EFE* : "La delegación del Parlamento Europeo que visitó este sábado la Comunidad de Madrid para recorrer varios municipios en los que han sido denunciadas supuestas irregularidades urbanísticas concluyó su jornada de trabajo sin adelantar cuáles serán las conclusiones que presentarán en su informe.
En uno de esos municipios, Galapagar, el vicepresidente de la Comisión de Peticiones de la UE, Michael Cashman, aseguró que la cooperación con las autoridades "ha sido buena" aunque quizás ha habido algún "malentendido" sobre su misión por la cercanía de las elecciones.
Cashman se reunió allí con cerca de 200 peticionarios y denunciantes de las presuntas irregularidades urbanísticas en cinco municipios gobernados por el PP, después de haber mantenido "una buena reunión" con el alcalde, José Tomás Román.
Tras escuchar a los portavoces de diferentes asociaciones procedentes de Galapagar, Rascafría, Moralzarzal, Las Rozas y Torrelodones, Cashman recogió las quejas para realizar posteriormente un informe que se elevará al Parlamento Europeo.
'Barbaridades urbanísticas'
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, que mantuvo dos encuentros con la delegación europea, por la mañana en Madrid y por la tarde en Torrelodones, se dirigió a los eurodiputados con un "Please help us" ("Por favor, ayúdennos").
Simancas afirmó por la tarde que la delegación del Parlamento Europeo tuvo la oportunidad de conocer personalmente "las barbaridades urbanísticas que está cometiendo el PP que preside Esperanza Aguirre en todo el noroeste de Madrid".
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, afirmó por su parte que los eurodiputados han sido "engañados y manipulados por el PSOE".
Después de recibir en la sede de la Presidencia regional a Cashman, Granados calificó de "esperpento y bochorno" la visita de esta delegación, de la que no dudó en decir que ha sido "manipulada por el PSOE ante la cercanía de las elecciones con el perverso efecto de desprestigiar a Madrid en Europa"
El consejero de Presidencia mostró a Cashman los dos modelos de urbanismo en la región, por la lado los que representaban a Galapagar y Torrelodones y por otros los que "defiende el PSOE" en localidades como Fuenlabrada, Alcorcón, Parla y Getafe.
Granados señaló que en ninguno de estos cuatro municipios gobernados por el PSOE vive ninguno de sus líderes, quienes, por el contrario, residen en el "urbanismo depredador y especulativo que denuncian".
*elmundo.es - sábado 03/03/2007
Foto: Polémica recalificación de terrenos en Torrelodones
Las denuncias de corrupción urbanística en la Comunidad de Madrid, bajo la lupa de la UE
La alcaldesa de Vigo ocultó un convenio de 1,5 millones con la promotora de un c.comercial ilegal
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PrimitivoCARBAJO* : "La alcaldesa de Vigo, Corina Porro, firmó en 2005 un convenio con la promotora del centro comercial Gran Vía, ING Real Estate Development Spain Holding, S.A, que se ha mantenido oculto. La promotora se comprometió entonces a aportar "hasta un máximo" de 1,5 millones de euros para financiar actividades en Vigo durante ese año. La corporación municipal no ha sido informada de la existencia del convenio, que sólo conocían un puñado de personas. El centro comercial ha motivado, por su ilegalidad, la anulación por el Tribunal Supremo del plan parcial de Finca do Conde.
Las licencias para la construcción del centro comercial Gran Vía fueron otorgadas por el actual gobierno municipal de Vigo en enero de 2004, pese a existir tres sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaban el plan parcial de Finca do Conde donde el centro comercial se ubica. Una de estas sentencias fue confirmada hace dos semanas por el Tribunal Supremo. Desde el gobierno municipal se justificó la concesión de las licencias en la obligación inexorable de cumplir el acto administrativo.
El convenio con la promotora del centro, ING Real Estate Development Spain Holding, S.A. fue firmado el 12 de abril de 2005 por la alcaldesa, Corina Porro, y Johannes Gijsbertus Franciscus Eijkemans y Ángel Severino Rodríguez Campos en representación de la inmobiliaria.
El Ayuntamiento de Vigo declara en el texto "el deseo de cumplir con eficiencia su programación institucional recogida en su proyecto Vigo 2005, que se configura alrededor de la salida desde Vigo de la Vuelta al Mundo a Vela". "A la vista del proyecto presentado" por ING Real Estate, el Ayuntamiento "la considera como agente preferente en la cooperación y participación en los proyectos y programas culturales que se pretende desarrollar a lo largo del año en curso".
