuladores.
* Málaga Hoy - Opinión - 28.12.2007
El fiscal investiga licencias que dio el ex alcalde de Arteixo a sus empresas
++-+C.Quian+(La+Voz+de+Galicia).jpg)
LAVOZDEGALICIA* : Tres semanas después de destapar una presunta trama urbanística en el Concello de Mugardos, la unidad especializada de la Guardia Civil en materia de delitos urbanísticos ha entregado un informe similar al fiscal anticorrupción de Galicia en el que también aprecia irregularidades en el Concello de Arteixo durante la etapa en la que Manuel Pose (PP) era su alcalde. Concretamente, los indicios de ilegalidad apuntan al ex regidor, a la que fue primera teniente de alcalde, Isabel Vila Vilas, y al anterior arquitecto municipal, Enrique Sebastián Roel Estrada.
Este informe, realizado a instancias del fiscal especializado en delitos contra la ordenación del territorio, Antonio Roma, desvela un supuesto enriquecimiento de los denunciados sirviéndose de su poder de decisión en el Ayuntamiento entre el 2000 y el 2004. La Guardia Civil apunta que tanto Manuel Pose, como Isabel Vila y Enrique Roel otorgaron licencias de obras a empresas propias o de su entorno. El ministerio público, atendiendo a la investigación llevada a cabo por la nueva unidad de la Guardia Civil, interesó ayer la admisión a trámite de la denuncia, que acabará en manos de un juez, que deberá decidir si continúa adelante o archiva la causa.
Votaciones para dar licencias
La unidad especializada de la Guardia Civil señala en su informe que «con respecto a la concesión de licencias a distintas sociedades en las que Manuel Pose tenía interés, se puede concretar que ha participado en la votación de alguna de ellas», si bien se aclara que su voto «no fue decisivo para conceder la licencia, porque su abstención permitiría igualmente la aprobación por mayoría».
En otro apartado de la denuncia se asegura que el entonces alcalde del PP, «una vez que retiró las competencias de otorgamiento de licencias a la junta de gobierno local y las asumió él, en al menos una ocasión dictó resolución para la urbanización del entorno de dos edificios, uno de ellos promovido por la sociedad Álvarez Pedras, con interés suyo».
Además, la sociedad Arquihor, en la que también tiene poder el ex alcalde, «facturó al ayuntamiento varias marquesinas de paradas de autobús, presumiéndose que estas compras fueron por adjudicación directa», pues la Guardia Civil no «ha localizado ninguna contratación previa de las mismas».
En cuanto a la supuesta participación de la ex primera teniente de alcalde, Isabel Vila, durante el mandato de Pose, la Guardia Civil apunta que las sociedades Arteixo Consulting y Arista Gestión, «vinculadas» a la ahora presidenta local del PP, «recibieron diversas contrataciones del ente municipal; en ocasiones por contratación directa a propuesta de la propia Isabel Vila».
Otra de las supuestas irregularidades que se le imputan a Isabel Vila es que, según aparece en la investigación, «ella misma firmó por decreto diversas licencias de obras cuyos proyectos eran redactados por arquitectos vinculados a Arteixo Consulting y Arista Gestión».
Sobre el arquitecto municipal, entre el 2000 y el 2004, Enrique Roel, la Guardia Civil afirma que «desempeñó su profesión en la dirección de obra de la construcción promovida por la sociedad de Pose Miñones, Os bosques de Arteixo». No solo trabajó en esa construcción, sino en «otras obras concedidas por el Concello cuyos proyectos fueron redactados por él mismo».
* La Voz de Galicia - Alberto Mahía - 27/12/2007
Foto: Arteixo (A Coruña) - C.Quian (La Voz de Galicia)
NOTICIA RELACIONADA : Investigan 5 firmas del ex alcalde que lograron licencias de obra en Arteixo - La Voz de Galicia - 28/12/2007
La trama de los sobornos en la capital: Una mancha sobre ocho distritos
.jpg)
ELPAÍS* : Un particular, dueño de una discoteca, dio pistas sobre la trama con la denuncia presentada en verano. Unos funcionarios, según su relato, le intentaron cobrar por una licencia municipal. Esta acusación fue el detonante de la llamada Operación Guateque, una investigación de la Guardia Civil, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, que ha destapado la trama de corrupción más importante detectada en el Ayuntamiento de la capital. Un grupo de funcionarios, según los primeros resultados de la investigación, se dedicaba al cobro de comisiones ilegales (mordidas) para agilizar la concesión de licencias de bares y locales de ocio. Ya son ocho las Juntas de Distrito de Madrid investigadas y dos concejalías implicadas.
Las primeras detenciones se produjeron la mañana del pasado 14 de noviembre. Agentes de la Guardia Civil acompañados por la Policía Municipal irrumpían de manera simultánea en la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la Concejalía de Medio Ambiente y en las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas. Los agentes también entraron en domicilios particulares y en oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama. Era la primera entrega tras cinco meses de investigación y 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial. Los agentes pusieron esa mañana a disposición del juez a 16 funcionarios sospechosos de integrar una compleja trama de corrupción.
