ELPAÍS/Palma* : La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer que el juez imponga una fianza de responsabilidad civil de 4,87 millones de euros a José Juan Cardona, consejero de Industria del Gobierno balear de Jaume Matas (2003-2007), actual parlamentario y miembro de la cúpula del PP. Es el tercero de los consejeros de Matas imputados por supuesta corrupción.
El político negó haber participado en una supuesta trama de negocios clandestinos con dos ex altos cargos de su departamento en el Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (Cdeib), en el llamado caso Scala-Cola Cao, en el que se indaga el desvío de cerca de cinco millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007.
Un ex edil del PP y beneficiario de los contratos del consorcio, Felip Ferré -que pactó con la Fiscalía una reducción de pena- mantuvo la acusación contra el ex consejero. También involucró a Cardona el testimonio de una de las corruptas confesas, la ex gerente del Cdeib Antònia Ordinas, que entregó en 2008 más de 240.0000 euros apropiados y que tenía ocultos en una caja de Cola Cao enterrada en su jardín.
Tanto Ordinas como su supuesto socio, el ex director general de Industria Kurt J Viaene, y la esposa de la ex gerente, la soprano Isabel Rosselló, estuvieron en prisión preventiva más de dos meses al estallar el caso. La investigación ha documentado cobros de estudios inexistentes y repetidas autocontrataciones.
José Juan Cardona, abogado y dos veces consejero, firmó repetidas ampliaciones de crédito del Cdeib para financiar los gastos de promoción en numerosos países, desde China a Estados Unidos. El juez Antonio Capó le preguntó si no se extrañó de los reiterados incrementos para cubrir déficit, y él contestó que no.
En el caso Scala-Cola Cao, Cardona figura, además, en un episodio de supuesta financiación irregular del PP de Ibiza por haber exigido una supuesta dádiva en especie (propaganda) a un publicista que facturó contratos por más de cuatro millones a las arcas públicas.
El PP ibicenco, que lideró el imputado, no pagó la edición de las decenas de miles de ejemplates de revistas electorales, para los seis municipios de Ibiza y Formentera en mayo de 2007 que ejecutó el publicista Joan Rosselló.
* ELPAIS.com - 22.04.10
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com
El fiscal pide 4,8 millones de fianza para otro cargo de Matas
Cataluña: El Gobierno podrá forzar el alquiler de pisos vacíos en 432 municipios
ELPAÍS/Barcelona* : El Gobierno catalán tiene ya en sus manos el marco territorial que le permitirá desplegar la Ley de Vivienda, incluida la polémica medida del alquiler forzoso de pisos vacíos. La Generalitat podrá expropiar el usufructo de las viviendas vacías en 432 municipios catalanes, es decir, en casi la mitad del total, según fija el Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSV). Fuentes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda recordaron que sólo se recurrirá a esta medida en determinados casos y una vez agotadas todas las vías para sacar estos pisos al mercado de alquiler.
El artículo 42 de la Ley de Vivienda, aprobada en 2007, establece que la Generalitat podrá declarar el "incumplimiento de la función social de la propiedad" de pisos que estén permanentemente vacíos. A partir de entonces, el dueño tiene dos años para alquilarlo. Si no lo hace, el Gobierno catalán podrá expropiar durante cinco años su usufructo para arrendarlo, aunque antes deben haberse agotado todas las medidas públicas de fomento del alquiler.
Después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat declarara inconstitucional este artículo por vulnerar el derecho de igualdad -puesto que los municipios podrían aplicar criterios dispares-, el Ejecutivo catalán previó que sólo se aplicaría en "áreas de demanda fuerte y acreditada". El PTSV, que ayer salió a información pública junto con el proyecto de decreto para aprobarlo, establece que el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda podrá ejercer esta potestad en 432 localidades distribuidas en 39 ámbitos territoriales.
El plan establece que la demanda es "fuerte" cuando en una zona urbana la demanda es seis veces superior a la oferta o bien hay unas necesidades de vivienda el 10% superiores a la media, y en áreas rurales, cuando se precisan más de 400 casas de las que hay o el mercado pide un 50% más que la media. El PTSV se centra en municipios o ámbitos territoriales, y en los gráficos (véase el de la página siguiente) la mancha más intensa está en la región metropolitana de Barcelona, la costa tarraconense y las zonas de Blanes-Lloret de Mar y Roses-L'Escala.
