Chiclana asiste al primer derribo de una vivienda ilegal

DIARIODECÁDIZ* : Chiclana, localidad en la que se estima que puedan existir alrededor de 15.000 casas en situación irregular (gran parte de ellas pendientes de un macroproceso de regularización), asistió ayer al primer derribo de una vivienda ilegal.

El hecho, que abre un camino que en los próximos días y meses podría contar con nuevos capítulos, tuvo lugar a primera hora de la mañana en la Majada de los Chivos, en la zona de El Marquesado, con la demolición, por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y atendiendo a una sentencia judicial, de una vivienda de unos 90 metros cuadrados ubicada en una parcela (en suelo urbanizable sectorizado) de 500 y propiedad de Juan Utrera, vecino de Medina Sidonia afincado en Cádiz.

Según señalaron fuentes municipales, "tras la petición de permiso al Juzgado para poder entrar en la vivienda (segunda residencia) y derruirla, éste lo concedió el 12 de enero de este año, dando un plazo de dos meses que concluía hoy jueves". Un tiempo que ha dejado transcurrir la Gerencia Municipal de Urbanismo para que fuesen los propios propietarios los que, con vistas a reducir la cuantía de la sanción, procediesen a la demolición, algo que solicitaron pero que finalmente no hicieron.

Cabe destacar que Urbanismo inició el expediente de esta construcción ilegal en enero de 2006, "cuando aún se encontraba en su proceso de cimentación", señaló Cándida Verdier, delegada municipal de Urbanismo.

No obstante y según manifestó el Ayuntamiento, los promotores, los mismos propietarios, "no paralizaron la construcción, terminando de levantar una vivienda de 90 metros cuadrados en una parcela de 500".

Con posterioridad, en octubre de 2007, Urbanismo, a cuyo frente se encontraba el ya exdelegado José Pedro Butrón, "propuso el derribo, que un mes más tarde tuvo el visto bueno del entonces alcalde", Ernesto Marín.

"Es evidente que detrás de una actuación de este tipo siempre existe un drama familiar que no es agradable para nadie y mucho menos para nosotros". "No obstante", manifestó Cándida Verdier, "a nadie se le escapa que el Ayuntamiento está obligado a dar el correspondiente cumplimiento a una sentencia judicial".

"Nosotros", añadió, "hemos esperado hasta el último momento para que fuesen los mismos propietarios los que ejecutasen el derribo y el coste fuese menor, pero esto no ha sido así, por lo que hoy (por ayer), último día para la ejecución del derribo, hemos procedido a realizarlo".

Por otra parte, la delegada municipal de Urbanismo reconoció que "en los próximos días tendrá lugar un nuevo derribo de una vivienda ilegal" y apuntó la existencia de otras órdenes judiciales de demolición, cuyo número no llegó a concretar y que podrían estar pendiente de la correspondiente notificación a sus respectivos propietarios.






* Diario de Cádiz - J.M.Reina/ Chiclana - 13.03.09
Foto: El propietario, con los brazos cruzados, y su hermana, indignados. - diariodecadiz.es

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El defensor del pueblo admite a trámite la queja por supuestas infracciones urbanísticas en Celorio

ELCOMERCIO/Asturias* : El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite el dossier presentado por la Asociación de Vecinos de Celorio 'La Hoguera' en la que se enumeran supuestas irregularidades urbanísticas en 90 viviendas cuyas licencias de construcción fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Llanes desde 2002.

