LAVERDAD/Murcia : Como el ave carroñera que daba nombre a su despacho profesional -bautizado como Gyps Fulvus S.L., nombre latino del buitre común-, Mariano Ayuso no desperdiciaba ni las sobras. A raíz de que en el año 1997 asumió el puesto de arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Los Alcázares, este profesional se habría aprovechado de su cargo público para ir desviando hacia el citado despacho «un número «enorme y desproporcionado» de proyectos urbanísticos de la localidad, haciendo una competencia desleal al resto de arquitectos de la zona y con el evidente objetivo de enriquecerse.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU), que ha realizado a lo largo de meses una exhaustiva investigación, considera que a la vez que supervisaba formalmente el urbanismo municipal, llegó a diseñar desde Gyps Fulvus S.L. los proyectos de media docena de hoteles, más de 2.500 viviendas de nueva planta (colectivas, unifamiliares, apartamentos...), más de 220 ampliaciones de viviendas ya existentes, multitud de reformas y rehabilitaciones, demoliciones...
Para soslayar la clara incompatibilidad profesional en la que estaría incurriendo al compaginar su cargo público con los encargos privados, Ayuso habría puesto su despacho profesional a nombre de su hermano Juan Ignacio, y además contaba con un grupo de arquitectos que, a cambio de remuneraciones económicas, le prestaban su firma para que no fuera él quien figurara en los proyectos.
El arquitecto municipal fue detenido en enero del 2008 por su implicación en la denominada Operación Ninette contra la corrupción urbanística en Los Alcázares, y se le imputa una infinidad de delitos, entre los que figuran blanqueo de capitales, evasión de impuestos, cohecho, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias, entre otros. También fue arrestado su hermano Juan Ignacio y varios de los arquitectos que vendían su firma permanecen imputados.
Múltiples infracciones
El resultado de la investigación del COAMU se resume en más de 70 folios, que constituyen la resolución del expediente disciplinario que se le abrió a Ayuso y a otros cuatro arquitectos. El objetivo de este expediente, que nada tiene que ver con las diligencias judiciales, no era otro que depurar las responsabilidades que hubieran podido cometer como colegiados, por vulneración de los estatutos de la profesión y de las normas deontológicas.
En el caso del ex arquitecto municipal de Los Alcázares, el Colegio ha considerado probado que incurrió en una amplia serie de infracciones, algunas calificadas como «muy graves», como no someter al visado colegial los proyectos realizados para la Administración, incurrir en incompatibilidades por razón de su cargo público, no atender debidamente los encargos y causar perjuicio a los clientes debido al «enorme y desproporcionado» volumen de proyectos asumido, no actuar con honradez y veracidad en su cargo de arquitecto municipal y aprovecharse de ese puesto «para obtener situaciones de provecho propio y de terceros», haberse procurado trabajo profesional con ventaja y hacer una competencia desleal a sus compañeros de profesión, y haber fomentado la realización de trabajos de arquitectura por quien no reunía la cualificación necesaria para ello.
Desde su propio puesto municipal, Ayuso llegaba a «informar favorablemente sobre obras y proyectos realizados en su propio estudio profesional, firmados por otros arquitectos (que prestaban su nombre a cambio de dinero) y que han puesto en una situación de concurrencia de intereses particulares y generales de forma equívoca e irregular.
Curiosamente, el Colegio Oficial destaca que Mariano Ayuso fue nombrado arquitecto municipal por un tribunal constituido por personas que habían sido clientes suyos. Esto es, personas a quienes había redactado proyectos urbanísticos particulares, entre los que figuran quien era entonces el alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero; el secretario municipal, Diego Sánchez; su hijo, el jurídico municipal Juan de Dios Sánchez, el concejal de Urbanismo Alfredo Blanco y los hermanos de dos concejales socialistas.
