LAVOZDESALAMANCA* : Un grupo de vecinos se ha organizado dispuesto a denunciar la obra permitida en los jardines traseros del Hospital Santísima Trinidad de Salamanca. Han formado una plataforma de unos 40 afectados entre vecinos de las calles de alrededores.
Han mandado al Ayuntamiento (Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo) escritos de personación y solicitud de copias del expediente de la obra, el primero enviado el día 31 de marzo de 2009. Hasta la fecha no han tenido respuesta del Ayuntamiento. Este edificio no se ha ajustado en absoluto a lo ya concedido en el proyecto y excede con creces todos los límites permitidos.
Los vecinos también han colgado un vídeo el YouTube mostrando «cómo se destruye el patrimonio de Salamanca construyéndose una aberración de edificio en el jardín totalmente pegado a un hospital histórico del siglo XIX, aniquilando totalmente el jardín y el entorno del hospital y del vecindario».
* La Voz de Salamanca - 24 de abril de 2009
Foto: lavozdesalamanca.com
Vecinos se unen para denunciar un urbanismo atroz
Arnuero: Comienzan los derribos
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : Cantabria asistirá el próximo miércoles a los dos primeros derribos de viviendas en cumplimiento de sentencias judiciales: las fases primera y segunda de la Urbanización El Encinar, en la Playa de la Arena (Arnuero), y el 'Chiringuito de Mingo', en la Playa de Ajo (Bareyo). En Arnuero, los trabajos comenzarán a las 8.30 horas. En Ajo, a las 10.00. Su coincidencia en el tiempo, el próximo día 29, hará de esa fecha una jornada histórica para el urbanismo de la región, y también en lo relativo al cumplimiento de sentencias judiciales.
La demolición de la Urbanización El Encinar no será completa. Afecta a las dos primeras fases de aquella promoción, pero no a la totalidad de ella. En total, se trata de 42 apartamentos, de los 144 que componen el conjunto.
Estas viviendas son precisamente las que no llegaron a concluirse en su momento y, por tanto, las únicas que se encuentran deshabitadas. En su mayoría pertenecen a la empresa constructora (Cenavi), que a partir de la demolición podrá iniciar las acciones judiciales tendentes a reclamar la indemnización económica a la que tiene derecho.
El resto de la urbanización -102 apartamentos- permanecerá en su actual estado, aunque sobre ella también pesa una sentencia de derribo. Sus propietarios vienen exigiendo una solución a través de las demandas planteadas por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a un millar de propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo en Cantabria.
La misma empresa
Los trabajos de demolición se prolongarán por espacio de varios días y comenzarán el miércoles con el vallado de la zona. El hecho de que los bloques afectados no dispongan de servicios básicos como el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico o el cableado telefónico facilitará los trabajos, sin duda, aunque el resto de las viviendas no deben verse afectadas en ese aspecto por los trabajos de desmantelamiento de estos bloques.
Para ello, el Ayuntamiento de Arnuero ha exigido a la empresa la presentación de un plan de seguridad y salud, un compromiso por escrito en el sentido de que el derribo de los inmuebles llevará aparejado el restablecimiento de la legalidad urbanística y un aval económico para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.
Como quiera que Inmobiliaria Arnuero es una filial de Cenavi, se da la circunstancia de que la misma empresa que las construyó, hace un par de décadas, es la encargada de proceder al derribo.
Medidas de seguridad
Ese proceso arrancará a las 8.30 horas del miércoles. Hora y media más tarde, a muy pocos kilómetros de allí, tendrá lugar el derribo del llamado 'Chiringuito de Mingo'.
En principio, la demolición de este inmueble había sido programada para el 24 de noviembre pasado, pero la presencia de un centenar de personas en apoyo de Domingo Herrero Moure, su propietario, forzó a las autoridades locales a posponer los trabajos.