El Ayuntamiento "organizará y coordinará las actividades que ambas partes definan" e ING Real Estate aportará al convenio 500.000 euros, "cantidad que podrá incrementarse (...) hasta un máximo de 1.500.000 euros, suficientes para cubrir el coste de las actividades que se definan, haciéndose cargo, en consecuencia, del pago de las facturas que se generen por este concepto", se dice en las cláusulas.
Al ocultar la existencia del convenio, la Alcaldía tampoco ha tenido que dar cuenta alguna de las actividades que se realizaron con cargo al mismo. No se sabe si se agotó la dotación prevista del millón y medio de euros ni en qué. El desarrollo del acuerdo, según estipulaba otra de sus cláusulas, "no supone gasto para las arcas del Ayuntamiento; en consecuencia, no es necesario informe de Intervención General". Ni dar cuenta a los órganos administrativos y representativos del Ayuntamiento.
El acuerdo establecía la creación de una comisión de seguimiento paritaria, aunque la alcaldesa quedaba "facultada para resolver en última instancia las controversias derivadas de la ejecución de este convenio". ING Real Estate imponía su nombre y anagrama, "ocupando un espacio similar al del Ayuntamiento de Vigo", en cuantas actividades se fueran a realizar hasta que el acuerdo caducara, de modo improrrogable, el 31 de diciembre de 2005.
Un informe jurídico reclamado por la Alcaldía al secretario del Ayuntamiento señala que "el contenido del convenio es totalmente atípico". Lo enmarca "en una política estratégica para la difusión del nombre comercial de una empresa", que financia actividades de interés municipal, "dado que son propuestas por el Ayuntamiento", y recomienda que sean el concejal y el jefe del servicio municipal de Cultura los que representen al Ayuntamiento en la comisión de seguimiento del convenio. El secretario también echa en falta un anexo al que se alude en el acuerdo.
"Dado que no habrá transferencias de fondos a las arcas municipales, ni las actividades suponen ningún gasto para el Ayuntamiento", concluye el secretario, "entiéndese correcta la previsión que indica la innecesariedad del informe de la Intervención General".
La propuesta del informe sobre la representación municipal en la comisión de seguimiento del convenio fue desoída. Esa representación fue asumida por María Pilar Mapi Egea, jefa del Gabinete de la Alcaldía y persona de máxima confianza de la alcaldesa Corina Porro. Egea no ha podido concretar qué actividades se cubrieron económicamente con cargo al convenio.
Sólo de 500.000 euros
En el anexo del acuerdo, al que también ha tenido acceso EL PAÍS, se marcan las primeras actividades que se cargan contra la entrega inicial de 500.000 euros: concurso nacional de piano Vigo 2005, VIG05 a festa do mar con sus banderolas, elaboración de una carroza para la Batalla de Flores y publicidad de la misma (la carroza costó 12.000 euros y la publicidad, 137.000), Campeonato del Mundo Boat G.P., la página web y una lona de VIG05. No fueron las únicas actividades ni tampoco tuvieron que ser necesariamente las citadas, ya que, según Mapi Egea, la programación con cargo al convenio cambió varias veces sobre la marcha.
El 30 de junio una orden de servicio de la Alcaldía instó a hacer propuesta a ING Real Estate "para incrementar su participación hasta 1.500.000 euros; es decir, un incremento de 1.000.000 de euros sobre la situación actual", que es tramitada al día siguiente por el jefe del servicio administrativo de Alcaldía. A partir de ahí se pierde todo rastro sobre las aportaciones de la promotora inmobiliaria.
En Finca do Conde sigue abierta la brecha política
Ventura Pérez Mariño tuvo que ceder el bastón de alcalde en diciembre de 2003, a los seis meses de recibirlo, por el desencuentro con sus socios del BNG en asuntos urbanísticos. En Finca do Conde el encontronazo se hizo patente desde el primer momento. El grupo municipal socialista intentó por todos los medios paralizar el plan parcial que permitía edificar 114 viviendas en dos torres, que ya habían empezado a construirse, y un centro comercial, para el que se reclamaba licencia de obras. Contra el plan parcial, aducían los socialistas, había tres sentencias anulatorias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, de ser confirmadas por el Tribunal Supremo, causarían un cuantioso quebranto al Ayuntamiento. La primera de estas sentencias, anulando el plan, fue conocida hace unas semanas, y abrió la caja de los truenos en la política local.