Duras sanciones
Tras la investigación realizada, el Colegio considera que Ayuso infringió al menos 22 preceptos de los estatutos profesionales y de los códigos deontológicos, lo que constituye una infracción muy grave, y ha decidido su expulsión del COAMU. Por lo que se refiere a los arquitectos que según el colegio le prestaban la firma, con el fin de ocultar que era en realidad Ayuso quien realizaba los proyectos, ha impuesto duras sanciones a tres de ellos: Miguel Ángel G.I., suspendido del ejercicio profesional por un año y medio; José Antonio V.M., suspendido por seis meses, y el arquitecto municipal de Cartagena Enrique S.M., suspendido por dos años.
En parte, estos tres profesionales le deben haber sido sancionado al propio Ayuso. Fue éste quien, en una de las alegaciones presentadas en el expediente, señaló que «suponemos que todos los profesionales mencionados (los que le prestaban la firma) tendrán abiertas sus correspondientes diligencias, pues no tiene sentido que se nos acuse sólo a nosotros. El Colegio, en eso sí, le dio la razón.
* La Verdad -RICARDO FERNÁNDEZ - 3.11.09
Foto: Los Alcázares, ayuntamiento - laverdad.es
Los Alcázares: Ayuso se valió de su cargo municipal para copar el 90% de los proyectos de urbanismo locales
Un alto cargo de Pujol pagó 2,5 millones a Luigi tras un pelotazo
ELPAÍS/Barcelona* : La maraña de sociedades que intervienen en la trama corrupta del caso Pretoria, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, empieza a esclarecerse. El director de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 y ex diputado de Convergència Democràtica (CDC), Lluís Renau, pagó 2,5 millones de euros a empresas del presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, tras un pelotazo urbanístico en Badalona en el año 2003.
La adjudicación irregular de un solar de Badalona en primera línea de playa se saldó, según el auto del juez, con el reparto de tres comisiones. La sociedad Badalona Building Waterfront, que acabó en manos del presidente de Espais, Lluís Casamitjana, abonó 2,5 millones a Kundry Blau Inversions, cuyos administradores eran Renau y José Schroeder, que estaba en otras sociedades de la trama. Esta sociedad, a su vez, repartió esta cantidad a varias empresas a Luigi.
La segunda comisión que se dio por esa operación, de 1,04 millones, la cobró Luigi, aunque del auto se desprende que Renau luego recibió 120.000 euros por sus gestiones. La tercera, de 1,46 millones, se la repartieron Luigi y los ex altos cargos convergentes y también imputados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Renau y Luigi ya habían sido socios en dos empresas entre 1996 y 1998.
El auto de Garzón, además, menciona otra sociedad del entorno de CDC. Según el juez, Alavedra movió 1,2 millones a través de Promogrup Deu, presidida por Rafael Español, ex presidente del grupo La Seda y muy cercano a Pujol. Alavedra fue consejero de esta empresa hasta el 30 de enero de 2009 y se quedó cerca de la mitad del dinero que captó a raíz de su presunta participación en la trama. En esta sociedad patrimonialista, además, participan los empresarios Albert Costafreda (Panrico), José Espona (Gallo) y el directivo del Espanyol José Suñer.
A medida que avanza la investigación se le complican las cosas al PSC. La dirección del partido suspendió ayer de militancia al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, quien, ayer, desde la cárcel, renunció al cargo de alcalde, al acta de edil, al puesto de vicepresidente de la Diputación y a los cagos en el PSC; al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de Servicios Municipales Pascual Vela. Antoni Jiménez, ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), también fue suspendido de militancia "a petición propia" según el PCS.Fuentes de la dirección del partido aseguraron que Jiménez deja temporalmente el partido no por aparecer en el sumario de Garzón por su "estrecha relación" con Luis García, sino por su imputación en otro caso que lleva el juzgado de Mataró (Maresme). En su etapa como concejal, Jiménez habría favorecido una recalificación de terrenos en Sant Andreu de Llavaneres que benefició a Proinosa, una de las empresas de los imputados por Garzón.