Los responsables exigían cantidades que oscilaban entre 3.000 y 18.000 euros por conceder las licencias de locales de ocio. El pago en otras ocasiones lo hacían para que los expedientes sancionadores se perdieran o caducaran. "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca", llegaban a decir los funcionarios, según las conversaciones grabadas por orden judicial.
Al frente de la trama, según las investigaciones, estaba Victoriano Ceballos Fernández, cuñado de un ex concejal socialista y colocado a dedo hace más de 20 años. En la actualidad está en prisión, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El PSOE acusó al PP de haber permitido que siguiera en su puesto pese a ser investigado por delitos similares en 1996. Otro de los supuestos cabecillas era Joaquín Fernández de Castro, que fue destituido de su cargo de director de servicios de Medio Ambiente en 2003. En la actualidad ocupaba la jefatura de Evaluación Ambiental. Desde su puesto controlaba los locales que incumplían la normativa de ruidos.
La Operación Guateque ha ido creciendo con el paso de los días. El 16 de noviembre fue arrestado otro funcionario por la Guardia Civil. A éste se sumaban otros cinco trabajadores municipales imputados. Era el resultado del primer análisis de los 187 expedientes que fueron decomisados por la Guardia Civil en los edificios municipales.
El juez de guardia Francisco Javier Teijeiro tomó declaración durante el fin de semana del 17 y 18 de noviembre a los detenidos. Decretó el ingreso en prisión de seis personas (cinco de ellas, funcionarios), entre los que estaba Ceballos. De los nueve restantes, algunos quedaron en libertad con cargos.
El funcionario jubilado adscrito a la Gerencia de Urbanismo Carmelo García Sánchez, también ingresó en prisión por orden del juez el 20 de noviembre. Este trabajador había sido investigado en 2004 por haber participado supuestamente en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar licencias pero fue absuelto por falta de pruebas.
La bronca política acampó entonces en el Ayuntamiento de Madrid, donde a las peticiones de dimisión que cursaba el PSOE, el PP replicaba con acusaciones como que la sede principal de los socialistas carecía de licencia y amenazó con enviar inspectores. En Madrid son numerosos los establecimientos y edificios que carecen de licencia de funcionamiento o tienen una provisional. La trama ha tocado también a empresarios, arquitectos y abogados que actuaban como intermediarios. Los investigadores concluyeron que durante "muchos años" la corrupción "campaba a sus anchas" en el Ayuntamiento de Madrid, provocando una "sangría dineraria" para las víctimas de la red.
* ELPAIS.com - F. J. BARROSO / A. CORCUERA - Madrid - 28/12/2007
Foto: Madrid, investigación trama urbanística - C.Álvarez (El País)
NOTICIA RELACIONADA : La red corrupta del Ayuntamiento de Madrid crece con otros cinco arrestos - EL PAÍS - F. J. BARROSO / J. A RODRÍGUEZ - Madrid - 28/12/2007
Comprar lo nuestro
Camilo José CELA CONDE* : En un intento desesperado de acabar con el lastre de la corrupción urbanística que ha convertido el litoral español en una especie de muralla de la China pero de cemento, la ministra del Medio ambiente, doña Cristina Narbona, ha anunciado que su departamento aspira a hacerse con la propiedad de aquellos terrenos aún sin construir que estén situados junto a la costa. Habrá comunidades autónomas en las que va a ser difícil adquirir siquiera un solar de los más pequeños. Cuando las playas y los acantilados de las zonas turísticas se contemplan desde el mar, el panorama aterra. Todo lo que se ve es una especie de cortina de edificios gigantescos decorada, a mayor abundamiento, por no pocas grúas que son anuncio de aún más agobio constructor.
La manera lógica mediante la que cualquier país digamos civilizado habría resuelto la necesidad de mantener virgen una parte prudente de sus costas pasa, claro es, por la protección. Crear parques, reservas, santuarios o como se les quiera llamar. Pero no sé por qué arte de birlibirloque, el anuncio mismo de que se piensa proteger un enclave lleva en este reino de inmediato a que se convierta en una especie de disparate urbano asomándose a la mar.
En esa tesitura, es decir, si no sabemos proteger o ignoramos al menos cómo hacerlo a tiempo, antes de que termine a muy corto plazo por resultar lo contrario, parece que el entrar en competencia con los promotores de las eventuales urbanizaciones futuras es una vía adecuada para evitar mayores males. Pero la idea de la ministra Narbona no es nueva. Como sin duda se recordará, la isla de la Dragonera pudo protegerse hace un montón de años gracias si no recuerdo mal a que otra mujer, doña Maria Antònia Munar, se la compró desde el Consell de Mallorca a su dueño. Amenazaba ya un proyecto de llenar la Dragonera de chalets de lujo y el Consell cortó por lo sano. En buena parte, asumiendo una derrota. Las islas no habitadas, los montes, los pantanos y los desiertos deberían ser, de acuerdo con la lógica aplicable a los conceptos de propiedad pública y privada, patrimonio común en manos del Estado. Pero no por la vía de comprar a precio de mercado sino mediante la mucho más eficaz de no dejar que se privaticen. O procediendo, si es ya tarde, a la expropiación de la misma manera que se obra cuando hay que construir un puente, un aeropuerto o una carretera.