El plan parcial de Finca do Conde había sido aprobado en 1999 por el alcalde popular Manuel Pérez, cuando ya estaba con un pie fuera de la Alcaldía y pese a las impugnaciones en contra de la propia Xunta del PP. La siguiente corporación, presidida por el nacionalista Lois Pérez Castrillo, anuló el plan y luego tuvo que revocar ese acuerdo por dictamen del Consello Consultivo de Galicia. Autorizó luego la construcción de las dos torres y, una semana después, se daban a conocer las sentencias anulatorias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El plan general
Pérez Mariño y sus concejales perdieron todos los recursos políticos y judiciales con los que intentaron paralizar el plan de Finca do Conde. La concesión de las licencias para construir el centro comercial fue uno de los primeros actos administrativos del PP, en enero de 2004, ya con Corina Porro en la Alcaldía.
La sentencia anulatoria del Tribunal Supremo, que no admite más recursos, ha llegado antes de que el centro comercial haya podido ser legalizado por el plan general de urbanismo, atascado en la Xunta. Con otro calendario, es decir, de haberse producido antes la aprobación del plan general, la sentencia del Supremo no tendría mayor efecto y el plan de Finca do Conde estaría ahora en solfa. Consecuentemente, tampoco habría aflorado el convenio entre la Alcaldía y la promotora del centro comercial, ING Real Estate.
Pero, al hilo de la sentencia del Supremo, portavoces socialistas de Vigo relacionaron la autorización para construir el centro comercial Gran Vía, el mayor de Galicia (41.246 metros cuadrados útiles), con una financiación oculta canalizada por su promotora. El PP lo rechazó con gran estrépito. Al cabo, esa financiación oculta ha resultado ser cierta.
"No hubo segunda entrega"
El anexo del convenio de la Alcaldía de Vigo con ING Real Estate Development Spain Holding, S.A factura distintas actividades con cargo a la primera entrega de 500.000 euros. Según la jefa del gabinete de la Alcaldía, María Pilar Egea, por el Ayuntamiento ya no pasó ningún otro documento relativo a la gestión o que permitiera conocer el detalle de ninguna otra aportación de ING Real Estate. "No hubo segunda entrega", aseguró.
"El convenio se hizo porque para ING la ciudad era nueva y quiso darse unas garantías. Después, con las cosas en marcha, prescindió de esos trámites y ejecutó directamente con los proveedores de las distintas actividades. Desconocemos las cantidades asignadas a cada actividad y el montante total de lo que ING gastó en Vigo", añadió.
ING Real Estate tuvo una presencia destacada en los fastos de la Vuelta al Mundo a Vela, que salió de Vigo en noviembre de 2005. La finalidad del acuerdo con esta inmobiliaria no difirió, según Egea, de otros que alentó la Alcaldía con otras empresas patrocinadoras de actividades con motivo de la regata. Esto es, compensar la relegación a que la Xunta, y concretamente la titular de Cultura, Pilar Rojo, sometía a Vigo dentro del programa de actividades del acontecimiento. "Todo se iba para Sanxenxo", explicó María Pilar Egea.
Por este motivo, desde la Alcaldía se procuraron con los patrocinadores acuerdos complementarios de los que ya habían suscrito con la Xunta para programar actividades específicas en Vigo. Los patrocinadores organizaban y pagaban directamente a sus proveedores y el ayuntamiento se limitaba a prestar su colaboración logística e institucional. No hay constancia documental de esos acuerdos "por existir con los patrocinadores convenios estables y estimarse innecesario". Esa pauta se habría aplicado al millón restante del convenio de ING Real Estate.
*ELPAIS.com - Vigo - 04/03/2007
Foto: Entrada al centro comercial Gran Vía de Vigo- LALO R. VILLAR
Zafarrancho de patriotas
J.J.PÉREZ BENLLOCH* : "Ha sido la tercera visita que una comisión de eurodiputados amparados por el Parlamento europeo ha girado esta semana por el País Valenciano para observar de nuevo el urbanismo que se desarrolla y verificar las denuncias que, a propósito del mismo, se han presentado ante el Comité de Peticiones del mentado órgano de gobierno comunitario. Un tránsito a uña de caballo por algunos de los municipios cuestionados y de distinto color político, donde los comisionados se han reunido con los damnificados y comprobado personalmente las presuntas y portentosas hazañas de la industria inmobiliaria.