La ejecutiva del PSC que acordó las suspensiones de militancia se celebró ayer con un espeso silencio como protagonista. Hubo pocas intervenciones y todos los dirigentes dieron por buenos los argumentos del líder, José Montilla, quien defendió las drásticas medidas con el argumento de que la cirugía de guerra es el único remedio posible para salvaguardar la credibilidad del partido. Montilla también pidió tranquilidad y prudencia a los cargos municipales en un momento en que los nervios por la actuación judicial se han instalado en muchos ayuntamientos.
Una de las pocas intervenciones fue la del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. Éste defendió al gerente del Incasòl, Emili Mas, del que Garzón asegura que participó con cuatro de los imputados en conversaciones centradas en la falsificación de facturas. Nadal dijo creer en la inocencia de Mas, aunque aseguró que el departamento revisará todas las actuaciones del Incasòl en Santa Coloma.
A los socialistas, sin embargo, se les presentó ayer un nuevo problema en este ayuntamiento. El director de Servicios Municipales, Pascual Vela, hasta ayer militante del PSC y en libertad bajo fianza desde el pasado viernes, se presentó ayer a su puesto de trabajo sin que nadie le impidiera ejercer sus funciones, informa Fermín Robles. Vela, imputado por delitos de fraude y encubrimiento, sigue, pues, en el ayuntamiento y con acceso a todo tipo de documentos mientras que el alcalde, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, están encarcelados, entre otros motivos, para evitar que destruyan pruebas.
Albert Gadea, jefe de alcaldía, justificó ayer la presencia de Vela en el ayuntamiento. Gadea señaló que Vela, quien gestiona los servicios municipales en Santa Coloma, es un funcionario con categoría de "alto directivo, no un cargo de confianza", y que las circunstancias actuales no implican su despido. "Está en libertad bajo fianza, no sólo tiene derecho a venir a trabajar, sino que tiene que venir". La dirección del PSC no concretó si ha dado algún tipo de orden a sus representantes locales en Santa Coloma para apartar a Vela.
Por otra parte, el comité ejecutivo de CDC acordó ayer suspender temporalmente de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Artur Mas afirmó que la decisión fue unánime. "Ha sido una decisión dolorosa pero necesaria. Yo mismo tengo con ellos relación de afecto y amistad. Ni reniego ni me escondo", señaló.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER / M.NOGUER - Barcelona - 03/11/2009
Foto: Badalona - geodominios.info
Canarias. El cáncer salpica a nueve municipios, dos cabildos y al Gobierno regional
LAOPINIÓN* : En Gran Canaria, cinco municipios están implicados en casos de corrupción: Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria. En Telde se cruzan al menos tres investigaciones distintas donde están implicados toda clase de cargos públicos por adjudicación de contratos, comisiones y permutas presuntamente perjudiciales para las arcas públicas del consistorio.
En cuanto al número de delitos, el alcalde Mogán es el que más acumula: media docena de ellos entre los que se encuentra la malversación de caudales, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En la capital grancanaria, el juez investiga si en torno a la licencia municipal de las torres del Canódromo, anuladas por la Justicia la pasada semana, se esconde al menos un delito de prevaricación presuntamente cometido por la ex alcaldesa de la ciudad, Josefa Luzardo, y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber. Y también está la operación Paraíso, en San Bartolomé de Tirajana, y Brisan, en Santa Brígida, además de un caso de falsificación de certificaciones de obra en el Cabildo de Gran Canaria que ha costado seis millones de euros a las arcas públicas.
En Tenerife hay dos municipios relacionados con casos de corrupción, Arona y Santa Cruz, mientras que en Lanzarote se ven afectados Arrecife, Yaiza y Teguise, además del Cabildo insular. El caso eólico, por su parte, salpica a la Consejería de Industria del Gobierno canario.