Mediante esa fórmula de entrar en la subasta de los terrenos, estamos comprando en realidad lo que, cuando se apareció el concepto mercantil de la propiedad del suelo, nunca debería haber salido de las manos públicas. Los coletazos de la época feudal asignaron a la nobleza y a la Iglesia -católica, claro es- aquellas tierras que antes sólo eran suyas en un sentido muy relajado: los territorios que quedaban bajo la supuesta protección de un señor dispuesto, como única tarea reseñable, a cobrar los impuestos. Aquellos países que no hicieron jamás una reforma en serio sufren hoy consecuencias como las de tener que hacerse a precio de solar -o casi- con los espacios que se quieran dejar vírgenes. Y no es sólo el país el que queda bajo sospecha: las comunidades autónomas cargan aquí con su parte del pecado. O del negocio. Porque éste es espléndido, sí, pero por desgracia no para los ciudadanos.
* Diario de Ibiza - Opinión - 26 de diciembre de 2007
Canarias: Un paso más hacia la detención de las construcciones turísticas
LAPROVINCIA* : Los Verdes han expresado hoy su apoyo a la Ley de Iniciativa Popular del Crecimiento Cero, promovida por la Federación Ecologista Ben Magec, y han anunciado su colaboración en la campaña de recogida de firmas para que la iniciativa sea discutida en el Parlamento de Canarias. A juicio de Los Verdes, es necesario endurecer la actual Ley de Directrices, pues "ha sido inútil para parar el aumento desenfrenado de camas turísticas" y no ha permitido desarrollar una infraestructura turística de calidad.
En el tiempo transcurrido desde la aprobación de las Directrices, han aumentado notablemente las camas turísticas, mientras ha disminuido la demanda turística, y no se ha iniciado el proceso de renovación de la planta alojativa, afirman Los Verdes en un comunicado.
Por ello, esa formación política apoya una propuesta de ley que "aboga por un crecimiento turístico cero, con determinadas excepciones, como la renovación, el turismo rural y hoteles urbanos de carácter no turístico".
* La Provincia - EFE - 27 de diciembre de 2007
Foto: Canarias, crecimiento urbanístico - Javier Melián, Acfi Press
Seis detenidos y varias sedes registradas en la segunda fase de la 'operación Guateque'
MADRIDIARIO* : Agentes de la Guardia Civil han detenido a lo largo de la mañana de este jueves a cinco funcionarios, algunos con órdenes de prisión, en los seis registros efectuados en varias sedes del Ayuntamiento de Madrid ordenados por el juez Santiago Torres, dentro de la segunda fase de la 'Operación Guateque'.
Según informaron fuentes de la Benemérita, los arrestos se llevaron a cabo hasta las 16.00 horas de este jueves y señalaron que a lo largo de este día "no se practicarán más detenciones ni registros, aunque no se descarta que se produzcan más en los próximos días".
En concreto, las sedes registradas han sido Urbanismo y Medio Ambiente, lugares donde la Benemérita ya realizó varios registros el pasado día 14 de noviembre, cuando salió a la luz la operación Guateque, dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, para investigar una presunta trama ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.
Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Benemérita en el desarrollo de esta segunda fase es que muchos funcionarios están actualmente de vacaciones, por lo que lo que no se descarta que haya más detenciones en los próximos días.
Santiago Torres comenzó esta semana una nueva ronda de interrogatorios entre los detenidos, comenzando por el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos, supuesto cerebro de la trama de corrupción y uno de los imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial de abril, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.
Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de este organismo.
* Madridiario - 27-12-2007 - MDO/EP
Foto: Madrid, caso Guateque - madridiario.es
El ex alcalde de Arteixo, denunciado por corrupción
+-+arteixo.org.jpg)
ELPAÍS/A Coruña* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia destapó ayer un entramado de corrupción urbanística en Arteixo, uno de los municipios más pujantes de la comarca de A Coruña. Tras nueve meses de investigación, el ministerio público denunció ayer al que fue durante 12 años alcalde de esta localidad, Manuel Pose Miñones, así como a la que fue su mano derecha y responsable municipal de Urbanismo Isabel Vila Vila, por considerar que ambos se aprovecharon de sus cargos publicos para favorecer a empresas de su propiedad con contratos municipales.
Hace tan sólo cinco días, Vila relevó, con el respaldo de la plana mayor del PP gallego y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, al ex regidor en la presidencia local de este partido.