Como era de esperar, al PP gobernante le ha sentado a cuerno quemado esta reiterada inspección y ha tratado de desacreditarla por todos los medios, sin desdeñar aquellos que delataban sus querencias e inercias anacrónicas. No se ha citado el oro de Moscú, pero sí ha aludido a lobbies y contubernios financieros, así como a una imaginaria y malévola campaña de la izquierda, como causas de esta embajada parlamentaria que a su entender desdora la imagen valenciana. En el colmo de la memez y del absurdo, el diputado popular Carlos Iturgaiz se ha referido a estas requisitorias urbanísticas como tapadera de las conversaciones con ETA. Una serie de dislates a la que se ha sumado el lúcido eurodiputado José Manuel García Margallo, a quien nadie ha de aleccionarle sobre lo mucho de bananero que ha tenido por estos pagos la gestión del territorio y del ladrillar.
Recrimina el partido conservador que los afectados por el llamado desarrollo urbanístico hayan recurrido a las autoridades europeas, lo que reputan como poco menos que un delito de lesa patria, una apelación emocional muy grata a sus huestes, tan sensibles a estos zafarranchos. Soslaya, en cambio, que tal apelación a Bruselas se ha producido como fruto de la impotencia, después de un sinnúmero de tropelías al amparo de la ley reguladora del urbanismo valenciano, con el agravante de un clima de permisión, cuando no de corrupción generalizada en este ámbito y al amparo circunstancial de los jueces, indotados de medios materiales y de mentalidad para abordar este problema con la diligencia que sólo últimamente parece que están aplicando.
¿Cómo puede sorprender, pues, que en tal tesitura no se recurra a Europa? Al mismo Napoleón se le hubiese franqueado la entrada en el país si con ello se propiciaba otro orden y remedio al auge de los agentes urbanizadores y la colonización intensiva, al tiempo que arbitraria, del territorio. Los afrancesados de entonces son en buena parte los valencianos de hoy, que se esperanzan en instancias ajenas -y no tan lejanas- ante la quiebra de las propias, empezando por las políticas. Sobre todo, si del PP se trata. Resulta alarmante a este respecto su obstinación en cantar las bondades de un modelo urbanizador que únicamente pueden aplaudir cuantos lo han exprimido económicamente. Una testarudez que, sin embargo, ha tenido que ceder ante los sucesivos correctivos en forma de expedientes sancionadores, informes negativos y visitas como la que glosamos. El corolario ha sido el discurso de la sandía, ese recuelo ecologista -con visos de oportunista- a cargo del inefable consejero de la cosa, González Pons.
A esta movilización de patriotas ofendidos no han faltado los promotores inmobiliarios asociados. A su entender los diputados europeos comisionados han calumniado a su propio gremio y a la Administración al señalar estos la inseguridad jurídica que decantan las deficiencias de la ley urbanística vigente, y eso no es bueno para el mercado. Gran sensibilidad la de estos profesionales que han vivido una bonanza irrepetible, lo que probablemente les ha ocultado las quiebras escandalosas de su negocio. Al margen de lo que se entienda en este caso por calumnia -que no hemos percibido por parte alguna-, el mentado gremio tiene que asumir su parte de responsabilidad en tanto que beneficiario mudo del proceso urbanístico cuajado de abusos. Pero la inculpación no va con ellos, sino con los políticos. Son estos quienes deben valorar estas inspecciones parlamentarias como la sanción mortificante de su ineptitud o complicidad. De ahí, acaso, la algarada patriotera con que se pertrechan.
*ELPAIS.com, 04/03/2007
La rebelión de los empresarios canarios
CristóbalGarcíaVera* : "La trama eólica, las Teresitas, el Caso Faycán, el caso Mogán... son algunos de los últimos escándalos de corrupción destapados en las Islas. Su abundancia es tal, que sólo desde la más absoluta de las hipocresías se pueden calificar ya como “hechos aislados”. Los datos que paulatinamente se han ido conociendo permiten vislumbrar, por el contrario, las características de un sistema inherentemente corrupto. Un sistema en el que los supuestos administradores de lo público gestionan los intereses de un puñado de empresarios, y en el que comisiones, tratos de favor o prevaricaciones se antojan como meros ingredientes necesarios del “Negocio”.
