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LAPROVINCIA/GranCanaria* : El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, vuelve de nuevo a las dependencias judiciales de San Bartolomé de Tirajana en calidad de imputado, en esta ocasión por un delito relacionado con el uso al que se destinaron unos terrenos que fueron expropiados con motivo de la ejecución de las obras de Circunvalación de Vecindario.
Silverio Matos deberá estar en los juzgados tirajaneros a las diez de la mañana de hoy, martes, 3 de junio.
Esta es la segunda ocasión en la que el regidor del municipio santaluceño debe acudir a los tribunales como imputado. La anterior ocasión fue el pasado mes de abril, fecha en la que se le imputaba un delito de prevaricación y abuso en el ejercicio de sus funciones por una cesión de terrenos privados que estaba destinada a mejorar la posición del Ayuntamiento en un concurso de parques eólicos.
La Guardia Civil lleva las investigaciones de la denominada 'operación Palmera', que sigue bajo secreto de sumario. Según testimonios recogidos por este periódico durante su primera comparecencia, Matos afirma que la acusación que pesa sobre él se debe a una cuestión política.
Según los escasos datos que han trascendido en relación con la nueva comparecencia judicial, el titular del juzgado de San Bartolomé de Tirajana -que también le tomó declaración en la ocasión anterior- cita al primer edil en calidad de imputado para tomarle declaración en relación con el uso que se le ha dado a 4.000 metros cuadrados de terreno que fueron expropiados para la construcción de uno de los tramos de la carretera de Circunvalación de Vecindario.
Según los denunciantes, de los que no ha trascendido su identidad, de esta vasta extensión de terreno, sólo se precisaron unos 800 metros cuadrados, mientras que el resto fueron destinados a fines particulares. Al parecer, una parte de estos terrenos se destinaron a la construcción de viviendas de uso privado.
* La Provincia - V. B. - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 02.06.2008
Foto: Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - gomera.com.es
El juez llama como imputado al alcalde de Santa Lucía por una nueva causa
Un juez embarga 18 fincas de Trampolín Hills tras la denuncia de un grupo inglés
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LAVERDAD/Murcia* : A perro flaco todo son pulgas. El sueño de Antonio Martínez, propietario de Trampolín Hills, de construir una urbanización con 2.800 viviendas y un campo de golf en Campos del Río, se le está poniendo tan cuesta arriba que más que de levantar un resort parece que lo que está tratando es de escalar el Everest.
El último contratiempo que se está viendo obligado a afrontar es el doble embargo que pesa sobre 18 fincas, cada una de ellas con una superficie que va desde las 14 áreas hasta las tres hectáreas, pertenecientes al plan parcial Trampolín Hills Golf Resort, y que ha sido promovido respectivamente por una compañía británica y por un comprador particular de nacionalidad española.
Documentos registrales a los que ha tenido acceso este periódico prueban que los embargos, que afectan a una extensión total de alrededor de 184.000 metros cuadrados, han sido dictados en ambos casos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mula.
En el primero de los casos, la demanda que ha dado origen al embargo ejecutivo fue presentada por la firma inglesa Brooklands Exhibitions Limited, que reclama una deuda de 311.088,06 euros, más unos intereses de 90.000 euros, a la promotora de Campos del Río. En total, poco más de 400.000 euros (más de 66,6 millones de pesetas).
El problema con esta sociedad británica surgió después de que se sortease un chalé de Trampolín Hills entre clientes ingleses. Aunque los ganadores del premio acudieron a Campos del Río y tomaron posesión del mismo -una de las cuatro casas-piloto construidas en el lugar-, no pudieron recibir la escritura de propiedad ya que la urbanización sigue sin estar aprobada.
Pendiente de juicio
El segundo embargo que consta sobre algunas de estas fincas, en esta ocasión con carácter preventivo, ha sido instado por un particular, éste español, quien al parecer adquirió varias viviendas de esa promoción a través de una inmobiliaria. A cuenta de la reserva de esas casa habría entregado 90.000 euros. Cuando el cliente intentó recuperar el dinero se encontró con que no podía hacerlo -Trampolín Hills mantiene que no ha recibido esa cantidad- y ha presentado una demanda, que está pendiente de juicio.
