LEVANTE* : Informe Auken. El documento analiza el urbanismo salvaje español, aunque más de la mitad de las reclamaciones son por actuaciones urbanísticas en la Comunitat Valenciana. Es la tercera vez en cinco años que la Eurocámara arremete contra el modelo urbanístico valenciano, aunque ahora ha ido un paso más lejos al condicionar los fondos europeos al fin de los abusos.
El dictamen recuerda que el primer informe de 2004 ya describía con detalles lo que estaba ocurriendo y sus repercusiones. La ponente del informe, la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken, asegura que durante la investigación "algunos políticos y promotores, sentados codo con codo en la misma sala de reuniones como para enfatizar su apoyo umbilical, llegaron incluso a culpar de la situación a la Comisión de Peticiones, afirmando que era responsable de la pérdida de inversiones en la Comunitat Valenciana". Margrete sostiene en el documento que "en el transcurso de la tercera misión en Valencia, que tuvo lugar en 2007, la arrogancia (del Consell) alcanzó su punto álgido cuando se dijo a los miembros de la delegación que las peticiones recibidas eran producto de la imaginación colectiva de la comisión".
El documento se basa en una avalancha de denuncias de afectados por los proyectos urbanísticos desarrollados en los últimos años en Valencia, Alicante y Castelló. El informe detalla 85 reclamaciones de propietarios y de plataformas ecologistas y vecinales de la Comunitat.
El documento recomienda a las autoridades que se declare una moratoria de los planes que no respeten los criterios de sostenibilidad medioambiental y social. Además, recuerda que la Ley Urbanística Valenciana se encuentra recurrida en Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Falta de agua
El informe Auken incide en que la Comisión Europea ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han obtenido un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales. Parte de los 250 proyectos cuestionados se encuentran en la Comunitat Valenciana y el resto en Andalucía, Castilla La Mancha y Murcia.
Uno de los apoyos fundamentales del documento aprobado por la Eurocámara es la posición adoptada por la anterior Síndica de Greuges, Emilia Caballero. "Las conclusiones de la Síndica de Greuges " reflejan "que los derechos de los propietarios se han podido ver afectados, bien por haber sido infravalorados por el agente urbanizador, bien por tener que asumir unas cargas de urbanización impuestas unilateralmente por el mismo y a veces excesivas", recoge el documento.
El informe elogia la actuación del departamento de la Sindicatura de Greuges, "así como a los fiscales más diligentes, quienes recientemente han realizado considerables esfuerzos para restablecer la aplicación de los procedimientos correctos a estos asuntos por parte de algunas de las instituciones afectadas".
El dictamen Auken insiste en que miles de ciudadanos europeos han sido víctimas de un "un sistema de urbanización masiva" que en muchas ocasiones "ha ignorado sus derechos legítimos como propietarios, al tiempo que ha destruido el medio ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas zonas del litoral".
Críticas al Consell
El documento critica que las autoridades valencianas se hayan limitado a defender sus actuaciones "mientras que las víctimas -en referencia a los propietarios de viviendas y suelo- se cuentan por miles" y "la Comisión Europa ha abierto un caso de infracción contra España, directamente relacionado con la urbanización en la Comunitat Valenciana".
El documento concluye recordando el fracaso urbanístico español que se ha visto abocado al "desastre" con la actual crisis financiera y advirtiendo de la "corrupción" generada en los últimos años, aunque no cita casos concretos.
* Levante-EMV - Ramón Ferrando, Valencia - 28.03.09
Foto: examen. Los eurodiputados durante una visita a Parcent en 2007, que dio lugar a uno de los informes sobre los abusos urbanísticos. levante-emv
El urbanismo valenciano en la picota
Garzón imputa a otras diez personas en el 'caso Gürtel' y comienza la intervención de las empresas de la trama
EUROPAPRESS* : El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó hoy a otras diez personas en el denominado 'caso Gürtel', en el que investiga una presunta trama de corrupción que habría concedido "dádivas y sobornos" a autoridades y funcionarios de administraciones del PP en Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Casas Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.
