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ELNORTE/Valladolid* : El Juez de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Valladolid ha anulado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tordesillas que autorizaba la construcción de la pista de esquí seco de Villavieja del Cerro, en la que constituye la primera de las sentencias judiciales sobre la polémica instalación promovida por la Diputación Provincial de Valladolid a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo.
La sentencia entiende que "en la tramitación del expediente administrativo no se ha respetado el trámite de información pública", faltando "datos relativos a la superficie y ocupación de la parcela, alturas, materiales, dotación de servicios necesarios, justificación de las circunstancias de interés público", que o no fueron aportados por el promotor o se facilitaron con posterioridad a la exposición pública, impidiendo "el previo debate social".
Tampoco se respetó el procedimiento administrativo al otorgar la autorización de uso de suelo rústico dos meses antes de la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto, invirtiendo el orden legal de los permisos.
Respecto al fondo del asunto, el juez constata que "se está ante un uso incompatible con las categorías de Suelo Rústico con Protección Natural Forestal y Paisajística" que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tordesillas adjudica al emplazamiento elegido para la construcción de la pista de esquí. Asimismo, confirma que los terrenos objeto de intervención sufrieron un incendio en 1999, y que la Ley de Montes prohíbe el cambio de su uso forestal al menos durante 30 años, circunstancia que ya motivó la suspensión judicial de las licencias ambiental y de obras en septiembre del 2007.
Finalmente, la sentencia señala que no se ha acreditado la existencia de un interés público en la obra, que faculte para su implantación en suelo rústico con protección. La sentencia es contundente en este aspecto al señalar que "no puede considerarse que el proyecto vaya a redundar en beneficio de todos los administrados, sino que este beneficio podrá entenderse producido para las personas que puedan obtener un puesto de trabajo". El supuesto interés general queda así reducido a un mero interés de parte, que no justifica los daños ambientales producidos.
* El Norte de Castilla - 16.04.08
Foto: Obras de la pista de esqui de Villavieja del Cerro / Fran Jiménez, nortecastilla.es
Anulan la autorización para construir una pista de esquí en Tordesillas
El ex alcalde de Yaiza dio otra licencia a Costa Roja después de que el Cabildo recurriera la inicial
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : El ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes concedió a la mercantil Residencial Costa Roja S.L. la licencia para el proyecto de ejecución del proyecto de 1.012 viviendas, 2.559 garajes y 228 locales en Playa Blanca después de que el Cabildo interpusiera recurso contencioso administrativo contra la licencia de construcción otorgada para el proyecto básico de esa misma urbanización.
Reyes dio esa segunda licencia después de que se hicieran públicos dos informes, uno encargado por el Cabildo y otro por la Oficina del Plan Insular que resultaron contrarios a la concesión de la licencia para el proyecto básico. Incluso el pleno del Cabildo, en febrero de 2007, acordó por unanimidad ejercer todas las acciones a su alcance para cumplir la legalidad.
Esta licencia se concedió el 8 de junio de 2007, en un periodo en que Reyes se mantenía como alcalde en funciones tras las elecciones del 27 de mayo, que había vuelto a ganar, aunque no sabía si acabaría gobernando. En diciembre de 2006 había concedido licencia para el proyecto básico de esa gran urbanización y el Cabildo, tras conocer que se había otorgado ese permiso, decidió recurrirla en los tribunales. Posteriormente, en julio, solicitó la paralización cautelar de las obras y en septiembre el Juzgado número 5 de Las Palmas estimó esa paralización.
El consejero del Cabildo Carlos Espino presentó una querella criminal el 16 de abril contra Reyes, el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y el secretario municipal, Víctor Bartolomé Fuentes.
Precisamente, estos dos funcionarios firman sendos informes relativos a la licencia para el proyecto de ejecución el mismo día que se otorgó, el 8 de junio. Los informes, muy breves (tan sólo un folio cada uno), no hacen mención ni al informe negativo de compatibilidad con el PIO ni al informe, también negativo, encargado por el Cabildo al abogado Agustín Domingo Acosta. En la licencia municipal se hace referencia a un dictamen encargado al catedrático de Derecho Administrativo Rafael Entrena Cuesta, fechado el 23 de mayo, relativo a la conformidad a Derecho de las actuaciones municipales respecto a ese expediente.
INDEFINICIÓN. Los informes no dicen que sean favorables a la concesión de dicha licencia y tampoco dicen lo contrario. El del secretario se limita a dejar constancia de que no han variado las circunstancias urbanísticas del expediente respecto a la aprobación del proyecto básico y que tampoco han variado las de la parcela. Se remite a su anterior informe, en el que, por cierto, se advertía la necesidad de contar con informe de compatibilidad del PIO, que cuando se emite, antes de junio, resulta ser negativo.
