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ELPAÍS* : La investigación judicial para esclarecer una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante) va más allá de una "mera contrata de basuras", señalaron ayer fuentes del caso. Las diligencias judiciales se extienden a otras dos supuestas actividades ilícitas de relevancia: presunta financiación irregular de partidos políticos en la comarca y blanqueo de dinero, según las mismas fuentes.
La investigación considera clave en el apartado del blanqueo de dinero la participación de uno de los arrestados en la operación del martes, en concreto, del empresario de compraventa de vehículos Rafael Gregori. Este empresario, además, posee un concesionario de vehículos pesados, entre ellos camiones utilizados para la recogida de basuras. Gregori, que a su vez es presidente de la Fundación del Hércules, fue arrestado por una presunta estafa de más de siete millones de euros a una financiera. El caso se sigue investigando en los juzgados.
La implicación de los detenidos en operaciones vinculadas con blanqueo de capitales se deduce de una de las constantes de los interrogatorios a los que fueron sometidos en las dependencias de la Comisaría de Alicante los 11 detenidos el martes. En todos los casos, la policía repitió tres cuestiones de un cuestionario que apenas superó la decena de preguntas: ¿tiene dinero en paraísos fiscales?, ¿cuánto gana? y ¿ha ofrecido dinero a cambio de algún favor?
Estas dos ramas colaterales de la investigación para destapar la supuesta trama corrupta completan el eje central de la investigación: la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal número XVII, que corresponde a la Vega Baja, contrato dependiente directamente de la Diputación de Alicante, que presidía y sigue presidiendo el popular José Joaquín Ripoll. Esta investigación por la contrata de basuras comenzó en marzo de 2007 y arrojó los primeros arrestos una semana después de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año. En esa fecha y por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, los agentes arrestaron a Ángel Fenoll, industrial afín al PP y a su cúpula empresarial. En total, seis personas.
Al trascender a la opinión pública la posible vinculación de esta contrata con la operación judicial en curso, Ripoll paralizó el concurso. En enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó la contrata a una UTE integrada por Cespa y el grupo Ortiz e Hijos, del contratista Enrique Ortiz. El contrato era por 20 años y estaba valorado en unos 250 millones de euros.
La planta dará servicio a 27 municipios de la comarca. Inicialmente, la adjudicación preveía que la planta se ubicaría en la planta denominada Lo Cartagena, ubicada en el término de la pedanía de Orihuela de Torremendo. Sin embargo, unos meses después, el adjudicatario cambia este emplazamiento por el de la finca aledaña denominada La Pistola. Este terreno es propiedad de Fenoll.
El supuesto trato de favor en la adjudicación de esta contrata está recogido en uno de los centenares de grabaciones que la policía incautó al industrial Fenoll en su domicilio y sede de sus empresas durante los registros efectuados con motivo de los arrestos de 2007. La investigación judicial se completó con nuevas pruebas incluidas en grabaciones telefónicas.
* El País - 8.0.10
Foto: Finca Lo Cartagena, lugar donde iba a estar en principio ubicada la planta.- elpais.com
La trama de Alicante no es solo basura, según la investigación
El TSXG tumba el urbanismo por «silencio administrativo» del alcalde de Viveiro
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ABC/Lugo* : Revés judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel. La Sala de lo Contencioso Administrativo sentenció el pasado 31 de mayo que es ilegal la concesión de licencias urbanísticas mediante el trámite del silencio administrativo cuando éstas vayan de forma flagrante en contra del ordenamiento jurídico, tumbando así la concedida por el concello lucense en el año 2006 para la construcción en la parroquia de Covas de un edificio de cinco plantas y 200 viviendas.
La sentencia firme del TSXG ratifica así el fallo en primera instancia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lugo con fecha de 10 de diciembre de 2008 —del que ya informó este periódico en febrero del pasado año—, y además impone de forma expresa al ayuntamiento que preside Roel el pago de las costas procesales, una nada despreciable factura que alcanza los 1,3 millones de euros entre los gastos de la defensa y los de la parte demandante, el ex alcalde viveirense, César Aja.
En diciembre de 2006, la Junta de Gobierno local otorgó la citada licencia a pesar de que tenía suspendidas temporalmente las competencias urbanísticas por la Xunta, la constructora no había aportado el estudio de seguridad y el proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones que exige la ley, y existía un informe negativo vinculante de la Consellería de Cultura por tratarse de un entorno protegido por la Comisión de Patrimonio. Pese a todas estas circunstancias, el Concello de Viveiro concede la autorización urbanística basándose en el silencio administrativo, sin informe jurídico que lo avale.
