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MÁLAGAHOY* : La inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Málaga siguen sin perseguir y actuar contra las infracciones urbanísticas que se comenten en sus términos municipales. Esta aseveración vuelve a ser puesta sobre la mesa por la Fiscalía de Málaga y subrayada en la memoria de 2008 elaborada por este departamento.
En el documento, el fiscal delegado de la sección de Delitos contra el Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico, Juan B. Calvo-Rubio Burgos, denuncia por enésima vez la falta de "colaboración" y de labor persecutoria de buena parte de las corporaciones locales en esta materia.
Pero las apreciaciones del fiscal no apuntan únicamente a los consistorios, de los que únicamente salva a Málaga y Vélez-Málaga, sino que también aluden a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Sobre este departamento, subraya negativamente la espectacular caída en el número de denuncias que formuló el pasado ejercicio, ya que pasa de 89 en 2006 a sólo 14 en 2008. La cifra, a juicio de Fiscalía, es escasa "en relación con el volumen de infracciones" que se cometen en la provincia.
En cuanto a los ayuntamientos, el Ministerio Público destaca que el pasado ejercicio se observa "una menor iniciativa en la persecución de las infracciones delictivas" que tienen lugar en sus localidades. "Motu propio, pocos han iniciado actuaciones que hayan sido puestas en conocimiento de la Fiscalía", añade, aunque admite que en la mayoría de los casos los ayuntamientos han contribuido cuando se les ha demandado cooperación.
El fiscal constata, sin embargo, la existencia de algunas excepciones entre las corporaciones municipales, caso de Málaga y Vélez-Málaga. En el primero de los casos, se destaca que la Gerencia de Urbanismo de la capital ha aumentado un 20% el número de denuncias interpuestas respecto al ejercicio anterior, con un total de 65, mientras que en el segundo, se indica, de un lado, que adquiere nuevamente "protagonismo", con 22 denuncias, pero, de otro, que ello representa apenas la mitad de las presentadas en 2006.
Asimismo, la memoria de la Fiscalía ensalza la labor realizada por el Seprona, de la Guardia Civil, aunque se apunta "la escasa aportación" que ha supuesto la creación del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Benemérita, "no por desidia o inoperatividad de sus miembros, sino, evidentemente, por la falta de medios con que iniciaron el trabajo y, quizás, porque su creación fue dirigida más bien a la persecución de delitos urbanísticos como consecuencia de la corrupción". Además, se critica la poca actividad en cuanto a delitos contra la Ordenación del Territorio de la unidad adscrita a la Policía Nacional.
De acuerdo con la memoria anual, los supuestos delitos contra la Ordenación del Territorio siguen encabezando el listado de investigaciones abiertas por la Fiscalía, con 276 de las 360 totales, lo que supone el 76%, y conlleva un aumento del 13% respecto a 2007. A ellas se suman las vinculadas con delitos contra el Medio Ambiente, 57, que se multiplican pos siete; el Patrimonio Histórico, con 5, y la Flora y la Fauna, con 23. De todas las diligencias de investigación correspondientes a 2008, 146 fueron archivadas por entenderse que los hechos no eran constitutivos de delito; 90 fueron trasladados a los juzgados; 77 estaban pendientes de diligencias y 47 conllevaron la interposición de una querella.
En cuanto a las sentencias formuladas en 2008, la memoria fiscal constata que no se registró ninguna relacionada con delitos contra el Medio Ambiente, el Patrimonio Histórico e Incendios Forestales y sólo una por delitos contra la Flora y la Fauna. A ellas se suman 30 sentencias por delitos contra la Ordenación del Territorio, de las que 22 fueron condenatorias.
De estas últimas, según la información de la Fiscalía, hay 13 vinculadas a la construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares de valor paisajístico. Estas sentencias dieron lugar a la demolición en diez de los casos. También se contabilizan 9 sentencias por informar favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas.
* Málaga Hoy - S. Sánchez - 18.06.09
Foto: Vista de las construcciones diseminadas levantadas en algunos municipios de la comarca de la Axarquía., malagahoy.es
Los ayuntamientos siguen sin colaborar en atajar las infracciones urbanísticas
El Tribunal Superior requiere información al Concello sobre el derribo de Jacinto Benavente
FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pide cuentas al Concello de Vigo sobre lo que ha hecho hasta ahora para llevar a la práctica la sentencia de derribo de las viviendas de Jacinto Benavente, ordenada por ese mismo órgano judicial en 1999. Le da diez días para que "remita testimonios de todas y cada una de las diligencias que se hayan practicado para llevar a debido efecto la ejecución de la sentencia pronunciada".
Ésta afecta a 180 viviendas que están ubicadas en el conocido como Peri "Jacinto Benavente"; es decir, entre las calles Coruña 76-78 y Chano Piñeiro 1,3,5,7 y 9.
Concello y propietarios se aferran al procedimiento iniciado el mes pasado en la Gerencia de Urbanismo, para adaptar todas las viviendas al actual planeamiento urbanístico, porque habían sido declaradas ilegales con el anterior. Fuentes municipales aseguran que trasladaron al alto Tribunal información sobre trámite iniciado por los propietarios para pedir una nueva licencia, acorde al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Hace justamente sólo un mes que los propietarios de las viviendas solicitaron la adaptación de la construcción al nuevo PXOM en la Gerencia de Urbanismo. Los vecinos tratan así de legalizar sus pisos por vía municipal y luego solicitarán ante los tribunales la inejecución del derribo. De momento, esperan la respuesta del Concello, que tendría que ratificar en un pleno municipal que la construcción queda legalizada conforme al nuevo ordenamiento municipal.
