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ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Enrique Porto Rey, ex jefe de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, por el supuesto enriquecimiento ilícito que obtuvo con el desbloqueo de terrenos de los que era en parte propietario. De esa trama corrupta, según la investigación de la Fiscalía, también participó el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, del PP, cuya mujer, Juana Manrique, arquitecta municipal, participó de los negocios de Porto. El ex jefe de Urbanismo dimitió el 3 de octubre de 2006, para "defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", horas después de preguntarle EL PAÍS por este pelotazo urbanístico de 4.3 millones en Villanueva.
Los juzgados de Móstoles (Madrid) han admitido hoy a trámite esta querella presentada contra Porto y otras cinco personas. La Fiscalía pidió, el pasado 20 de septiembre, la imputación de Porto, junto con José María Fernandez del Río, Juana María Manrique Larraza, Luis Manuel Partida Brunete, José Gil Granizo y Luis Francisco Arrabal Villalobos, como autores de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.
Al parecer, el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid autorizó en 2004 un plan parcial para la localidad de Villanueva de la Cañada que incluía más de 20.000 metros cuadrados, parte de los cuales eran de su propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado del alcalde). Tras desbloquear las trabas urbanísticas que tenían sus terrenos, los vendió obteniendo plusvalías multimillonarias. También lograron grandes ganancias unos tíos de la presidenta regional, que habían comprado terrenos en la zona y que los vendieron una vez fueron eliminados los obstáculos urbanísticos que ponían algunos funcionarios de la Comunidad.
15.000 habitantes en 2005
Antes de ejercer como director general de Urbanismo, Porto había estado asesorando como arquitecto privado al alcalde Luis Partida. Porto lo reconoció en una respuesta parlamentaria: "Un pueblo pequeño que ha pasado de 1.000 habitantes en el año 79, cuando yo aparecí por allí, a 15.000 habitantes en 2005. El plan general lo hice yo y algunos planes parciales".
Tras ser nombrado Porto director general de Urbanismo, en diciembre de 2003, se encargó su socio José María Fernández del Río del desarrollo de dicho plan general a través de la elaboración de distintos planes (parciales, proyectos de compensación y urbanización) que iría aprobando Porto como alto cargo de la Comunidad de Madrid. Esta colisión entre la gestión de Porto como cargo público y sus intereses privados tiene su mayor exponente en el sector de Villanueva de la Cañada denominado Los Pocillos.
Dicho sector fue bloqueado en mayo de 2003 por su antecesor en la dirección de Urbanismo al detectarse serias deficiencias en su planeamiento. El 12 de agosto de 2004, con el expediente ya caducado, Villanueva de la Cañada presentó en dicho departamento, con ligeras correcciones, el mismo documento rechazado un año antes. A partir de ahí, Porto propuso en septiembre de 2004, para su aprobación en comisión de Urbanismo, y obviando los informes técnicos desfavorables, la subsanación de deficiencias. Porto participaba en tres parcelas incluidas en dicho sector que el mismo había desbloqueado. Compartía terrenos con un concuñado del alcalde, Ricardo Ortega, y con su socio, José María Fernández del Río, autor del plan parcial.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 01/10/2007
Foto: Villanueva de la Cañada (Madrid) - ayto-villacanada.es
Anticorrupción se querella contra el ex jefe de Urbanismo de Esperanza Aguirre
El alcalde de Yaiza imputado por supuesta prevaricación por la licencia de las 1.000 viviendas
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LAVOZDELANZAROTE* : A partir del próximo martes dos de octubre, el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes y dos técnicos municipales, tendrán que acudir al Juzgado de Instrucción nº 8 de Arrecife para declarar como imputados de un supuesto delito de prevaricación urbanística, después de que la Justicia haya admitido a trámite la querella criminal que presentó el pasado mes de abril el grupo socialista en el Cabildo, por el caso de la concesión de licencia para construir el complejo residencial Costa Roja, el mayor proyecto urbanístico de la isla por el que se ubicarían 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y más de 2.500 plazas de garaje al norte de Playa Blanca, en un suelo no urbano y obviando el Plan Insular de Ordenación (PIOT) de 1991.
José Francisco Reyes no informó al Cabildo sobre esta licencia, pese a que estaba obligado judicialmente. Cuando la licencia salió a la luz en La Voz de Lanzarote el pasado 16 de febrero, el Cabildo tomó cartas en el asunto e impugnó la licencia ante el Tribunal Contencioso Administrativo, si bien también podría haber iniciado medidas penales contra el alcalde de Yaiza y los técnicos, una opción que el Grupo de Gobierno desechó. Fue entonces cuando el grupo socialista, en aquel momento en la oposición, decidió interponer una querella criminal firmada por el consejero Carlos Espino y presentada el pasado 19 de abril en los juzgados.
Se ha hecho cargo del caso el Juzgado de Instrucción Nº 8, ante el que tendrá que declarar a primeros del mes de octubre, con toda probabilidad la semana que viene, el alcalde de Yaiza, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes y el jefe de la Oficina Técnica municipal Antonio Lorenzo Tejera, en calidad de imputados por haber cometido supuestamente delito de prevaricación urbanística.