El juez levantó parcialmente el secreto el pasado día 17 para notificar a las partes las nuevas imputaciones, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Una parte de ellos han declarado durante esta semana ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 por su presunta relación con las actividades que investiga el juez, mientras que el resto está previsto que lo haga en los próximos días.
ADMINISTRADORES JUDICIALES
Por otra parte, el juez ha iniciado los trámites para nombrar administradores judiciales en 12 empresas presuntamente vinculadas a la trama de corrupción supuestamente liderada por el empresario Francisco Correa.
El magistrado, que citó hoy a los responsables de estas sociedades, ha comenzado el procedimiento en relación con cuatro de las sociedades investigadas, entre las que se encuentran Good and Better, Easy Concept y Diseño Asimétrico, según explicaron a Europa Press fuentes cercanas a la causa.
Además, en las últimas horas volvieron a comparecer ante el juez otros dos imputados: el ex vicepresidente de Repsol-YPF, Ramón Blanco Balín; y el que fue director genreal de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Tomás Martín Morales.
Con respecto al resto, las diligencias de Garzón se dirigen por el momento a aclarar quiénes son los responsables de estas firmas y si éstas siguen teniendo actividad para llevar a cabo en ellas este mismo procedimiento judicial.
Según las resoluciones dictadas por el juez, el conglomerado del presunto líder de la trama estaría formado por las siguientes empresas: Parque Logístico Montalbo SL, Intermedia Eja Comunicaciones Intergrales SL, Easy Concept Comunicación SL, FCS Formación Comunicación y Servicios SA --actualmente sin actividad-- Orange Market SL, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Pasadena Viajes, Special Events, Osiris Patrimonial SL, Cresva SL, Caroki SL, Proyectos Financieros Fillmores SL, Inversiones Kintamani SL, Hator Consulting SL, Odisea Servicios 2001 SL, Rialgrenn SL, TCM SL, Forever Travel Group SL, Estudios Vesubio SL, Welldone SL y Castaño Corporate SL.
La trama empresarial disponía, además, de una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda.
IMPUTADOS EN LA CAUSA
Con el nuevo auto de Garzón se encuentran imputadas en la causa casi 60 personas, entre los que figuran los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Majadahonda, todos ellos del PP.
El instructor se inhibió el pasado 5 de marzo en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia (TSJCV) y Madrid (TSJM) al encontrar indiciones de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, y los diputados regionales madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.
* Europa Press - 27.03.09
Foto: telecinco.es
Piden 8 años para el alcalde de La Vall de Laguar por falsear documentos
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ELMUNDO* : La Fiscalía de Alicante solicita penas que suman ocho años de prisión para el alcalde de La Vall de Laguar, Juan José Puchol Riera (PSPV-PSOE), por haber falseado un documento público para modificar parcialmente el trazado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su beneficio.
Según la calificación del fiscal, el 5 de octubre de 1995, el regidor, en nombre de la corporación municipal, remitió a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio unos documentos con los que reclamaba determinados cambios en el PGOU que no habían sido aprobados en pleno.
La modificación solicitada por Puchol consistía en eliminar "un vial que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde" en la partida Peña Lisa, y crear "un vial por encima de la vivienda, el garaje y unas naves comerciales propiedad de Juan Lorenzo Puchol Oliver, con quien tenía una enemistad manifiesta", destaca el ministerio público.
El fiscal añade que, en julio de 1998, el regidor "autorizó diversas licencias de obra a sabiendas que no se ajustaban a la normativa vigente", una de ellas en la zona de La Casota, declarada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, durante este tiempo, "impidió de manera sistemática el acceso a la información urbanística" a los concejales del PP, "vulnerando sus derechos a participar en los asuntos públicos".
