CANARIAS7/Santa Cruz de Tenerife* : «Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro, y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable», informaba en 2006 el Ministerio de Economía y Hacienda a la fiscal encargada del caso Las Teresitas.
La fiscal María Farnés Martínez elaboró la querella con la que se inició la investigación penal del caso Las Teresitas tomando como referencia un informe del jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda, Manuel Souto Alonso, que el 22 de noviembre de 2006, un mes antes de que se presentara la querella, advertía «Nos encontramos, a juicio del que suscribe, ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro, y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable».
En un informe de 52 páginas en el que se esboza el relato de hechos que luego plasmaría la fiscal en su querella, Souto Alonso expone que la singularidad de los plazos respecto a la concesión del préstamos a la entonces inexistente Inversiones Las Teresitas S.L. para adquirir 101 parcelas dentro del polígono, amén de las singularidades administrativas –en contra de todas las leyes que podamos aducir– en la tramitación del expediente por parte del excelentísimo Ayuntamiento, llevan a la consideración, por parte de quien suscribe, de que no cabe la menor duda de que ha habido una concertación de intereses para llevar a cabo el proyecto urbanístico al que nos estamos refiriendo».
Cajacanarias
El jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía subraya en sus conclusiones que «son llamativas las actuaciones de CajaCanarias «Y mucho más llamativas las actuaciones municipales tendentes, en los fundamental, a hurtar la competencia a aquellos funcionarios técnicos cualificados que, en el seno de la Corporación, podían hacer valer su voz a lo largo del procedimiento [alude a la arquitecto municipal Pía Oramas, que elaboró una tasación de los terrenos 30 millones por debajo de la que había hecho Tinsa y no fue escuchada].
Souto Alonso se pregunta qué beneficio obtenía el Ayuntamiento al suscribir el convenio [que le llevó a comprar las Teresitas por 52 millones de euros], y, a capitulo seguido, reflexiona: « si se trataba de adquirir los terrenos del frente de la playa, podía haberse ejecutado un simple expediente patrimonial de adquisición».
Apunta que la forma realizada, la adquisición por convenio, «disfraza los enormes beneficios que se otorgan, por medio de recalificaciones, a los particulares interesados. Además», subraya, «si todas las fincas eran de la titularidad de Inversiones Las Teresitas, ningún sentido tiene la comparecencia de los representantes de la Junta de Compensación sino para la obtención de los enormes beneficios resultantes de la recalificación».
Souto sugiere a la fiscal que siga las diligencias «en la forma que estime conveniente» y «sugiere» que cite a declarar a 20 personas. Entre estas se encuentran, además de los a la sazón querelladas, el presidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez y el secretario de la Junta de Compensación de Las Teresitas Mauricio Hayek.
Rechazaron cuatro ofertas a buen precio
Según detalla el informe del Ministerio de Hacienda, en noviembre de 2000 el representante legal de la Junta de Compensación del Polígono Playa de Las Teresitas, Jerónimo Delgado, ofreció al menos en cuatro ocasiones a Miguel Zerolo las parcelas del frente de playa para que fueran adquiridas «por medio de compra o permuta en las condiciones más favorables para las partes», pero el alcalde rechazó todas las ofertas.
* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - Las Palmas de Gran Canaria - 26 enero 2008
Foto: Tenerife, playa Las Teresitas - diariodeavisos.com
«Un pelotazo de los de libro»
Cómo afrontar un PAI y no morir en el intento
LEVANTE/Valencia* : La Asociación 'Abusos Urbanísticos No' recordó ayer al conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, su compromiso de "contar con los colectivos ciudadanos" para reformar las leyes urbanísticas ya que "hasta ahora, sólo se ha reunido con ayuntamientos o promotores e insiste en acelerar la aprobación de PAI pendientes". Los problemas continúan así que ahora preparan un decálogo para afrontar un PAI.
La Asociación ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN) elaborará un decálogo, en colaboración con juristas y expertos urbanistas, para informar a los propietarios afectados por un programa de actuación integrada (PAI) de cómo actuar para evitar que se atropellen sus derechos, según informó ayer su presidente, Enrique Climent. Será una actuación más de esta entidad que insiste en denunciar la "indefensión en que se encuentran los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en lo que a urbanismo y medio ambiente se refiere, a pesar de las desorbitadas declaraciones, claramente oportunistas y manipuladoras de la realidad, de los políticos valencianos en esta campaña electoralista".
Al colectivo que lucha contra los abusos urbanísticos le parecen especialmente preocupantes las declaraciones del actual conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, que ha anunciado la aprobación de 70 PAI antes de que se acabe 2008 para fomentar la construcción de VPO y reactivar la economía.
"La razón de construir VPO es estrictamente social porque persigue facilitar viviendas a economías modestas pero ahora hemos descubierto que la motivación es económica y que la intención del conseller es conseguir que los industriales del ramo no sufran demasiado. Pero nosotros creemos que la VPO tiene una función social y no debe ser una justificación", señalan Enrique Climent y Charles Sbovoda.