La trama y el procesamiento judicial incluye también al que fue arquitecto municipal entre 2000 y 2004, Enrique Roel Estrada, así como a otros tres profesionales vinculados con sociedades de Isabel Vila, que se beneficiaron reiteradamente de contratos d el ayuntamiento. Estos tres procesados son los arquitectos Rosa Vázquez Larumbe, Dolores Crespo Chouza y Ramón Blas Tojo Ferrero.
Pose Miñones, que perdió en las elecciones municipales del pasado mayo la mayoría absoluta de la que gozaba desde 1995, así como la alcaldía, siempre defendió como legal aunque "imprudente" el haber concedido licencias municipales de obras y contratos a algunas de sus empresas, entre ellos la construcción de edificios en pleno centro urbano de Arteixo.
Pero el fiscal especialista en delincuencia contra la ordenación del territorio, Antonio Roma, acusa al ex alcalde de incurrir, con su actuación, en un delito de negociación prohibida a funcionarios. No sólo dio permisos de obra, según la Fiscalía, sino que también otorgó urbanizaciones. Pose, de acuerdo con las pesquisas judiciales, benefició también a los tres arquitectos mencionados, socios de la primer teniente de alcalde, al encargarles contratos del ayuntamiento así los proyectos de edificios promovidas por sociedades del propio regidor.
Isabel Vila, según la denuncia del Fiscal, también encargó "por adjudicación directa" obras del ayuntamiento a dos sociedades en las que participa con esos tres profesionales, Arteixo Consulting y Arista Gestión Arquitectura y Urbanismo. "Estas contrataciones no se limitan únicamente a confeccionar proyectos o direcciones de obras, sino incluso para asesoramientos técnicos y en materia de informática" que no forman parte de las labores de esas dos sociedades, advierte el ministerio público. La teniente de alcalde y responsable municipal de Urbanismo también firmó licencias de obras cuyos proyectos eran redactados por sus socios arquitectos.
La mezcla entre contratos privados y públicos era también una constante en los cuatro años (2000 y 2004) en los que Enrique Roel fue el arquitccto municipal de Arteixo. La fiscalía asegura que este profesional redactaba proyectos para obras cuyas licencias eran tramitadas por el ayuntamiento y que incluso él facturaba, pese a ser su empleado, por otras contrataciones públicas. El ex alcalde también encargó a Roel proyectos y la dirección de obras que promovía en el centro de Arteixo.
* ELPAIS.com - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 27/12/2007
Foto: Arteixo (A Coruña) - arteixo.org
Los vecinos del Camp Nou rechazan la construcción de pisos sociales
ELPAÍS/Barcelona* : Los vecinos del Camp Nou tienen la intención de presentar batalla al FC Barcelona. La directiva azulgrana quiere costear la reforma del estadio, estimada en 250 millones de euros, con la recalificación del solar del Miniestadi, pero se va a topar con un problema. Ese cambio de uso comporta, por ley, que una parte del suelo afectado sirva para erigir pisos de protección oficial (un mínimo del 30% de los que se construyan), zona verde y equipamientos. El Barça está conforme, pero los vecinos no. La incógnita es, de momento, de qué superficie se trata y cuántos edificios se podrían levantar.
Alfonso Huéscar, uno de los portavoces de la coordinadora vecinal, advierte que no quieren ningún piso más, aunque sea público. "Que quede claro: No estamos en contra del Barça ni nos vamos regocijar con lo que pase; pero no queremos más gente. Aquí no cabemos", sostiene Huéscar. La coordinadora decidirá en enero qué hará.
No es exactamente cierto porque Les Corts, con 85.000 habitantes, es el distrito menos poblado de Barcelona, y sólo tiene 49 pisos de protección oficial. El caso es que la coordinadora ha tomado un giro más radical que cuando se opuso al proyecto del Barça 2000, impulsado por el ex presidente Josep Lluís Núñez, quien ideó un parque temático potenciando el uso comercial y lúdico. El Ayuntamiento quiere que la recalificación esté sujeta a los mismos criterios que en otros puntos de la ciudad para evitar que se le acuse de favorecer un pelotazo como sucedió en Sarrià, en los terrenos donde estaba el campo del RCD Espanyol. Pero el Consistorio asume que el proyecto actual del Barça es más contenido que el de Núñez. "Nos opusimos a aquel plan y por coherencia no podíamos hacer lo mismo", afirma el directivo Joan Franquesa, ex concejal de Urbanismo en Sant Cugat por Convergència i Unió (CiU): "No queremos privilegios. Esto no es un traje a medida y habrá compensaciones para los vecinos. No puede ser de otra manera".
El Barça aún no ha presentado formalmente su propuesta en el Consistorio, aunque ha mantenido frecuentes contactos con los vecinos, la Universidad y los grupos municipales. No quiere edificar tiendas ni cines y su intención es suprimir la valla que rodea al estadio para integrarlo en el tejido urbano de Les Corts -"ahora esto parece Guantánamo", dijo Franquesa- y abrirse a la ciudad. El viejo Palau será sustituido por otro pabellón con mayor aforo, la pista de hielo será subterránea y desaparecerán las pasarelas que lo unían al Camp Nou, que acogerá las oficinas y la tienda.