De los 432 municipios en los que se podrá ejercer el alquiler forzoso, 119 están en ámbitos metropolitanos, 210 en zonas urbanas y 103 en áreas rurales, según el documento. El director general de Promoción de la Vivienda, Joaquim Gascó, explicó ayer que estos ámbitos territoriales no sólo sirven para aplicar el alquiler forzoso, sino también otras dos medidas: la promoción de vivienda social en suelo urbano consolidado -es decir, las zonas residenciales ya construidas y el centro de las ciudades- y el ejercicio del derecho de compra preferente de inmuebles.
Gascó aseguró que el Gobierno catalán espera no tener que recurrir a algunas de estas medidas, sobre todo a la del alquiler forzoso, puesto que antes puede recurrirse al fomento de la rehabilitación, les redes de mediación y las ayudas públicas. "Aun así, el Gobierno debe estar preparado y debe poder ejercer esas medidas", aseguró. En todo caso, Gascó recordó que los afectados no serán familias que, por ejemplo, hayan heredado algún piso, sino grandes fortunas que han adquirido pisos para especular y que no tienen interés en sacar al mercado de alquiler sus inmuebles.El Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSV) es un extenso documento técnico y normativo que, según Joaquim Gascó, "constituye el marco orientador de las políticas" que prevé la Ley del Derecho a la Vivienda. "Es el último fundamento de la estructura de la política de vivienda de la Generalitat", asegura el director general de Promoción de Vivienda de la Generalitat.
Y uno de los pilares es que el 15% del parque de viviendas de las localidades catalanas con más de 5.000 habitantes sea protegido a los 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es decir, en 2027. La Generalitat lo ha bautizado como Fondo de Solidaridad Urbana y se trata de un sistema por el que los municipios catalanes irán coordinando con el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda las políticas necesarias para elevar su parque de vivienda social.
Si bien la Generalitat siempre ha considerado que la proporción de vivienda pública todavía es muy baja, dentro de la etiqueta de "vivienda social" se incluyen los alquileres de renta antigua con prórroga forzosa o los pisos de inclusión social. En total, el PTSV establece que los 207 municipios con más de 5.000 habitantes necesitan 163.343 viviendas sociales para llegar al objetivo de 2027.
Sólo la ciudad de Barcelona ya deberá procurar tener 40.312 pisos sociales más que ahora. La conurbación de Barcelona deberá hacerse con 31.049 viviendas; el resto del arco metropolitano, con 45.380; la provincia de Girona, con 15.252, y los municipios del Camp de Tarragona, con 14.225. Gascó explicó que hasta 2013 todos los municipios deberán acordar con la Generalitat cómo ampliar su parque social.
En los ámbitos territoriales con más demanda, además, la Generalitat promoverá la masoveria urbana, consistente en un acuerdo entre propietario e inquilino por el que el dueño cede su piso sin cobrar rentas al usuario a cambio de que éste lo rehabilite. El Ejecutivo catalán, además, destina ayudas para estas reformas.
* ELPAIS.com - 22.04.10
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
La ex alcaldesa de Arrecife y el jefe de la oficina técnica municipal ingresan en prisión por soborno
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DIARIODELANZAROTE* : La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y el jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento capitalino, Rafael Arrocha, ingresaron en prisión provisional tras prestar declaración ante el juez César Romero Pamparacuatro, que instruye el ‘caso Unión' y coordina la ‘operación Jable', en la que fueron detenidos Déniz y Arrocha el lunes. El juez ha determinado su ingreso en prisión provisional, al contrario de lo que ha sucedido con otros imputados como Stephani Jean Balverde, directivo de Urbaser, el ex consejero del Cabildo Miguel Ángel Leal y el empresario Francisco Armas, que quedaron en libertad con cargos este miércoles.
Tanto María Isabel Déniz como Rafael Arrocha –que ya estaba imputado en el ‘caso Unión' por revelación de información privilegiada- salieron del Palacio de Justicia a lo largo de la madrugada tras haber prestado declaración durante horas.
En la investigación se trata de determinar si se han producido delitos de cohecho, tráfico de influencias, alteración de concursos públicos, entre otros.
