VECINOSTRASELMURO* : En la zona de la Trinidad tiene lugar una barbarie urbanística especulativa que hace peligrar la vida de multitud de vecinos de varias calles.
LOS COMIENZOS: El Hospital de la Santísima Trinidad es un hospital privado construido en el s. XIX y situado en el Paseo de Carmelitas en la zona céntrica de Salamanca.
La especulación urbanística en estos terrenos comenzó en el año 1995, cuando la Fundación del Hospital hace pública la intención de hacer una serie de reformas en ese momento le permite acogerse a los convenios que por entonces el INSALUD ofrecía a los hospitales de carácter privado, a los que pensaba transferir determinados tratamientos y operaciones con el fin de descongestionar las listas de espera de la sanidad pública.
En 1996 comienzan las operaciones especulativas, cuando la Fundación decide vender los terrenos traseros de la finca a la empresa PALCO-3, empresa constructora de carácter familiar conocida en la localidad e inscrita en el registro a nombre de Francisco Román de Pablos, más conocido como Manín. Más tarde volveremos sobre la pista de este especulador. La cantidad que paga la empresa a la Fundación permite a ésta realizar las reformas necesarias en el Hospital. Esta operación parece tener fines exclusivamente “filantrópicos” ya que en ese momento el terreno perteneciente al legado de la Fundación (por el que la empresa constructora ha pagado una importante suma de dinero) permitía exclusivamente la construcción de inmuebles con fines sociales.
En 1998 la remodelación del Hospital se lleva a cabo, mientras a la vez se emite el proyecto de construcción de un parking subterráneo en la parte delantera de la parcela, lugar que ocupaba antes de las obras un huerto con un importante arbolado tal y como reconocía la ficha del Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana.
Desde 1996 y durante los tres años siguientes, los vecinos denunciaron esta situación a la UNESCO, ya que teóricamente la zona protegida por ser patrimonio histórico debía ampliarse por encima de la Santísima Trinidad y la zona de las Claras. En el mes de Julio de 1998 el Ayuntamiento, con mayoría absoluta del PP y gobernado por el alcalde Troconiz aprobó en sesión plenaria la Modificación Puntual del Plan General de urbanismo reduciéndose el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan de Ordenación Urbana al casco histórico. De esta manera se consiguió edificar, en donde antes era imposible, un parking subterráneo y modificar la calificación del suelo de la zona trasera, que pasó a ser zona residencial. Esta modificación del plan también afectó al Monasterio de las Claras donde se edificó un hotel y al proyecto de edificación del parking de Los Bandos, que recibió más de 1.700 alegaciones presentadas junto a 18.500 firmas en contra del proyecto.
Desde ese momento la empresa PALCO-3 no perdió ni un segundo y comenzó a ofertar las futuras viviendas, abriendo una lista de posibles compradores sin haber presentado siquiera el proyecto arquitectónico del edificio. Debemos destacar que la proposición de remodelación del Plan General de Urbanismo, aprobada en sesión plenaria, se produjo en el mes de Julio. Como ya hemos visto en otras ocasiones, en Salamanca es ya casi una tradición que los políticos de la ciudad aprovechen los meses de veranos (cuando esta ciudad universitaria se vacía) para realizar sus desfalcos y el resto de actividades inmorales.
COMIENZA LA LUCHA.
Entonces como respuesta, los vecinos comienzan a movilizarse y coordinar su lucha bajo la asociación vecinal del Barrio de San Bernardo, ASANBER. Se inicio una campaña de sensibilización que consiguió recoger más de 9000 firmas con el objetivo de paralizar la Modificación Puntual del Plan General. Pero ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Castilla y León tuvieron en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas. Eso sí, la Junta emitió una carta a los vecinos denegando esta petición; la carta llegó en el 2002, cuatro años después de que las alegaciones fueran presentadas y, claro está, la Modificación fuera aprobada. Los vecinos decidieron continuar por la vía civil, al ver que sus peticiones y alegaciones eran rechazadas sin tenerse en cuenta por el Ayuntamiento y la Junta. En el 2001 se había presentado un recurso, junto a Ecologistas en Acción y un grupo de particulares, en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el que se rechazaban, tanto los convenios firmados por el Ayuntamiento y la Fundación como los planes de las obras que se comenzaban a realizar en el solar, además se pedía que hasta resolver el recurso se paralizaran las obras, pero el Tribunal no aceptó esta petición popular.