Cuentan quienes vivieron la llamada “transición democrática” que durante esa lejana época no estaba muy bien visto eso de "ser empresario". Incluso, nos dicen, la gente de derechas de toda la vida ocultaba su identidad ideológica con imprecisas definiciones como “centro-progresismo”, “izquierda moderada”, “centro-izquierda” y otras bagatelas. Y se comprende que fuera así. La burguesía española, al igual que la iglesia Católica, había salido muy mal parada de su íntima colaboración con la Dictadura de Franco. Durante cuarenta años habían sido los pilares más sólidos del régimen. Y en 1975, las cosas ya no estaban para bromas. El auge de los movimientos sociales era tal que para las clases hegemónicas se hacía preciso el recambio, el oportuno cambio de chaqueta.
Pero quienes nacimos por esas mismas fechas, o algo después, y crecimos mamando la cultura del pelotazo impulsada por aquel ministro psocialista de Hacienda apellidado Solchaga, adquirimos una percepción bien diferente de los llamados “hombres de empresa”. Las pláticas de Felipe González nos hicieron creer que eso de ser empresario no era nada malo, sino casi todo lo contrario. Los medios de comunicación de entonces comenzaron a desvelarnos otra imagen de los ejecutivos y de los grandes propietarios. Ya no se trataba de los obesos y seniles capitalistas del franquismo. Ahora sus filas empezaban a estar nutridas de jóvenes ágiles y dinámicos, con ambiciones transformadoras. Arquetipos como los de Mario Conde, los Albertos o las Koplowitz desfilaban casi a diario por el escaparate televisivo y las revistas multicolores de papel cuché. Poco a poco, algunos llegaron a creer, incluso, que todos podíamos ser empresarios.
Como consecuencia del dominio de estas concepciones derechistas, sabiamente inoculadas en los ciudadanos, la burguesía del Estado español se legitimó ante una buena parte de la población, que asumió sin más que son los empresarios los que “crean la riqueza”. Convertidos para muchos en modelo de éxito social, estos empresarios no dudan hoy en hacer una impúdica ostentación de sus privilegios, conscientes de la debilidad de las organizaciones que aspiran a cuestionar su hegemonía y su misma existencia como clase. No es de extrañar, por tanto, que desde esta posición de fortaleza reaccionen violentamente ante el más mínimo intento de fiscalizar sus actividades. En Canarias, por ejemplo, hemos tenido que asistir a su vergonzosa defensa del derecho a enriquecerse ilegítimamente sin las incómodas actuaciones de los jueces que investigan “presuntas” corrupciones.
Los “casos aislados” de corrupción
La trama eólica, las Teresitas, el Caso Faycán, el caso Mogán... son algunos de los últimos escándalos de corrupción destapados en las Islas. Su abundancia es tal, que sólo desde la más absoluta de las hipocresías se pueden calificar ya como “hechos aislados”. Los datos que paulatinamente se han ido conociendo permiten vislumbrar, por el contrario, las características de un sistema inherentemente corrupto. Un sistema en el que los supuestos administradores de lo público gestionan los intereses de un puñado de empresarios, y en el que comisiones, tratos de favor o prevaricaciones se antojan como meros ingredientes necesarios del “Negocio”.
Ante la implicación en estos casos de corrupción de destacados miembros del PP y CC, desde estos partidos políticos no tardaron demasiado en hacer circular el “espantajo de la persecución”. José Manuel Soria, líder de los ultraderechistas canarios, se empeñó en diluir la responsabilidad de los cargos implicados de su partido -y la suya propia como máximo dirigente del PP canario- repitiendo, cada vez que encontraba un micrófono bajo sus bigotes, que el ex ministro de justicia Juan Fernando López Aguilar les sometía a una suerte de cacería con la que intentaba allanar su camino hacia la presidencia del gobierno autonómico. Por su parte, los dirigentes de Coalición Canaria saltaron al ruedo con idéntica presteza para defender la honorabilidad del alcalde de Sta. Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, implicado por el escándalo de Las Teresitas y el caso Forum Filatélico. Paulino Rivero, al igual que Soria, cuestionó la imparcialidad de los jueces que investigaban a su correligionario. Ambos utilizaron también la ambigüedad propia del politicastro que - aderezada con unas dosis de cinismo- les permitió no sentirse aludidos por las críticas que como respuesta dirigieron las asociaciones de magistrados de Canarias a la mal llamada “clase política”.