* Diario de Lanzarote - 22.04.10
Foto: Arrecife (Lanzarote), exalcaldesa ingresa en prision - diariodelanzarote.com
El trueque de viviendas se pone de moda
20MINUTOS* : El trueque, primera forma de intercambio comercial entre humanos, se está poniendo de moda en el sector inmobiliario en algunas ciudades europeas como alternativa a la compraventa. La mayoría de trueques se formalizan mediante portales en Internet que ofrecen apartados en los que los propietarios de viviendas proponen el intercambio de sus casas por otras. Así, muchas familias pueden permutar sus viviendas por otras más baratas, en la mayoría de los casos por no poder hacerse cargo de los pagos de las hipotecas.
¿Quién puede?
El caso más habitual hoy en día es el de los que disponen de una vivienda que no pueden pagar. La adquirieron en bonanza económica, pero ahora tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Para este tipo de casos, el trueque se presenta como una solución para conseguir otra más modesta y que sí podrán pagar. Además, con el trueque finalizan la transacción en menos tiempo, ya que se evitan tener que colocar su piso en el mercado y esperar meses para venderlo.
Pueden beneficiarse también de las permutas los propietarios de una vivienda que, con el paso del tiempo, se les ha quedado pequeña. Es el caso de quienes compraron hace unos años su casa y la familia ha ido creciendo. Con el trueque pueden obtener una mayor, con las mismas ventajas que en el caso anterior: la compraventa simultánea en el menor espacio de tiempo.
Pioneros
Desde hace dos años, el departamento vasco de Vivienda impulsa un programa para facilitar el intercambio de casas de protección oficial (VPO) entre particulares. Gracias a este programa, pionero en España, un centenar de vascos ya ha conseguido mudarse. Su bolsa de interesados suma en la actualidad cerca de 650 propietarios y el índice de éxito ronda el 20%.
La vivienda protegida en Euskadi, en concreto la que se construyó a partir de 2002, siempre estará sujeta a los precios marcados para las viviendas de VPO. Esto impide cualquier intento de especulación, pero a la vez también dificulta que las familias puedan mudarse conforme se modifican sus propias necesidades. Ello ha obligado a la Administración a idear fórmulas para facilitar estos cambios de residencia.
En este sentido, el Etxebide, el Servicio Público de Adjudicación de Vivienda Protegida del Gobierno vasco, cuenta en su web con un espacio en el que facilita el encuentro de aquellas personas que tienen una vivienda de protección oficial y quieren intercambiarla por otra.
Los propietarios de viviendas interesados en el trueque que habiten en otras zonas o ciudades del territorio español pueden utilizar las webs de algunos portales inmobiliarios, como fotocasa.es, para anunciar su vivienda y describir la alternativa de sus deseos. Suerte.
* 20 Minutos - 22.04.10
Foto: Imagen de un edificio de viviendas de nueva construcción. (Europa Press)
Zahora no tiene remedio
DIARIODECÁDIZ* : En Zahora, en el término municipal de Barbate, hay más de 800 viviendas y varias decenas de negocios irregulares, en suelo rústico, agrupados frente al mar sin infraestructuras ni servicios mínimos: no hay una red general de abastecimiento de agua, ni saneamientos, ni transporte público, ni atención sanitaria ni una cobertura decente de TDT. Las casas y los negocios turísticos se mantienen al margen de la ley a la espera de un proceso de regularización que fue planteado por primera vez en 1996 pero que apenas ha avanzado desde entonces y que está muy lejos de ser una realidad.
En Zahora todo es ilegal pero hay expectativas de legalización, y, en este limbo urbanístico, es posible construir un hotel y abrirlo al público sin ningún tipo de licencia ante la incapacidad y dejadez de las administraciones públicas.
El ejemplo más reciente del descontrol del poblado barbateño -no el único- está en el camino de La Aceitera, en las proximidades del tómbolo de Trafalgar, donde se levanta Zahora Riad, un alojamiento de veinte habitaciones ("16 habitaciones y 4 suites") con vistas al faro que recrea la típica construcción marroquí. Es visible desde la carretera; color teja.
El negocio se inauguró el verano pasado. En su página web, activa hasta principios de esta semana, se promocionaba como "un hotel diferente donde el lujo de detalles y un paraje sin igual convierten su estancia en una experiencia única". Camas balinesas, amplias habitaciones y acabados de cinco estrellas. Un lugar único con precios por noche que oscilan entre los 90 y los 180 euros, pero fuera de cualquier ordenación, tal y como confirma una consulta a las administraciones.
