DIARIODEMALLORCA* : Unas 1.000 personas se manifestaron este sábado en Palma de Mallorca para protestar por el "inaceptable y vergonzoso" incremento en el número de casos de corrupción que se han registrado en los ayuntamientos de las islas Baleares en los últimos años. La marcha, organizada a través de la red social Facebook, se desplazó hasta el palacete del ex presidente del Govern Jaume Matas, hasta el Parlament balear, el Ayuntamiento y el Consell de Mallorca.
'Ni voto en blanco ni voto útil, voten con convicción' e 'Imputados, cara duras' fueron algunas de las proclamas que se pudieron oír en la concentración contra la corrupción que se desarrolló este sábado por las calles de Palma de Mallorca y que congregó a un millar de personas a través de la red social Facebook. La población balear responde así a los numerosos procedimientos judiciales abiertos en las islas contra cargos públicos y otros políticos inculpados en casos de corrupción como Can Domenge, Son Oms, Palma Arena o CDEIB.
La manifestación partió del Paseo de Borne para desplazarse de forma espontánea hasta el palacete del ex presidente balear Jaume Matas, imputado por su presunto enriquecimiento irregular en su etapa como jefe del Govern. Allí, uno de los manifestantes recriminó al ex ministro de Medio Ambiente que "se haya pagado su vivienda con el dinero del pueblo". Más tarde, recorrieron las calles hasta llegar al Parlament, el Ayuntamiento balear y el Consell de Mallorca, donde concluyó el acto. Por el camino, se fueron sumando progresivamente numerosos ciudadanos que querían poner de manifiesto el "descontento" y la "indignación" de la sociedad ante estos casos.
En la marcha, que se celebró bajo el lema 'Prou de corrupció' ("No más corrupción), los asistentes lanzaron numerosos cánticos, entre los que destacaron "manos arriba, esto es un atraco", "a la cárcel", "dimisión, dimisión" y "Cola Cao, Cola Cao", en referencia a los más de 200.000 euros que presuntamente malversó la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares, Antonia Ordinas, y que tenía enterrados en un caja de Cola Cao en el jardín de su casa. Tampoco faltaron los gritos de 'Maria Antonieta, el pueblo pide tu cabeza', en relación a la presidenta del Parlament, Maria Antonia Munar, encausada en el caso Can Domenge y en una pieza separada del de Son Oms.
Uno de los manifestantes aseguró que "el nivel de casos de corrupción que hay en Baleares es inaceptable y demuestra la poca responsabilidad de los políticos al ejercer sus cargos". "De lo que tienen miedo es de que la gente salga a la calle y se movilice contra la corrupción", explicó. Por su parte, otro de los asistentes, Josep Lluís Penya Albert, destacó la "gran respuesta" de la ciudadanía a la convocatoria, entre los que se encuentra "gente de todas las tendencias políticas cuyo interés es denunciar públicamente su sentimiento hacia una política balear altamente crispada".
Borja Rigo, que también acudió al acto, sentenció que "hay que dejar patente el descontento de la ciudadanía y que ésta reaccione para evitar que los políticos se rían en nuestra cara". Lamentó así que la sociedad "haya tardado en reaccionar ya que desde 2004 han ido saltando casos de corrupción a la palestra". "La democracia debe impedir que los políticos se llenen los bolsillos con dinero público, y para ello hay que alzar la voz", concluyó.
El ex conseller de Economía Antoni Rami (PP) acudió a la marcha, donde explicó que la "única" solución para por "ejercer más democracia directa y que los ciudadanos tomen las decisiones, como el hecho de haber salido hoy a la calle". Asimismo, subrayó que siente "repugnancia ante el matrimonio y la intimidad entre el poder y la corrupción". También estuvo presente el director general de Movilidad, Antoni Verger, así como periodistas y representantes de la cultura.
* Diario de Mallorca - 12.12.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Un millar de mallorquines piden ´no más corrupción´
Unos 500 vecinos de Les Corts protestan por el Miniestadi
LAVANGUARDIA/Barcelona* : Unos 500 vecinos del barrio de Les Corts de Barcelona han participado esta mañana en una caravana de coches para protestar contra la remodelación del Miniestadi del FC Barcelona, según ha informado la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades del barrio.