En el 2004 se finalizan las obras del parking que finalmente resulta ser semisubterráneo y que además de haber provocado la desaparición de toda la zona ajardinada del terreno, rompe totalmente con la estética decimonónica del lugar.
En el año 2005 Román de Pablos, representante de PALCO-3, solicita la Licencia de Obras para realizar apartamentos en el terreno comprado por la empresa, y dos años más tarde solicita la ampliación del garaje, pasando de 3 a 4 plantas, todas ellas subterráneas. El Ayuntamiento, de nuevo acepta todas las peticiones del empresario, es más, le dice que puede realizar las plantas que desee. Debemos aclarar que “casualmente” Román de Pablos es propietario de un hotel de lujo “Alameda Palace” que se encuentra en el centro de la ciudad y donde se realizan habitualmente las victorias electorales y diferentes actos de campaña del PP y también se han llevado a cabo actos del partido neonazi Democracia Nacional.
Comenzaron las obras y cada vez había más irregularidades. Los vecinos comenzaron a notar como la altura del edificio comenzaba sobrepasar los límites establecidos y que no correspondía a lo acordado en el proyecto. En el mes de Marzo del 2009 la AAVV ASANBER presenta un escrito describiendo las numerosas irregularidades observadas y pidiendo la paralización de la obra, que abra un expediente de sanción al empresario y que le obligue a restaurar la construcción conforme al proyecto aprobado.
De momento en el proyecto no se recoge que fin tendrá ese edificio, pero en esta zona no está permitido construir parkings o apartahoteles, que parece ser el fin que le quieren dar, aunque hasta el momento los vecinos no han podido acceder como asociación, como personas individuales ni a través de petición judicial al estudio geológico ni arquitectónico de la zona, previo a la construcción del edificio, ni al proyecto de edificación. El Ayuntamiento también ha rehuido las numerosas peticiones de los abogados (e incluso del juez, que ha dado la razón a los vecinos) de un permiso que permita a los arquitectos acceder a la zona con el fin de evaluar las irregularidades.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO: RETRANQUEO RIDÍCULO.
El Ayuntamiento ante la presión vecinal, ahora reunida en la asociación de AVEMUR (Asociación de Vecinos tras el Muro), decide maquillar la situación y aprueba que se elimine una esquina de la calle Alarcón. El informe de los técnicos municipales que realizan la inspección no deja lugar a dudas, exponiendo que el edificio ha sobrepasado la altura permitida en las dos últimas plantas, hay un exceso de volumen construido, no se ha llevado a cabo el retranqueo previsto en toda la última planta, se ha macizado una de las fachadas, se ha cambiado la distribución de las plantas y se ha levantado un muro para aislar el edificio de los colindantes que levanta más de cinco plantas, cuando en el proyecto sólo estaba permitido uno de una altura de 1.30 metros. La construcción de este muro la intentó hacer el constructor utilizando las paredes de los patios de luces de los edificios colindantes. Al negarse los vecinos, los amenazó, a través de un burofax, con reclamar toda clase de daños y perjuicios posibles.
El motivo por el que se levanta este muro, es aislar el patio interior del edificio ilegal y ha supuesto para los vecinos unas condiciones de vida extremas, en sus propias viviendas. Las más graves, y que afectan a vecinos de numerosas calles: Reflejos dañinamente brillantes provocados por las placas que cubren el muro; grietas y humedades, que tienen como consecuencia la aparición de hongos negros en el edificio de la calle Alarcón. Recordamos que el hongo negro o Aspergillus es causante de alergias, serias enfermedades respiratorias y pulmonares, e incluso, provoca la muerte en personas mayores e inmunodeprimidas. La desproporcionada altura del muro ha aislado a los vecinos de la luz natural y ha provocado el aumento de las temperaturas en las viviendas (en algunos casos se constatan hasta 40-45 ºC). Las vigas y andamios del edificio en obras han facilitado la entrada de los ladrones hasta en 5 ocasiones en los pisos de los edificios colindantes, robando ordenadores, videoconsolas, joyas, dinero, etc.; aunque lo sentido como más peligroso para los vecinos, es que en ocasiones los robos se han perpetrado mientras los vecinos estaban en sus viviendas.
