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LAVOZ/Pontevedra* : Socios de tres promociones inmobiliarias proyectadas en Gondomar fueron ayer claros al asegurar en la tercera jornada del juicio que se sigue por corrupción urbanística en dicha villa que desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, se les reclamó dinero para propiciar el desarrollo de sus urbanizaciones. «El arquitecto me comentó que pedían dinero», dijo desde Valencia por videoconferencia un buscador de terrenos para grandes superficies comerciales, que en una de las llamadas intervenidas por la Guardia Civil llegó a admitir que «vamos a colaborar, pero no ahora, que no hay nada, podemos hacer una promesa de palabra de honor, nada más».
Una situación similar fue expuesta ante el tribunal por un propietario de terrenos de Gondomar que planificaba un área de viviendas. «Borja -en alusión al arquitecto imputado que iba a desarrollar los tres proyectos objeto de extorsión- me dijo que había que pagar», exigencia que aseguró también le expresó después en persona el concejal de Cultura, José Luis Mosquera. «Él quiere 30 [millones de pesetas] y ya está», se pudo oír decir al arquitecto en una de las conversaciones grabadas entre el arquitecto y el promotor, que no negó en ella la posibilidad de pagar.
Pero todavía más concluyente para evidenciar la existencia de la trama resultó la intervención de Manuel Rodríguez, un promotor vigués que se prestó a denunciar la extorsión que sufría la empresa de unos amigos que iba a hacer una urbanización en Gondomar. Rodríguez contó sus conversaciones con el arquitecto, en las que el profesional le transmitía las peticiones de fondos, y los encuentros que tuvo con Mosquera. Este fue incluso grabado por el mismo con una cámara botón instalada en su chaqueta por la Guardia Civil. El vídeo, mostrado a la sala, da cuenta del regateo que empezó en 270.000 euros y acabó en 210.000.
Rodríguez fue claro al recalcar que Mosquera y el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez «funcionaban como una piña, como una pareja de hecho», pero la apreciación no pudo pasar ayer del terreno de las intuiciones. Gómez fue inculpado por su compañero, señalado incluso como cerebro de la operación por él. Pero nadie, ni el arquitecto, pudo afirmar que el edil de Urbanismo pidiera dinero. Solo aparece en dos de las más de 50 grabaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil. Una sin un fin ilícito claro y la otra como una voz de fondo, que él mantuvo en la vista no reconocer como propia. La investigación policial no tiene dudas, sin embargo, de que Gómez era parte del equipo, pero el jurado puede tener difícil apoyarse en pruebas para lograr su condena.
* La Voz de Galicia - 3.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Tres promotores aseguran que la trama de Gondomar les exigía dinero
Castellón.- El juez propone sentar a Fabra ante un jurado por cohecho y fraude fiscal
ELPAÍS* : Tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. El actual titular del Juzgado nº1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, considera que ya existen indicios suficientes de que el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha cometido estos presuntos delitos. Por ello, ha optado por dar por concluida la fase de instrucción y transformar las diligencias en un procedimiento que podría concluir en un juicio con jurado. De esta manera, el juez confirma la tesis expuesta por los letrados de la acusación popular, José Luis Vera y Virgilio Latorre, que en representación de la Unión de Consumidores (UCE) ya plantearon en su querella de personación que el procesamiento debería realizarse con jurado.
El auto dictado por el juez apenas hace hincapié en los presuntos delitos cometidos por Fabra, que hace dos meses delegó sus funciones para ser sometido a un transplante de hígado. El auto indica que los hechos "serían constitutivos, en principio, y sin perjuicio de ulterior calificación, de delitos de cohecho y tráfico de influencias". Por ellos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez imputa a 13 personas, entre las que se encuentran Carlos Fabra, su esposa (María Amparo Fernández), el empresario que les denunció (Vicente Vilar) y la ex esposa de este (Monserrat Vives). Si la imputación se limitara a estos delitos, no habría ninguna duda de que la competencia del procesamiento sería de un jurado. Sin embargo, el juez estima que en el caso de Fabra y Fernández se han de sumar otros delitos "contra la Hacienda Pública". No en vano, el informe pericial realizado por inspectores de Hacienda sostiene que entre ambos cometieron nueve presuntos delitos fiscales y que la cantidad que dejaron de ingresar en las arcas públicas fue de 1,7 millones de euros. En cualquier caso, el juez deja la puerta abierta sobre esta imputación, ya que entre los delitos contra la Hacienda pública no solo se encuentra el fraude fiscal sino también el blanqueo de dinero.
El próximo día 25 se celebrará la vista para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.
Tanto este auto como el que determine si Carlos Fabra se sienta en el banquillo, en el caso de que así lo decida el juez, podrán ser recurridos. Aún así, y dada la diligencia que ha mostrado el noveno juez que participa en la instrucción del caso, el presidente de la Diputación de Castellón podría sentarse en el banquillo antes de que acabe el año. Ayer la dirección nacional del PP no quiso valorar la decisión judicial.