Durante dos horas, una treintena de coches han circulado con pancartas y fotografías del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y del presidente del Barça, Joan Laporta, desde la calle Arístides Maillol hasta la plaza Comas, bajo consignas como "Recapacitad" o "No a las recalificaciones".
Como ya ha hecho en otras ocasiones, el colectivo ha mostrado su rechazo a la recalificación del terreno del Miniestadi y ha reivindicado el mantenimiento del suelo de equipamientos deportivos.
"Estamos abiertos a todo tipo de diálogo con el Ayuntamiento pero sólo bajo la premisa de que se compre el suelo y no se recalifique", ha señalado la vicepresidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de Les Corts, Marta De Prats.
Asimismo, De Prats ha manifestado su rechazo a la construcción de pisos de protección oficial prevista en la zona, por considerar que son "más caros que los de venta libre", y ha apostado por un proyecto que contemple "pisos tutelados para la gente mayor".
La transformación urbanística de los terrenos conocidos popularmente como del Miniestadi contempla la construcción de unas 1.600 viviendas, la mitad de las cuales serían de protección oficial, en 11.200 metros cuadrados de equipamientos comunitarios, además de establecimientos comerciales y un hotel.
La rúa no ha generado problemas en la circulación viaria, según ha confirmado la Guardia Urbana.
* La Vanguardia - EFE - 12.12.09
Foto: Barcelona, miniestadi barça - lavanguardia.es
Madrid: Aguirre despreció un informe sobre corrupción en el PP
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PÚBLICO* : Majadahonda, uno de los municipios de mayor renta per cápita de España, es la perla urbanística de la zona noroeste de Madrid. Según la documentación y los testimonios a los que ha tenido acceso Público, el control del negocio del ladrillo quebró en 2005 el grupo municipal del PP, que gobierna con mayoría holgada, hasta el punto de que el mismo concejal que poco después denunció el caso Gürtel, elaboró un informe en el que se detallaba una supuesta trama de corrupción urbanística orquestada por sus propios compañeros del PP con el objetivo de beneficiar siempre a los mismos promotores a costa del suelo público.
El texto fue elaborado por el entonces edil José Luis Peñas y llegó hasta la presidenta de la Comunidad, pero Esperanza Aguirre lo descartó sin ni siquiera estudiarlo, según declaró como inculpado en la Fiscalía Anticorrupción Guillermo Ortega, entonces alcalde de Majadahonda y hoy imputado en la Gürtel. La declaración de Ortega se produjo tras una denuncia del PSOE que terminó archivada. El equipo de Aguirre no ha atendido las llamadas de Público.
Ortega, al que Correa denominaba La Rata, coincidió con Aguirre en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas y aprovechó para informar a la presidenta sobre la "desunión del grupo municipal en base a tres temas fundamentales: la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano (puesta en marcha por la red de Francisco Correa), la adquisición de un colegio de autistas y la enajenación de las parcelas (la RN9 y la M2)", tal y como declaró el entonces alcalde ante el fiscal.
Guillermo Ortega la llevó
Las parcelas a las que se refería Ortega, valoradas en unos cien millones, eran las responsables de la brecha entre las dos facciones del PP local, dirigidas una por Ortega y la otra por el primer teniente de alcalde, Narciso de Foxá, persona de máxima confianza del ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Días después, el 24 de enero de 2005, Ortega acudió a la sede central del partido.
Allí le esperaba la plana mayor del PP de Madrid: Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y el secretario general, Francisco Granados. El entonces alcalde de Majadahonda les entregó el informe de Peñas, hoy denunciante de la red Gürtel y entonces mano derecha de Ortega.
Según la declaración del ex alcalde de Majadahonda en la Fiscalía, "la presidenta, al ojear las primeras hojas en las que se hablaba de tramas urbanísticas, no dio importancia a dicho informe". Según distintas fuentes, Aguirre exigió a Ortega que paralizara la venta de las parcelas cuando ya se conocía el adjudicatario, por lo que el regidor mostró su disposición a dejar la Alcaldía, no sin antes atar su futuro.
Francisco Granados le propuso, entre otros cargos, el de director general del Mercado Puerta de Toledo. Ortega lo acepta "exigiendo que el sueldo sea equivalente al que tenía como alcalde", unos 70.000 euros (se lo acabaron subiendo). Willy, como lo llaman sus amigos, reconoció al fiscal que habló sobre la conveniencia de dejar la Alcaldía con Julián Giménez de los Galanes, copropietario de la constructora Dico (luego DHO), con fuertes intereses en Majadahonda.