La última consecuencia viene propiciada por los más de 50 motores de salidas de aires ilegales, que no se pueden poner a menos de 15 metros, según la normativa vigente, pero que están a siete metros de los vecinos y suponen un ruido inmenso. Las chimeneas de los edificios de la calle, han quedado por debajo del nivel permitido por culpa de la edificación de este edificio. La normativa dice que las chimeneas de los edificios de un vecindario deben quedar por encima de los edificios colindantes para permitir una mejor evacuación de los humos y gases.
Esto supuso una situación trágica hace dos semanas, que por fortuna no acabó con víctimas mortales. Por la tarde, hubo una intoxicación con monóxido de carbono en todos los patios, debido a la falta de aireación producida por el inmenso muro, que impide la aireación de las tuberías de gas natural que recorren los patios interiores de los edificios del vecindario. Una vez que llegaron los bomberos encontraron una concentración 14 veces mayor de monóxido del permitido (60 ppm de CO, cuando los límites marcan como máximo 4,5 ppm) y se vieron obligados a evacuar todos los edificios colindantes. A pesar de los informes de los técnicos y el informe de los bomberos, el Ayuntamiento responde a las quejas de los vecinos que probablemente la intoxicación se deba a una fuga de una caldera, aunque los técnicos afirman que las calderas están en perfecto estado. Los vecinos temen que la próxima vez pueda ser ya irremediable todo; una vecina nos comenta “que precisamente el CO es inholoro” o “que en cuanto ocurra de noche nadie podrá percibirlo”. Ante esto el Ayuntamiento sigue haciendo oídos sordos, y da a entender a los vecinos que hasta que no haya ninguna muerte, nada va a cambiar.
Probablemente ni el Ayuntamiento ni el constructor pensaban que esta lucha iba a ser tan continua ni fuera a llegar tan lejos, ya que la mayoría de los vecinos de los edificios afectados son personas mayores que han gastado todo lo que tenían en pagar sus viviendas, y otros, propietarios que ya no viven en ellas y que las alquilan a estudiantes. En definitiva, una comunidad dispersa y difícil de movilizar, incluso, a algunos vecinos funcionarios del Ayuntamiento les han comunicado que la estrategia del Ayuntamiento es minar sus fuerzas, esperando que antes o después se cansen, pero a pesar de todo han sacado fuerzas de flaqueza y su lucha sigue.
Los vecinos han decidido luchar en solitario contra ese inmenso “Muro” y frente al empresario, a sus sobornados cómplices del Ayuntamiento y a la Junta; y es por ello que nosotros debemos ayudarles, ahora más que nunca mostrándoles toda nuestra solidaridad para que el Ayuntamiento de Salamanca no pueda seguir obviando estas situaciones.
La mayoría de los Mass-Media de Salamanca y de toda la Comunidad de Castilla y León les están negando su voz, la solidaridad debe ser nuestra respuesta.
Para mayor información sobre el caso:
Blog "Salamanca: Vecinos Tras el Muro": http://vecinostraselmuro.blogspot.com/
Por los daños causados a los vecinos y por el resto de ilegalidades, desde la ASOCIACIÓN VECINOS TRAS EL MURO le pedimos su ayuda y su apoyo en la lucha contra este tipo de barbaries tan extendidas. Si quiere apoyarnos en nuestra causa le invitamos a unirse a la Asociación (ya hay más de 400 personas apoyando a la Asociación AVEMUR, no requiere ningún compromiso salvo aportar sus datos). Puede contactar con nosotros en los teléfonos 923-266429 / 923-263839 o enviarnos sus datos al correo electrónico vecinos.muro@gmail.com indicando: Nombre y dos apellidos, Dirección, Número DNI con letra incluida, Número de teléfono, Dirección de correo electrónico (si la tuviera o quisiera recibir información de noticias)
Vídeos en YouTube:
"Salamanca, los horrores del pelotazo en La Trinidad" http://www.youtube.com/watch?v=SnJNOJh-L9Y
"Salamanca, el pelotazo de La Trinidad"
http://www.youtube.com/watch?v=SLc_MLto3kk
"Salamanca, el parque perdido de La Trinidad" http://www.youtube.com/watch?v=y5PHh0IHGkY
"Vecinos tras el muro"
http://www.youtube.com/watch?v=JJ7o5sG3U6k
* Kaos en la Red - Avemur - 15.02.10
Foto: Avemur
El pelotazo urbanístico de Salamanca
'Caso Gürtel': "La función esencial era encubrir u ocultar el titular de los fondos"
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ELPAÍS/Madrid* : La tesis sobre la que trabajan los investigadores es que Francisco Correa, el presunto líder de la trama corrupta, que lleva un año en la cárcel, sacaba de España el dinero obtenido de sus negocios favorecidos por dirigentes del PP a través de sociedades creadas en el exterior y manejadas por otras sociedades con sede en paraísos fiscales. Ese dinero que Correa sacaba de España volvía en ocasiones al país mediante inversiones en distintas promociones inmobiliarias.