El Ayuntamiento de Barbate, sobre el que recaen las competencias en primera instancia, confirma que el negocio no tiene licencia de apertura pero añade que "la situación es generalizada en la zona desde hace años". La búsqueda de un alojamiento en Zahora a través de internet arroja una lista nutrida de apartamentos en alquiler, algunos bungalows, casas rurales, y también algunos pequeños hoteles. Cortijo Miguelín, "doce magníficas casas rurales de dos y tres dormitorios", es sólo otro ejemplo.
Como Zahora Riad, la enorme mayoría de los negocios está fuera de ordenación, pero el primer caso sorprende por ser una obra recién finalizada y concebida como hotel de muy alta calidad. El alcalde barbateño, el socialista Rafael Quirós, explica que el Consistorio abrió un expediente a los promotores de Zahora Riad por infracción urbanística y que "poco más puede hacer". "Nosotros no tenemos permiso ni capacidad para tirar obras ilegales, el procedimiento no lo permite", sostiene el regidor barbateño.
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda no tiene constancia de que este inmueble exista. Tampoco hay expediente alguno en Disciplina Urbanística, según fuentes de la delegación. Y en la Consejería de Turismo, la respuesta es parecida. No hay ningún tipo de registro del hotel. "Sí se había detectado la posible infracción, pero la inspección ha ido un par de veces y no ha encontrado actividad", explica el delegado José María Reguera (PSOE).
Según Reguera, "no es normal" que un negocio así funcione en situación de "clandestinidad". La "clandestinidad" es una infracción grave que lleva aparejadas multas de entre 1.200 y 12.000 euros, pero este peaje es asumible por negocios a los que no le falta clientela durante el verano.
Los expedientes sancionadores también "pueden" derivar en el cierre del establecimiento, pero el delegado no cree que haya que llegar a ese extremo y recuerda que la base del problema "es urbanística, no turística". "No podemos ir cerrando todo lo que encontremos en zonas como ésta, es algo que se tiene que solucionar desde el punto de vista de la ordenación del territorio", opina José María Reguera.
Sea por incapacidad, por dejadez o por consideración de las administraciones, la situación urbanística de Zahora no atisba una solución, ni para los negocios turísticos ni para las viviendas.
La asociación de vecinos Costa de la Luz, que agrupa a unas 340 familias de Zahora, recuerda que los propietarios llevan soportando "falsas promesas" desde hace dos décadas. El Plan General de 1996 ya establecía la necesidad de reformar el núcleo de Zahora ante la proliferación de viviendas. En 2000, el Ayuntamiento, dirigido por Juan Manuel de Jesús (PP), suscribió un convenio de colaboración urbanística con la agrupación vecinal en la que se comprometía a idéntico objetivo y en el que reconocía las alrededor de 200 viviendas existentes para su futura legalización.
El equipo de De Jesús no cumplió. Los vecinos, muy activos, interpusieron un recurso contencioso-administrativo y, en 2007, consiguieron una sentencia favorable que obligaba al Consistorio a propiciar la legalización de las viviendas irregulares de Zahora y a solucionar la carencia de infraestructuras y servicios básicos.
Los propietarios se aferran desde entonces a esta sentencia judicial, pero desde su formulación apenas se han registrado avances. "Las viviendas y los negocios no estarían al margen de la ley si las administraciones competentes hubiesen cumplido su obligación de poner el marcha el Plan General", argumenta José Antonio Mármol, presidente del colectivo vecinal y residente en Zahora desde hace 22 años.
En 2007, Rafael Quirós se hizo con la alcaldía de Barbate y heredó todo un cúmulo de problemas entre los que se incluye la ordenación de Zahora, donde ya existían más de 800 viviendas, en pleno boom inmobiliario. El alcalde retomó el diseño del PGOU, que debe cambiar la calificación del suelo de la zona de rústico a urbano no consolidado. "Zahora es un barrio de Barbate. No se pueden derribar mil casas porque eso no tiene sentido y porque hay gente que vive allí desde hace más de treinta años", defendió entonces.
Hoy, el alcalde sigue en ese empeño pese a contar con más voluntad que recursos para afrontar la ordenación del núcleo rural. Hasta el momento, el PGOU de Barbate está en fase de aprobación inicial. La definitiva "llegará en 2011", calcula Quirós.