El Tribunal Superior recuerda que la Ley 9/2002 de la Xunta vigente en aquel momento ya estipulaba que «las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y planeamiento urbanísticos», al tiempo que «en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo en contra»
de las leyes, una posición sostenida además en su jurisprudencia por el Supremo.
Así, la Sala de lo Contencioso afirma que «resulta palmaria la imposibilidad de entender otorgada por silencio administrativo contra legemla licencia». Además, entiende que «parece plausible la remisión de testimonio de las presentes actuaciones contenciosas» a la Fiscalía, «habida cuenta de la eventual comisión» de un posible delito contra la ordenación del territorio por parte tanto del arquitecto que informó favorablemente de la concesión de la licencia pese a contravenir la normativa como de quienes finalmente la autorizaron «a sabiendas de su injusticia».
Proceso penal
El Ministerio Público ya se adhirió a la investigación judicial que el Juzgado de Instrucción de Viveiro realiza sobre esta misma licencia y otras diez concedidas por el mismo procedimiento administrativo—que permitían la construcción de 678 viviendas y un hotel en esta villa lucense—, sobre los que la Policía Judicial emitió res informes subrayando su presunta ilegalidad, como desveló ABC el pasado 2 de mayo.
Las once licencias concedidas —nueve en construcción, una finalizada y la de Covas, paralizada— tienen en común los informes en contra —entre otros— de los técnicos municipales de urbanismo, que según queda de relieve en las diligencias judiciales fueron ignorados por la Junta de Gobierno que preside Melchor oel «para aprobarlas a través del silencio administrativo». En el caso de las 200 viviendas de la parroquia de Covas, las diligencias judiciales recogen documentos periciales de la Policía Judicial en los que se le imputaban al alcalde socialista y su Junta de Gobierno la presunta comisión de cuatro delitos de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico.
Otro de los casos ás representativos corresponde a la promoción de 154 viviendas «Primeira Calidade», actualmente en construcción en una
parcela de suelo urbano no consolidado en la que según «reiterados informes emitidos por el ingeniero municipal» no se puede edificar por carecer de la condición de solar al no haberse realizado obras de urbanización en el entorno.
En un informe fechado el 5 de febrero de 2009, la Policía Judicial recoge cómo el ingeniero aconsejó al alcalde en julio de 2006 consultar a la Xunta la calificación urbanística de la parcela. Roel, sin embargo, optó seis meses más tarde por pagar una asesoría técnica a un arquitecto externo, Manuel Cortón, para que le justificas «la viabilidad de la construcción». Los instructores no sólo creen «que la licencia no se podía conceder por no reunir los requisitos» que marca la ley y entienden que Roel y su Junta de Gobierno pudieran haber incurrido en un hipotético delito de prevaricación, sino que atribuyen a Cortón un supuesto delito de falsedad documental por elaborar un informe carente de fundamento legal y faltando a la verdad».
Sin embargo, la causa contra Roel sigue sin concretarse de momento, ya que tres años después de la apertura de diligencias previas, la juez instructora del caso no ha formulado todavía escrito de acusación, mientras acumula sobre la mesa informes de la Policía Judicial que ponen de manifiesto las cuestionables prácticas urbanísticas en el concello de Viveiro.
* ABC - 8.07.10
Foto: Viveiro (Lugo), edificio ilegal 200 viviendas - abc.es
Los desfases urbanísticos en Lanzarote amenazan su estatus de Reserva de la Biosfera
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ELPAÍS* : Lanzarote podría salir de la Red de Reservas de la Biosfera por no comunicar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), responsable de su coordinación a nivel internacional, los recientes casos de uso de fondos europeos en el desarrollo de hoteles cuya construcción incumple la normativa urbanística, según informa hoy el periódico Financial Times. EL PAÍS ya publicó hace dos años sendos artículos de Rafael Méndez en los que se revelaban los desmanes urbanísticos del sector hotelero en la isla durante más de una década y que, tras una sentencia que confirmaba las irregularidades del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2008, Bruselas reclamó a España la devolución del dinero.