Esta operativa se dio, según la investigación, con el proyecto de construcción de 16 viviendas de lujo en la localidad madrileña de Majadahonda. Para esta promoción, Correa se alió con Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. Entre las distintas sociedades que participaron en la promoción inmobiliaria de Majadahonda estaba una, Rutsfield, con sede en Londres pero manejada desde un paraíso fiscal.
Este entramado era uno más de los que montó Luis de Miguel, asesor jurídico y fiscal de Francisco Correa. En 2006, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) elaboró un informe en el que sostenía que De Miguel había creado distintas estructuras empresariales para sus clientes compuestas de sociedades instrumentales registradas en países con fuerte protección del sistema bancario.
Estructura empresarial
"Esta estructura empresarial", señalaba el informe del Sepblac, "podría calificarse de poco transparente y parece estar diseñada con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos (...) En lo concerniente a las transferencias, los fondos que entran en la maraña societaria proceden del exterior, como pueden ser el caso de la isla de Nevis, Luxemburgo, Liechenstein, Reino Unido, Alemania, Suiza...".
El informe sobre De Miguel concluía así: "Parece claro que en esta red empresarial creada puede moverse dinero quizás de origen ilegal o bien dinero negro que se trata de encubrir. Esta hipótesis cobra fuerza al tener en cuenta que, de todas las sociedades analizadas, el 70% tiene como objeto social alguna forma de promoción inmobiliaria, sector tradicionalmente de alto riesgo de blanqueo de capitales".
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria elaboró otro informe sobre Rutsfield, una de las sociedades que gestionaba De Miguel para Correa y sobre la nota manuscrita hallada en la carpeta correspondiente a esa sociedad que requisó la policía en uno de los registros de la Operación Gürtel. En dicha nota aparecían referencias al reparto del capital en una sociedad promotora llamada Twain Jones, que compró terrenos en Majadahonda (Madrid) y levantó 16 viviendas de lujo que se pusieron a la venta a un precio de entre 500.000 y 1,1 millones de euros. La Agencia Tributaria concluyó: "La función esencial de los trusts gestionados por De Miguel era encubrir u ocultar el verdadero titular de los fondos (...). Los 50 millones que habría pagado Rutsfield parecen repartirse entre dos personas, "PC" y "LBarcenas", lo que puede entenderse como elemento indiciario de la existencia de una vinculación entre ambos. De la nota parece interpretarse que PC y LBarcenas podrían intervenir en la operación utilizando fondos que se canalizarían a través de Rustfield. Se desconoce si finalmente LBarcenas intervino en la operación inmobiliaria".
El informe de la Agencia Tributaria era de mediados de 2009. Seis meses después, fruto de las investigaciones del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, se ha podido descubrir que una de las personas que invirtieron en el proyecto Twain Jones es Rosalía Iglesias Villar, la esposa de Bárcenas.
El rastro de una inversión inmobiliaria
La reconstrucción de la operación inmobiliaria que impulsó Franscisco Correa en Majadahonda, basada en los documentos incautados como consecuencia de la Operación Gürtel, llega a la siguiente conclusión: Correa y Bárcenas participaron con 50 millones de pesetas (300.000 euros) a través de Rutsfield (una sociedad montada para evadir el fisco) en la sociedad de promoción inmobiliaria Twain Jones que pretende levantar 16 viviendas de lujo en Majadahonda. La mujer de Bárcenas invirtió 150.000 euros de procedencia desconocida en este proyecto.
* ELPAIS.com - 15.02.10
Foto: Majadahonda (Madrid), vivienda caso Gürtel - publico.es
Territorio avaló las casas ilegales de Montroy al aprobar el Plan General cuatro años después de construirlas
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LEVANTE/Valencia* : Al ex alcalde de Montroy le costó, pero al final lo consiguió. Francisco Carrión logró que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda aprobara el Plan General de Montroy cuatro años después de permitir que se levantaran más de 80 chalés en suelo rústico en la Canyà de la Murta. Los residentes siguen sin contar con luz, agua ni alcantarillado. Lástima que él ya no estaba de alcalde.