Es sólo el principio de un larguísimo camino. El Ayuntamiento tendrá que desarrollar un Plan Especial de Reforma, una normativa específica para la legalización de las casas y para la instalación de infraestructuras y servicios tasados en unos 20 millones.
La complejidad de este plan es extraordinaria desde los puntos de vista administrativo, técnico y de costes, pues los vecinos, como en Chiclana o El Palmar (Vejer), deberán pagar contribuciones especiales para sufragar el proceso y no todos están dispuestos. El Palmar es un precedente claro: su Plan Especial fue aprobado en 2006 y hoy todavía no se ha regularizado una sola casa.
* Diario de Cádiz - 22.04.10
Foto: El hotel Zahora Riad visto desde el hito de la Demarcación de Costas en la ensenada de Trafalgar. - diariodecadiz.es
Guadalajara: Un atropello histórico de la UAH
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DIARIODEALCALÁ* : El nuevo campus, que parece pensado para perjudicar a todos y beneficiar sólo a una constructora, ataca en la médula las opciones de asentar una industria del español. La presencia de la Universidad de Alcalá en Guadalajara es histórica, si por tal se entiende un periodo de dos décadas, y resulta de lo más razonable que se intensifique y mejore: eso es lo que siempre quiso la querida ciudad vecina. Y eso es, también, lo que siempre negó el Gobierno de Castilla-La Mancha en el único formato en que era razonable hacerlo: en el casco urbano, en edificios históricos, implicándose en el tejido social, impulsando en definitiva la vida universitaria y económica de la ciudad de acogida.
Ni Bono antes ni Barreda ahora aceptaron lo que pedían los alcaldes alcarreños sucesivos, y la Universidad tampoco peleó o quiso pelear por lograrlo: no es que fuera imprescindible, y hasta en esa hipótesis hubiera sido razonable preguntarse desde Alcalá si se iba a hacer allí lo que aquí no se ha conseguido pese al inmenso esfuerzo y la incalculable ayuda del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y de los propios ciudadanos. Pero el caso es que no se hizo.
Utilizar una presencia menor tras haber abortado un desarrollo inteligente para justificar el innecesario y costosísimo campus que ahora quiere hacerse es, por ello, un ejercicio de cinismo cercano a la caradura: lo que se va a impulsar es, sin más, una operación urbanística en un páramo del extrarradio con el dinero de todos los castellanos que será muy rentable para la constructora –estaría bien saber cuál es la elegida para entender muchas cosas- y nada para los demás.
No para Guadalajara, que dispondrá de un campus fantasma alejado de su casco y de sus vecinos. No para la sede central de la UAH, que tiene dos campus muy mejorables y un patrimonio incalculable paralizado con los cuarteles como símbolo y síntoma de su incapacidad. Y no para la ciudad, desde luego, que asiste a un proceso absurdo de descapitalización al ver cómo dos estudios señeros para el desarrollo de la Plataforma del Español –Traducción y Comunicación Audiovisual- se fugan de mala manera a un páramo inerme.
Ante esto hay que rebelarse: no están en juego caprichos localistas ni identitarios; ni tampoco rivalidades comarcales. Lo que se dirime es el futuro de la Universidad, que no puede funcionar sin un criterio y un objetivo que le permita sobrevivir en un sector en crisis y con serios nubarrones en el futuro. Y también el de la Ciudad: la Alcalá que depositó en la UAH parte de su más valioso patrimonio histórico y de sus ahorros de suelo y que depositó implícitamente en la Cisneriana las inversiones regionales que en otros municipios madrileños se convirtieron en el Metro por ejemplo; tiene derecho a esperar una reversión decente. Que no es otra que acoger a una de las grandes universidades de España. Ahora no lo es y no tiene pinta de serlo si sigue por ese camino.
Por eso los responsables municipales y autonómicos, y con ellos todos los que ocupan otras entidades pero no ejercen el papel que de ello se deriva por su implicación personal en la UAH, deben dejar de mirar para otro lado y ponerse en marcha. Otra cosa les hará cómplices de un atropello histórico que, simplemente, no podemos permitirnos.
* Diario de Alcalá - Editorial - 22.04.10
Foto: Alcalá de Henares (Madrid), universidad - diariodealcala.es