Por estos hechos, el fiscal pide para el alcalde penas que suman ocho años cárcel, por dos delitos de falsesdad documental. Además, la Fiscalía reclama otros 12 años de inahabilitación, por un delito continuado contra la ordenación urbana, así como una multa de 19.440 euros y su inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El ministerio público también acusa al secretario del Ayuntamiento, José María Verdeguer, ya fallecido, de un delito de falsificación en documento oficial por redactar un certificado en el que, de forma engañosa, manifestaba no tener constancia de un acuerdo adoptado en pleno. El juicio por esta causa comienza el próximo miércoles en la sección Tercera de la Audiencia de Alicante.
* EL Mundo - EFE - 27.03.09
Foto: La Vall de Laguar (Alicante), Campell - wikipedia.org
El juez mantiene las imputaciones a Xoán Gato y al actual alcalde de Narón por el centro comercial Odeón
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LAVOZ/A Coruña* : El juez mantuvo ayer las imputaciones por delito de prevaricación urbanística contra el ex alcalde de Narón Xoán Gato, líder de Terra Galega, y Xosé Manuel Blanco, su sustituto. Ambos declararon ayer ante el instructor de la causa por el caso Odeón, el complejo comercial instalado en la parte naronesa del polígono de A Gándara.
Un informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística deja al descubierto numerosas irregularidades en exceso de volúmenes, ocupación de espacio público y viales más estrechos (estaban previstos de 20 metros y se quedaron solo en 16), o tipologías edificables fuera de las ordenanzas. Señalan como ejemplo que solo en la avenida de Cataluña lo construido sobrepasa en cuatro metros la alineación.
El primero en entrar en la sala a declarar fue Xoán Gato, que permaneció cerca de dos horas. El magistrado Morán Llordén, que instruye la causa, realizó cerca de 35 preguntas. Otras fueron formuladas por la acusación popular, que ejerce un letrado designado por el BNG. El fiscal, para sorpresa de algunos presentes, no estuvo presente, a pesar de que es parte acusadora. El segundo en entrar fue el actual alcalde, que fue más parco en sus respuestas. Ambos estuvieron acompañados por su abogado. Al término, el juez les comunicó que mantenía los cargos en contra de ellos, si bien su letrado resaltó que «no se adoptó medida personal o patrimonial alguna».
Xoán Gato, al filo de la una y media de la tarde -su comparecencia había comenzado a las diez de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol- comentó en una rueda de prensa improvisada en los pasillos de la sede judicial que los permisos y «convenios de urbanización, non urbanísticos» concedidos para el centro comercial y hotel Odeón se habían hecho lo mismo que otros proyectos importantes que llegaban a la alcaldía. Siempre se buscó, dijo, agilidad y encaje en el planeamiento para facilitar inversiones. «Narón non deu ningún trato de favor a Odeón», insistió. Quiso dejar claro también que los proyectos fueron aprobados con los informes técnicos y legales favorables, «incluso con asesoría externa ao concello».
Cargó reiteradamente contra los denunciantes. En primer lugar un vecino, que fue condenado por amenazas reiteradas al alcalde porque no clausuraba un taller al que los tribunales ordenaron cerrar por el ruido. Este vecino, que vive al lado de la empresa ruidosa, tuvo una orden de alejamiento del regidor.
Intención política
En segundo lugar, contra el BNG, porque, dijo, sus ediles, que compartieron en algún momento gobierno con él, aprobaron en todos los trámites administrativos realizados (comisión informativa, comisión de gobierno y pleno) los proyectos de Odeón. Por eso vio intencionalidad política en la acción penal. Incluso en el ritmo de la tramitación porque los informes técnicos de la Xunta se fueron conociendo «sempre», insistió, al socaire del calendario político.
«Temos a conciencia tranquila», resumió. Por su parte, Xosé Manuel Blanco, al ser preguntado, respondió que se remitía a las palabras de su predecesor en el cargo y que no tenía «máis que dicir».
* La Voz de Galicia - F.?V. - 28/3/2009
Foto: Narón (A Coruña) - wikipedia.org