A vendedores, promotores y constructores, Francisco Carrión les aseguraba que la conselleria le apoyaría en su proyecto de convertir los terrenos rústicos de Els Mallars en una nueva zona residencial, como ocurrió con los Balcones de Montroy I y II. El procedimiento era similar. Primero se construye ilegalmente y luego se piden los permisos para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con la aprobación del nuevo PGOU, incluso se reclasificó suelo forestal junto a estas urbanizaciones para ampliarlas.
La Resolución es del 30 de mayo de 2007, y la directora general de Ordenación del Territorio declara "definitivamente aprobado el Plan General de Montroy", subsanadas las deficiencias señaladas en abril del año anterior, un mes antes de que Carrión dejara la alcaldía.
Legalizar zonas ya construidas
En la misma resolución se explica que las actuaciones más importantes del plan son "la clasificación del suelo urbano incorporando aquellas áreas urbanizables cuya urbanización se encuentra en ejecución". Es decir, se intentaba reparar el delito. Había que declarar urbanizables las zonas que ya estaban construidas para poder realizar la urbanización de un PAI (programa de actuación integrada).
De esta forma, se crearon "dos nuevos sectores de suelo residencial", les Valletes y la Canyà de la Murta. También se aprobó la "ampliación de la oferta de suelo para la vivienda de segunda residencia, planteando un nuevo suelo urbanizable junto a las urbanizaciones Balcón de Montroy I y II, y los dos sectores mencionados, les Valletes y Canyà de la Murta".
La conselleria seguía abriendo la manga al permitir ampliar en "zonas de reserva residencial en suelo no urbanizable" las áreas que presentaban asentamientos residenciales irregulares. Con ello, pretendía posibilitar su "desarrollo posterior" para su "urbanización y conexión con las infraestructuras básicas".
El problema es que el PAI sigue sin aprobarse y los residentes no están dispuestos a pagar los gastos de urbanización, que estaban incluidos en sus contratos cuando compraron los chalés. El alcalde y seis promotores fueron detenidos por ello.
* Levante-EMV - 15.02.10
Foto: Montroy (Valencia), urbanización Els Mallars - lasprovincias.es
Galicia: Las escuchas imputan a varios curas por tapar la trama de Cultura
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ELPAÍS : Los párrocos implicados intentaron pactar sus relatos ante la policía. Todo está en las cintas que la policía grabó a los implicados en la trama corrupta que gestionó la rehabilitación del patrimonio en las iglesias y monasterios de Ourense y Pontevedra entre 2003 y 2009.
Según consta en el minucioso sumario que instruye el Juzgado número 3 de Santiago, la red, que presuntamente encabezaban dos funcionarios de la Xunta, el ex restaurador de la Consellería de Cultura, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, y el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel, se habría lucrado con la restauración de retablos en monumentos de las dos provincias, sirviéndose de subvenciones del Gobierno gallego.
Los investigadores tienen pruebas fehacientes de que ambos funcionarios habrían percibido comisiones ilegales, en efectivo o en especie, por favorecer a empresas amigas. En muchos casos, los encargos de las obras de rehabilitación del patrimonio recaían sobre órdenes religiosas e incluso sobre sacerdotes, una fórmula que permitía a la red sortear los concursos públicos para adjudicar los contratos y beneficiar a cinco firmas restauradoras -cuyos directivos también están imputados- elegidas a dedo. Todo eso es lo que ahora está investigando la juez. En los casi 2.000 folios que resumen la investigación judicial se desmenuza el papel de cada uno de los actores en la trama, que acumula ya doce imputados, entre ellos varios sacerdotes de la provincia de Pontevedra e incluso el ex obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, quien tras su paso por la comisaría y el juzgado abandonó el cargo a finales de enero.
Mucho antes, en septiembre, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía se había personado en una docena de parroquias de Pontevedra y Ourense para interesarse por los procedimientos utilizados para encargar las obras. Las citaciones policiales inquietaron a las empresas restauradoras casi tanto como a los funcionarios implicados. Los pinchazos prueban que sacerdotes, empresas y funcionarios trataron de pactar entre ellos un relato único que ofrecer a la policía y entregar facturas falsificadas que justificasen los pagos en dinero negro realizados por las parroquias a la trama.