Lanzarote fue reconocida como Reserva de la Biosfera en 1993 e incluida como tal en la red de la Unesco, que revisa el grado de cumplimiento de los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de estas áreas cada 10 años. La condición de reserva designa aquellas áreas con una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. En España actualmente hay 26, y más de 450 en todo el mundo. La pertenencia a la red permite acceder a las fuentes de financiación que recaba la Unesco para su consolidación y desarrollo. Su gestión y protección, sin embargo, recae sobre los propios Estados, que son los únicos capaces de revocar su condición de espacio medioambientalmente sensible.
Según recuerda hoy el FT, "grandes hoteles de la isla, algunos de los cuales utilizan el reclamo de Reserva de la Biosfera para publicitarse, se beneficiaron de 23,6 millones de fondos de la UE destinados a mejorar el empleo en la zona". Algo relevante si se tiene en cuenta que Canarias, con una tasa de paro del 30,1%, es la comunidad con un mayor nivel de desempleo de toda España. No obstante, añade el periódico, este dinero se destinó a "impulsar un boom inmobiliario en una zona medioambientalmente sensible".
Numerosos delitos urbanísticos
A favor de este argumento, el periódico británico reitera que "más de 30 políticos y empresarios de Lanzarote han sido arrestados por su implicación en delitos urbanísticos". Además, también saca a colación que el Cabildo de la isla denunció que 22 establecimientos hoteleros, de los que ocho recibieron en su día fondos europeos, incumplieron el plan de ordenación de la isla diseñado para "preservar la biosfera", según el propio Gobierno insular. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un carrusel de sentencias en las que anulaba los preceptos por los que fueron autorizados por parte de las autoridades locales de los municipios de Yaiza y Teguise.
Y de ahí al quid de la cuestión. Los estatutos de la Unesco obligan a los Gobiernos de las regiones y países en los que están ubicadas estas áreas de especial necesidad de protección a informar de cualquier circunstancia que afecte a su condición de Reserva de la Biosfera. Pero en el caso de Lanzarote, según Meriem Bouamrane, directiva del organismo dependiente de la ONU contactada por el 'FT', no se les comunicó este extremo. "El turismo de masas no era lo que desarrollaban, sino un turismo que era más sostenible con el medio ambiente y natural", afirma Bouamrane. Algo incompatible con la presencia de hoteles urbanísticamente irregulares que se beneficiaron de subvenciones para zonas deprimidas.
Respuesta del Cabildo
"Estamos en contacto con las autoridades españolas acerca de esta situación. Si los promotores no están respetando las necesidades locales e impactando en el medio ambiente, el título puede ser revocado", ha trasladado Bouamrane al diario. Sin embargo, tanto desde el Cabildo de Lanzarote como desde la Oficina de Reserva de la Biosfera de la isla han asegurado a EL PAÍS que desde la Unesco no se han puesto en contacto con ellos para informarles de la supuesta revisión. Además, el Gobierno insular ha querido destacar que ningún hotel a los que se alude en el texto se construyó en suelo rústico, sino en clasificado como turístico.
En caso de confirmarse, no sería la primera vez que la UNESCO amenaza con desposeer a una región española de alguno de sus distintivos. El más reciente es el del Sevilla, que ha visto como el organismo ponía en duda su condición de ciudad Patrimonio Mundial hasta no aclarar el impacto de la Torre Pelli, un rascacielos de 178 metros de altura, sobre la catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Estos tres monumentos fueron los que permitieron que la capital andaluza entrara en la lista del Patrimonio Mundial.
* EL País - 7.07.10
Foto: El hotel Meliá Volcán, en Yaiza (Lanzarote), cuya licencia ha sido anulada por el Tribunal Superior de Canarias- elpais.com
Oviedo.- La Unión Europea estudiará si el párking bajo Uría es ilegal
LAVOZDEASTURIAS* : La Unión Europea analizará si el convenio firmado por el ayuntamiento y la empresa Comamsa que permitirá el párking bajo Uría para saldar la deuda municipal derivada de la expropiación de Villa Magdalena es ilegal. La UE acaba de admitir a trámite la denuncia interpuesta por Asciz, al igual que ya hizo con la de IU. Ayer, Asciz solicitó a la UE que la sesión sea pública y pueda intervenir algún representante de los ciudadanos.
TARTIERE La Comisión de Urbanismo también dio vía libre ayer a la apertura de una sala de conciertos en los bajos del Carlos Tartiere. El concejal Alberto Mortera explicó que el aforo de la sala será de 1.000 personas y que el lugar para su ubicación es el adecuado por estar "aislado de la zona residencial y encastrado en el estadio, con muros de hormigón de metro y medio". En cambio, el socialista Alfredo Carreño, criticó la iniciativa al entender que abre la puerta a "la instalación de discotecas en edificios dotacionales, como el auditorio o el Calatrava".