Los dos embargos no impedirían a Trampolín Hills iniciar la construcción de la urbanización si recibiese permiso para ello por parte de la Administración, y podrían ser además levantados en el momento en que se saldasen esas supuestas deudas. Mayor problema supondría para la constructora si tratase de vender las fincas afectadas por el embargo -el comprador tendría que asumir las deudas- o si solicitase un crédito de alguna entidad bancaria, que le sería más difícil de obtener.
Expediente sancionador
En la documentación que posee La Verdad también se recoge una anotación realizada por el Ayuntamiento de Campos del Río, que advierte de que se abrió expediente sancionador a la promotora por haber comenzado a explanar terrenos y a construir casas-piloto sin permiso. En esta anotación se señala la obligación de la firma constructora de suspender preventivamente cualquier obra.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 3.06.2008
Foto: ENTREGA DE VIVIENDA. En la foto los chalés-piloto construidos en Campos del Río/ GUILLERMO CARRIÓN / T. H., laverdad.es
Barcelona: El zoo teme que los planes urbanísticos lo dejen sin vida
LAVANGUARDIA* : La reciente muerte de uno de los elefantes inspira dos visiones contrapuestas sobre el zoo de Barcelona. Para unos -los empleados-, la desaparición del paquidermo escenifica el peligro de extinción en el que vive esta instalación, una de las más visitadas de la ciudad, por el previsto recorte de su espacio y la falta de inversión.
Los responsables municipales replican, sin embargo, que el recinto irá a más cuando el parque de la Ciutadella, que ciertamente perderá parte de su actual uso zoológico, se complemente con la adecuación de la plataforma marítima, en la zona del Fòrum.
Que se haya llegado a estas dos posturas de negro sobre blanco no es más que el fruto de la indefinición de un proyecto que ya se consideró como clave de cara los preparativos del evento celebrado en el 2004. Los continuos choques entre el Ayuntamiento de Joan Clos y el gobierno Aznar, que se negó a autorizar la citada plataforma, sólo se allanaron con la llegada del PSOE al Ejecutivo. Al fin se ganaron cerca de nueve hectáreas al mar. Ahora, los problemas de financiación amenazan con paralizar este enclave otra buena temporada.
CC.OO. emitió ayer un "comunicado preventivo" en el que el sindicato advirtió que de las 13 hectáreas de que se dispone hoy en día, con 1,1 millones de visitas anuales, se pasará a escasamente cinco. Este recorte -"incompatible con el bienestar de los animales", señaló CC.OO.- se explica por el proyecto urbanística de abrir la Ciutadella como paseo ciudadano y conectarlo, con pasarela o no, a la Barceloneta, además de ampliar el Parlament. Esto incluye la construcción de un gran aparcamiento.
"Nosotros sólo hablamos de la Ciutadella -afirmó Josep García, secretario del comité de empresa-, porque del zoo marino, sin presupuesto, no hay nada. Lo que pedimos no es que se amplíen las instalaciones de que disponemos, sino que se potencien y se acabe con la indefinición".
Ignasi Cardelús, delegado de presidencia del Consistorio y máximo responsable del zoo - y por tanto, de su devenir-, quiso sofocar el grito de alerta de los empleados. Cardelús vinculó, de manera indisociable, el recorte de la Ciutadella a la urbanización de la plataforma. De momento, señaló, se están realizando los estudios que han de concluir en los proyectos a partir de los que se determinará el diseño del futuro zoo. "Entre un espacio y el otro se ganará espacio y alcanzaremos las 14 o 15 hectáreas en total", remarcó. También el alcalde Hereu insistió, en un acto público, que el recinto marino será una realidad, "no hay paso atrás".
El cálculo municipal pasa porque una vez definido el proyecto -entonces se decidirá que especies se quedan en un lugar y cuales van al otro- será el momento de buscar un promotor o una entidad que colabore en la financiación. Los primeros cambios, tras la construcción de la infraestructura básica en la plataforma, consistirá en el traslado del delfinario. Este escenario se dibuja en el panorama del equipo ejecutivo hacia el final del mandato, en el horizonte del 2011. "Nuestra marca - aclaró Cardelús- es muy potente y seguirá así. Será un sólo zoo con dos escenarios".
Los empleados parecen exclamar, sin embargo: "¡Si Copito levantara la cabeza!".
* La Vanguardia - Francesc Peirón | Barcelona | 03/06/2008
Foto: Barcelona, acceso zoológico - wikipedia.org
El TSJC anula el plan parcial en Almatriche II y aprecia desviación de poder del Consistorio
LAPROVINCIA/LasPalmas* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anula en una sentencia el plan parcial de Almatriche II, aprobado de forma definitiva en un acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2003, cuando José Manuel Soria era alcalde del Ayuntamiento capitalino.
