EditorialFAROdeVIGO : "La drástica transformación de algunos municipios de la costa gallega con un crecimiento urbanístico galopante, desproporcionado y carente de infraestructuras básicas, obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro del territorio que dejaremos en herencia a futuras generaciones. Los planes del litoral, impulsados desde la Xunta, van en la buena dirección y deben agilizarse lo máximo posible para aportar seguridad jurídica y causar el menor daño a la economía. Ordenar el territorio, evitar su degradación y compromoterse con las leyes son principios aceptables y necesarios para un desarrollo sostenible.
La operación judicial contra una presunta trama de corrupción urbanística en Gondomar ha puesto en entredicho la gestión pública en este municipio, gobernado por el Partido Popular, y evidencia que el Estado de Derecho cumple con su obligación de poner coto a las prácticas delictivas de aquellos cargos públicos que eligen el camino de enriquecerse ilícitamente en el poder. Las detenciones ordenadas por la juez y la posterior puesta en libertad provisional con cargos del concejal responsable del área, del portavoz del gobierno, de la pareja de éste último y de un arquitecto, todos ellos acusados de cohecho -cobro de comisiones ilegales a cambio de favores-, no sólo salpican a los imputados sino también al alcalde, Carlos Silva, como responsable político de velar por la integridad y el cumplimiento de la legalidad en todas las actuaciones de su gobierno. El regidor pasó en unas horas de avalar la gestión pública de los acusados a destituirles, horas después de que la dirección de su partido anunciase que les suspendería de militancia.
El escándalo urbanístico en Gondomar, municipio enclavado en el Val Miñor -una de las zonas turísticas emblemáticas de Galicia y por ende con un vigoroso desarrollo de la construcción en los últimos años- viene además precedido de algunos casos de violencia contra bienes de concejales de la oposición y se suma a otros conflictos abiertos en la comarca como el levantamiento vecinal contra el plan de urbanismo de Nigrán ante las sospechas de tráfico de influencias. El conflicto se llevó por delante a la coalición de gobierno y provocó la renuncia de su alcalde, Alfredo Rodríguez, - investigado por la fiscalía- a seguir como candidato en las próximas elecciones. Pero la polémica urbanística en Galicia -en un contexto de escándalos en toda España- también ha alcanzado a concellos gobernados por otros partidos, con la consiguiente pérdida de confianza ciudadana.
Urge por tanto atajar y plantar cara a estos episodios, que más allá de las conductas reprobables o delictivas de algunos responsables políticos, ponen de relieve la conveniencia de agilizar los planes de ordenación del territorio en los concellos y de someterlos antes de su aprobación a los más exhaustivos controles de legalidad y transparencia para evitar sombras de sospecha, corruptelas y posteriores daños irreparables a ciudadanos que de buena fe compran viviendas con su licencia en regla que después son condenadas al derribo por los tribunales.
La asociación de promotores inmobiliarios ha animado al sector a denunciar cualquier intento de extorsión y de malas prácticas, tanto de técnicos como de políticos, e insistido en que el mejor modo de luchar contra las "corruptelas" es calificar de forma nítida el suelo, sin dejar opción a convenios urbanísticos que son "un foco claro de corrupción".
Lo ocurrido -y lo que se está destapando en toda España- ha de servir para que los partidos gallegos busquen los consensos necesarios para fijar un compromiso claro sobre el urbanismo que queremos para Galicia y garantizar su necesaria limpieza, porque ningún concello está libre del estallido de este tipo de escándalos. Es preciso actuar para evitar mayores daños a las instituciones.
La drástica transformación de algunos municipios de la costa gallega con un crecimiento urbanístico galopante, desproporcionado y carente de infraestructuras básicas, obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro del territorio que dejaremos en herencia a futuras generaciones. Los planes del litoral, impulsados desde la Xunta, van en la buena dirección y deben agilizarse lo máximo posible para aportar seguridad jurídica y causar el menor daño a la economía. Ordenar el territorio, evitar su degradación y compromoterse con las leyes son principios aceptables y necesarios para un desarrollo sostenible.