Hace tres semanas, el club presentó en el Distrito de Les Corts, ante la concejal Montse Sánchez y los vecinos, la propuesta del arquitecto Norman Foster. No hizo mención alguna a la recalificación del Miniestadi y los pisos. "Franquesa es muy listo. Habla de reordenación urbanística y no de recalificación", subraya Huéscar. "Nos parece bien que nos hagan una piscina o lo que quieran. Pero el barrio, más allá de los días de partidos, tiene un gran problema de movilidad".
El club planea presentar su propuesta el primer trimestre del año, seguramente después de las elecciones. "Sería un fracaso que la reforma se convirtiera en motivo de controversia política", considera Franquesa, y espera alcanzar el máximo consenso para evitar que la tramitación, que puede durar un año, se entorpezca con alegaciones. Su previsión es que Foster acabe el proyecto en septiembre y que las obras empiecen en 2009.
"Lo cierto es que el Camp Nou tiene 50 años y necesita una renovación porque tiene problemas de seguridad y de accesos", sostiene la concejal en sintonía con el presidente del club, Joan Laporta, que siempre ha hablado más del confort del estadio que de su ampliación porque sólo ganará 6.000 localidades. Pese a ello, el club está realizando un estudio sobre la movilidad. El Ayuntamiento coincide con el Barça en que la zona del Camp Nou necesita una reordenación urbanística conjuntamente con el campus universitario, algo que tampoco gusta a los vecinos. Sánchez cree que el barrio necesita guarderías y colegios, pero Huéscar quiere que se deslinde de la reforma. "Los vecinos no protestaron hace 50 años cuando se reformó el viejo campo de Les Corts y ahora lo haremos", señaló el portavoz. Curiosamente, Les Corts es el distrito que más socios aporta al Barça.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL / BLANCA CIA - Barcelona - 27/12/2007
Foto: Barcelona, el Camp Nou desde el aire - Domenec Umbert, elmundo.es
¿Las Vegas en Monegros?
JOSU ERZE LIZARRAGA* : - ¿Es que el Gobierno de Aragón practica, en este caso como en otros, aquello que dicen que predicaba Jesús de Nazareth sólo para el ejercicio de la caridad: “que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha”, lo que se traduce en una falta de coordinación interna y por eso el Consejero de Economía, de izquierdas, no sabe lo que hacen sus compañeros de Gobierno de derechas?
- En las extensiones de Monegros hay LICs y ZEPAs, ambos espacios declarados para la Red Natura 2000, y proyectos de transformación en regadíos. Parece ser que el megaloproyecto se situaría sobre una zona donde se preveía regadíos. ¿Piensan reconvertir a los agricultores, regantes expectantes, en crupiers de casino?
- ¿Cuánto dinero piensa gastar el Gobierno de Aragón para estimular a estos inversionistas extranjeros y que garantías hay de que no hagan como otros muchos empresarios antes que han venido a Aragón a practicar el título de la primera película de Woody Allen, “Toma el dinero y corre”, no sólo con el Plan Miner en Teruel, sino también en Zaragoza como ahora Siemens, dejando después centenares y miles de despedidos?
- ¿Estamos tan acostumbrados a ver las “enormes” colas de jugadores que esperan ansiosos para entrar en el abarrotado Casino de Zaragoza, por lo que entendemos la necesidad imperiosa de crear no uno sino 32 nuevos casinos a las puertas de la capital aragonesa, en Valfarta?. ¿Cuántas peticiones de autorización de nuevos casinos, anteriores a este lote, duermen en los cajones del Jefe de Servicio correspondiente como para garantizar al Gobierno la viabilidad del proyecto?
- ¿Es que un Parque temático es poco para Aragón, que en el proyecto Gran Scala se planea montar cinco, no importando las crisis económicas de otros parques en sitios “menos concurridos” como la costera y alicantina “Terra Mítica” o la parisina “Disney World”?
- ¿Nadie se ha planteado las limitaciones climáticas que tiene un espacio desértico como Los Monegros, mayores que las que han provocado que la EXPO de Zaragoza dure sólo 3 meses en lugar de 6 como en Sevilla, con un clima más extremo que reduciría la temporalidad del funcionamiento del megaresort?
- Se dice que el Gran Scala va a requerir un equipamiento sanitario para 100.000 personas, ¿Cuánta agua va a necesitar, incrementada además con los usos consuntivos del resort (Campo de Golf, canal de rafting y otros para combatir el calor estival) y de dónde piensan sacarla? ¿detrayéndola de los regadios de Monegros, tan reclamados en el pasado por los partidos gobernantes? ¿Esto es un uso sostenible del agua?