El fallo aprecia una desviación de poder, ya que los magistrados entienden que la Administración "acomodó su actuación a la legalidad pero con finalidad distinta de la pretendida por la norma aplicable". Agrega también que hubo arbitrariedad en la delimitación de suelo urbano según lo que convenía en la realidad.
La sentencia estima un recurso del letrado Luis Pérez Cañón, en representación de dos propietarias de unos terrenos a las que les calificaron el suelo como urbanizable y no como urbano. Por ello, además de la nulidad del plan parcial, declara la condición urbana de esas fincas.
El motivo por el que la Sala anula todo el plan se debe a que las demandantes no fueron notificadas personalmente de la tramitación y de su aprobación, lo que de por sí determina su nulidad. Entre otras cuestiones destaca que el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que fue desfavorable, entró en el Ayuntamiento el día 30 de diciembre de 2003, varios días después de que se aprobara. Además, se acordó sin haber recibido los informes del Cabildo de Gran Canaria y de la Cotmac (Comisión del Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias).
Los magistrados tuvieron en cuenta el informe pericial donde se concluye que no existe ninguna razón técnica que justifique la línea que separa el suelo urbano del urbanizable. Explica que el margen que no está edificado está clasificado como suelo urbano mientras que el lugar donde están las casas de las demandantes figura como urbanizable.
Los jueces aclaran que hacen suyas las conclusiones del informe pericial donde ve el vicio del acto administrativo y donde explica que la Administración "actuó persiguiendo fines distintos de los fijados en el ordenamiento para satisfacer intereses extraños al fin público".
El plan parcial de Almatriche II (UZI-04), al ya que se le habían anulado las bases y los estatutos, preveía la construcción de hasta 1.218 viviendas con una altura máxima de seis plantas.
* La Provincia - CRISTINA GONZÁLEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03 de junio de 2008
Foto: Las Palmas, plan Almatriche II - laprovincia.es
Investigación a Leganés por vender suelo público para chalés
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ELPAÍS* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Madrid investigará el expediente de venta de suelo público aprobado el pasado mes de marzo por el Ayuntamiento de Leganés, y que fue recurrido por el partido independiente Unión por Leganés (ULEG). La operación denunciada permitiría al Consistorio ingresar 15 millones de euros a cambio de casi 10.000 metros cuadrados de titularidad municipal que pasarían a destinarse a la construcción de vivienda libre.
En una resolución de dos páginas, la juez titular del tribunal, Matilde Aparicio, estima el recurso interpuesto por el concejal de la formación independiente, Carlos Delgado, y solicita al Ayuntamiento que le remita el expediente completo en un plazo de 20 días.
El concurso para la venta de suelo, aprobado el pasado 11 de marzo con los votos favorables del PSOE e IU, que conforman el Gobierno local y con la oposición del PP y de ULEG, prevé la venta de cerca de medio centenar de parcelas propiedad del Ayuntamiento divididas en cuatro lotes. En uno de ellos, ubicado en el ensanche de San Nicasio, estaría prevista la construcción de 45 viviendas en altura de renta libre. En los tres restantes, pertenecientes todos ellos al ensanche de Solagua, se levantarán un total de 43 adosados.
La resolución, que en el momento de su aprobación contó con informe negativo de la interventora municipal, fue llevada a los tribunales por ULEG al considerar que incumple la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a la venta de patrimonio público de suelo.
16.000 demandantes
"No cabe vender suelo público para hacer chalés, sino que legalmente debe utilizarse para construir vivienda pública u otros equipamientos de interés social y nunca para cubrirse otro tipo de necesidades de los ayuntamiento", explicó ayer el portavoz del partido independiente, Carlos Delgado, que recordó que en la ciudad existe una lista de demandantes de vivienda pública que incluye a 16.000 personas.
Fuentes municipales indicaron ayer que el objetivo de la venta de ese suelo es financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas. El alcalde, Rafael Gómez Montoya, dijo que el expediente está pendiente de aprobación, y aseguró que colaborará con la justicia si investiga la venta de esas parcelas.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Madrid - 03/06/2008
Foto: Leganés (Madrid) - wikipedia.org
La Fiscalía acusa a los ayuntamientos de no comunicar los delitos urbanísticos
LEVANTE* : El Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, responsabiliza a las Administraciones Locales de "la enorme bolsa de edificaciones ilegales que existe" y de no denunciarlas ni facilitar los expedientes a la Fiscalía. Estas acusaciones se vierten en la "Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007", que se hace pública en el presente año.