La política del todo vale no debe tener cabida en ningún concello, y en nuestras costas y rías hay ya ejemplos suficientes de actuaciones nada edificantes. Es preciso sentar las bases del nuevo urbanismo, y que las administraciones extremen mucho más los controles y apliquen la tolerancia cero frente a aquellos cargos que manchen la gestión pública con sus conductas.
FARO DE VIGO.es, 18 FEBRERO 2007
Velar por la legalidad urbanística
La estrategia de cambio climático de España carece de objetivos concretos y de presupuesto
MarAsunción* : "Ayer se presentó en el Consejo Nacional del Clima la Estrategia española de cambio climático y energía limpia. WWF/Adena considera que dicha estrategia es demasiado general y no garantiza que se reduzcan las emisiones en España al nivel necesario para cumplir con Kioto ni prepara para reducciones mucho más ambiciosas que será necesario asumir después de Kioto.
La estrategia no compromete de manera clara a ministerios como el de Industria, Fomento y Economía y Hacienda, cuyas políticas tienen incidencia en las emisiones.
Por tanto, WWF/Adena pide al gobierno que a la mayor brevedad se adjunte al presente documento otro más detallado donde se cuantifiquen objetivos de reducción por sectores para transporte, residencial y comercial, agrario y residuos, que nos permitan evaluar en qué medida cada uno de ellos contribuirá a cumplir con el Protocolo de Kioto. Además, es imprescindible contar con un calendario que especifique cuándo se van a aplicar las medidas propuestas y conocer el presupuesto que se va a dedicar a impulsarlas.
Por otra parte, la estrategia confía excesivamente en las medidas que se aplicarán fuera de nuestro país (mecanismos de desarrollo limpio, comercio de emisiones, cooperación internacional), y en otras no permanentes como sumideros de carbono o como almacenamiento de CO2.
El gobierno tampoco ha contemplado el periodo posterior a Kioto. Recordemos que el objetivo del Protocolo de Kioto es la disminución del 5,2% de las emisiones de los países desarrollados para el año 2012. Los científicos y la Comisión Europea están de acuerdo en que serán necesarias reducciones del 30% para los países desarrollados en 2020, y del 80% en 2050 para que la temperatura global no supere el umbral de aumento de 2ºC, considerado crucial para evitar daños catastróficos en la ecología, la economía y la sociedad. Por tanto, para después de 2012 España tendrá que asumir un compromiso mucho más ambicioso y la Estrategia actual no lo tiene en cuenta.
Finalmente, resulta destacable la falta de participación que se ha concedido a los actores sociales en la redacción de esta estrategia. WWF/Adena espera que se tengan en cuenta sus recomendaciones para mejorar el documento, que si bien tiene la voluntad de establecer medidas adicionales a las ya existentes, no le parece suficiente para garantizar la respuesta necesaria ante la urgencia y gravedad del problema.
Mar Asunción, responsable del Programa de Cambio Climático de WWF/Adena, señala que: “La estrategia presentada hoy adolece de las mismas deficiencias que la presentada por el gobierno anterior en 2004: falta de objetivos claros por sectores, cuantificados y temporalizados; falta de un plan de acción y de presupuesto; el plan de seguimiento que contiene es poco concreto y no posibilita medir si los resultados que se van logrando son suficientes para cumplir con Kioto y prepararnos para reducciones mucho mas ambiciosas que será necesario asumir después de Kioto”.