* ELPAIS.com - 2.06.10
Foto: Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra - elpais.com
El TSXG anula el PERI para construir 350 pisos en Cangas por falta de suelo para vivienda protegida
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FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da un duro varapalo a la Unidad de Actuación nº5 de Cangas, al estimar el recurso contencioso interpuesto por cuatro vecinos propietarios de terrenos en el denominado polígono contra el acuerdo de 26 de enero de 2007 por el pleno del Concello de Cangas, por el que se otorgó licencia definitiva al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la mencionada zona. El TSXG anula el acto administrativo por ser contrario a derecho. La actuación urbanística pretendía construir en la zona de Altamira la urbanización más grande de O Morrazo, con la construcción de 350 viviendas y abarca una superficie de 35.000 metros cuadrados, con una inversión de 19 millones de euros.
El tribunal fundamenta la anulación del acuerdo municipal en que se incumple la obligación legal de reserva de suelo para viviendas de protección pública, que tenía que alcanzar el 20% de la edificabilidad residencial de cada sector. El Concello de Cangas, a través de un informe elaborado por el jefe de Urbanismo, Alfonso Marnotes, en la época en la que gobernaba en el Concello el Partido Popular, entendía que "compre sinalar que o mandato do artigo 55.3 da LOUGA para que os plans xerais efectúen unha reserva de vivenda protexida só ten efecto para aqueles que se tramiten a partires da súa entrada en vigor, e o certo é que Cangas non dispón de planeamento xeral adaptado á LOUGA".
Sin embargo, el TSXG rechaza los demás argumentos de los demandantes, que consideraban que el proyecto no había sido sometido al trámite de impacto ambiental, que no cuenta con el informe exigido por la Ley General de Telecomunicaciones y su delimitación de polígonos incumple lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 9/2002, entre otras. "Ni la clasificación, naturaleza y ubicación del suelo, ni la extensión del ámbito afectado por el PERI, revelan como inadecuado o insuficiente el estudio de sostenibilidad ambiental que contiene. Y lo mismo hay que decir sobre lo que alega la codemandada respecto de la denunciada infracción de la ley 9/2002, pues no consta en el PERI que el suelo con destino residencial supere la relación: 0,825 metros cuadrado/metro cuadrado. y sí se respeta el límite de sostenibilidad que impone el artículo 46 de la citada ley para un municipio con la población que tiene Cangas".
También señala que la existencia de un único proyecto de urbanización no constituye la infracción de una norma imperativa ni es un obstáculo insalvable para la ejecución de los polígonos, "ya que evidentemente la relación entre ambos tiene que estar siempre contemplada, al igual que lo que ocurre con la que ha de establecerse con los terrenos exteriores al ámbito. En cuanto a los otros incumplimientos que la parte actora denuncia, la previsión de que estudios de detalle puedan completar o redefinir la red viaria interior de acceso, a los edificios, no puede decidirse que vaya contra lo establecido en el artículo 73.1 de la Ley 9/2002, ya que no es clara la equivalencia entre vías de uso público y acceso a entradas a los garajes.. En todo caso será al redactar los estudios de detalle cuando se podrán comprobar si sus determinaciones infringen dicho precepto". La sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación.
La Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Número 5 podría solicitar ahora una indemnización al Concello de Cangas, como consecuencia de la aprobación del PERI, que permitió seguir el proceso de esta urbanización.
* Faro de Vigo - 2.06.10
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es
Valencia.- Aumentan las quejas al Síndic por el urbanismo y el medio ambiente
ELPAÍS* : Las quejas de los ciudadanos por los problemas en la aplicación de la ley de Dependencia, bien por la demora en la tramitación de solicitudes, bien por la denegación de las ayudas, volvieron a ser en 2009, con diferencia, las más frecuentes, según el informe que el Síndic de Greuges, José Cholbi, entregó ayer a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Sin embargo, estas quejas se han reducido prácticamente a la mitad en relación con el año anterior, al pasar de 1.864 en 2008 a 948 en 2009. En cambio, frente a ese "importante descenso", se ha producido "un relevante incremento" de las quejas formuladas en otras materias, como medio ambiente, sanidad, hacienda pública y urbanismo, de manera que apenas se ha producido una reducción en el cómputo global, que pasa de 3.927 en 2008 a 3.647 en 2009.
En lo que afecta al urbanismo, el informe señala que "a pesar de que ya no se aprueban y desarrollan tantos proyectos urbanísticos como en años anteriores, el número de quejas no ha disminuido". Además, "la crisis económica sí que ha incrementado el número de quejas presentadas por personas que no tienen vivienda", que han pasado de 83 a 119. La Sindicatura advierte, por ello, del "desajuste" entre la oferta de viviendas de promoción pública y la demanda social, en un momento en que aumenta el número de personas que no pueden acceder a un piso o han sido desahuciadas del que ocupaban.