Todos somos iguales, aunque algunos seamos más iguales que otros
Pero aunque no han faltado este tipo de actuaciones desde el comienzo del rosario de escándalos destapados durante los últimos meses, en fechas recientes se han producido las declaraciones más significativas sobre el supuesto maltrato que sufren nuestros sacrificados empresarios
Después de que se imputase al magnate de la construcción y la hostelería Santiago Santana Cazorla en el caso Mogán, y de que se conociese la existencia de una grabación en la que el empresario hablaba sobre sus negocios con el presidente autonómico Adán Martín, la patronal canaria decidió tomar cartas en el asunto.
A petición de las diferentes organizaciones aglutinadas en la Confederación Canaria de Empresarios su presidente, Mario Rodríguez, convocó un comité ejecutivo de urgencia en el que se abordó el asunto y se posicionaron oficialmente. La Confederación manifestó enérgicamente su rechazo a “las formas en las que se han llevado a cabo las actuaciones jurídicas y policiales” en los casos de presunta corrupción de sus colegas. Según Rodríguez, los empresarios se encuentran “anonadados” por estas actuaciones, que “han generado “inestabilidad jurídica, desprestigio empresarial y graves daños económicos...”. “Aquí no hay presunción de inocencia”, (1) declaró el máximo dirigente de la CCE, acabando de pintar un escenario virtual, según el cual estos indefensos y honorables miembros de la “sociedad civil” estarían siendo perseguidos por no se sabe qué oscuros motivos.
Pero, ¿de que manera se ha vulnerado la presunción de inocencia de los empresarios imputados? De acuerdo a lo expresado por los representantes de la patronal, “generando un circo mediático que en absoluto es bueno para la actividad empresarial”. (2) Aludían así -en su declaración oficial- a las “filtraciones de información” y a algo tan elemental como el seguimiento que los distintos medios de comunicación han hecho de estos supuestos casos de corrupción. Un seguimiento que, conforme a su mentalidad, quizá debería subordinarse al interés de su crecimiento económico. Aún hay, sin embargo, en el berrinche de los agraciados de la RIC, otro reproche implícito, al hecho de que ellos puedan ser detenidos como cualquier hijo de vecino. Y ello, aunque sus grandes fortunas sean la mejor garantía de que su estancia en prisión será fugaz. Y si la más elemental prudencia les ha impedido manifestar explícitamente esta reivindicación de ser tratados con una especial deferencia, Francisco Gómez Cáceres -Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC- se encargó de hacerlo en unas declaraciones que varios miembros del comité ejecutivo de la CCE suscribieron en su última reunión.
En una entrevista concedida al diario grancanario La Provincia, el magistrado Gómez Cáceres abundó en la tesis de la patronal, afirmando que algunas de las detenciones de políticos y empresarios fueron “absolutamente innecesarias”. Gómez Cáceres se refirió, concretamente, a la detención de Santana Cazorla apuntando algunas razones por las que ésta debería haberse evitado, citándolo judicialmente a declarar. Para el juez -que confía en “la seriedad y la honradez” de Cazorla- hay que tener en cuenta “las singularidades de cada caso” a la hora de aplicar la ley. “Porque no es lo mismo” -afirmó- “alguien totalmente desconocido que otro que da empleo a cuatro mil o cinco mil personas”. Alguien con “una relevancia social indudable”. (3)
Con bastante sinceridad Francisco Gómez Cáceres resumió así lo que - sin duda - piensan los sublevados empresarios canarios. Los mismos que piden habitualmente mano dura con el delito y “tolerancia cero” con los desordenes sociales que puedan perjudicar a sus negocios. ¿Es que van a ser tratados como cualquiera de sus miles de asalariados, aunque se les implique en presuntas y multimillonarias corrupciones? ¡Faltaría más! ¡Eso supondría un atentado contra su presunción de inocencia!