2Así, el 23 de septiembre, una de las imputadas, Olga Quintela, responsable de la firma Márquez Vieira CBC, que rehabilitó el monasterio de Celanova, telefoneó a un sacerdote, cuyo nombre no explicita la policía, para acordar una versión sobre las obras de rehabilitación de dos retablos, acometida por esa empresa durante el ejercicio 2006, en total 36.000 euros (21.000 pagados por una vecina y 15.000 por el sacerdote). Esta es la transcripción de la policía:
-Olga: Si dicen cómo se pagó eso[los 15.000 euros de uno de los retablos], se lo hicimos nosotros sin cobrarle.
-Cura: ¿Cómo?
-Olga: Que no se cobró por ese trabajo.
-Cura: ¿Pero nosotros qué tenemos que decir, que fue gratis?
-Olga: ¿Usted ese dinero lo declaró?[...]
-Cura: El problema es cómo digo que no lo pagué si salió publicado en la prensa.
-Olga: También podemos decir una cosa, que se quedó de hacer facturas de esos retablos y que nos hemos olvidado.
-Cura: Eso, claro, de acuerdo.
-Olga: Que lo puedo decir.
-Cura: Pero hay que quedar claro en lo que se dice porque si no, podemos contradecirnos. Si tú me dices que vas a decir que quedó pendiente de hacer factura y pasó el tiempo y se despistó, pues yo digo eso.
-Olga: Yo digo eso. [...]
-Cura: Yo lo que voy a decir es que me quedaron en pasar la factura y no me la pasaron y yo lo que le pagué fue el recibo que me dieron en aquel momento.
-Olga: Usted si lo llaman a declarar, avíseme.
-Cura: Si me llaman, te llamo.
Ese mismo día, el 23 de septiembre, la representante de la empresa Marquez Vieira CBC, que habitualmente participaba en las obras que proyectaba la organización de Gómez-Gil había llamado también a otro párroco, Agustín Sobral, que ya había prestado declaración ante la policía. La mujer se interesa por las explicaciones que el párroco había ofrecido a los agentes y le pregunta directamente si les mostró a los investigadores algún recibo de los pagos realizados a su firma. El sacerdote admite que le entregó un recibo de 15.000 euros que no llevaba aparejado el IVA correspondiente. La responsable de CBC le responde que el IVA "se declara si es factura, si no es factura, no".
En esa frenética jornada, entre llamadas a una gestoría para comprobar las consecuencias jurídicas que podría depararle la facturación en negro de muchos de los trabajos, la dirigente de la firma CBC todavía tuvo tiempo de llamar a un tercer párroco, a las 21.11 horas, con el mismo objetivo, cuadrar las cuentas del dinero B que le habría facturado. "Del retablo mayor de una parte hicimos factura pero de otra no, por eso le llamaba, que si lo llaman a declarar para que presente sólo la factura oficial, que no presente recibos", reclama Olga Quintela.
Pese a que el párroco replica que el importe total de los trabajos asciende a 42.000 euros con el IVA, ambos acuerdan pactar esa cifra.
Al día siguiente, la misma imputada se comunica con otro de los presuntos cabecillas de la organización, José Manuel Pichel, arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, al que el actual conselleiro de Cultura retiró la firma y apartó de las contrataciones cuando estalló este escándalo. En la charla, Olga Quintela pone al corriente a Pichel de las pesquisas que sigue la policía. Según figura en el sumario judicial, el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo explica: "[La policía] se va a meter por ejemplo en que nosotros no hemos comunicado que se nos pase presupuesto". Pichel acaba pidiéndole a la responsable de Márquez Vieira CBC que "de eso no comente nada" cuando sea llamada a declarar a la comisaría, un temor que compartían en septiembre todos los imputados.
* ELPAIS.com - 15.02.10
Foto: Los vecinos de paraños dudan del cura /SONIA DAPONTE, xornal.com
El espejo alemán del Cabanyal
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PÚBLICO/Valencia* : El 4 de enero, tras conocer la Orden de Cultura que paraliza los derribos en El Cabanyal, muchos vecinos se reunieron para brindar, cantar, llorar y abrazarse. Uno de los más activos, Peter Schwanewilms, estuvo sin estar. A través de un móvil conectado a unos altavoces habló atropelladamente. Lo hizo a 2.500 kilómetros de distancia y en representación de Ottensen, el barrio marinero de Hamburgo (Alemania), que apoya desde hace años la lucha del Cabanyal por preservar su patrimonio.