Un ex directivo de dicha promotora asegura que Ortega "amenazó con tirar de la manta, pero al final se conformó con lo que le ofrecieron". Ortega no declaró nada de esto ante el fiscal y no ha contestado a las llamadas de Público. En febrero de 2005, Narciso de Foxá sustituyó a Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Oficialmente, el relevo se achacó a motivos de salud.
Un ex edil de Majadahonda que pidió el anonimato ha asegurado a Público que la enajenación de las parcelas de la discordia "iba perfecta, con el OK de la Comunidad de Madrid y el voto a favor del Grupo Popular al completo, pero los problemas saltaron cuando tanto la Comunidad como la facción del PP local dirigida por Romero de Tejada vieron que en el primer informe de adjudicación la promotora ganadora del concurso no era la suya".
Preferencia por Martinsa
"La Comunidad quería que las parcelas fueran para Martinsa, mientras que Romero de Tejada las quería para Afar 4 (la promotora con más suelo en Majadahonda). Ahí empezó a partirse el Ayuntamiento", señala el ex edil. El adjudicatario provisional era Proinsa, del grupo Teconsa, afín a Guillermo Ortega y supuestamente implicada en el caso Gürtel.
Cuando se supo que las parcelas, valoradas conjuntamente en más de cien millones, iban a ser para Proinsa, los perdedores del concurso pusieron el grito en el cielo y el gobierno municipal terminó resquebrajándose. La adjudicación fue paralizada y no se retomó hasta que volvió la calma al Consistorio, ya con Ortega en su retiro dorado. Tras un nuevo concurso, ganó Sacyr Vallehermoso.
Los candidatos de Correa
Durante la alcaldía de Guillermo Ortega (2001-2005), las empresas de Francisco Correa facturaron al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) más de dos millones de euros. Además, su esposa, María del Carmen Rodríguez, fue la jefa de gabinete del Consistorio. Pero el líder de la trama corrupta no tenía la misma cercanía con la facción rival del PP, la controlada por el ex alcalde Ricardo Romero de Tejada, “que ya tenía a quien adjudicar parcelas y contratos”, dicen fuentes cercanas a Ortega. Por eso, cuando el alcalde tuvo que dejar el cargo a favor de Narciso de Foxá, Correa decidió financiar el partido que crearon José Luis Peñas y Juan José Moreno, hombres de confianza de Ortega y expulsados del PP: quería tener una alternativa al PP local, pero ese fue el mayor error de su vida.Peñas aprovechó la cercanía a Correa para grabar sus muchas conversaciones, en las que el conseguidor del PP se jactaba de sus influencias y cohechos, y hacía gala de una actitud mafiosa. El ex concejal entregó las grabaciones a la Policía y puso una denuncia que ha devenido en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas: el ‘caso Gürtel’. Ambos ex ediles figuran como imputados en la ‘Gürtel’ por los pagos de Correa. No obstante, Peñas asegura que todo el dinero que Correa les transfería “se utilizaba para los gastos del partido”. Moreno también grabó a Correa, pero no llegó a presentar la denuncia.
* Público - JAVIER CHICOTE - MADRID - 11/12/2009
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
Miranda: La justicia invalida ahora las licencias ambiental y de obras del crematorio
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ELCORREO/Burgos* : Cuatro fallos judiciales dispares en menos de cinco meses y al menos dos recursos pendientes de resolución mantienen viva la polémica en torno al crematorio de Miranda pese a que funciona con total normalidad desde el 13 de junio de 2008. Ahora es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la que asesta un duro golpe al Ayuntamiento al declarar «no conforme a derecho» tanto la licencia de obras como la ambiental que concedió a Servicios Funerarios de Miranda SL en noviembre de 2006.
En otras palabras, invalida las autorizaciones que permitieron la puesta en funcionamiento del horno.
Este último fallo da la razón a los vecinos Miguel Angulo y Carlos Vizuete, con viviendas anexas a la instalación de la carretera de Orón 63. Porque estima el recurso de apelación que presentaron el 9 de octubre y porque, de forma automática, revoca otro del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 30 de junio que venía a plantear todo lo contrario; que se avalaba la ubicación por no ser «nocivo ni peligroso para la salud» y que la licencia ambiental se había dado «conforme a derecho».