"A pesar de la crisis inmobiliaria, el urbanismo que pide la sociedad valenciana ha de responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, ha de minimizar el impacto del crecimiento irracional y ha de fomentar la regeneración de la ciudad existente", recomienda el Síndic en su informe, que, por otra parte, plantea que los ayuntamientos eviten la "consolidación de construcciones ilegales". Para ello, incluso propone medidas como el corte del suministro de agua y luz a este tipo de construcciones. La falta de información urbanística o el retraso en conseguirla y "el complicado y conflictivo tema de la ejecución y desarrollo de los planes urbanísticos" han suscitado también numerosas quejas.
La contaminación acústica, las licencias de actividad de industrias contaminantes o la ubicación de parques eólicos son otros aspectos de los que se quejaron los ciudadanos en 2009 en relación con el medio ambiente.
En el apartado de sanidad, las listas de espera, las infraestructuras sanitarias y la falta de respuesta a las reclamaciones fueron las quejas más habituales, mientras que la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles, los impuestos sobre vehículos y las tasas municipales constituyeron el grueso de las quejas relacionadas con la hacienda pública.
Si el total de quejas recibidas por la Sindicatura de Greuges fue de 3.647, de las cuales 20 se incoaron de oficio, la Oficina de Atención Ciudadana de la institución atendió 6.662 consultas frente a las 6.172 del año 2008. Ese incremento, según el Síndic, no hay que interpretarlo como un "empeoramiento del funcionamiento de las administraciones públicas valencianas" sino como una demostración de la confianza creciente en la institución que recoge sus problemas. Cholbi señala, finalmente, que "por primera vez, y sin cambiar los criterios de valoración establecidos" no se destaca ninguna Administración hostil.
* ELPAIS.com - 2.06.10
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
Un promotor, acusado de destruir el patrimonio histórico de Vélez Málaga
LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Málaga pide, en su escrito de conclusiones provisionales, dos años de cárcel y una multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros para un promotor que destruyó supuestamente restos arqueológicos en una parcela de Vélez Málaga. En este suelo se había previsto la construcción de cinco viviendas. La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía aprobó dos resoluciones los días 19 de marzo y 12 de junio de 2007 por las que se concedieron sendas autorizaciones, provisional y definitiva, «para la actividad arqueológica urgente de excavación» en un inmueble ubicado en la calle San Francisco de Vélez Málaga.
El representante legal de la promotora que debía construir en este solar fue el encargado de solicitar los permisos. La empresa trabajaba con dos compañías aseguradoras, explica la Fiscalía.
«El solar se encuentra ubicado en el barrio del Arroyo de San Sebastián, dentro del Centro Histórico de Vélez Málaga, y se proyectaba la construcción de cinco viviendas», añade el acusador público.
Conclusiones arqueológicas
La arqueóloga de una empresa privada dirigió las excavaciones. Ésta presentó, el 2 de enero de 2008, una memoria preliminar de la actividad arqueológica en la parcela. Se habían encontrado «restos prehistóricos y de las épocas medieval, moderna y contemporánea». La mercantil propuso una serie de medidas, entre las que destacaba la necesidad de controlar «el movimiento de tierras» durante la fase de ejecución de las obras proyectadas.
El 2 de julio de 2008, los servicios técnicos de arqueología, pertenecientes a la Delegación de Cultura de la Junta, «giraron una inspección en la que comprobaron que se había producido el vaciado integral del solar». Asimismo, siempre según la acusación pública, se construyó «la cimentación del inmueble sin control arqueológico alguno».
Como consecuencia de todo ello, se eliminaron totalmente los restos, lo que provocó «la imposibilidad de localizar otros nuevos correspondientes a niveles prehistóricos de ocupación».
Los daños se produjeron «al haber realizado voluntariamente el acusado, conocedor de las circunstancias expuestas y asumiendo las consecuencias que su conducta generaría, un movimiento o remoción de tierras en la parcela». Ello propició la eliminación «irreversible» del patrimonio arqueológico existente en ese suelo, «causando la pérdida de información histórica y de su interés científico». El fiscal califica de «irreparable» la destrucción de este material.
Calificación
«La conducta deliberada efectuada por el acusado ocasionó unos daños al patrimonio histórico no inferiores a 10.000 euros», recalca el ministerio fiscal.
Los hechos han sido calificados como un presunto delito sobre el patrimonio histórico. Además de los dos años de cárcel y la multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros, la acusación reclama que el encausado indemnice, por vía de responsabilidad civil, a la Consejería de Cultura en la cantidad de 10.000 euros.
* La Opinión Málaga - 2.06.10
Foto: Imagen del Casco Histórico de Vélez Málaga.- laopiniondemalaga.es