Una causa gigantesca. Tres ayuntamientos y el Cabildo se unen en la operación Unión, en Lanzarote, donde además de la corporación insular se ven afectados los municipios de Arrecife, Yaiza y Teguise. Esta macrocausa que saltó a la luz pública en mayo del presente año suma ya 29 imputados, de los que diez son cargos públicos. El cabecilla de la red es Dimas Martín, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
* La Opinión Tenerife - P.G. - 3.11.09
Foto: Telde - canarias24horas.com
Vilamartín: La Fiscalía se querella contra Manuel Candal por un delito de prevaricación urbanística
LAREGIÓN/Ourense* : Manuel Candal volverá al Juzgado, un año después de renunciar como alcalde de Vilamartín. Declarará en el procedimiento iniciado ante la querella que la Fiscalía ourensana presentó contra el ex regidor por un delito de prevaricación urbanística. Le atribuye la firma de las 15 licencias municipales que le presentaron sus propietarios buscando legalizarlas, a pesar de las órdenes de derribo de la Consellería de Política Territorial del anterior Ejecutivo. Estos hechos desembocaron en la renuncia de Candal a la Alcaldía.
El ex alcalde de Vilamartín Manuel Candal volverá a pisar el Juzgado número Uno de O Barco casi un año después de haber renunciado a la Alcaldía. Lo hará para declarar en el procedimiento abierto por una querella de la Fiscalía de Ourense. Le atribuye un delito de prevaricación urbanística, que basa en la firma del escrito de concesión de 15 licencias municipales que le presentaron sus propietarios, en un intento de regularizar la situación de sus casas y naves.
Sobre las construcciones pesan las órdenes de derribo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes del anterior Ejecutivo autonómico. Todas carecían de licencia municipal, por lo que los afectados apremiaron a Manuel Candal para que firmase un escrito otorgando las licencias de obra. Este documento dotaba a este trámite con un carácter retroactivo, hasta el inicio de las obras, según dijo en aquellos momentos el portavoz de la “Asociación contra os Derribos de Vivendas”, Juan Francisco Rodríguez, que había tildado a Candal de “alcalde heroico”.
Trámites
El ex regidor rubricó los documentos en la Casa Consistorial vilamartinesa el 18 de noviembre de 2008, rodeado de los propietarios de las viviendas, quienes previamente habían cubierto las solicitudes de licencia municipal en las oficinas generales del Concello.
Horas después, Política Territorial descartaba cualquier validez a las licencias firmadas, al estimar que fueron concedidas “de xeito irregular”.
Todos estos documentos fueron recopilados por la Fiscalía en el momento de presentar la querella contra el ex alcalde. Manuel Candal fue citado para que el próximo jueves se persone en el Juzgado de O Barco para prestar declaración en relación con todos estos hechos.
Los hechos hicieron dimitir al alcalde
La firma de las polémicas licencias ocurrió el 17 de noviembre de 2008, después de una caótica sesión plenaria, en la que los compañeros de Manuel Candal en el equipo de gobierno “popular” le dejaban sólo para aprobar la propuesta del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Al final, este punto quedaba sobre la mesa.
La situación apenas varió desde entonces. Las diferentes propuestas de normas urbanísticas fueron rechazadas una y otra vez por la Xunta, al no ajustarse a sus peticiones. Ante esta situación, el pleno municipal que ahora preside María Jesusa Candal, hija del ex alcalde, acordaba rescindir el contrato con la consultora que las redactó, Servicat Arquitectura. Votaron a favor los ediles del PP, optando por la abstención el PSOE y posicionándose en contra el concejal del BNG.
La situación actual del Concello de Vilamartín difiere mucho de la existente hace un año. En esos momentos, el “plantón” de sus compañeros de grupo y la polémica surgida por la firma de las licencias de obra a los vecinos condujeron a Manuel Candal a presentar su renuncia a la Alcaldía. Ésta fue entregada en el Consistorio el 19 de noviembre, después de que los concejales “populares” le dejasen solo en el debate del Plan Xeral.