En el informe del jefe de la Oficina Técnica se indica que en el proyecto de ejecución no se realizan modificaciones sustanciales con respecto al proyecto básico y que la situación urbanística no ha variado. Señala Lorenzo en su informe que la parcela no se encuentra dentro de la delimitación de suelo urbano del Plan General de Yaiza "vigente en la actualidad ni en el posterior PERI de Playa Blanca". También reconoce que no hay ordenación pormenorizada de la parcela. Pese a estas circunstancias, sorprendentemente, no dice que el informe sea desfavorable a la concesión de la licencia en ese suelo.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA - ARRECIFE - 16 de abril de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es
Tarjeta roja: esta Liga es un ladrillo
ELECONOMISTA* : La crisis inmobiliaria no deja títere con cabeza y cada vez son más los sectores que se ven perjudicados por el estallido de la burbuja. La vinculación de los clubes de fútbol con pequeñas y grandes compañías dedicadas al mercado de la vivienda se empieza a notar y a más de uno le han enseñado ya la tarjeta roja.
Promotoras, constructoras, empresas de materiales de obra... doce de los veinte equipos que conforman la primera división del Campeonato Nacional de Liga podrían cambiar la pelota de fútbol por la calculadora. La crisis amenaza no sólo a las empresas que participan directamente en su capital, sino también a la principal fuente de ingresos de sus dueños.
Sociedades anónimas
Con la transformación en 1992 de los clubes deportivos en sociedades anónimas, los activos de los diferentes equipos, a excepción del Real Madrid, Barça, Athletic de Bilbao y Osasuna, pasaron a ser manejados por accionistas con intereses particulares.
El caso más grave tal vez sea el del Racing de Santander que, a pesar de estar jugando una de las mejores temporadas de su historia, ha visto cómo su máximo accionista, la constructora Seops, se veía obligada a acudir a un concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos.
A pesar de ello, el equipo asegura en su página web que la situación de su dueña no le va a perjudicar especialmente. Los cántabros han sido los primeros en verse afectados por la crisis inmobiliaria, pero hay otros clubes que deberían empezar a preocuparse.
Un golazo imprevisto
Real Zaragoza, Betis, Atlético de Madrid, Murcia, Mallorca, Levante, Almería, Sevilla, Valencia y Villareal podrían correr en un futuro la misma suerte que el Racing. Evidentemente, la caída dependerá más que de los resultados deportivos, de la capacidad de sus accionistas para sobreponerse al estallido de la burbuja inmobiliaria.
La crisis amenaza especialmente a los tres equipos valencianos. El caso más significativo es, sin duda, el del Valencia, controlado por el promotor Juan Bautista Soler, que ha llevado a cabo bajo su gestión dos operaciones urbanísticas ahora en entredicho.
La primera es la del nuevo estadio en la ciudad, para la que logró antes que el Ayuntamiento recalificara el suelo del actual Mestalla en la avenida de Aragón y permitiera la construcción de viviendas. Los ingresos estimados para el club por la operación se elevaban a 300 millones de euros, pero las cosas no han sido totalmente como él pensaba.
El Valencia y la venta de suelo
El Valencia inició el año pasado la venta del suelo con la subasta de una primera parcela, de un total de cinco, por 90 millones. El problema es que esa primera subasta no logró atraer a ningún comprador y fue el propio Soler el que tuvo que asumir la compra.
La otra gran operación es la de la futura ciudad deportiva de Ribarroja, que el propio Soler ha calificado de "pelotazo". Aquí compró suelo rústico por 36 millones, según se publicó en la prensa valenciana, y luego obtuvo la recalificación, vendiendo la parte residencial a Nozar.
La jugada se completaría si lograra la recalificación del suelo de la actual ciudad deportiva de Paterna para uso residencial y comercial, pero de eso no se sabe nada y el proyecto está ahora mismo paralizado.
Algo mejor parece la situación del Villarreal, aunque su principal accionista sea Fernando Roig, dueño de la azulejera Pamesa. Hasta ahora, esta empresa es una de las pocas que ha sabido mantenerse frente a la crisis a pesar de las dificultades por las que atraviesa el mercado.
El peor parado, sin embargo es el Levante, último de la Liga, y con una grave crisis financiera. Su anterior accionista era el promotor Pedro Villaroel, que ha vendido el club a Julio Romero Salvador, relacionado también con el mundo de la construcción a través de la empresa Trover.
Pelotazos urbanísticos
La avalancha de suspensiones de pagos y quiebras que vive el sector inmobiliario no augura nada bueno, pero es cierto también que en el pasado los clubes han sacado también tajada de la especulación urbanística. La venta estadios y la posterior recalificación de los terrenos que ocupaban han sido algunas de las tretas utilizadas por más de un equipo.