José Francisco Reyes tendrá que dar cuenta de sus actos ante el fiscal por segunda vez, ya que el pasado 12 de junio tuvo que prestar declaración como imputado también, junto al ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en la concesión de licencias urbanísticas.
Por otra parte las obras del complejo Costa Roja no pueden empezar por orden de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que esta misma semana ha decretado la suspensión de la licencia como medida cautelar, tal y como solicitó el pasado mes de julio el Cabildo, al menos mientras dure el procedimiento judicial que dirima la legalidad o ilegalidad del permiso firmado hace ya nueve meses por José Francisco Reyes.
* La Voz de Lanzarote - Gema Maldonado Cantero - 28 de septiembre de 2007
Foto: Yaiza (Lanzarote) - lavozdelanzarote.com
Málaga: La Fiscalía pidió más de 40 derribos de casas ilegales durante 2006
LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : La proliferación de viviendas diseminadas en pleno monte a lo largo de todo el extremo oriental de la provincia, localizándose en la comarca de la Axarquía y parte del área metropolitana de Málaga, preocupa cada vez más a las autoridades judiciales. La Fiscalía de Medio Ambiente alerta de las consecuencias en el entorno rural de estos diseminados, "la inmensa mayoría ilegales", al levantarse en zonas no urbanizables o de protección agrícola, manifestó el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Bentabol.
Para atajar este problema, el Ministerio Público recurre a la petición del derribo en los casos urbanísticos que llegan a juicio. De esta forma, se puede establecer el bien dañado, sin perjuicio de que se fijen compensaciones a los perjudicados con esta medida, como los propietario que actuaron de buena fe al comprarla.
Sin ir más lejos, la Fiscalía pidió el año pasado la ejecución de más cuarenta demoliciones de viviendas ilegales, especialmente autoconstrucciones.
Datos. Sin embargo, los jueces sólo acordaron el derribo en diez casos, según explicó Bentabol, aquellos en los que la infracción urbanística ha sido más flagrante.
Al margen de los grandes casos de presunta prevaricación urbanística detectados en la Costa del Sol, como Marbella, donde se tramitan más de cincuenta causas,
el Ministerio Fiscal alerta de las ilegalidades en las autoconstrucciones de núcleos rurales.
En estos casos, un particular suele solicitar una licencia para aperos en una pequeña parcela, donde posteriormente construye un chalé de dos plantas, indicó el fiscal. Hay ocasiones que las viviendas se construyen con la connivencia de los propios ayuntamientos. Estas situaciones se han detectado en municipios axárquicos como Tolox, Monda, Alcaucín o Benamocarra.
Normas imprecisas. La construcción de viviendas diseminadas en núcleos urbanos ha colisionado con la legislación, que exige que los terrenos cuenten con unas infraestructuras mínimas de electricidad y saneamientos para autorizarlas. Sin embargo, la ausencia de planes urbanísticos en pequeños municipios complica, en ocasiones, la labor de la Justicia ante las infracciones urbanísticas.
Fuentes de la Fiscalía arguyeron que la imprecisión de la norma en estos casos, competencia de la administración autonómica, limita los mecanismos para luchar contras las ilegalidades en la autoconstrucción.
Un ejemplo reciente es el caso de las 2.200 viviendas paralizadas de Tolox. La Fiscalía de Medio Ambiente espera un dictamen de la Junta que especifique qué parcelas tienen las características para poder albergar una vivienda o varias promociones.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 30 de septiembre de 2007
Foto: Urbanismo. Los jueces desoyen en ocasiones las peticiones de derribo de la Fiscalía. La Opinión
Tres líneas de investigación distintas se cruzan en torno al alcalde de Santa Cruz
LAPROVINCIA/LasPalmas* : Datos de tres líneas de investigación que se llevan adelante en paralelo en Tenerife se cruzan en torno a la figura del alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo: el caso Las Teresitas, la ramificación tinerfeña del caso Fórum Filatélico y la venta de la empresa municipal de aguas Emmasa. El hilo conductor de todas las pesquisas es intentar verificar si alguno de los casos dio lugar a la comisión de delitos de cohecho mediante el pago de comisiones ilegales.
La investigación abierta por la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas ha permitido a los investigadores obtener documentación de otras operaciones que tienen como nexo común la actuación del Ayuntamiento de Santa Cruz, y en concreto la venta de Emmasa a empresas privadas.
En este contexto, en el análisis se cruzan datos de los tres casos, dos judicializados ya en la vía penal y uno de ellos (Emmasa) en la vía contencioso-administrativa, aunque no se descarta que pudiera ser objeto también de la apertura de una investigación penal.
En todos los casos, el mutismo es absoluto tanto en medios policiales como desde los estamentos judiciales involucrados, los despachos de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia que instruye el expediente de Las Teresitas, Carla Bellini, y de la jueza que se hizo cargo del auto de Baltasar Garzón sobre la ramificación tinerfeña de Fórum Filatélico.