Pero el letrado que representa a la mayoría de los propietarios de la comunidad de Jacinto Benavente, José Luis Barros, avanzó ayer que apelarán contra el escrito remitido ahora por el TSXG al Concello pidiendo explicaciones. Tienen cinco días para presentar el recurso y en éste, argumentarán que están en medio de un proceso de legalización. "Alegamos que no tiene objeto, dada la nueva situación del edificio y pretendemos así impugnarlo", explicó ayer el abogado.
Fuentes municipales aseguraron ayer que se realizó un envío el pasado 18 de mayo de toda la información al Tribunal Superior. Le trasladaron así la intención de que los propietarios presentaron la solicitud de nueva licencia. Aún no se ha resuelto la solicitud, y luego tendría que incorporar más información. No obstante, el Concello indica que cumplirá y acatará todos los requerimientos que se marquen desde la autoridad judicial competente.
La sentencia de derribo del TSXG se demora desde hace una década. La razón no es otra que un recurso de casación presentado por el Concello ante el Tribunal Supremo para evitar el derribo y en las salas del TSXG durante 2006. El fallo judicial se conoció hace dos meses. Fue desfavorable al Concello, por lo que la demolición sigue en vigor.
Pero estas viviendas no son las únicas en esta situación. El Concello de Vigo ya encargó en abril de este año a la Escuela Superior de Arquitectura y al Colegio Oficial de Arquitectos dos informes para remitir al TSXG, que avalen la demolición parcial de otro edificio afectado por una orden de demolición: O Piricoto. En este caso, el Concello asume que la legalización pasaría por la demolición parcial del inmueble para adaptarlo al entorno del pazo de Castrelos, tal y como le pide el máximo Tribunal gallego.
* Faro de Vigo - 18.06.09
Foto: Una vista de las viviendas afectadas, entre las calles Chano Piñeiro y A Coruña. J. Lores, farodevigo.es
Valladolid: El juez ordena al alcalde demoler partes del edificio Caja Duero
20MINUTOS* : La Justicia se ha vuelto a pronunciar en contra de una decisión urbanística del alcalde. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado que se ejecute la sentencia de abril de 2008 que declaró ilegal la licencia de rehabilitación del edificio de oficinas y viviendas de la Plaza Zorrilla, donde Caja Duero tiene su sede central.
El juez ordena a Javier León de la Riva, que tiene su vivienda en este edificio, que «bajo su directa y personal responsabilidad» ordene la demolición de las obras que se hicieron con el permiso de la licencia ahora anulada. Para ello le da tres meses de plazo.
La sentencia afecta a las galerías de la fachada interior del edificio, elementos de la cubierta y parte de la fachada exterior. Deberán reconstruirse los elementos protegidos que fueron tirados. Asimismo, ordena que se dejen de usar y se desaloje a los dueños de los áticos que antes no existían y se levantaron gracias a la licencia.
La federación, satisfecha
El caso lo llevó a los tribunales la federación de vecinos, que ayer se mostró satisfecha por el pronunciamiento del juez y exigió responsabilidades políticas «al más alto nivel por estos desaguisados». «Es lamentable que la obcecación de nuestro alcalde genere por enésima vez perjuicios a toda la ciudad», dijo su presidente, Ángel Bayón. La federación indicó que no es la primera vez y recordó los casos de Niña Guapa o de Juan de Austria.
* 20 Minutos - J.S.C.. 18.06.2009
Foto: Valladolid, edificio pza Zorrilla - nortecastilla.es
Condenan a tres años de prisión al ex alcalde de Abdalajís
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LAOPINIÓN/Málaga* : El ex alcalde del Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal (PP) cumplirá a sus 64 años una condena de tres años de cárcel por delitos continuados de prevaricación urbanística durante el periodo en el que gobernó en la citada localidad malagueña, en concreto por los hecho acaecidos entre 2001 y 2004.
Así lo ha acordado el propio ex regidor con la Fiscalía de Málaga, quien solicitaba en un principio para Gómez Arrabal una pena de 30 años de cárcel y 111 años de inhabilitación, por 12 delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos de "carácter continuado".
Asimismo, la resolución judicial también recoge que tres ediles de los cuatro que formaban parte de la comisión de gobierno de aquellos años cumplan 27 meses de prisión, y que el tercero, en esta caso una ex concejala, pague una multa de unos 108.000 euros, aclaró a este periódico Gómez Arrabal, quien no pudo evitar mostrarse muy confuso con la sentencia judicial.
"Este fiscal ha sido durísimo con nosotros. No cabe otra palabra. Cualquiera en el pueblo puede decir que no nos hemos enriquecido con las licencias concedidas a los vecinos. Es más, yo no tengo ni propiedades en el Valle, sólo una casa fuera del pueblo que me dejó mi padre en herencia. Éso demuestra que actuábamos sólo pensando en el bien de nuestros conciudadanos", resaltó indignado el ex regidor, quien pidió para él y sus antiguos compañeros políticos la solicitud de indulto por parte del juez.
El ex alcalde popular adelantó que un amplio grupo de vecinos están recogiendo firmas en la localidad y en municipios vecinos a favor de un indulto para los acusados y, según sus cálculos, ya se podría sobrepasar el millar de apoyos. "Además, recientemente hubo una concentración en el pueblo en señal de protesta por esta resolución judicial, y para el 27 de julio está prevista otra concentración en la plaza central del pueblo", continuó Gómez Arrabal.
Por otra parte, en relación al ´caso Mirador´, que afectaba a toda la corporación municipal anterior a la actual por permitir la ejecución de una urbanización sin planeamiento vigente, la Fiscalía ha acordado siete años de inhabilitación para los ediles implicados, según fuentes judiciales consultadas.
* La Opinión de Málaga - LOLA SÁNCHEZ. - 17.06.09
Foto: Abdalajís (Málaga) - andalucia.org