Antonio Vercher remitió una instrucción a las Fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo para que prestaran especial atención a los delitos contra la ordenación del territorio, en especial la corrupción urbanística y las edificaciones ilegales. De esta forma, se doblaron en un año las diligencias incoadas desde la Fiscalía de Valencia.
Así, el Fiscal de Sala del Supremo destaca en la memoria que "donde se ha producido un incremento importante es en las diligencias referidas a la ordenación del territorio, que han pasado de 62 en el 2006 a 111 en 2007".
A continuación, la Memoria señala que "merecen mención especial las 18 diligencias incoadas por la Fiscalía de Valencia de oficio, a petición del Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, para que se investigaran presuntas ilegalidades urbanísticas en el municipio de Oliva".
Vercher explica en la Memoria que "se solicitó a dicho ayuntamiento un listado de expedientes sancionadores incoados en los tres últimos años y, de dichos listados, se advirtieron 18 expedientes que podrían ser constitutivos de infracción penal". Por ello, Vercher se hace "varias reflexiones" en la Memoria, respecto a todo lo que no se denuncia desde la Administración, señalando con el dedo a los ayuntamientos por no colaborar activamente contra la corrupción urbanística. "En primer lugar, que deber existir una enorme bolsa de edificaciones ilegales, susceptibles de ser calificadas como delictivas, que no llegan a conocimiento de la Fiscalía".
Y, en segundo lugar, añade, "que buena parte de la responsabilidad de ello la tiene la Administración (fundamentalmente la Local), que no comunica a la Fiscalía la existencia de dichas situaciones. Y ello, a pesar de que legalmente es preceptivo", según información facilitada por la portavoz de la Fiscalía de Valencia.
* Levante-EMV - R. Laguna, Valencia - 02 de junio de 2008
Foto: URBANISMO sin control. Viviendas ilegales en Catral/ d.i., levante-emv.com
Vivienda social o delito
ELPAÍS* : Es de tal calibre el desastre urbanístico que describen las memorias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, y tan sofisticados los mecanismos a que recurren los corruptos y especuladores del suelo para burlar la legalidad, que su titular no ha dudado en proponer en la de este año una mayor intervención de la ley penal en este ámbito. Podría pensarse que se trata de una comprensible reacción ante la impotencia, al no poder hacer frente con toda la eficacia exigible al desarrollo de un urbanismo desordenado y con fuertes trazas de corrupción institucional y privada.
Pero la propuesta tiene fundamento y merece la atención tanto del fiscal general del Estado como del Gobierno y de las fuerzas políticas.
Lo que propone el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo es una reforma del Código Penal que tipifique como delito -una modalidad más de la actual malversación- el incumplimiento de la obligación de reserva del 30% de suelo público municipal que la reformada Ley del Suelo de 2007 destina a vivienda de protección oficial. Facilitar el acceso a una vivienda digna constituye un mandato constitucional que vincula a los poderes públicos, sea cual fuere su signo político. Caben pocas dudas sobre la importancia de este principio orientador de la política social a los efectos de hacerle acreedor de la máxima protección del Código Penal. La inhabilitación especial, más que la cárcel, sería la pena que se compaginaría mejor con la función pública que ejerce el cargo municipal -alcalde o concejal- que incumpliera la Ley del Suelo en un punto tan importante como facilitar el acceso de sus convecinos a una vivienda digna.
No puede desconocerse, en todo caso, el uso que los municipios vienen haciendo del suelo para satisfacer sus necesidades económicas, insuficientemente cubiertas con los recursos públicos, lo que ha servido de coartada y de caldo de cultivo para una creciente corrupción. La suficiencia financiera que los alcaldes exigen al Gobierno constituye, pues, un factor de normalización de la vida municipal que restaría base a la delincuencia urbanística y al uso irregular del suelo destinado a vivienda de protección oficial. Es posible que de haberse alcanzado esa suficiencia hace 15 o 20 años no hubiera que lamentar el actual desastre urbanístico español. En ese contexto, la intervención del Código Penal sería excepcional.
* ELPAIS.com - Editorial - 02/06/2008