Sin embargo, otras fuentes dan por hecho que, al realizar las pesquisas de Las Teresitas, la policía halló documentación relacionada con Emmasa. Dada la condición de aforado de Zerolo, los datos encontrados sobre Emmasa se habrían remitido a la magistrada Bellini, que es en último término quien decidirá qué hacer en relación con este asunto.
El caso Fórum avanza entre tanto con las diligencias pedidas por la juez Machado, que, como informó ayer este periódico, ha empezado por reclamar abundante documentación al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife hoy en funciones y destacado miembro de ATI-CC, Luis Suárez Trenor, sobre la concesión de un muelle deportivo en Anaga.
Entre tanto, los investigadores se concentran en el minucioso análisis de todos los documentos que se han podido obtener en los últimos meses y en el material que pueda generarse a partir de la localización de un piso franco de Santa Cruz en el que varias de las personas que eran investigadas por el caso Las Teresitas transitaban con asiduidad a pesar de no residir en la vivienda.
La hipótesis de una conexión entre el caso Las Teresitas y la privatización de Emmasa se da por hecha en medios políticos tinerfeños. Según esta versión, un caso ha llevado al otro y en este momento da lugar a dos investigaciones paralelas con al menos dos protagonistas comunes, el alcalde de Santa Cruz y quien ha sido durante años asesor e íntimo aliado de Zerolo, el periodista Jorge Bethencourt, al que se atribuye el papel de enlace del alcalde.
* La Provincia - T. CÁRDENES / P. GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 30 de septiembre de 2007
Foto: Tenerife, Playa_de_las_Teresitas - Rémi Stosskopf - wikipedia.org
Ferrol: Diez mil personas se manifiestan contra la ubicación de Reganosa
EFE* : Unas diez mil personas, según la organización, y poco más de dos mil, según la Policía Local de Ferrol, participaron hoy en Ferrol en la marcha convocada por el Comité Ciudadano de Emergencia (CEE) por la ría para pedir el traslado de la planta de gas de Reganosa en Mugardos al exterior de la ría. Los manifestantes partieron a las doce desde el puerto de Curuxeiras y finalizaron la marcha de protesta una hora y media más tarde en el Ayuntamiento ferrolano, con la lectura de un extenso comunicado por parte de los portavoces del Comité, que agrupa a los opositores a Reganosa.
Vecinos de Mehá, la parroquia donde se asienta la planta de gas que llevan 69 días encerrados en el Ayuntamiento de Mugardos en protesta por la proximidad de la planta a sus viviendas, mariscadores de la ría ferrolana, ciudadanos, colectivos ecologistas y agrupaciones en defensa de las rías de Vigo y Pontevedra se sumaron hoy a la protesta contra Reganosa.
A la marcha, que según el Comité, fue «la más multitudinaria de todas las protestas realizadas hasta la fecha y que supera a la última manifestación del 3 de junio», asistieron además el ex portavoz nacional del BNG, Xosé Manuel Beiras, la coordinadora de IU en Galicia y socia del PSdeG en el Gobierno ferrolano, Yolanda Díaz y representantes de los sindicatos CCOO y CIG en Ferrol.
En un comunicado leído por la portavoz del Comité Ciudadano, Montserrat Gadel, el colectivo que desde el 2001 se opone a la existencia de Reganosa en el interior de la ría, pidió a las administraciones central y autonómica que denieguen el acta de funcionamiento definitivo de la planta, que opera en periodo de pruebas desde mayo a la espera de la licencia comercial final.
Los manifestantes pidieron a la Xunta que se retire del accionariado de la compañía gasística, en la que participa con el 10% del capital, y pidieron al Ayuntamiento de Mugardos, que gobierna el BNG, que anule la licencia de actividad de Reganosa.
Desde el Comité, instaron, además, a la Delegación del Gobierno en Galicia a que retire las denuncias interpuestas contra los mariscadores ferrolanos por los bloqueos que retrasaron la llegada de los gaseros.
También pidieron al Gobierno de Ferrol, formado por la coalición PSOE-IU, que retome la vía judicial que abandonó durante el gobierno del popular Juan Juncal, para que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pueda hacer firme una sentencia «favorable a los intereses de los ferrolanos».
«Es hora de que los organismos competentes pongan fin al peligro que supone Reganosa y es el momento de que una decisión administrativa o política no autorice su funcionamiento, pues es imposible que Reganosa cumpla las condiciones necesarias de distancia y seguridad dentro de la ría», pero hay que actual porque «aún estamos a tiempo de evitar una catástrofe», proclamaron desde el Comité.
Durante la lectura pública del manifiesto, los opositores a la planta cargaron las tintas contra el gobierno de Manuel Fraga, por aprobar la instalación y contra el bipartito actual asegurando que «el Consello de la Xunta, cual República Bananera, aprobó un plan de Emergencia para Reganosa y no para los ciudadanos, que no sirve para evitar riesgos».
* La Voz de Galicia - 30/9/2007
Foto: Ferrol, mural Reganosa - K.Delgado - elcorreogallego.es