CATALOGO URBANISTICO La recreación de un edificio en la Plaza del Paraguas constituyó otro de los asuntos más controvertidos de la sesión de ayer. Asciz comparó este hecho, que afecta a una construcción catalogada, con la fórmula que el equipo de gobierno planteó para El Fontán: "destruyamos primero y construyamos después". "Eso no es rehabilitar", indicó. Roberto Sánchez Ramos recordó que en Oviedo "hay 844 edificios para hacer una recatalogación, 204 de ellos en el Oviedo redondo".
Alfredo Carreño, por su parte, reiteró la necesidad de que se modifique el Catálogo urbanístico y de poner en marcha una especie de ITV para los inmuebles. "El ayuntamiento no puede tirar un edificio por no permitir la habitabilidad; de actuar así no habría ciudades de más de 50 años"
LA TENDERINA La Comisión también aprobó que Sogepsa desarrolle Mercadín Este-Peñeo, donde se levantarán 1.700 viviendas.
* La Voz de Asturias - 8.07.10
Foto: Oviedo, calle Uría - laregioninternacional.com
Dimite el edil de Urbanismo de Mogán, imputado en el "caso Góndola"
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CANARIAS7/Gran Canaria* : El edil de Urbanismo, Seguridad y Limpieza del Ayuntamiento de Mogán, Silverio Hernández, (PP), imputado en el "caso Góndola", ha dimitido por "cuestiones personales" y por el "cansancio" y el "estrés" que le han ocasionado los "años que lleva en el gobierno" de este municipio grancanario. Así lo aseguró hoy a Efe Hernández, quien informó de que entregó su acta de concejal a las 12.00 horas de ayer y que durante esta mañana ha estado reunido con el alcalde, Francisco González, a quien ha manifestado que su renuncia "es irrevocable".
Silverio Hernández ha asegurado que su dimisión no está relacionada con su imputación en el "caso Góndola", relacionado con supuestas irregularidades urbanísticas, y ha informado de que su sucesor será Eduardo Gabriel Marrero, propietario de una licencia de auto-taxi.
El hasta ahora concejal de Urbanismo de Mogán informó de que volverá a trabajar en la fábrica de cemento del barrio de El Pajar, donde permanecía en situación de excedencia, y rechazó también que su dimisión se relacione con la suspensión del Plan General del municipio por parte del Gobierno canario.
Agregó que seguirá siendo miembro del PP en Mogán y manifestó que mantiene buenas relaciones con el resto de compañeros de la Corporación, en la que el grupo de gobierno lo conforma el PP y donde descartó que se vayan a producir más dimisiones, tal y como se ha especulado en el municipio, ya que en él "no hay fisuras", dijo.
* Canarias 7 - EFE - 8.07.10
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
Un partido desbordado por la corrupción
ELPAÍS* : Los populares valencianos sufrieron ayer una nueva réplica del seísmo de la corrupción. Con las estructuras ya debilitadas por el caso Fabra y los sucesivos escándalos del caso Gürtel, la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, acabó por deprimir el precario estado de ánimo de la militancia popular. La principal preocupación del PP fue la de intentar mantener la imagen de unidad del partido por encima de reproches y enfrentamientos internos.
Y ello, pese a que algunos cargos campistas no pudieron reprimirse a lo largo de la jornada y llegaron a solicitar, en privado, medidas disciplinarias contra su principal enemigo, el zaplanista José Joaquín Ripoll.
Fuentes del PP indicaron que el propio presidente de la Generalitat se esforzó por mantener la imagen de unidad y evitar declaraciones altisonantes. Las mismas fuentes indicaron que Camps argumentó en privado que lo sucedido con Ripoll demuestra que se trata de una causa general contra el PP.
En ese contexto, el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, criticó a última hora de ayer "la acción propagandística" desarrollada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Da la sensación de que, más que ante una operación de la policía, estamos ante una acción propagandística de Rubalcaba", dijo González Pons. El dirigente popular indicó que al ministro "le ha salido el tiro por la culata porque ha intentado que el PP se pase la semana previa al debate sobre el Estado de la nación dando explicaciones sobre la Diputación de Alicante y al final se pasará la semana explicando cómo se hace un despliegue policial tan exagerado para nada".