* La Región - L.R. - Vilamartín - 03-11-2009
Foto: Vilamartín - panoramio
El alto precio de las licencias ilegales
JOAN SERRA* : La reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la ilegalidad de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Antoni efectuada en 1997 sitúa al Ayuntamiento de Portmany ante un nuevo atolladero que le puede resultar muy gravoso. El fallo deja en evidencia la actuación de los responsables del Consistorio en esa época, que primero otorgaron una licencia ilegal para construir el edificio ´Sol Bahía´ y que, después, cuando el Tribunal Superior de Balears anuló ese permiso y obligó a demoler el inmueble ya edificado, se sacó de la manga una chapucera modificación del PGOU para legalizar varios edificios que se hallaban fuera de ordenación, entre ellos el ´Sol Bahía´.
Tan burda fue la maniobra que el Tribunal Superior de Balears y el Tribunal Supremo han subrayado claramente que el Ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico «con el único propósito de incumplir la sentencia [de demolición], o mejor, con la intención de que ésta no se ejecute».
Pero no es Sant Antoni el único municipio pitiuso que se enfrenta a posibles indemnizaciones por haber dado licencias ilegales basadas en interpretaciones forzadas de la legalidad para favorecer el interés de los promotores. En Formentera ha pasado algo parecido en ses Castellones y Sant Josep tiene también una demolición pendiente en el Puig d´en Serra con parecidos antecedentes, aunque con agravantes respecto a los casos anteriores. Sin embargo, todos tienen en común parecidas artimañas políticas y jurídicas, unidas a considerables dispendios económicos, para tratar de amparar esas ilegalidades y evitar las demoliciones; dicho de otro modo, todos esos ayuntamientos dedicaron mucho dinero público y muchas horas de trabajo de técnicos y funcionarios a la impropia finalidad de burlar la ley y las sentencias judiciales.
Dejando al margen las corruptelas o la infinidad de triquiñuelas empleadas o consentidas desde los ayuntamientos para hacer posible lo que legalmente no lo era, que ya de por sí conllevan una deliberada (y delictiva) voluntad de vulnerar la legalidad, podemos admitir que el urbanismo no es una ciencia exacta y que en ocasiones un proyecto puede suscitar dudas legales o interpretaciones divergentes sobre un mismo precepto, pero en esos casos la prudencia y el interés público aconsejan optar por la decisión más restrictiva, la que no comprometa el futuro colectivo. Siempre será mejor, y más barato para el erario, que los tribunales obliguen a un ayuntamiento a otorgar una licencia injustamente denegada que tener que afrontar las consecuencias de demoler e indemnizar por una edificación ilegalmente autorizada pero construida gracias a una licencia municipal que nunca debió otorgarse. Este elemental principio de prudencia fue sistemáticamente ignorado durante décadas, porque ediles y promotores confiaban en que los hechos consumados eran siempre irreversibles o en que nadie estaría dispuesto a asumir los costes de pleitear durante años en todas las instancias. Y ahora comenzamos a pagar las consecuencias de todos aquellos excesos, de los que nadie quiere responder ni asumir la menor responsabilidad.
* Diario de Ibiza - Opinión - 1.11.09
Cambios de ocupación del suelo en la costa 1987-2005 y pérdida acelerada de servicios de los ecosistemas y destrucción de un bien común
XAVIER FONTCUBERTA ESTRADA/ FERNANDO PRIETO* : La costa es un recurso totalmente estratégico para el país, tanto desde el punto de vista económico como social y ambiental. Las fuertes presiones que gravitan sobre la costa han originado un importante y rápido deterioro de los ecosistemas que está ocasionando una fuerte disminución del capital natural y de los servicios que origina a la comunidad. Además está suponiendo una privatización de recursos comunes que beneficia solo a unos pocos y es además una grave amenaza para los propios sectores económicos afectados (una masiva construcción supone un grave riesgo para el turismo).