- En Estados Unidos, con su renta per cápita y número de habitantes, puede permitirse una ciudad del juego en mitad del desierto de Nevada como Las Vegas, con un gran despilfarro de agua, y por estar cercana a uno de los Estados más habitados como California en la costa oeste, con la única competencia en juego, de Atlantic City en la costa este. En Europa y España hay muchas ciudades con casinos importantes y otros atractivos como el mar y un clima moderado con los que han de competir, empezando por Mónaco. ¿Es que no lo han tenido en cuenta?
- Un centro que combina casinos de juego con parques temáticos parece estar dedicado a ludópatas ricos con familia numerosa, que no deben ser tantos como piensan en el PAR, para poder recaudar con el juego los millones que preveen, cuentas que parece que las haya hecho la lechera del cuento. Por lo tanto, ¿pretenden hacer “caja”, que nunca llenarán, a costa de explotar una debilidad humana y, en consecuencia, dañar familias?
- Nadie desconoce que el juego, los casinos, en Las Vegas está en manos de la mafia, asociando el crimen a su control. ¿Quién nos garantiza que esta Las Vegas 2 de Los Monegros no va acabar en manos de alguna mafia, americana o europea como la rusa, generando crimen asociado, si es que no está ya detrás, de algún modo, de sus promotores?
- ¿Por qué los promotores no ha tenido éxito en sus anteriores intentos en Francia y en Dubai? ¿Las autoridades no han cedido y no se han plegado a sus exigencias? ¿Descubrieron algo turbio e ilegal en el proyecto o en sus promotores?
- Por último, ¿nunca se han planteado nuestros gobernantes que sería más provechoso para los habitantes de los pueblos de Los Monegros la creación allí de un Parque Nacional de la Estepa, bajo competencia autonómica, reclamo que atraiga como tal parque al turismo de Naturaleza y ornitológico, en especial al centroeuropeo, deseoso de contrastar sus paisajes con otros distintos, como los monegrinos, generando el empleo local con el desarrollo de una producción de alimentos artesanos de la zona asociados al Parque y de una hostelería (restaurantes, hoteles y bares) repartida entre las diversas localidades y no una concentrada fuera de ellas beneficiando a extraños, fomentando así un auténtico desarrollo sostenible?
* Josu Erce Lizarraga. Miembro de Ecologistas en Acción - Zaragoza
* Rebelión - 23-12-2007
Cuarenta fallos urbanísticos, a punto de ejecutarse en Marbella
LAOPINIÓN/Málaga* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga, tiene expedientes o procedimientos de ejecución de más de 40 sentencias de licencias urbanísticas del municipio malagueño de Marbella, según aseguró el presidente de dicha Sala, Joaquín García Bernaldo de Quirós.
García Bernaldo de Quirós señaló que se están tramitando estas ejecuciones solicitadas por la parte actora y, mientras que "algunas están pendientes de resolver", en otros casos se está iniciando esa tramitación. Así, precisó que del total de estas sentencias, siete fueron solicitadas antes del verano.
En este sentido, afirmó que se trata de situaciones "jurídicamente confusas y complicadas" y entendió que "no se puede frivolizar porque hay personas que están afectadas, personas con nombres y apellidos". "Hay que ser muy prudentes", apostilló.
Así, indicó que Marbella ocupa en cuanto a número de asuntos "el lugar que merece por la cifra de habitantes y la cantidad de inversión, así como las modificaciones del suelo, consecuencia de esa demanda de viviendas", puesto que, según explicó, "el urbanismo que llega a la Sala está en relación con la demanda de desarrollo que tiene ese municipio".
A este respecto, precisó que desde enero de 2004 "el urbanismo litigioso, es decir, el control de las licencias, está en los juzgados de lo Contencioso, por tanto, lo que tiene la Sala es desde el inicio de ésta, 1989, hasta 2003" y, actualmente, que llegan las apelaciones.
Por esto, indicó que "no son tantos" los asuntos que están pendientes "porque esta Sala las cuestiones que ahora están saliendo como interesantes respecto a Marbella las solucionó hace tiempo". "Otra cosa es que la instrucción penal esté llegando ahora a juicio", precisó.
Preguntado por la colisión entre la vía penal y la contenciosa respecto a las licencias urbanísticas marbellíes, aseguró que "si se plantean dudas de interpretación, quien ha fallado ha sido el sistema jurídico". "No vayamos a matar al mensajero", apuntó García Bernaldo de Quirós.
"Si hay un problema de que la jurisdicción penal dice no sé si esto es ilegal hasta que no se pronuncien los tribunales de lo contencioso, el problema es que hay una confusión en la interpretación de la norma, si la norma es clara y diáfana la jurisdicción penal entra, porque es muy escrupulosa si hay confusión", apuntó.
Consideró "una opinión muy focalizada el decir la tardanza de la Sala de lo Contencioso cuando hace cuatro años que tenemos sentencias clarísimas sobre la legalidad urbanística de Marbella y todavía hay un problema de interpretación penal, por lo que no estaría tan claro desde ese punto de vista".