El organismo entiende que la queja presentada por el colectivo vecinal «reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica que regula nuestra institución», por lo que el Defensor del Pueblo iniciará las acciones oportunas con los organismos administrativos competentes.
No obstante, el ente también recuerda al colectivo vecinal que «si consideran que se han producido hechos que pudieran ser constitutivos de un delito o falta sujeta a responsabilidad penal, estarían plenamente legitimados para denunciar esos hechos directamente ante los Tribunales». Esta misma propuesta fue realizada por la propia alcaldesa del municipio, Dolores Álvarez Campillo, después de que los vecinos de Celorio hicieran públicas las supuestas irregularidades urbanísticas. «Las denuncias urbanísticas o del tipo que sean se hacen en los juzgados, y yo animo a la asociación a que si tiene alguna denuncia la defienda ante un juez», se limitó a contestar la regidora.
La Asociación de Vecinos de Celorio 'La Hoguera' calcula que en los últimos seis años el Ayuntamiento de Llanes ha autorizado la construcción de un total de 90 viviendas en la localidad llanisca que «a nuestro juicio infringen e infringirán la ley» por ser, presuntamente, «casos constitutivos de infracciones administrativas y otras situaciones ilegales». Además, entienden que el Ayuntamiento de Llanes tenía conocimiento de estas irregularidades por lo que, opinan, «han incurrido en un delito del código penal» que podría castigarse incluso con pena de cárcel. Según los cálculos de la agrupación vecinal, las infracciones urbanísticas desarrolladas en los últimos años en Celorio suponen unos ingresos por precio de venta «en torno a 21 millones de euros».
La agrupación que preside Alberto Álvarez detalla que, de esas 90 viviendas, 57 «ya están construidas o en construcción» y repartidas en seis promociones diferentes. Algunas de ellas, como la Urbanización Los Castros levantada por la empresa Balsan, con «un exceso de 32 viviendas sobre las 146 proyectadas al ocupar como ático retranqueado la última planta de los tres edificios» que conforman la urbanización, en contra de lo que permite la normativa urbanística de Llanes y pese a que la asociación notificó esta irregularidad al equipo de gobierno.






* El Comercio Digital - 13.03.09 -ANA MORIYÓN
Foto: Para la Asociación 'La Hoguera', en la Urbanización Los Castros se excedió en el número de viviendas. / NEL ACEBAL, elcomerciodigital.com

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Cae la primera obra ilegal en Marbella

SUR/Málaga* : Sin hacer mucho ruido. Sólo el de una solitaria máquina que a última hora de la tarde se afanaba en hacer añicos las paredes. Marbella dio ayer así un paso más hacia la legalidad con el inicio de la primera demolición de una obra sin licencia construida en la llamada 'era GIL'. Casi dos décadas después de que el desaparecido Jesús Gil se hiciera con la Alcaldía de la ciudad e impusiera su voraz gestión urbanística, la esperada piqueta apareció por la mañana en el horizonte para derribar 34 viviendas en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, levantadas en zona verde.

Detrás de esta construcción está además el nombre del promotor granadino José Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya', y de una de sus empresas: Naviro Inmobiliaria.
Siete meses han pasado desde que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, firmara la orden de derribo de ésta y otra promoción de viviendas en cumplimiento de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la ejecución anticipada del Plan General de Aprobación Urbana (PGOU) de la ciudad. Será el primer planeamiento en 23 años, actualmente pendiente de una segunda aprobación provisional prevista para mayo.
Las términos de este singular pacto aprobado en julio del año pasado para desatascar el urbanismo estaban claros: el Consistorio podía empezar a conceder licencias en precario en base al futuro PGOU -que no entrará en vigor hasta fin de año- para no paralizar la ciudad pero a cambio debía ejecutar demoliciones de estructuras construidas ilegalmente y desocupadas -la Junta llegó a darle por escrito un listado ocho edificios que debían desaparecer al no haber terceros de buena fe afectados ni ser regularizables en el Plan General-. También la revisión de las licencias irregulares, a lo que el equipo de gobierno se resiste.
Pero el Ayuntamiento añadió unilateralmente otro requisito que restringió aún más el escenario de las posibles demoliciones: que la obra no tuviera licencia, ni siquiera una de las que los alcaldes del GIL concedían contra la ordenación y posteriormente eran anuladas por los tribunales. Con estas credenciales, en Marbella sólo habría dos promociones: la que comenzó a derribarse ayer y una segunda de seis viviendas adosadas en San Pedro Alcántara, en la urbanización Linda Vista y a cargo de la promotora Prosavi, pendiente también de que comience su reducción a escombros.
Zonas verdes
Ambas, además de ocupar zonas verdes según el PGOU vigente, no cuentan con licencia municipal, no se regularizan en el futuro planeamiento y están deshabitadas. La lista, por ahora, se quedará aquí. La alcaldesa, responsable en última instancia de aplicar la disciplina urbanística, ya ha advertido de que no habrá más demoliciones al margen de la de Las Chapas y la de San Pedro, que además fueron acordadas con los promotores, a los que se le dio licencia el pasado enero.
Defiende esta postura en evitar reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento. Alerta de que podría darse este caso en viviendas edificadas con licencia, aunque los tribunales las hubiesen anulado posteriormente. Mientras, la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, aunque valoró positivamente que se ejecute el derribo de una obra ilegal, la consideró «insuficiente y tardía». Recordó que dentro del acuerdo entre ambas administraciones la Junta informó de al menos ocho construcciones ilegales, desocupadas y cuya regularización no contempla el nuevo planeamiento urbanístico «que se ajustarían a los criterios consensuados para su demolición».
No se anduvo con rodeos e instó a la regidora en un comunicado a que promueva los derribos de estructuras ilegales, sin terceros afectados ni regularizables en el futuro planeamiento, que fueron señalados por el Gobierno andaluz. De paso, le reclamó que revise las licencias irregulares, otro de los puntos del acuerdo bilateral y que la alcaldesa prefiere dejar para cuando el Plan General entre en vigor, algo que el equipo de gobierno espera para finales de año una vez la Junta le dé el visto bueno.
En esta aprobación final jugará un papel crucial el entendimiento entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y el Ejecutivo andaluz, que deben ponerse de acuerdo sobre las compensaciones para la regularización de las 18.000 viviendas ilegales que dejó el gilismo o sobre el medio millar que tras la primera aprobación no tienen visos de legalizarse.