Gracias a la colaboración que han obtenido de los Ayuntamientos, y en algún caso de la Comunidad Autónoma respectiva, la mayoría ha conseguido gracias al cambio del uso legal del suelo sanear sus maltrechas cuentas.
Según un estudio del profesor Jordi Blasco, publicado por la Universidad de Barcelona, en los últimos cinco años los clubes de fútbol han ingresado más de 1.000 millones de euros por el incremento del precio del metro cuadrado del suelo que ocupaban sus estadios.
Aunque en un principio se encontraban en las afueras de las ciudades, con el aumento de población los campos han acabado en el centro y, tal y como ha ocurrido en otros países de Europa, muchos han optado por un cambio de localización.
El Real Madrid gana
La operación que más beneficios ha reportado hasta ahora a un club, ha sido la venta de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, por la que según Blasco, se calcula que el club ingresará, una vez urbanizados los 150.000 metros cuadrados, una cantidad cercana a los 600 millones de euros.
Pero el auténtico pelotazo vendrá de la jubilación del Santiago Bernabeu, en pleno centro del Paseo de Castellana. Esta operación, sin embargo, está aparcada y es difícil que se pueda rescatar, salvo que la capital sea elegida como sede de unos Juegos Olímpicos o que el club se encuentra al borde de una axfisia económica.
El Atlético cedería su campo
El primero que ha intentado sacar partido de las Olimpiadas, se celebren o no en la capital española, ha sido el Atlético. Los colchoneros llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento por el que el estadio Vicente Calderón será demolido y en su lugar se levantará un parque de 30.000 metros cuadrados frente a la ribera del Manzanares.
A cambio, el Atlético se trasladará a La Peineta, que será suyo a partir de 2016, año en el que se espera que se disputen en Madrid los Juegos Olímpicos. La familia Gil valoró el estadio en 226 millones de euros, pero el Ayuntamiento fijó el precio finalmente en casi 80 millones. El problema es que el club tendrá que invertir 160 millones de euros para acometer la reforma de La Peineta, para eliminar las pistas de atletismo y crear las nuevas gradas.
A la espera también de las obras están el Athletic de Bilbao, que trasladará el viejo San Mamés sólo unos metros, y el Zaragoza, que transformará La Romareda aprovechando la Expo 2008 y levantará un centro comercial adjunto.
* El Economista - Alejandra Ramón / Javier Romera - 15/04/2008
Foto: Madrid, inicio nuevas torres en la ciudad deportiva Real Madrid- 20minutos.es
NOTICIA RELACIONADA: Los clubes de fútbol afectados por la crisis - El Economista - 15/04/2008
El alcalde de Cervo autoriza 82 viviendas sobre un castro
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ELPAÍS/Lugo* : El ayuntamiento lucense de Cervo, que preside Alfonso Villares, del PP, otorgó tres licencias para levantar 82 viviendas sobre el castro de A Atalaia, en la localidad de San Cibrao. El castro se encuentra en estos momentos parcialmente destruido por los trabajos de excavación que se iniciaron sobre una superficie de 1.000 metros cuadrados en una de las tres parcelas a edificar.
Los vecinos de Porto de Arriba, que habitan en las inmediaciones, se oponen a la construcción y ayer entregaron más de 300 firmas para solicitar la paralización de las obras. Además, cuentan con la colaboración de la asociación Lugo Patrimonio y de Adega. Las agrupaciones intentan preservar los restos que pudieran existir bajo los 2.000 metros cuadrados que ocupan las parcelas sobre las que aún no se inició ningún trabajo y que excavan los arqueólogos, supervisados por la Consellería de Cultura.
Patrimonio paralizó las primeras excavaciones de obra durante el tiempo máximo que permite la ley, un mes, pero los trabajos continuaron al disponer el promotor de licencia municipal. Aun así, Cultura incluyó este castro en el inventario de yacimientos arqueológicos. Fuentes de la consellería confirmaron que se presentó una denuncia ante el juzgado de Viveiro al comprobar que se realizaron "destrozos importantes" de restos arqueológicos. El director general de Patrimonio, Felipe Arias, confirmó que en las excavaciones que se realizan actualmente están apareciendo "restos castrexos y galaico-romanos". Pero los vecinos, Lugo Patrimonio y Adega exigen mayor concreción en las resoluciones oficiales.
* ELPAIS.com - ARCADIO SILVOSA - Lugo - 16/04/2008
Foto: Cervo autoriza 82 viviendas sobre un castro - elpais.com
Estepona: Derriban 14 años después una casa construida sobre una zona verde
MÁLAGAHOY* : A escasos días de que desaparezca por completo del paisaje de Estepona el edificio de Prasa cuyo derribo está sufragando la Demarcación de Costas, ayer era la Junta de Andalucía la que metía la piqueta nuevamente en el municipio.