* La Opinión de Málaga - EUROPA PRESS - 26 de diciembre de 2007
Foto: Urbanismo. Una construcción del municipio de Marbella. la opinión
Benidorm: Últimas torres sobre el acantilado
,+torres+Gemelos2+-+adn.es.jpg)
ELPAÍS* : El urbanismo salvaje, en primera línea del mar, no es solo la caótica herencia del desarrollismo urbano de los sesenta y sesenta. En Benidorm, paradigma del urbanismo vertical, continúa el afán depredador del territorio bajo el amparo de licencias otorgadas en extrañas circunstancias hace décadas. En el cabo de Punta Llisera, junto a su famosa playa de Levante, los obreros trabajan a destajo para levantar dos torres de 21 plantas, antes de que cristalice el expediente de expropiación del Gobierno para recuperar para el dominio público el solar (10.000 metros cuadrados) e incorporarlo al parque natural de Serra Gelada.
El Ministerio de Medio Ambiente tramita la compra forzosa de la parcela que invade la servidumbre de protección, donde se levanta el complejo Gemelos 28, dos torres de 21 plantas para construir 168 apartamentos, promovido por el empresario Andrés Ballester. La empresa ha tasado en 90 millones de euros el valor del terreno. A pesar del proceso de expropiación iniciado por el Gobierno, Edificaciones Calpe, del promotor Ballester, continúa construyendo y ya ha vendido el 25% de la promoción de lujo, a precios que oscilan entre los 400.000 y los 800.000 euros. Ballester dice que parará las obras cuando reciba alguna compensación, ya que el proyecto se ajusta a la ley.
En 1988, el empresario Achille Cafarelli pidió licencia al Ayuntamiento de Benidorm para el derribo y la construcción de viviendas en esta parcela. El PSOE, que gobernaba entonces en la ciudad, otorgó permiso el 1 de junio de 1988 en medio de una gran polémica, sin esperar a que estuviera listo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana -en trámite, que se aprobó en 1990-, ni la Ley de Costas, que veía la luz el 26 de julio, pocas semanas después, y que lo hubiera impedido. La Ley de Costas obliga a guardar 20 metros de servidumbre de paso desde el linde del mar, y el edificio se sitúa a tan solo 7. Costas ha intentado todos estos años frenar las aspiraciones de Cafarelli y de Ballester, que en 1995 le compró los derechos. La justicia les dio la razón y, en 1996, PSOE y PP aprobaron un estudio de detalle definitivo en virtud del cual se agrupaban las parcelas y se obtenía una edificabilidad total de 26.597 metros cúbicos. La Abogacía del Estado presentó un recurso contencioso administrativo contra ese trámite que prolongó el proceso y fue desestimado. En 2005, finalmente, la Consejería de Infraestructuras y Transportes otorgó la última autorización a Edificaciones Calpe. El condicionante es que la empresa está obligada a ceder una parcela adyacente de 7.755 metros cuadrados para uso público, sobre la cual construirá un mirador. Edificaciones Calpe inició en 2005 el derribo del antiguo Coblanca, tras obtener todos los permisos y múltiples sentencias favorables en dos décadas de litigios.La demolición dejó al descubierto los acantilados que tapaban el cemento, y los vecinos y la oposición, sorprendidos por la nueva realidad, iniciaron las protestas para impedir nuevas construcciones. La jefatura provincial de Costas intentó de nuevo paralizarlas. Pidió medidas cautelares al TSJ -que fueron rechazadas en cuatro ocasiones-, mientras mediaba con el consistorio -también sin éxito- para que permutara los terrenos. Al final, la única fórmula posible para impedir su construcción, según reconoció el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, era la expropiación. El Consejo de Ministros aprobó el 15 de junio la declaración de utilidad pública de la parcela, y el BOE publicó el expediente el 21 de agosto.
Andrés Ballester considera que Gemelos 28 está "totalmente integrado en la configuración urbanística" y que su realización "mejora, en todos los aspectos, el área en la que se ubicaba el edificio derribado", al construir un mirador sobre el cabo. El empresario considera que sufre "un grave e incomprensible abuso de posición dominante que quiebra el Estado de Derecho y el principio de seguridad jurídica".
El gobierno local de Benidorm, del PP, aplaude la iniciativa y el alcalde, Manuel Pérez Fenoll, no duda de la legalidad de la promoción, avalada con dos sentencias del Tribunal Supremo. El PP sostiene que el Gobierno central "intenta lavar su conciencia", ya que fueron los socialistas quienes dieron la licencia cuando gobernaban en el año 1988.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 26/12/2007
Foto: Benidorm (Alicante), proyecto torres Gemelos2 - adn.es
La Justicia declara ilegal el 70% de nuevas construcciones en Madrid
DIAGONAL* : Una sentencia del Tribunal Supremo declara nulos 22 de los 27 nuevos barrios previstos en el actual Plan General de Madrid por no justificar el cambio de suelos protegidos a urbanizables. La sentencia del Tribunal Supremo afecta a cerca de 150.000 nuevas viviendas de la capital, que tras el fallo se convierten en ilegales. Todo comenzó cuando en 1997, a raíz de la nueva Ley del Suelo del PP, la Comunidad de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, y el Ayuntamiento de Madrid, con el entonces alcalde Álvarez del Manzano, aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la región.