*WWF/Adena, 18/02/07, www.wwf.es
REBELIÓN.ORG / Foto: José Mercader
El plan, la política sandía y los proyectos intocables
L.B.B.* : "El Plan del Litoral valenciano redactado por la empresa madrileña Inypsa se redactó bajo la batuta de Rafael Blasco al frente de la Conselleria de Territorio. En el documento que salió a información pública hace un año se reconocía la «fuerte presión urbanística sobre la franja costera que ha derivado en una ocupación masiva del territorio y que origina pérdida de calidad ambiental y urbana además de situaciones de insostenibilidad en el desarrollo de los municipios litorales». A pesar de este diagnóstico, la conclusión a la que se llegaba no era «paralizar cualquier actuación que se proponga» sino «cambiar la forma de actuar».
La filosofía made in Blasco planteaba una peculiar apuesta «se puede y se debe seguir creciendo, pero aprovechando el desarrollo para recualificar el territorio y generar un valor añadido que contribuya a generar su atractivo» . De hecho, se apostaba por exportar el «modelo Benidorm» al resto de la costa, crear complejos residenciales para la tercera edad de «alto nivel» en el litoral, una red de campos de golf y una «puesta en valor» de los parques naturales que quedarían unidos por una gran senda verde denominada Vía Litoral.
Pero todas estas propuestas pasarán ahora la prueba del algodón de la política sandía anunciada por el actual conseller de Territorio. Desde sus primeras intervenciones, Esteban González Pons quiso marcar distancias respecto a su antecesor y habló por primera vez de «límites al crecimiento» donde antes sólo se citaba de crecimiento ilimitado aunque, eso sí, «sostenible» . De ahí que González Pons haya embarcado a sus técnicos en la reescritura del Plan del Litoral para adaptarlo a los « nuevos tiempos» . Se han redactado hasta tres borradores de la normativa. Pero esta nueva filosofía de ordenación del territorio choca con viejos proyectos que son «intocables», según reconoce González Pons en petit comité , como el de Mundo Ilusión en Cabanes-Orpesa.
Levante, 18 de febrero de 2007
http://www.levante-emv.com/
El abismo de los pisos vacíos
JoanM.OLEAQUE* : "El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público que en la provincia de Valencia existen 200.000 viviendas vacías. Otra cifra conocida es que, respecto a estas viviendas, las fuerzas de seguridad reciben, al año, unas 200 denuncias de propietarios relacionadas con violación de domicilios, sin especificar si esto tiene relación o no con libertarios. Un exhaustivo análisis de la okupación en España llevado a cabo por el sociólogo Miguel Martínez López indica que, de 1985 y 1999 -los años de mayor evolución del movimiento-, la propiedad de los inmuebles okupados estaba, por este orden, en manos de particulares, de empresas y de inmobiliarias.
"En Europa, la okupación es normal no sólo como protesta, sino como opción para no pagar un alquiler abusivo", expone Alexis, joven que ha estado en casas okupas de Londres e Ibiza. "En Valencia, por 600 euros de alquiler tienes algo cutre, y el sueldo mínimo es de 700 euros: la okupación cedida o pactada sería una buena solución, y además es cosmopolita, como se supone que va a ser la ciudad este año", expone. Como ejemplo, apunta el de una galería de arte contemporáneo, dispuesta a través de una okupación cedida.
El movimiento squatter -es decir, el okupa original- nace en Reino Unido a finales de los 60 y pronto se extiende por todo el viejo continente. Fue tan importante que surgieron auténticas ciudades okupadas como Christiania, un antiguo cuartel en pleno centro de Copenhague con miles de personas viviendo en edificios que no son suyos. Los europeos siguen okupando: más de tres millones de personas no tienen casa y el 70% de ellos son jóvenes. A España llega durante los 80. "Inicialmente, había mayor tolerancia adulta hacia el okupa juvenil", explica el sociólogo Carles Feixa. "Ahora, con inmigrantes latinos y europeos mezclados con okupas nómadas españoles, ya no se ve esto como una rebeldía que puede afectar transitoriamente a nuestros hijos, sino como algo punki, peligroso, extraño". Según Feixa, "se ha estereotipado lo okupa, y se ha elegido como un enemigo a batir, sin contemplar la mediación".
*El País, 18/02/2007