* SUR - 13.03.09 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: Una máquina trabajaba ayer en al derribo de un bloque de 34 viviendas construidas sin licencia en Las Chapas. / J-LANZA, diariosur.es

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Bétera aprobó el PAI de 1.380 casas con un informe en contra por no garantizar el agua

LEVANTE/Valencia* : El equipo de gobierno -formado por PP, UV y UPIB- aprobó provisionalmente en diciembre, con el apoyo de parte del grupo municipal socialista, un PAI para construir 1.380 viviendas y un campo de golf pese a que el proyecto no cuenta con el informe previo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) garantizando los recursos hídricos suficientes para la urbanización.

Así lo advirtió en su día la secretaria municipal de Bétera en un informe en el que señalaba que el expediente de la empresa Onofre de Miguel "carece de elementos esenciales para su aprobación provisional como el informe previo de la confederación Hidrográfica exigido en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Aguas".
Destaca la secretaria en su escrito contrario a la aprobación del PAI que el informe previo de la CHJ es "esencial y, por lo tanto, más aún el de la solicitud del mismo que ni tan siquiera se ha producido". Y no será por falta de tiempo ya que, aunque el PAI del Manisero se aprobó provisionalmente a finales de diciembre de 2008, la constructora presentó la Alternativa Técnica del Programa en junio de 2005.
Pero, para el alcalde de Bétera, José Manuel Aloy, a estas alturas del proyecto la existencia o no del informe obligatorio de la CHJ no es importante. "El PAI se ha aprobado de forma provisional y será ahora la Generalitat quien diga si está todo correcto o falta algún informe como el del suministro de agua", aseguró el primer edil a Levante-EMV.
Sin duda, a la hora de dar el visto bueno al PAI pesó mucho más que la existencia o no de agua suficientes la compensación económica que Onofre de Miguel ofrece por la puesta en marcha del proyecto: un total de seis millones de euros de los cuales, al parecer, el consistorio ya ha ingresado uno sólo por la aprobación provisional.
Zona protegida y caos circulatorio
De aprobarse definitivamente, la urbanización del Manisero se ubicará con su campo de golf de 18 hoyos frente a la urbanización Cumbres de San Antonio y a 500 metros del campo de golf Escorpión. El sector tiene alrededor de 1 millón de metros en un suelo no urbanizable calificado por el PGOU de Bétera como de Especial Protección Agrícola. Esta zona, según el estudio de impacto ambiental del PGOU, es de las más sensibles del término a la contaminación del suelo.
Además de esto y del informe contrario de la secretaria municipal, el Bloc de Bétera asegura que una empresa contratada por el consistorio ha advertido que la promotora no especifica en su proyecto la capacidad de tratamiento de la depuradora que se instalará en la urbanización. También señalan que tampoco está garantizado el suministro de energía ni el centro de transformación se adapta a la normativa actual. Pero sobre todo destacan el caos circulatorio que puede provocar la nueva urbanización en la estrecha carretera CV-336 ya que la promotora sólo se encarga de desdoblar la vía desde el acceso a la CV-35 hasta su complejo residencial.






* Levante-EMV - V. Contreras - 12.03.09
Foto: ubicación. La nueva urbanización con campo de golf se levantará en una zona agrícola junto a la CV-336. v. c. m, levante-emv.com

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