ECOTICIAS* : Las organizaciones medioambientalistas reivindican la ley de costas como principal herramienta para frenar la depredación del litoral español. Y además, subrayan su compatibilidad con el derecho a la propiedad en Europa y, su aportación al desarrollo de los principios propugnados por la Recomendación 2002/413/CE, del parlamento europeo sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa.
Ante las numerosas iniciativas en varias Comunidades Autónomas que persiguen la modificación de la Ley 22/1988 de Costas, las cinco ONG medioambientales en España quieren subrayar la valía de la actual Ley que tiene como fin proteger las playas y acantilados vitales para el bienestar de la ciudadanía española, y, por ende, la europea. De hecho, la masiva urbanización y destrucción que sufre el litoral español, otorgan un gran valor a las zonas que quedan por urbanizar, de ahí que la aplicación de la Ley 22/1988 sea una de las herramientas legales más válidas para la conservación del patrimonio natural.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España subrayan la valía de esta norma ambiental que está amenazada por: la permisividad de la Administración General del Estado, por las diferentes iniciativas autonómicas que pretenden legalizar los desmanes urbanísticos en la costa y por último, amenazada por presiones urbanizadoras y especuladoras, promovidas de forma interesada, con fines económicos a corto plazo y en perjuicio del interés general.
Los eurodiputados dedican esta semana dos días en la comisión de Peticiones para escuchar en Bruselas el punto de vista de las autoridades españolas y las denuncias de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas. Precisamente el Parlamento europeo ya hizo referencia al problema en el último informe sobre urbanismo español presentado en 2009 por la Eurodiputada alemana de Los Verdes, Magrette Auken, que reclama una moratoria urbanística y la congelación de fondos de cohesión europeos que financian muchos de los proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa estatal y europea. En ningún momento el informe Auken perseguía como objetivo la desprotección del litoral, o la reforma de la ley de costas española.
Varios ciudadanos europeos, que compraron propiedades en la costa, han instado a las autoridades europeas a velar para que ningún acto administrativo limite su propiedad basado en leyes adoptadas después de la construcción del inmueble. A juicio de las organizaciones ecologistas, esta reclamación es completamente legítima ya que, la normativa no puede aplicarse con carácter retroactivo, pero debe tener sus límites en la función social que el litoral está llamado a cumplir. La aplicación e implementación de la Ley de Costas es necesaria tanto para la conservación de nuestro litoral, su valor y los servicios y beneficios que reporta a la ciudadanía, como para evolucionar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y con futuro.
Además, las organizaciones ambientalistas recordamos que la Ley de Costas española realiza plenamente los principios propugnados por la Recomendación 2002/413/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Por ello, resulta una grave amenaza que se pretenda reformar esta ley para ceder a las presiones urbanizadoras y especuladoras, promovidas de forma interesada, con fines económicos a corto plazo y perjuicio del interés general.
* Ecoticias - 24.03.10
Foto: ecoticias.com
Piden al Parlamento Europeo la protección de la costa española
La juez imputa a más de 30 personas en la trama urbanística de Abegondo
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LAOPINIÓN/A Coruña* : Entre 30 y 40 personas han sido imputadas por la magistrada de la sala dos del Juzgado de Betanzos por la trama urbanística de Abegondo. Entre los acusados se encuentran políticos, funcionarios municipales o arquitectos externos. Desfilan por esta sala de instrucción desde finales del pasado mes de noviembre y está previsto que las declaraciones se sucedan, por lo menos, hasta el próximo mes de abril.
El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, prestó declaración hace dos semanas. "Todo lo que yo he aprobado tenía todos los informes técnicos positivos", explica que manifestó ante la juez. Ayer le tocó el turno a dos arquitectos imputados por firmar proyectos de obra irregulares en el período que se investiga.
Son Alberto Bermúdez Fandiño y Juan Carlos Ares. El primero rubricó proyectos de obra básicos como técnico municipal y como arquitecto del despacho de Antonio Carro, otro de los imputados en el caso. El segundo, se dedicaba a las reformas. Apenas media hora estuvo cada uno respondiendo a preguntas técnicas ante la magistrada; el letrado de los imputados, Salgueiro; y la abogada del ex alcalde Juan José Rocha Carro, María José Casal Rodríguez.
Los dos están acusados de un delito de prevaricación urbanística. La trama afecta a la concesión de licencias de más de medio centenar de viviendas levantadas en suelo rural desde el año 2000 en diversos puntos del municipio como Limiñón, Crendes o Cos.
* La Opinión A Coruña - 24.03.10
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com
Enésimo 'asalto' a la Cañada
QUÉ/Madrid* : Las máquinas llegaron ayer al número 128 del Sector 4 en la Cañada Real sobre las 9 de la mañana. Según los vecinos, tenían permiso para entrar y derribar ese inmueble, pero no el 130 y el 132 como pretendían. Por eso, una veintena de ellos se 'atrincheraron' durante tres horas en el número 130 (la vivienda del dueño del inmueble derribado) para que no la derribasen.