El Consistorio y la propia empresa se encuentran ahora ante un dictamen sobre el que ya no cabe ningún recurso posible. Una resolución firme que anula una autorización básica y que, en principio, llevaría a un desenlace que no esperaban. «Esto, en definitiva, obliga a cerrar el crematorio de un modo directo y expreso puesto que estaríamos hablando de una actividad que se está desarrollando sin licencia y que, por tanto, no podría seguir ejerciéndose».
Falta de documentación
La clausura es, en suma, la única salida, según el abogado Luis Oviedo. Una opinión que no es compartida por el Ayuntamiento, cuyos servicios jurídicos, en una primera valoración, entienden que la situación podría normalizarse cumpliendo con aquellas defectos de forma o carencias en el procedimiento administrativo que ha detectado la Sala. En síntesis, el razonamiento jurídico se apoya en que la licencia, en el momento en que fue otorgada, «no tuvo en cuenta determinados requisitos en cuanto a emisiones, etcétera» a los que obligaría la normativa para este tipo de actividad.
Así, en el argumentario del escrito de apelación se hacía referencia a que en el proyecto la documentación presentada era incompleta «ya que no se describía la actividad o instalación, ni se indicaban las fuentes de las emisiones y el tipo y la magnitud de las mismas ni se trataba la incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado y sobre los centros colectivos a los que afecta, accesos al hospital por residentes, y que no se justificaba el cumplimiento de la normativa sectorial vigente». Se hacía también referencia a que el proyecto no cumplía con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 11/2003, que regula la concesión de la licencia ambiental.
En este sentido, el presidente de la Sala, Eusebio Revilla, recoge en el fallo que se considera «cierto» que si se examina el proyecto, el mismo «se limita a indicar», en lo referente a las repercusiones en el medio ambiente y medidas correctoras «que la actividad evita la producción de gases y olores mediante la postcombustión de los productos en el horno, siendo los gases vertidos a la atmósfera totalmente inodoros y transparentes por lo que no era necesario medidas complementarias».
Y si bien admite que ha tenido en cuenta el hecho de que exista un anexo al proyecto en el que se hace una descripción completa del proceso de incineración (con detalles tan precisos como la marca del horno, Menkur), también puntualiza que «en dicho anexo no se analizan los efectos concretos que en este caso se producen» como si sucedía -continúa la sentencia- en el anexo al proyecto para otra empresa funeraria (se menciona a Larraz SL) que impulsó la construcción de un horno en la localidad alavesa de Llodio.
En varios puntos del escrito se hace referencia al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas para la salud (RAMINP), que data de 1961, y que fijaba una distancia de al menos 2.000 metros respecto a los núcleos urbanos habitados para la implantación de actividades que pudieran quedar marcadas por cualquiera de esos supuestos. En este sentido, la sentencia plantea que en el debate del recurso «es preciso, en primer lugar, indicar que no se trata tanto de considerar que resulte o no una actividad molesta o, además de molesta insalubre, para determinar la aplicación de las distancias previstas en aquel reglamento».
El fallo ya revocado y que se emitió el pasado verano, no consideró que el RAMINP fuese de aplicación en este caso ya que dejaba claro que que la actividad había sido calificada como «molesta por ruidos o vibraciones y olores pero, en ningún caso, insalubre, nociva o peligrosa para la salud». Este nuevo frente se suma al otro que permanece aún en litigio y que se centra en la autorización excepcional del suelo que ocupa el horno y que tenía la calificación de rústico con protección agropecuaria. La parcela de 9.122 metros cuadrados, a la que se otorgó otro carácter jurídico en base «al interés público del servicio», ya ha obtenido sentencias adversas a los intereses del Ayuntamiento.
Los dos vecinos que hoy han logrado el reconocimiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo ya lo tuvieron con anterioridad desde este punto de vista más técnico en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Y lo mismo sucedió con el planteamiento hecho por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Miranda y la de El Crucero, directamente afectada.
LOS ANTECEDENTES
28 de noviembre de 2006. La Junta de Gobierno Local concede licencia a Servicios Funerarios de Miranda SL para ampliar el tanatorio de la carretera de Orón e instalar un horno crematorio.