Las similitudes entre ambos lugares son numerosas. Ottensen, a orillas del río Elba y cerca del puerto de Hamburgo, fue un diminuto pueblo agrícola hasta que en 1850 lo fagocitó la ciudad. Los huertos fueron sustituidos por fábricas de vidrio, metal, tabaco y alimentación. En aquel tiempo se construyó a destajo para dar cabida a la abundante marea proletaria que llegó en busca de trabajo. Pero la crisis industrial de los setenta decoró Ottensen de degradación y abandono.
El ayuntamiento planeó entonces convertir el barrio en un solar y levantar la City West, una ciudad de negocios inflamada de rascacielos, surcada por una autovía y repleta de nuevos bloques de viviendas para gente rica. Las inmobiliarias vieron la oportunidad de negocio servida en bandeja: suelo pobre y de pobres a la espera de suculentas recalificaciones. Pero se encontraron con la oposición de sus pobladores: muchos inmigrantes y sobre todo estudiantes embriagados por los vapores de Mayo del 68 que convirtieron Ottensen en una trinchera contra la especulación.
Resistencia fecunda
El viejo barrio porteño juntó en sus calles más de 300 entidades con reivindicaciones que iban más allá del urbanismo, hasta abarcar un amplio abanico de derechos sociales: feminismo, Tercer Mundo, ecologismo... Ottensen fue en aquel tiempo un símbolo de las libertades políticas que cristalizó en la Bunte Liste, embrión de los Verdes-Alternativos, que obtuvieron representación en el Consistorio.
La movilización ciudadana se extendió durante una década y consiguió la metamorfosis de un plan urbanístico destructivo por otro que posibilitó una rehabilitación por fases que aún colea. Muchas de las antiguas fábricas abandonadas se han transformado en centros sociales, los jardines han proliferado y los patios interiores de las manzanas de los edificios han dejado de ser estercoleros y funcionan como plazas públicas. Un nuevo rostro que ha convertido a Ottensen en una de las zonas más chic de Alemania. En sus bajos anidan restaurantes, comercios y empresas multimedia. "Un barrio de perfil estudiantil, inquieto y dinámico", resume Burkhart Springstubbe, uno de los arquitectos implicados en su remodelación.
Una relación de diez años
La relación entre Ottensen y El Cabanyal se inició tras un paseo al azar de Peter Schwanewilms por las calles del barrio valenciano. "Iba hacia la playa y me llamaron la atención las pancartas en las fachadas que hablaban de rehabilitación y pensé en mi casa", recuerda. Poco después asistió a su primera asamblea de Salvem el Cabanyal (plataforma que se opone a los derribos) y se convirtió en un asiduo. "Iba cada miércoles, les hablaba de Hamburgo, organizaba encuentros europeos".
Por mediación de Peter, Ottensen se convirtió en un espejo para El Cabanyal, en la plasmación urbana de una rehabilitación posible. Proliferaron, entonces, los intercambios entre ambos barrios. Los más fructíferos, en unas jornadas que anualmente se organizan en El Cabanyal y donde los vecinos abren sus casas a exposiciones de artistas locales y extranjeros, entre ellos muchos creadores de Ottensen.
Uno de los momentos mas emotivos se vivió en abril de 2008 cuando Peter decidió volver a Alemania tras ocho años en Valencia. Fue un regreso atípico. El activista alemán recorrió en bici, durante dos meses, la distancia entre ambos lugares acompañado de una cuerda roja junto a la que se fotografió en cada ciudad importante. Un gesto cargado de simbolismo visual para unir de orillaa orilla el alma de dos barrios hermanos.
* Público - 14.02.10
Foto: El barrio marinero de Ottensen, en Hamburgo, consiguió mantenerse en pie tras años de lucha vecinal. - publico.es
Un mechero al final del túnel
JOSÉ YOLDI/Lanzarote* : El periodista Luis Fernando Rodríguez solía decir antes de que fuera fulminantemente despedido: "La luz que hay al final del túnel es el mechero de otro que está tan perdido como tú". Así se deben de sentir los redactores de la revista Cuadernos del Sureste, una de las pioneras y más activas en denunciar la corrupción urbanística en Lanzarote, que en 2003 calificaron de corruptas las actividades del abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, y el Supremo, a pesar de que éste fue destituido de su cargo y está imputado en dos procesos por corrupción, les ha condenado a indemnizarle con 15.000 euros, por haber atentado contra su honor. Un mensaje inquietante para la libertad de expresión: el que se atreve a denunciar, condenado a indemnizar al denunciado.