No lo hicieron, pero allí se vivieron momentos de tensión que hasta provocaron la detención de un vecino por exhibir un arma de fuego. Además de este derribo hubo uno más en el Sector 3, a la altura de la parcela número 20.
En concreto, se trataba de una nave industrial, de 325 metros de superficie, así como un cerramiento de parcela de 1.020 metros cuadrados, estaban localizados en el número 128, y un segundo cerramiento, de 417 metros cuadrados. Numerosas patrullas de Policía Municipal y Nacional custodiaron los derribos.
"Las demoliciones efectuadas esta mañana se enmarcan en el conjunto de medidas que viene desarrollando el Ayuntamiento de Madrid para el mantenimiento de la legalidad urbanística, hasta que se aborde una solución integral que permita afrontar la compleja situación de la Cañada Real Galiana", explicaron desde el Consistorio.
Según sus datos, desde mayo de 2007 el Ayuntamiento de Madrid ha efectuado en la Cañada y su entorno un total de 201 demoliciones de diverso tipo.
"¿DÓNDE VOY CON 59 AÑOS QUE TENGO?"
Alejandro, dueño del inmueble derribado, atendió a la prensa con lágrimas en los ojos. En sus manos, numerosos recibos del IBI con los que quiso demostrar que era 'legal'. Su casa-taller, que es su trabajo y su única posesión, también la querían tirar, de ahí su nerviosismo.
Alejandro Román aseguró que, tras la demolición, él seguirá "viviendo ahí" puesto que no dispone de "otro sitio". Este vecino de la Cañada Real señalaba el solar derribado, mientras impotente explicaba que antes él "vivía ahí". Además, Román se quejó de que desde el Ayuntamiento madrileño no le dan "ninguna solución ni explicación", y denunció que las administraciones locales y regionales "han empezado a meter mano" en esta zona.
Alejandro explicó además que compró los terrenos hace quince años por 2.300.000 pesetas, y que este es su trabajo, su casa y sus únicas posesiones. Detalló además que hace seis años vendió el terreno donde se levantaba el inmueble retirado, pero no llegaron a pagarle.
Lidia Resani, presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector 4 denunció también que no se ofrecieran "alternativas" a los vecinos afectados. En ese sentido subrayó la ausencia del Samur Social en el derribo.
"Siempre se digna el Ayuntamiento de Madrid que viene el Samur Social y yo os invito a que lo busquéis a ver dónde está. Lo único que encontramos son tres millones de efectivos de la Policía Municipal de Madrid asediando a todos los vecinos", protestó la representante vecinal, quien explicó la ausencia de este dispositivo a que "al ser vecinos de la Cañada" el Samur les tiene "poco aprecio".
Por su parte, el Ayuntamiento dijo que sí hubo Samur Social.
* Qué - 24.03.10
Foto: Madrid, la Cañada Real - madridiario.es
Aecu se querella contra todos por las 1.300 casas ilegales de Catral
INFORMACIÓN/Alicante* : La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (Aecu), cuyos responsables mantuvieron ayer una reunión en Catral con 400 propietarios de casas ilegales en la huerta, han decidido crear un frente común con el objeto de presentar, al margen del proceso judicial abierto, una demanda contra el Ayuntamiento de Catral "como institución" y contra el Gobierno Valenciano "por ser los responsables subsidiarios" de haber permitido la construcción de 1300 viviendas sin licencia en suelo no urbanizable; también contra el Colegio de Arquitectos de Alicante, al considerarlo responsable subsidiario por la actuación de algunos de sus profesionales y contra los promotores que edificaron los inmuebles de forma irregular, según explicó ayer el presidente de Aecu, Honorio Fernández.
Además se decidió en la reunión celebrada en la Casa de Cultura de Catral "pedir el auxilio" del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, frente a unas administraciones, local y autonómica "incompetentes" en la gestión del urbanismo, según Fernández.
Frente único
El portavoz de Aecu destacó que en la reunión, la octava de similares características, se hizo un llamamiento a todos los afectados para "crear un frente único" y para que "en realidad" se persiga a los verdaderos culpables de esta situación y "no a sus víctimas que compraron los casas". En este sentido recriminó a los responsables municipales de Catral el hecho de que pretendan, junto con el Consell, regularizar las más de un millar de casas ilegales "a costa de los bolsillos de los propietarios y que los promotores y constructores se vayan de rositas". Reseñar que el Ayuntamiento pone como requisito indispensable para regular las casas que cada propietario asuma el coste de todo tipo de infraestructuras.