El litoral es un recurso de muy compleja gestión: comprende unos 500 municipios, 23 provincias y 10 Comunidades Autónomas. Los 8.000 kilómetros de litoral delimitan una pequeña franja territorial, del orden del 4,25% de la superficie del país (hasta los primeros 5 km.), pero que en cambio concentra el 30% de la población. Sobre esta franja descansan además varios sectores clave de nuestra economía, de los cuales el principal es el turismo (el 80% de los 55 millones de turistas que visitan España va al litoral), pero entre los que también están sectores como la pesca, la acuicultura, el uso recreativo, determinado tipo de agricultura, energías renovables, etc. Si se añade la existencia de algunos valiosos espacios protegidos (como Doñana o el delta del Ebro), estamos delante de uno de nuestros más valiosos recursos estratégicos.
Sin embargo en los últimos 20 años la presión sobre este recurso ha aumentando dramáticamente a través de la ocupación masiva del territorio, que ha avanzado a un ritmo frenético desde la Costa Brava hasta las de Cantabria y el País Vasco, afectando negativamente a la funcionalidad física y ecológica del litoral. En efecto, con los datos del proyecto Corine Land Cover obtenidos a partir de imágenes de los años 1987, 2000 y 2005 se observa que el ritmo de construcción en la costa en los dos primeros kilómetros de litoral se multiplicó por4 entre el periodo 1987-2000 y el periodo 2000-2005, pasándose de un crecimiento de superficie artificial de 1.520 ha. anuales en el primer caso (excluyendo las Islas Canarias) a uno de 6.152 ha. anuales en el siguiente periodo. La media entre 1987 y 2005 fue de 2.800 ha. anuales, o lo que es lo mismo un ritmo de 8 ha./día transformadas.
Para analizar este tipo de procesos se suele utilizar lo que se conoce como un modelo de presión-estado-respuestas, propuesto por la OCDE y la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) y que permite detallar y tener en cuenta las principales fuerzas motrices, los impactos -irreversibles en muchos casos-, las presiones, el papel del Estado y las respuestas de las administraciones y la sociedad civil. Partiendo de indicadores básicos para la franja del litoral, como el incremento de la superficie artificial o la pérdida o ganancia de ecosistemas clave, se analiza las respuestas y estrategias llevadas a cabo por los diferentes niveles de la administración.
Así, se observa como el modelo de ocupación del litoral se ha caracterizado por cinco fases, vinculadas al ciclo de desarrollo urbanístico en la costa:
exploración
creación de infraestructuras
expansión
intensificación
maduración y saturación,
donde políticas públicas como la realización de infraestructuras de alta capacidad, la habilitación de nuevos aeropuertos de bajo coste o de grandes superficies comerciales, o la declaración de espacios protegidos han jugado un papel clave en la configuración del espacio en gran parte del Mediterráneo (en comunidades como Catalunya o la Comunidad Valenciana la superficie artificial en los dos primeros kilómetros de litoral alcanza ya casi un 40% del total, mientras que entre 1987 y 2005 hay provincias como Huelva o Valencia que han más que duplicado su superficie artificial a lo largo de esos dos primeros kilómetros).
El mecanismo por el que se ha llegado a esta situación y que sigue amenazando una parte importante del litoral español es claro: aumento de presión de la construcción, aumento de presión turística, degradación del patrimonio ambiental y de la calidad de vida y finalmente abandono del turismo por otros entornos mejor conservados. Algunos municipios han multiplicado el número de viviendas por 10 o por 100 sin los necesarios servicios públicos existentes (guarderías, hospitales, centros de ocio) pero también sin depuradoras de aguas residuales, adecuada gestión de residuos, etc., situación que ha generado urbanizaciones que la mayor parte del año acaban quedando vacías.