“Las inversiones están huyendo”
Pero, en sus declaraciones, la Confederación Canaria de Empresarios no se limita a pedir un trato especial a policías, jueces y periodistas. Más bien lo exigen, al manifestar que las actuales “formas” y la “trascendencia nacional e internacional de estas detenciones ha dado al asunto una repercusión” que estaría provocando la huída de las inversiones extranjeras. En su opinión, la “inestabilidad jurídica” creada por la manera en la que se han tratado los supuestos casos de corrupción -y no la corrupción en sí misma- está “tocando la línea de flotación de la economía”. Y lo que han denominado “circo mediático” -es decir, el conocimiento público de una pequeña parte de las corruptelas- “supone una inseguridad, un alarmismo y una preocupación que retraen las inversiones y frenan el crecimiento económico”. (4)
El mensaje de la patronal -expresado por Mario Rodríguez- resulta meridianamente claro. Confundiendo interesadamente sus intereses particulares con los de la mayoría de los canarios, alertan de que un excesivo celo en la investigación de la corrupción que padece el Archipiélago podría tener repercusiones catastróficas para su economía. Es necesario evitar la “desmesura” en estas investigaciones, puede leerse entre líneas. Es necesario impedir que un excesivo intervencionismo -aunque este sea judicial- perturbe nuestra cuenta de resultados. Al fin y al cabo, somos nosotros quienes les damos de comer.
Ante la ausencia de movimientos populares organizados con fuerza suficiente para poner coto a sus pretensiones resulta previsible que -más pronto que tarde- las inquietudes de la patronal canaria terminen por disiparse. Porque, tal y como señalaba uno de los colaboradores de este semanario electrónico, Armando Quiñones, “en esta tierra nuestra todo son voladores de verano”. “Aquí nunca estalla la traca final”. (5)
Referencias bibliográficas:
(1) "Las inversiones están huyendo". La Provincia. Diario de Las Palmas. Martes 13 de febrero de 2007
(2) Ibídem.
(3) "La ley es la que ordena que la detención no dañe la reputación de las personas". Entrevista a Francisco Gómez Cáceres, Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. La Provincia. Diario de Las Palmas. 11 de febrero de 2007.
(4) "Las inversiones están huyendo". La Provincia. Diario de Las Palmas. Martes 13 de febrero de 2007
(5) "Voladores de verano". Armando Quiñones. Canarias-semanal.com
*Canarias-semanal.com
Rebelión.org, 04-03-2007
foto: noincineraciontenerife.com
Un magistrado del TS alerta contra la «caótica e intolerable» proliferación de planes urbanísticos
CarlosAlós* : "El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José A.Martín Pallín, alertó ayer sobre la « caótica» proliferación de planes urbanísticos en la Comunitat Valenciana y otras zonas de España y aseguró que la situación es «intolerable». Martín Pallín señaló que el urbanismo se ha convertido en la antesala «de la corrupción» y quien otorga las licencias «en una especie de rey Midas», sentenció.
El magistrado dibujo un panorama muy complicado y llegó a advertir sobre la entrada de «grupos mafiosos» en el ámbito de la construcción por la facilidad con la que se generan beneficios económicos a través de terrenos que multiplican su valor cuando sobre ellos se realiza una actuación urbanística. «Debemos de aplicar la cirugía antes de que se produzca un fallo multiorgánico porque esto acaba provocando la pérdida de la fe en la democracia y hay un terreno abonado para la aparición de 'Berlusconis' y personajes similares» , añadió.
Martín Pallín participó en las jornadas sobre Urbanismo y Medio Ambiente que organiza la Universitat de València y en la que compartió mesa redonda con el magistrado Luis Manglano, el abogado José Luis Noguera y el representante de la plataforma cívica, Compromís pel Territori, Vicent Torres. Todos ofrecieron su visión sobre la situación urbanística actual y la proliferación de planes de actuación. Les precedió el fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, quien calificó de «extremadamente positiva» la visita de los eurodiputados a la Comunitat Valenciana que ha criticado el Consell. «El Parlamento es soberano y me parece que han tomado una decisión muy positiva con su visita» a la Comunitat.
Aumento del número de sentencias
Vercher se mostró satisfecho de la actuación de la Justicia contra los delitos medioambientales y la ordenación del territorio al asegurar, sin cuantificarlas, que el número de sentencias en este ámbito ha crecido hasta una cifra «impensable» hace sólo una década. «Hace unos años los delitos contra el medio ambiente se tomaban un poco a broma y nos llamaban los fiscales de los pajaritos, pero esa situación ha cambiado» , señalo.
Sin embargo, Vercher no quiso bajar al terreno de lo concreto y rechazó dar su opinión sobra la actual ley urbanística valenciana y sobre proyectos concretos que se llevan a cabo en la Comunitat. Durante su intervención animó al auditorio y a las asociaciones cívicas a llevar antes los tribunales actuaciones urbanísticas sospechosas.
*LEVANTE-EMV, 03 de marzo de 2007