Pasado el mediodía se procedía a la demolición de una vivienda unifamiliar con piscina ubicada en el entorno de la urbanización Arena Beach. Según explicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), "la casa se levantaba sobre zona verde y fue denunciada por la comunidad de propietarios de Arena Beach en 1994". En aquel momento se celebró el juicio y se dictaminó su demolición que no se hizo efectiva hasta ayer, 14 años después.
El propietario de la vivienda, Manuel Carmona, estuvo presente en el momento del derribo y se lamentó de que su casa "tenga que ir abajo mientras que las 70 viviendas que componen la urbanización Los Rosales", próxima a su vivienda, "son igualmente ilegales y sin embargo van a ser regularizadas".
Por su parte el concejal de Urbanismo, señaló que en la zona "no hay edificaciones tan clamorosamente irregulares como este caso" si bien puntualizó que la urbanización denunciada por Carmona "se comenzó a construir antes de que entrara en vigor el PGOU de 1994 y se hizo sin tener en cuenta que la zona no estaba en condiciones de asumir esas obras de edificación".
A favor del propietario, Duarte señaló el hecho de que en 1994 "se podían haber planteado las cosas de otra manera y haberse regularizado esa vivienda, sin embargo, en aquel momento hubo un cambio de ordenación y el terreno pasó a considerarse como zona verde".
Después de esto, además, "se dictó una sentencia firme de demolición, por lo que el Ayuntamiento, ahora mismo, tiene muy poco margen para actuar". Por este motivo, según el citado concejal, "se encomendó el caso a la dirección general de inspección de la consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía", que es la que acometió ayer el derribo.
* Málaga Hoy - Encarna Jerez / Estepona - 15.04.2008
Foto: Estepona, momento en el que se procedía al derribo de la vivienda - diariosur.es
La especulación no puede ser una profesión
LUISA GARCÍA GIL* : Ruedan estos días las opiniones sobre la crisis del sector inmobiliario, especialmente por boca de los no profesionales de la construcción. Se quejan de la normativa para hacerla responsable de su irresponsabilidad, de su imprevisión y de su falta de conocimientos. Otros, al calor de las ascuas del caos de la amenaza del paro por la crisis del sector, intentan sacar tajada del tema, intentando crear un clima de culpabilidad en la Administración, que, a su vez, intenta parchear la falta de previsión de lo que se le venía encima.
Estos últimos años, la bonanza económica propició el nacimiento de numerosas empresas promotoras no profesionales atraídas por las mieles del dinero fácil y rápido. Estas empresas, nacidas en muchos casos de la asociación temporal de inversores con ganas de probar fortuna, inundaron el sector con el único fin de hacer dinero y rápido, y el más tonto se puso a promover la huerta de la abuela.
Han sido sociedades sin conocimientos del mundo de la promoción, a las que poco importaba el producto que ponían en el mercado o lo que arrasaban a su paso con tal de vender y recuperar con creces su inversión. Llegaron como plagas a los últimos rincones de la costa o del interior, solo hacía falta detectar el más mínimo interés de movimiento del mercado para que se movilizaran y extendieran su vuelo en la zona.
Una inmobiliaria profesional y solvente es la que analiza el producto que le ofrecen a la venta, analiza su legalidad, su solvencia como inversión y la calidad de aquello en lo que intermedia; es decir, que sirve para abrir los ojos del comprador, que no tiene por qué entender de construcción ni normativa, pero sí el primero, que debe conocer al dedillo los pros y contras del terreno, casa o piso que vende, porque para eso cobra su porcentaje.
Los ayuntamientos, en numerosos casos, aspiraron los aires delirantes del cuerno de la abundancia de las licencias y tragaron con ruedas de molino; por su parte, la banca, más generosa que nunca, se cegó prestando a quien no tenía ni posibles para comprar el solar ni luces para promover. Todos se dejaron querer mientras que el territorio se quejaba del abuso.
Las empresas promotoras surgidas y crecidas al calor del oportunismo del momento, nada tienen que ver con las empresas profesionales del sector, que las hay y muy buenas. Las empresas promotoras profesionales no queman el territorio tras su paso, como hacían los bárbaros en las invasiones de territorio, lo miman y ordenan para poder tener una estabilidad en la zona, van construyendo según la demanda real.
Los otros, los oportunistas, dieron en muchos casos con compradores también oportunistas que adelantaban cantidades para revender rápidamente sin escriturar y, así, ganar en unos meses lo que con su sueldo no verían en toda la vida. Éstos, auténticos especuladores, son los que ahora dejan colgadas a las promotoras porque no pueden ni quieren escriturar, porque no son solventes. Éstos son también en gran parte los responsables de llamada burbuja inmobiliaria, porque ellos, con su especulación, han inflado los precios al crear una demanda inexistente.
* LUISA GARCÍA GIL ARQUITECTA
* El Correo Gallego - Opinión - 14.04.2008