Y la única alternativa desarrollada hasta el momento es también conocida: control de la construcción bajo parámetros razonables, mantenimiento de los recursos ambientales y de la calidad de vida también bajo estándares razonables, buscando el consiguiente mantenimiento del turismo y de los procesos productivos tradicionales (como la pesca).
Ha sido pues la falta de planificación, de transparencia y de rendición de cuentas el principal peligro para la sostenibilidad de este frágil ecosistema. Y si bien es cierto que podemos encontrar ejemplos de buenas prácticas en algunas CCAA, Consejos Insulares y municipios, es evidente que la mayor parte ha evolucionado hacia pautas menos sostenibles.
A estos hechos hay que añadir, en un escenario previsible de cambio climático, los procesos de “rigidización” del Mediterráneo y de “mediterranización” del Cantábrico, que pueden hacer peligrar importantes zonas urbanizadas en áreas con escasez de agua, así como los riesgos en urbanizaciones cercanas al mar producidos por una subida del nivel del mar y del cambio en la dinámica litoral. Será pues necesario estudiar zona a zona cuales pueden ser los impactos esperables.
Lúgubres perspectivas futuras
Aunque la actual crisis económica ha motivado una fuerte reducción en el ritmo de urbanización y construcción del litoral, existe un importante riesgo de que el propio proceso de recuperación económica, tal como ha sido concebido, vuelva a poner en marcha un mecanismo de privatización y apropiación de nuestra costa, pues la principal amenaza para su futuro es la superficie recalificada y ya declarada como urbanizable (aunque no esté urbanizada) y la realización de nuevas y mayores infraestructuras – casi siempre públicas – que permiten posteriormente la colonización mediante desarrollos urbanísticos.
Si, a modo de ejercicio de simulación, se proyecta hacia el futuro las tasas de cementación del litoral mencionadas al inicio de este artículo, se observa como transcurridos solamente 104 años será la totalidad de la costa mediterránea la que ya estará 100% edificada, escenario que alcanzará a la costa atlántica-sur tras 184 años y a la atlántico-cantábrica tras 457.
El peligro de estos rápidos aumentos de la superficie artificial, que implican una superación de la capacidad de carga en numerosos puntos concretos, tiene además una materialización bien clara en términos de la pérdida de las funciones y los servicios que producen estos ecosistemas. Se trata de una amenaza directa a la sostenibilidad futura de nuestro entorno: a la sostenibilidad social (con la desconexión y la falta de servicios públicos en las urbanizaciones salidas de la nada), económica (agotamiento y destrucción de un recurso finito en el plazo de unas pocas generaciones, el sector turístico enfrentado y eventualmente expulsado por el de la construcción) y ambiental (cambios en la dinámica litoral, “rigidización” de la costa, pérdida de biodiversidad, etc.).
España tiene todavía una de las costas más diversas y excepcionalmente valiosas de Europa. El potencial de uso de los recursos naturales, la biodiversidad, el propio desarrollo de los sectores económicos y también la calidad de vida de las generaciones actuales y venideras están determinados por el alcance y los modos de esta ocupación del litoral, razones más que suficientes para cargarnos con la responsabilidad de llevar a cabo una gestión racional e inteligente. Dicha gestión implicaría una consideración del recurso como público, una coordinación de los diferentes niveles administrativos, una integración de políticas que afectan al litoral, un aumento de zonas protegidas (tanto en superficie terrestre como marina), de limitación de superficies a construir y, en definitiva, una visión basada en la sostenibilidad que considerara el litoral no como un recurso a explotar pero que no es renovable, sino como una recurso que es necesario conservar para las generaciones futuras bajo determinados criterios de funcionalidad, diversidad y justicia.
*Fernando Prieto del Campo es profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá y asesor científico de SOS Paisajes de Mar. Xavier Fontcuberta Estrada es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona, experto en evaluación de políticas públicas y miembro de la Red Renta Básica.
* Rebelión/Sin Permiso - 26.10.09
