LAVOZDEGALICIA* : La corporación viguesa aprueba hoy por segunda vez con carácter provisional, y por tercera si se tiene en cuenta el visto bueno inicial, el Plan Xeral de Urbanismo. De la magnitud que rodea todo el entramado del documento da una idea el hecho de que lleve siete años en trámite. En ese tiempo todos los grupos políticos han cambiado de opinión. Por si esto fuera poco, la Federación de Vecinos, satisfecha en su día con el plan, en este momento no solo no quiere saber nada, sino que convoca una protesta para hoy a las puertas del Concello y a la misma hora de la celebración del pleno, previsto para las 9.00 horas.
El PSOE, que antes se negaba a su aprobación por el exceso de edificabilidad, ahora se alza en abanderado. El BNG, que en su día dio el visto bueno a un documento con la mitad de vivienda protegida, en la actualidad acepta el 43%, y el PP, antes a favor, ahora se opone en rotundo, al igual que los promotores.
Pretensiones
El nuevo Plan Xeral pretende sustituir al de 1993, todavía en vigor. Se trata de un planeamiento que nació gafado pese a las expectativas iniciales: fue aprobado por unanimidad política y en medio de un gran consenso social. Pese a ello no habían transcurrido dos años cuando el siguiente gobierno municipal, del PP, se planteó su sustitución.
Abortada esta iniciativa, debido a los problemas internos de los populares más que a la oposición de socialistas y nacionalistas, la llegada a la alcaldía de Lois Castrillo (BNG) supuso la puesta en marcha del proceso de renovación urbanística de la ciudad. Castrillo, que lideraba una coalición paritaria con el PSOE (8 a 7), llegó a un acuerdo con el entonces conselleiro popular de Política Territorial, Xosé Cuíña, para ir de la mano en su elaboración y pactando con el PP y con el PSOE en el gobierno.
Consultora Galega logró un contrato sin oposición para elaborar el documento al ser excluida la otra candidatura. En el 2002 presentó el avance y fue respaldado sin discusiones. A partir de entonces empezó el verdadero proceso de elaboración con la redacción del documento para la aprobación inicial. Quedó listo en la primavera del año siguiente, pero el BNG decidió guardarlo en un cajón con el argumento de que así no se metería el tema en las municipales de mayo del 2003.
Empieza la polémica
Con lo que no contaban los nacionalistas era con un resultado electoral que colocó al socialista Pérez Mariño en la alcaldía y a ellos de socios en un gobierno de coalición. El nuevo alcalde y su equipo se sorprendieron al conocer un Plan Xeral con elevadas edificabilidades y que sembraba de torres gran parte del centro y del litoral de la ciudad.
El desacuerdo entre PSOE y BNG fue total, hasta el punto de que en diciembre el PP logró la alcaldía tras provocar los nacionalistas la dimisión de Mariño. Empezó entonces la etapa más reciente, en la que el PP, con el respaldo de los nacionalistas, intentó aprobar el nuevo Plan Xeral. La existencia de una fuerte contestación, el rechazo del PSOE y la presentación de 61.000 alegaciones en la exposición pública frenaron el proceso.
El PP perdió la Xunta y el PSOE se hizo con la Consellería de Política Territorial, que debía dar el informe favorable para su entrada en vigor. Ese informe no se produjo pese a que PP y BNG aprobaron el nuevo plan. Meses después llegaba Caballero a la alcaldía y, tras duplicar el suelo de vivienda protegida, pretende sacarlo adelante. Ahora, sin embargo, la contestación es todavía mayor.
* La Voz de Galicia - Juanma Fuentes - 29/12/2007
Foto: Vigo, vista monte del Castro - farodevigo.es
Vigo aprueba hoy por segunda vez un Plan Xeral que divide la ciudad
Guateque: Otros dos empresarios en busca y captura
MADRIDIARIO* : El juez Santiago Torres ha dictado órdenes de búsqueda y captura para dos empresarios relacionados con la Operación Guateque, que investiga una presunta trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, y mantiene en los calabozos de Plaza de Castilla a los cinco detenidos en la segunda fase, después de tomarles declaración este viernes, informaron fuentes de la investigación.
Asimismo, dichas fuentes afirmaron que la Guardia Civil está a la espera de detener en los próximos días a otro funcionario que se encuentra actualmente de vacaciones, "a la espera de que se reintegre a su puesto de trabajo, ya que no existe riesgo de fuga".
Torres tuvo ocasión este sábado de interrogar a los detenidos en la segunda fase de la Operación --que aún no ha terminado a la espera de efectuar nuevas detenciones y registros-- con la intención de emitir auto de prisión contra todos ellos.
Mientras tanto, entre los abogados defensores de los 24 imputados por este caso comienza a cundir la preocupación respecto al tiempo transcurrido. "El juez dijo en el auto de prisión que tan pronto terminase las diligencias podrían salir de prisión bajo fianza, pero estas diligencias parece que no van a terminar nunca", subraya uno de ellos.