* Información - 23.03.10
El juez del 'caso Palau' imputa a las esposas de Millet y Montull
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ELPAÍS/Barcelona* : El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha citado a declarar como imputadas a Marta Vallès y Mercè Mir, esposas de los ex responsables del Palau Félix Millet y Jordi Montull, respectivamente. Ambas mujeres fueron administradoras de dos sociedades que facturaron más de un millón de euros a la institución cultural en el año 2009 por trabajos inexistentes.
Del mismo modo, el juez Juli Solaz también ha citado a declarar a un ex secretario del Palau de la Música que presuntamente tiene en su poder el original del libro de actas de la reunión en la que se aprobaron las retribuciones extraordinarias para Millet y Montull.
La imputación de las esposas de Millet y Montull había sido solicitada por la fiscalía y por los nuevos gestores del Palau hace unos días, si bien la querella del fiscal Emilio Sánchez Ulled presentada el pasado mes de junio ya consideraba a las mujeres partícipes a título lucrativo del saqueo cometido por sus esposos.
El pasado 10 de septiembre, unos días antes de confesar ante el juez una parte del saqueo, Millet y Montull acudieron a un notario de Barcelona para intentar borrar el rastro que incriminaba a sus esposas, de manera que en un pispás rubricaron una serie de actos para transmitirles a ellos las participaciones de las sociedades Ausen Produccions SL y Aurea SA que tenían las mujeres. La primera sociedad estaba administrada por Marta Vallès y el año pasado cobró 682.915 euros del Palau por trabajos inexistentes. La segunda la administraba Mercedes Mir y percibió otros 338.956 euros por estudios que nunca se llegaron a realizar.
* ELPAIS.com - 23.03.10
Foto: Una de las casas que tiene Fèlix Millet en L'Ametlla del Vallès.- Xavier Cervera, elpais.com
La Fiscalía analiza la gestión urbanística de la alcaldesa de Lezama
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ELCORREO/Vizcaya* : La Fiscalía de Vizcaya ya tiene en su poder información relativa a los cambios de uso de diversos terrenos en Lezama propiedad de la familia de la alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV), para construir unas 50 viviendas. Según desvelaron ayer fuentes del Ministerio público a EL CORREO, la Fiscalía está estudiando documentos relacionados con el caso para determinar si es necesario abrir una investigación. Los mismos medios no quisieron añadir nada más sobre este asunto «de momento».
El caso que interesa a la Fiscalía de Vizcaya, encabezada por Carmen Adán, atañe a una serie de cambios urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento de Lezama en 2007. El Consistorio modificó en octubre de ese año el planeamiento de un área superior a los 7.000 metros cuadrados en el centro del municipio -conocida como Txupetxa- que hasta ese momento figuraba como inundable. Las citadas modificaciones permitieron que esa zona pasase a ser catalogada como urbanizable. Para ello, el Gobierno municipal presentó un informe para eliminar la calificación de inundable. Este documento recibió el visto bueno del Gobierno vasco en unos pocos días, a pesar de que la Dirección de Aguas admitió que sólo había podido analizarlo «con premura».
Meses antes, los familiares de la regidora municipal acordaron vender los terrenos a dos promotoras por un importe cercano a los seis millones de euros. Según un auto judicial emitido el pasado mes de julio y que fue adelantado por este periódico, la familia ya ha cobrado unos 2,2 millones por este acuerdo. Quedan pendientes algo más de tres millones, que deberán ser abonados por las constructoras una vez que el terreno esté listo para edificar. El último compromiso firmado por ambas partes establece abril de 2011 como la fecha tope para que se culminen todos los trámites administrativos. En caso contrario, los compradores podrían instar a los allegados de la regidora a que devolviesen las cantidades percibidas.
Ejecución de sentencia
Las modificaciones en el planeamiento local que permitieron el cambio de usos de la zona de Txupetxa formaban parte de las normas subsidiarias, que regulan el desarrollo urbanístico del municipio. Este documento organizativo fue denunciado por la plataforma vecinal Lezama Bizirik ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en junio pasado dictó sentencia dando la razón al colectivo vecinal y anulando las normas. Entre otras razones, porque no cumplía la ley en materia de edificación de viviendas en suelos potencialmente inundables.
El veredicto del TSJPV fue recurrida por el Consistorio ante el Tribunal Supremo. Lezama Bizirik ha solicitado en varias ocasiones la ejecución del fallo judicial, pero sus peticiones no han sido admitidas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La última resolución apuntaba la necesidad de que exista una sentencia firme -que llegará cuando se pronuncie el Supremo- para ejecutar el dictamen del Superior.
Entretanto, el Ayuntamiento ha decidido impulsar un plan especial que permita la edificación de unas 50 viviendas -entre ellas unas doce de precio tasado- en los terrenos de Txupetxa. Esta modificación concreta se encuentra en sus primeras fases y todavía debe superar una serie de trámites administrativos. Los responsables municipales, en todo caso, prevén para 2011 la construcción de estas casas.
* El Correo - 23.03.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com