Para ello, las administraciones desclasificaron 28 zonas protegidas del cinturón verde de Madrid, donde vendrían a levantarse las nuevas viviendas, barrios enteros como Valdebebas, Los Ahijones o Arroyo del Fresno, entre otros. Tras casi una década de litigios interpuestos contra el PGOU, el fallo del Supremo finalmente ha declarado nulos los proyectos urbanísticos en buena parte de estos terrenos, al ser zonas anteriormente protegidas por su valor agrícola, forestal, ganadero o histórico, y que se convirtieron en urbanizables sin justificación.
Modelo urbanístico
En teoría no es una sentencia cualquiera, sino la que vendría a anular uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de la capital. En ese sentido la Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS) espera que el fallo “ponga freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en las personas de Alberto Ruiz-Gallardón, Álvarez del Manzano y Esperanza Aguirre”, máximos responsables políticos de la aprobación y ejecución del Plan. Sin embargo, esta sentencia, si bien sirve para deslegitimar el modelo de urbanismo de los últimos años, es muy probable que no tenga las repercusiones esperadas. Llega demasiado tarde, la mayor parte de los terrenos reclasificados ya están urbanizados o tienen las obras en un estado muy avanzado. Es la estrategia, ¿qué hacer con un barrio una vez que ya está semiconstruido? Ya en febrero de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una sentencia similar, pero que fue recurrida por el Ejecutivo regional, ganando así más de cuatro años para continuar el plan de urbanismo. Y en diez años, el tiempo de espera de una sentencia firme, da tiempo a construir y vender mucho.
“El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara ha generado un problema de una envergadura social incalculable, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros”, denuncia la Plataforma PAUS. Ése es el principal problema político que se presenta ahora, qué hacer con aquellos proyectos que ya han sido terminados, aprobados o que están en trámite, y que podrían afectar directamente a propietarios y promotores, con costos de miles de millones de euros. De no solucionarse la situación, desde PAUS afirman que “podríamos estar asistiendo a la mayor estafa reciente de la historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales”.
En principio, la Administración regional y municipal madrileña deberá elaborar e iniciar un nuevo Plan General de Urbanismo para todos los ámbitos que se hayan declarado nulos y que respete todo el suelo que estaba calificado como de especial protección antes de 1997. Sin embargo, aún no se sabe de manera clara cómo se llevará a cabo el veredicto y cuál será su verdadero alcance. El grupo socialista ha solicitado la creación de una comisión de seguimiento de la sentencia, para que ésta sea aplicada en el menor tiempo posible. Pero desde el Gobierno regional se encargan de quitarle importancia al asunto. Pilar Martínez, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, explicó recientemente que la sentencia en realidad sólo plantea “un defecto de forma, no de contenido”, así que los inversores y los compradores no deben alarmarse. Se trata de solucionar algo así como pequeños defectos administrativos, justificar lo que no esté justificado, rediseñar lo que sea rediseñable y continuar con los proyectos. Evidentemente, 22 de los 27 nuevos y flamantes barrios de Madrid no se van a ver reducidos a escombros.
* Diagonal - Andrea de Pablo. Madrid - 15 nov - 28 nov 2007
Foto: Algunos observadores consideran la venta de viviendas ilegales como la mayor estafa de la historia del Estado /Juan Carlos Rojas - diagonalperiodico.net
Corrupción total y descarada en Madrid
Zonas verdes recalificadas, obras sin licencia "dirigidas" por técnicos municipales, sentencias firmes que no se cumplen, proyectos que no se paran, juntas de compensación fantasmas, políticos que no se enteran de todo lo anterior, ¿QUÉ ES ESTO?, ¿Una versión urbanística del Show de Benny Hill?
No, es el "AY-UNTAMIENTO DE MADRID" ..."una moderna administración dirigida durante años por políticos competentes y honestos, escrupulosos cumplidores de la Ley y del Estado de Derecho que gobiernan de acuerdo a los intereses del bien común de los madrileños".
Pasen y vean tan solo un avance de cómo la ley se vulnera ABIERTAMENTE en el barrio de Valdemarín, una zona que pertenece al distrito de Moncloa y que se encuentra cerca de la zona del hipódromo. Es tan solo la punta del Iceberg.
Realizado por la televisión de Madrid Canal 33.
Más información en www.canal33.es. Feeds y RSS en www.canal33.org/Feed01.xml
YouTube - enriqueeduardo1961 - 13 de diciembre de 2007