En este sentido, también se impacientan los encarcelados, sobre todo a la luz de que todo ellos (menos Carmen Eulalia Ibáñez que salió bajo fianza en Nochebuena) están pasado las Navidades en prisión. Es el caso de Joaquín Fernández de Castro, en la cárcel de Alcalá Meco desde noviembre y que hoy envió un escrito a la Cadena Ser en el que amenaza con 'tirar de la manta' y culpa directamente a su superior, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos.
La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial desde abril, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, así como en las agendas de los imputados y la documentación incautada en los registros.
En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Victoriano Ceballos, el cargo más alto de los funcionarios encarcelados, era una de las personas objeto de las escuchas. A pesar del tamaño de la investigación, con centenares de denuncias, el Juzgado número 32 sigue a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le designe otros cuatro funcionarios solicitados por Torres para asumir el volumen de trabajo que supone la investigación.
* Madridiario - 29-12-2007 - MDO / E.P
Foto: Gustavo San Miguel - MDO
El triunfo de la especulación
JUAN CLAVERO SALVADOR* : Acabamos de celebrar el vigésimo noveno aniversario de la Constitución, texto que algunos leen sólo parcialmente a tenor de cómo van las cosas. El art. 47 prescribe que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Existe un mandato constitucional para que las administraciones garanticen el interés general en la ordenación del territorio e impidan la especulación; o sea, todo lo contrario de lo que han venido haciendo los Ayuntamientos con la complacencia de la Junta de Andalucía.
No hay que olvidar que la Junta tiene las competencias exclusivas en la ordenación del territorio desde hace casi un cuarto de siglo; sin embargo, hasta el año pasado no aprobó el primer Plan de Ordenación del Territorio (POTA), plan que incluía algunas tímidas medidas para dar cierta mesura al urbanismo desbocado que campea por toda Andalucía. Hace un año escribí en estas mismas páginas un artículo pidiendo que no se permitiera ninguna "flexibilidad" ante la especulación y la corrupción urbanística. Pero en solo un año los constructores, promotores urbanísticos y la FAM -el lobby de los alcaldes que han actuado como voceros de estos empresarios-, han conseguido la promesa del mismísimo presidente de la Junta de que no se aplicará el POTA en los municipios menores de 10.0000 habitantes -que suponen el 81% de los 770 municipios andaluces-, y que en el resto se aplicarán medidas de "flexibilidad" para hacer inocuo los límites a los crecimientos urbanísticos fijados por el POTA. No deja de ser un insulto a los ciudadanos y al Parlamento andaluz que se anuncie y se firme el compromiso de incumplir una norma aprobada por el mismo Parlamento. No se anuncia su modificación -que ya sería grave, por responder tan solo a los intereses de constructores y promotores- sino, simplemente, que no se cumplirá.
El POTA fija unos objetivos y normas que, sin ser la panacea, pretende imponer un poco de racionalidad a la desmesura que impera en el urbanismo andaluz. El POTA pretende que se mantenga el modelo compacto de la ciudad histórica mediterránea, rompiendo la tendencia a nuevos crecimientos exógenos de tipo anglosajón con campos de golf incluido, garantizando unos mínimos principios de sostenibilidad con la reducción del consumo de recursos naturales (agua, energía, suelo…). Pero la causa de la oposición de sectores económicos y municipales al POTA ha sido la inclusión de límites al crecimiento urbanístico. El POTA prescribe que no se admitirán crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% ni la construcción de viviendas para crecimientos de población superiores al 30% en ocho años. Con estos límites se garantiza suelo más que suficiente para construir las viviendas que demandan los ciudadanos y para los usos productivos necesarios. ¿Qué pretenden los opositores al POTA? Sencillamente seguir disponiendo de manos libres para recalificar suelo y revalorizarlo, con plusvalías de miles de millones de euros, y seguir imponiendo la planificación territorial a golpe de convenio urbanístico y talonario. Quitar esos límites es una concesión inadmisible a los especuladores urbanísticos, un desprecio al Parlamento y un incumplimiento flagrante del mandato constitucional.
El POTA prescribe también que los PGOU atenderán a parámetros objetivos (demográficos, parque de viviendas…), en base a la tendencia seguida en los últimos diez años. Teniendo en cuenta que en la última década el incremento de la población en Andalucía ha sido inferior al 1% anual, es bastante inviable que en un PGOU se puedan justificar incluso la construcción de viviendas para ese hipotético e inalcanzable 30% de incremento de habitantes.
El Pacto por la Vivienda que ha suscrito la Junta con las entidades empresariales y financieras -con la cohorte habitual- tiene como única finalidad dar oxígeno a un sector de la construcción en crisis, facilitando las recalificaciones de suelo y favoreciendo con dinero público la construcción de viviendas de venta libre que en la actual coyuntura de mercado nunca se construirían. De las 700.000 viviendas previstas, menos de la mitad serán protegidas y, además, a precios difícilmente asumibles por buena parte de los ciudadanos, sobre todo por los más jóvenes. La Junta está perdiendo una ocasión de oro para demostrar que apuesta por un urbanismo donde primen los intereses generales de los ciudadanos y no los de un pequeño grupo de especuladores.
* Málaga Hoy - Opinión - 28.12.2007