Campaña de firmas. Los vecinos recabaron más de 800 contra la planta. La empresa contraatacó presentando 1.674 a favor.
13 de junio de 2008. El horno crematorio entra en funcionamiento. La oposición de los vecinos camina ya entonces por los tribunales.
30 de junio de 2009. Fernando Campo hace público el primer fallo judicial. El recurso lo promovieron los mismos vecinos que acaban de ver reconocida su demanda. Aquel, por contra, avalaba la ubicación del crematorio por no ser «nocivo o peligroso para la salud».
Julio de 2009. El mismo magistrado y el mismo juzgado da la razón a la Federación de Asociaciones de Vecinos y a la Asociación de El Crucero al considerar que el emplazamiento en la carretera de Orón no es el apropiado y apunta como idóneo al cementerio. El Ayuntamiento tiene recurrido el fallo, también adverso desde la óptica urbanística, de los dos vecinos mencionados.
* El Correo Digital - SALVADOR ARROYO - 12.12.09
Foto: El horno crematorio inició su actividad en la carretera de Orón el 13 de abril del pasado año pese a la oposición de los vecinos. :: AVELINO GÓMEZ, elcorreodigital.com
Siero: Movilización contra el bulevar
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ELCOMERCIO/Asturias* : La plataforma cívica contra el bulevar de la calle del Alcalde Parrondo, de Pola de Siero, presentó ayer en el registro del Ayuntamiento un total de 1.643 firmas contra el proyecto, una cifra que se incrementará en las próximas fechas, ya que disponen de plazo hasta el miércoles 16 de diciembre, según informaron los afectados.
Asimismo, cerca de un centenar de vecinos se concentró ayer frente a la Casa Consistorial para arropar a los portavoces de la plataforma en la entrega de las rúbricas, recogidas en tan sólo siete días hábiles. La plataforma cuenta con el respaldo del Partido Popular e Izquierda Unida, mientras que el Pinsi anuncia para la próxima semana unas alegaciones para tratar de mejorar el proyecto, pero sin oponerse a su ejecución.
La plataforma rechaza la peatonalización de la calle del Alcalde Parrondo, en su tramo superior, porque supondrá reconducir todo el tráfico rodado hacia la calle paralela de Florencio Rodríguez, lo que la convertiría en una carretera convencional.
Como alternativas, proponen urbanizar la calle del Asilo, que es adonde está orientada la entrada del futuro auditorio, o incluso la urbanización de la propia calle de Florencio Rodríguez. Ayer se planteó una nueva opción que consistiría en peatonalizar solamente una parte de Alcalde Parrondo para que los vehículos puedan seguir transitando por esa avenida. También se habló de la construcción de un paso subterráneo en la calle, pero esa alternativa ha quedado ya descartada, como informó en su momento EL COMERCIO, debido a que la obra costaría más -unos tres millones de euros- que el propio proyecto del bulevar, que ronda los 2,5 millones.
Pérdida de aparcamientos
Además del tema del tráfico, los afectados denuncian también que el proyecto urbanístico supondrá la eliminación de un número importante de plazas de aparcamiento en esta zona. «Queremos que prime la calidad de vida por encima de consideraciones estéticas», subrayan en el documento entregado ayer en el registro.
La plataforma ha solicitado intervenir en el próximo pleno ordinario, con arreglo al Reglamento de Participación Ciudadana, para exponer sus reivindicaciones y se entrevistará el jueves 17 de diciembre con el concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Siero, Julio Carretero.
El PP e IU se han prestado a colaborar en la campaña de recogida de firmas. Y el portavoz del Pinsi, Juan Camino, comentó ayer que el proyecto «se puede mejorar, pero lo que no podemos es estar en contra de un proyecto financiado con los fondos Feder».
La intención del gobierno socialista de Siero con este bulevar es resaltar el acceso al futuro complejo cultural, que también recibirá estos fondos europeos para construir los dos edificios que albergarán la Casa de la Cultura y de la Música. Sin embargo, ante la fuerte oposición vecinal que se está generando en la capital polesa, es probable que tenga que aceptar algunas modificaciones.
Se trata de la segunda gran movilización popular que se produce en Pola de Siero contra un proyecto urbanístico. La anterior se promovió hace unos años cuando el Ayuntamiento trató de realizar la ampliación del consistorio en terrenos del parque público Alfonso X, El Sabio.