El equipo de Cuadernos, con Jorge Marsá a la cabeza, realizó uno de los primeros análisis en profundidad de la corrupción urbanística en Lanzarote y entre los varios artículos que se referían al tema, se publicó uno titulado "El secretario, el quinto poder" en el que revelaban que Fernández, entonces secretario del Ayuntamiento de Arrecife, era un personaje clave para entender lo que ocurría en el municipio y en general en toda la isla, puesto que además de su cargo público, ejercía como abogado, representando como apoderado a sociedades con intereses inmobiliarios, lo que suponía una evidente incompatibilidad. Añadía que sus tesis como letrado solían coincidir con los intereses de los promotores privados del suelo y que su figura constituía "uno de los obstáculos con que tropiezan los más importantes procesos de racionalización territorial y urbanística que se vienen acometiendo en Lanzarote".
El secretario presentó una demanda al honor y la juez destacó que las informaciones eran "veraces, es decir, suficientemente contrastadas" y que tenían interés informativo. Precisaba que las expresiones utilizadas en el artículo por sí solas no se consideraban atentatorias contra el honor, pero condenaba a Marsá y a la revista por haber dicho que las actividades de Fernández eran corruptas, lo que a criterio de la magistrada era un claro insulto que vulneraba el honor del secretario. La Audiencia de Las Palmas revocó la condena por entender que la información era veraz y referida a las actuaciones profesionales y empresariales de un funcionario público que desempeñaba un cargo de gran relevancia, por lo que eran de interés general. Además, puntualizaba que el término corrupción se utilizaba en el artículo en un sentido coloquial admitido por la Academia alusivo a ciertas prácticas que los ciudadanos pueden considerar discutibles, controvertidas o criticables, aunque pueden no estar expresamente prohibidas por la ley.
Sin embargo, la Sala Primera del Supremo, en una sentencia de la que fue ponente Xavier O'Callaghan, volvió a condenar a Marsá y al equipo de Cuadernos del Sureste señalando que "se trata de unos juicios de valor que se basan en información que no se suministra". Añadía también que las acusaciones sobre el secretario son "abstractas informaciones cuya vaguedad no permite una adecuada defensa y las pocas que son medianamente concretas no ha sido probada su veracidad".
No deja de ser sorprendente, porque si algo han dejado claro todos los jueces que han intervenido en el proceso, excepto los del Supremo, es que los hechos denunciados por la revista eran ciertos e incluso reconocidos por el agraviado. ¿Qué parte de la afirmación de que en horario de trabajo en el Ayuntamiento de Arrecife el secretario asistió como letrado a otros clientes privados le habrá parecido abstracta al Supremo? No obstante, la sentencia reafirmaba la doctrina de que el insulto no está amparado por la libertad de expresión y precisaba que calificar de corrupto a un funcionario público "alcanza la categoría jurídica de atentado al honor". Fue Winston Churchill quien dijo: "Ocasionalmente, los hombres tropiezan con la verdad, pero la gran mayoría de ellos se levantan y se alejan como si nada hubiese sucedido". Marsá y el equipo de Cuadernos del Sureste no son de esa mayoría y para defender la verdad ya han recurrido al Constitucional y si fuera necesario al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¡Qué difícil y caro resulta llamar a las cosas por su nombre! Porque, por si no lo saben, Felipe Fernández Camero fue destituido de su cargo el 14 de enero de 2004 por simultanear su actividad pública con la profesión de abogado en el horario laboral, durante 14 años, y por interferir en su imparcialidad e independencia como secretario, ya que ha desempeñado funciones de representación en cinco sociedades de las que al menos dos -Lanzarote de Cable y Aparcamiento Parque Islas Canarias- eran incompatibles con su puesto. Los funcionarios no pueden intervenir en actividades privadas en asuntos en los que intervengan.
Además, Fernández figura como imputado en dos procesos penales por licencias inmobiliarias ilegales. Uno, por el caso La Bufona, en el que está imputado junto con la ex alcaldesa María Isabel Déniz, de la que además es abogado, y otro, por presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y cohecho en el proceso que investiga la trama de licencias ilegales concedidas por el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, del que también consta como defensor. Quizá Fernández no es una figura clave para entender la corrupción urbanística en Lanzarote, pero, desde luego, lo parece. ¿Una tenue luz al final del túnel o el mechero de otro periodista perdido?
* ELPAIS.com - Opinión - 15.02.10