Ambos fueron recibidos por García Antón cuando el conseller tomó las riendas del urbanismo, en septiembre de 2007. "Nos manifestó que las circunstancias en el urbanismo valenciano no eran las mismas que en su anterior etapa al frente del urbanismo, que estaba claro que debían hacerse cambios y que para realizarlos contaba con todos los estamentos económicos, sociales y ciudadanos".
Sin embargo, en estos cinco meses las "consultas" y reuniones se han producido con "los ayuntamientos y las asociaciones de promotores, sin que los colectivos sociales y ciudadanos hayan sido incluidos en las consultas" lo que demuestra, según AUN, que se sigue con similares tics de épocas anteriores.
"Por eso, en medio de esta política de grandes fastos y endeudamiento, se debe reaccionar -reivindican-. Si USA no ha podido soportar económicamente un fenómeno idéntico al valenciano, de desarrollo urbanístico insostenible, como consecuencia de la aplicación de la ley eminent domain, que disparó la especulación inmobiliaria e hinchó el globo que les ha llevado por la vía más rápida a la recesión en que se revuelcan, ¿qué hace pensar a nuestros políticos que aquí somos más listos y estamos mejor preparados?", se preguntan los representantes de AUN.
"Nos encontramos con un un patrimonio público valenciano más comprometido por las deudas. Una ciudadanía con su patrimonio privado disminuido en su valor, y con la gravitación que supone una deuda autonómica ruinosa. Unos sectores industriales y agrícolas debilitados por falta de inversiones para su mantenimiento. Un desempleo en cifras que ya teníamos casi olvidadas. Una elite empresarial, la de la urbanización/promoción enriquecida hasta la obscenidad". Por ello, exigen una modificación racional de las leyes urbanísticos y una menor dependencia del ladrillo.
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 26 de enero de 2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
El Gobierno reclama las competencias de urbanismo
ELPAÍS* : "Si el Estado tiene competencias sobre el agua no veo por qué no debe tener competencias en materia de urbanismo", reflexionó ayer en Valencia Marcos Vaquer, director general de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda, "después de todo, el suelo es un recurso limitado, es el bien mueble por excelencia y ni siquiera es reciclable, como el agua".
Vaquer participó en las jornadas sobre Nueva Cultura Urbana organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, las universidades literaria y politécnica de Valencia, y varios colegios profesionales como un foro de reflexión sobre modelos sostenibles de crecimiento urbano.
Vaquer, de formación jurídica, ofreció muy interesantes reflexiones sobre la legislación en materia de urbanismo. "La propia Constitución vincula el urbanismo con el medio ambiente, pero todas las leyes de suelo españolas han puesto el foco sobre aspectos económicos y, por lo tanto, la sombra sobre el medio ambiente", comentó, "la ley de suelo impulsada por el Gobierno socialista es la única elaborada desde un paradigma medioambiental".
También destacó la notable extensión de los instrumentos de planeamiento urbanístico en toda España desde los años de la Transición hasta la actualidad, pero admitió que "no está claro si el planeamiento ha liderado la expansión urbanística o se ha limitado a levantar acta" de hechos irremediables.
Richard Florida, economista y catedrático de Política Pública de la George Mason University, aseguró a media tarde que el futuro de la Comunidad Valenciana dependerá de su capacidad para implantar una "economía creativa, basada en el talento y la innovación", una economía que tiene su primer estímulo en las ciudades.
En su primera conferencia en España, Richard Florida instó a las autoridades municipales a "fomentar la creatividad y promover y el desarrollo del talento" a través de las urbes como "ejes del desarrollo".
"El lugar donde vivimos condiciona nuestra vida", remachó. En un repaso histórico, el experto aludió a la ciudad de Pittsburg (Kansas), que tras el declive de su industria del aluminio acogió el nacimiento de firmas empresas tecnológicas como Lycos. Sin embargo, la incapacidad de las autoridades para retener el talento de los nuevos vecinos provocó la transferencia de sus trabajadores más cualificados a Boston (Massachusetts).
* ELPAIS.com - M. O. - Valencia - 26/01/2008
Foto: Urbanismo nos invade, manifestación 5M Huelva - Ecologistas en Acción
Las promotoras inmobiliarias quieren que el Estado les ayude a alquilar los pisos sin vender
SER* : En poco más de dos meses la Sociedad Pública del Alquiler, la SPA, creada por el ministerio de vivienda, ha recibido de los promotores 6.000 viviendas recientemente construidas para que las ponga en arrendamiento, porque no encuentran comprador. De hecho, la mitad de la viviendas que llegan ahora a la Sociedad del Alquiler son casas de inmobiliarias. Son en general promotores medianos y pequeños.
Las grandes inmobiliarias, agrupadas en el llamado G-14, van más allá: quieren conseguir con el alquiler una salida para volver a recibir créditos de los bancos. Las grandes inmobiliarias de España, negocian un acuerdo con la Sociedad Pública del Alquiler. Esta les alquilaría las casas que no venden y les garantizaría así una renta con la que devolver los créditos que tienen con los bancos y cajas. Su propósito es que las instituciones financieras se sumen a este acuerdo para que vuelvan a prestar dinero a la promotoras.
* Cadena Ser - EMILIO DE LA PEÑA 24-01-2008
Foto: especulación viñeta