* El Comercio Digital - JOSÉ CEZÓN - 12.12.09
Foto: Los afectados por la peatonalización de la calle del Alcalde Parrondo, concentrados ayer frente al Ayuntamiento de Siero. :: FERNANDO CASTRO, elcomerciodigital.com
Vigo deberá pagar 350 millones por una nueva edificación ilegal
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XORNAL* : Torres Ifer, apartahoteles de Samil, O Piricoto, Rosalía de Castro... y ahora Finca do Conde. El urbanismo vigués lleva décadas en el centro de la diana judicial y el rosario de sentencias condenatorias alcanzó ayer su cénit con un nuevo varapalo que pone en riesgo las ya debilitadas arcas municipales.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó esta semana un auto rechazando los recursos presentados contra el derribo del centro comercial construido en la parcela de Finca do Conde, en la Gran Vía viguesa, y confirmó el fallo judicial que pone fin a un largo proceso. La sentencia dictamina finalmente que el hipermercado Carrefour y las dos torres de viviendas construidas muy cerca del río Lagares son ilegales, por lo que solo cabe su derribo y, por consiguiente, la indemnización a sus propietarios. Este último punto es sin duda el mayor problema al que se enfrenta ahora la ciudad, puesto que los cálculos del Concello apuntan a una cantidad cercana a los 350 millones de euros.
Tras conocerse la sentencia del TSXG, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Las primeras iniciativas para la construcción en Finca do Conde se remontan al año 1999, lo que implica la responsabilidad de los tres grupos municipales mayoritarios. En la última década, BNG, PP y PSOE han gobernado el Consistorio vigués, así que el enfrentamiento político ha sido una constante.
El primero en levantar ayer por la mañana el hacha de guerra fue el alcalde socialista, Abel Caballero, que desde la recién humanizada calle Urzaiz pedía la dimisión de Corina Porro, ex alcaldesa y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, y de José Manuel Figueroa, portavoz del PP en el Concello. “Deberían dejar la política de forma inmediata. Estoy esperando a que salgan y digan cómo van a asumir la responsabilidad que tienen por haber concedido la licencia urbanística”, aseguraba Caballero. Para el alcalde, la situación ilegal de Finca do Conde ha provocado “el mayor momento de preocupación de este gobierno”.
Informes contrarios
El máximo regidor de la ciudad olívica iba más allá a la hora de calificar la actuación del PP al otorgar la licencia durante su mandato municipal. “Se podría presumir que actuaron sin conocer la ilegalidad, pero en este caso había informes técnicos contrarios a dar la autorización, por lo que ya no sé qué puedo presumir”, añadió el líder socialista, que confirmaba que la orden de derribo significará una indemnización de 350 millones. “¿Quién asume ahora la responsabilidad económica y política?”, se preguntó el alcalde.
El portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, reaccionó de forma inmediata convocando una rueda de prensa en la que aseguró que “el alcalde está muy nervioso. Intenta confundir a la opinión pública porque sabe que su gestión no está siendo bien valorada por los ciudadanos. Tiene encuestas internas y de otro tipo en las que la valoración es muy negativa. Ante esto lo que intenta es, sin rigor y con una falta de coherencia, trasladar una serie de calumnias al Partido Popular, sobre todo de forma especial a la anterior alcaldesa, y le vale de todo: calumniarla, paralizarle obras en el puerto, difamarla. Está demasiado obsesionado”.
plan de urbanismo de 1993
Figueroa se defendió achacando la ilegalidad de Finca do Conde a la inseguridad jurídica generada por el Plan General del 93. “En Finca do Conde, el PP ha actuado de acuerdo con los técnicos municipales y se han generado 1.500 puestos de trabajo. A finales del año 1999 se tomó una decisión por unanimidad de diseñar un nuevo Plan General. A partir de ahí se produce un procedimiento impecable en Finca do Conde, avalado por autos de los Tribunales e informes técnicos municipales”, explicó el portavoz popular. Aún fue más allá y señaló que “hay una fecha clave: el BNG, gobernando Vigo, el 20-03-2003 concede las licencias de obras para las dos torres que están construidas”.
* Xornal - Antonino García - 12.12.09
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