Para sustentar la teoría de la conspiración, González Pons recurrió a un comunicado de la propia Diputación de Alicante que anoche aseguraba, en contra de las evidencias, que Ripoll había sido puesto en libertad sin cargos por el juez.
En ese contexto, la prioridad de los populares, que hoy analizarán el impacto de la detención en la opinión pública, es evitar que las discrepancias sobre la situación interna del partido empiecen a aflorar en público. El presidente de la Generalitat no tiene hoy agenda pública prevista y personas de su confianza, como el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, y el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, anularon sus actos previstos para hoy, presumiblemente con la intención de evaluar los daños y reconducir su estrategia. Especialmente en la provincia de Alicante, donde el PP está fracturado entre zaplanistas y campistas. Sin embargo, la situación judicial de los principales dirigentes del PP valenciano no deja mucho espacio para tomar aire. Los populares están pendientes de los recursos interpuestos contra el auto del magistrado Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Madrid, que ha decidido inhibirse en favor del TSJCV en la mayor parte del caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana. Un auto que puede traducirse en la imputación por varios supuestos delitos, como financiación irregular o delito electoral, de nuevos aforados del PP.
Además, Presidencia de la Generalitat está muy pendiente de la imputación por cohecho pasivo impropio que instruye el juez José Flors del Superior de Valencia contra el propio Camps, el ex secretario regional del PP Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos.
En Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, se enfrenta a la imputación por tres delitos, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, que están a punto de sentarle en el banquillo frente a un tribunal de jurado. De momento, el titular del juzgado número 1 de Nules ha rechazado todos los intentos de Fabra de archivar la causa y el juez mantiene que hay indicios suficientes de su mediación ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de agilizar las licencias de los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, que fue quien le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Carlos Fabra, probablemente, se sentará también en el banquillo, acusado de cinco fraudes fiscales. En Castellón, el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón también está imputado, Vicent Aparici, para el que la fiscalía pide siete años de cárcel por un presunto delito de prevaricación medioambiental.
Y por si fuera poco, la detención de Ripoll acabó por salpicar el reducto zaplanista que parecía ajeno a la corrupción.
* El País - JOAQUÍN FERRANDIS / MARÍA FABRA - Valencia / Castellón - 07/07/2010
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elmundo.es
Vergüenza nacional
F. P. PUCHE/Valencia* : Doscientos sesenta y cuatro a doscientos. No es, ni pretende serlo, un avance del resultado del partido de esta tarde. Hablamos de algo más serio y desmesuradamente más vergonzoso. Se trata del número de causas judiciales abiertas, por presunta corrupción, contra políticos de los dos principales partidos españoles. Y aunque todos los que tocan poder cuecen habas, el PSOE lleva sobre sus hombros el dudoso honor de ganarle al PP por ese deshonroso tanteo: 264 a 200. Las cifras las dio el fiscal jefe del Estado, Cándido Conde-Pumpido y lo único que hay que advertir sobre su calidad es que se facilitaron en noviembre de 2009, fecha del último balance. Quiero decir que las 730 causas abiertas, los 800 imputados que se registran en ayuntamientos, diputaciones y autonomías de toda España, es seguro que han crecido, tanto en calidad como en cantidad, en los últimos meses. El propio fiscal jefe anunció, para despejar dudas, que en la cifra que facilitaba se incluían 136 diligencias de investigación. Que son como pimientos de Padrón, que unos pican y otros non...
Viene todo esto a cuento, desde luego, de las tristísimas noticias que llegan desde Alicante. En efecto, era lo que nos faltaba para completar un mapa regional salpicado de casos en las tres provincias, de norte a sur. Mientras las televisiones repiten con fruición las imágenes de esos furgones policiales que anuncian registros, un rosario de hechos previsibles nos aguardan: incautación de ordenadores, concejales de Urbanismo señalados, promotores inmobiliarios interrogados. En este caso, incluso se señala al presidente de la Diputación, lo que hace más grave la mancha de dudas, careos, agujeros, sospechas y demanda de explicaciones políticas que nos aguardan.
No es para describir cómo la buena fe de los electores, en este tiempo de amarguras económicas, naufraga día tras día. Aunque el señor Conde Pumpido dijera en noviembre una gran verdad -los imputados no son ni el 1 % de los que disfrutan un cargo público- tendremos que coincidir en que estamos ante un capítulo que produce asco. Y que es urgentísimo que la regeneración pública que España necesita empiece por donde más huele: por las competencias urbanísticas y los modelos de gestión del suelo.
* Las Provincias - Opinión - 7.07.10