Por ello, la Guardia Civil tiene previsto extremar las medidas de precaución el próximo miércoles, a fin de evitar el acceso de personas al lugar, como ocurrió en el mes de noviembre.
El 'Chiringuito' se construyó en el año 2001 como un negocio de hostelería, aunque Domingo Herrero, su propietario, lo utiliza también como residencia.
* El Diario Montañés - ÍÑIGO FERNÁNDEZ - 25.04.09
Foto: Urbanización El Encinar, en la Playa de la Arena. El derribo comenzará por la zona inacabada. / CELEDONIO, eldiariomontanes.es
Un tribunal anula un PAI de Vall d'Alba con una parcela del alcalde
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ELPAÍS/Castellón* : La intención de someter el programa a la antigua LRAU en lugar de tramitarlo con la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV), algo más estricta, fue el motivo por el que el Ayuntamiento de Vall d'Alba aprobó, sin cumplir los preceptivos plazos, un PAI que ahora ha sido anulado por los tribunales. "Resulta evidente que el acuerdo plenario es contrario a derecho", señala el fallo del juzgado nº2 de lo contencioso administrativo de Castellón, que es recurrible.
El programa anulado es el denominado Nuevo Sector Residencial. Ampliación del Instituto de Secundaria de Vall d'Alba. La decisión del tribunal no sólo implica que el Ayuntamiento habrá de realizar, de nuevo, todos los trámites para su aprobación, sino que la ampliación del instituto se paralizará hasta que el programa se legalice, pese a que el suelo ya había sido cedido a la Generalitat para el desarrollo de ese centro. Además, tal como expuso ayer Fernando Grande, portavoz del PSPV en Vall d'Alba, las arcas públicas habrán de costear, por segunda vez, el proyecto, coste al que habrá que sumar las indemnizaciones que reclamen los vecinos afectados por la expropiación que se llevó a cabo y entre los que se encuentran quienes recurrieron la decisión municipal. Además, Grande recordó que entre las parcelas que surgieron de este PAI, que recalificó suelo, se encuentra una de la que es titular el propio alcalde del municipio y vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Según el registro, Martínez comparte este suelo con un socio, Raúl Babiloni que, tal como añadió el edil socialista, fue quien también adquirió otra parcela que era de titularidad municipal y que salió a subasta pública.
El Ayuntamiento sometió a exposición pública el PAI en diciembre de 2005, dos meses antes de que entrara en vigor la LUV. Durante el mes de enero se recogieron alegaciones, se presentaron proposiciones jurídico-económicas y se presentaron las ofertas pero el Ayuntamiento no cumplió el último plazo que exigía que, a partir del 24 de enero, fecha en la que se abrieron las plicas, se abriera otro período de exposición pública de diez días. De haberlo cumplido, la propuesta no podría haberse aprobado antes del 2 de febrero, cuando ya había entrado en vigor la LUV. El Ayuntamiento aprobó el proyecto justo el día antes de que entrara en vigor la nueva ley. El fallo del tribunal refleja que la normativa señalaba que los procedimientos urbanísticos iniciados podrían acogerse a la LRAU siempre que hubiera concluido el trámite de información pública, cosa que no ocurrió. "El programa debió tramitarse nuevamente conforme a lo que establece la LUV", indica la sentencia.
El PAI se encuentra actualmente totalmente urbanizado después de que, en mayo de 2006 la junta de gobierno adjudicara a Lubasa los trabajos por un importe de cerca de 400.000 euros.
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 25/04/2009
Foto: Vall D'alba (Castellón) - abc.es
La cárcel de Lledoners se hizo con una planificación urbanística ilegal
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LAVANGUARDIA/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat que permitió construir la prisión de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada porque se utilizó un proceso urbanístico ilegal. La Plataforma "Respectem el Pla de Bages", contraria al centro penitenciario, ha hecho pública esta sentencia, que les da la razón, y estudian acusar de prevaricación al Ayuntamiento de Sant Joan y a la Comisión de Urbanismo de Barcelona.
El conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha dicho que la sentencia no cuestiona la idoneidad del emplazamiento del centro. En este aspecto, Nadal ha añadido que "la sentencia debe leerse bien leída", según ha informado el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.
La sección tercera del TSJC estima así el recurso presentado por la citada plataforma y considera nula la resolución del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de febrero de 2005 en que se aprobaba el texto refundido del plan especial urbanístico de esta zona.
La sentencia cuestiona cómo se hizo la tramitación urbanística para la construcción de la prisión. Según el TSJC, un equipamiento de estas características no se puede efectuar a través de un Plan Especial, tal y como se hizo hace cinco años en Sant Joan, o a través de una modificación del POUM.
El Portavoz de la Plataforma, Joan Vilà, ha explicado en rueda de prensa que "la sentencia nos da la razón y, además, anula de pleno derecho el decreto del conseller Nadal que aprobaba el Plan Especial de Sant Joan". Según Vilà, el texto señala que el centro penitenciario se hizo sobre un suelo donde el Ayuntamiento de Sant Joan no tenía determinado construir un equipamiento de estas características. "A día de hoy tenemos un centro penitenciario ilegal en Sant Joan", ha manifestado Joan Vilà.
La Plataforma ha denunciado la impunidad con la que actúan las administraciones, "haciendo y deshaciendo, y a la larga ya vemos lo que pasa. Tenemos un centro penitenciario ya abierto y ahora la Justicia dice que se ha hecho de forma ilegal".
Vilà también ha reprochado al Ayuntamiento de Sant Joan que no modificara hace cinco años el Plan Urbanístico del municipio para construir la prisión con plenas garantías. Además, ahora a la Plataforma le preocupa el futuro de la finca de las Torres, al lado de Lledoners, primera opción para erigir el centro penitenciario, y que al final se descartó.
Joan Vilà ha añadido que están acabando de analizar cómo al Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada, "con un largo bagaje municipal", y a la Comisión de Urbanismo se les pudo escapar este detalle de planeamiento urbanístico de estas características. Esta Plataforma entiende que no se les escapó, sino "que querían ir deprisa. "Ahora valoramos si ha habido prevaricación, y si entendemos que ha habido, actuaremos en consecuencia", dice Joan Vilà.
El abogado de la Plataforma ha explicado que a partir de ahora las dos partes pueden recurrir el texto del TSJC. Como toda sentencia, ha recordado el abogado, se puede ejecutar, y "por lo tanto la prisión podría tener que derribarse. Nosotros no estamos en plan destructivo, nunca lo hemos estado, y siempre hemos buscado la legalidad".
Según el letrado, el objetivo final era demostrar que todo el movimiento anti-prisión de hace cinco años fue fundamentado, y por lo tanto, "moralmente hemos tenido uno reconocimiento al esfuerzo que hicimos", y ha añadido que "no descartamos ejecutar la sentencia e ir hasta las últimas consecuencias".
El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas ha admitido que "el instrumento" utilizado para la aprobación de la construcción del centro penitenciario no ha sido el "adecuado", en alusión al plan especial que autorizaba su construcción, una maniobra que el TSJ ha desaprobado.
En lugar de aprobar un plan especial, Política Territorial debería haber modificado el plan general urbanístico de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) -un proceso más largo en la tramitación- pero que, tras la sentencia, va a iniciar para seguir un procedimiento "adecuado".
No obstante, el departamento ha anunciado que presentará "un recurso de casación" por "discrepar" del criterio de la sala, que considera ilegal el proceso urbanístico.
En la actualidad se está realizando en Sant Joan de Vilatorrada la modificación del POUM, tal y como pide la sentencia, aunque todavía esta en la fase de aprobación inicial.
* La Vanguardia - EFE - 24.04.09
Foto: Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), cárcel Lledoners - abc.es
