ELPAÍS/Alicante* : Cuatro años después de que el Consell se hiciera cargo del urbanismo en Catral, la huerta de esta población de La Vega Baja alicantina presenta el mismo paisaje. Centenares de casas unifamiliares (1.272 viviendas) levantadas ilegalmente sin los más elementales servicios mínimos. Carecen de una trama urbana definida y siguen sin disponer de alcantarillado y de alumbrado. En el entorno sólo destaca un elemento nuevo: taquillas postales, por las que el Ayuntamiento cobra un alquiler de 50 euros al año.
Los propietarios de las casas, en su mayoría residentes ingleses, denuncian que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, pretende repercutirles el coste de la "regularización" de viviendas, alrededor de unos 20.000 euros por dueño. Los afectados estudian presentar una demanda contra el Consistorio de Catral para exigir su responsabilidad civil subsidiaria y que los gastos corran a cargo de las arcas municipales.
La proliferación de casas ilegales en la huerta de Catral motivó que el Consell interviniera el planeamiento del municipio en octubre de 2006. El ejecutivo valenciano ya ha devuelto las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, pero aún no se ha aprobado el proyecto definitivo para regularizar las casas. El caso es también objeto de una investigación judicial, que tampoco avanza.
Las quejas y malestar de los dueños de las casas ilegales de Catral están reflejadas en las actas de las reuniones periódicas que el colectivo celebra en la localidad a instancias de la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU), entidad que llevó el caso a los tribunales en 2004. "Los compradores hemos pagado entre 100.000 y 400.000 euros por nuestra vivienda ilegal, carente de servicios básicos y de cédula de habitabilidad. Hemos comprado muy caro, y hemos pagado todo. Nadie nos puede obligar a pagos adicionales ni de 10.000 ni 20.000 ni 30.000 euros. Pagamos impuestos como los del casco urbano, y tenemos derecho a reclamar y exigir responsabilidades y soluciones a los responsables y a su costa", recoge el acta de la reunión celebrada el pasado 17 de febrero.
Otra constante en las reuniones de los afectados es la impunidad en la que permanecen los, en su opinión, verdaderos "culpables" de ese claro ejemplo de urbanismo salvaje, es decir, los constructores y promotores; el Ayuntamiento de manera directa; y el Consell por obviar su función de supervisar la legalidad actividad urbanística en el municipio."Los verdaderos culpables de las irregularidades son las inmobiliarias que se presentaron como promotores y constructores y que nos ocultaron las informaciones esenciales para el comprador, y el Ayuntamiento y el Consell por no cumplir ni hacer cumplir la ley y la disciplina urbanística", señala el documento referido.
Entre los gastos que el Ayuntamiento pretende repercutir a los afectados, se encuentra la tasa municipal del 1% por actividad urbanística. A juicio del Honorio Fernández, presidente de AECU, está iniciativa es ilegal. "Esa tasa municipal está prevista para las construcciones levantadas en el marco de la legalidad, y no para las irregulares. El Ayuntamiento ha modificado la ordenanza para intentar cobrar ese impuesto, cuando ni tan siquiera ha sido aprobada por el Consell la revisión del nuevo PGOU ni el convenio urbanístico para la regularización de las casas", explica. "El Ayuntamiento, no puede obligar a pagar una tasa por un servicio que aún no prestado", añade.
Los afectados, en una de sus últimas reuniones celebradas en marzo, y ante la inoperancia municipal y lentitud en la instrucción del sumario acordaron acudir también a la vía de lo contencioso-administrativo. De hecho, el pasado 10 de febrero AECU presentó un escrito de queja al juzgado número 5 de Orihuela por falta de información en la que solicitan información sobre la situación actual del proceso judicial.
Y también remitieron al Ayuntamiento un escrito exigiendo una a serie de documentos sobre sus demandas. Entre éstas destacan las siguientes: listado de expedientes sancionadores abiertos a los promotores y constructores; lista de las 251 viviendas que el Consell proponía demoler, pero ahora en suspenso; o destino de las cantidades que en su día los dueños de las casas entregaron en el Ayuntamiento por agua (100 euros por vivienda). También piden una lista de las dotaciones que el Ayuntamiento pretende subsanar a fin de que los afectados puedan estimar cuales serían los costes totales y negociar el pago. Y exigen conocer las condiciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local para instalar "aceleradamente" unos casilleros postales pluridomiciliarios que ahora no pueden utilizar.
Por su parte, el alcalde de Catral, Aurelio Albero, del PP, rechaza de plano todas estas acusaciones de los vecinos afectados. Sobre la tasa del 1% sobre actividad urbanística el regidor asegura que es legal: "Se trata de una tasa por un servicio que estamos realizando, es decir, verificar sobre el terreno el estado urbanístico de la zona, y para ello hemos tenido que contratar a dos técnicos. El porcentaje se aplica sobre el techo construido, no más de 1.200 euros por vivienda".
En cuanto a la aportación de los dueños a la regularización de las casas, Albero subraya que no hay nada cerrado. "No hay un presupuesto elaborado, porque tampoco el concierto previo está aprobado. Y todo dependerá de la situación de cada grupo de viviendas", explica el regidor.
* ELPAIS.com - 26.04.10
Foto: Viviendas levantadas junto al camino de la Torre de los Pavos, en Catral.- DAVID RODRÍGUEZ, elpais.com
Catral reclama hasta 20.000 euros para legalizar casas en la huerta
Santa Cruz: Otra denuncia al PGO por incumplir el Plan Insular
LAOPINIÓN/Tenerife* : La plataforma en contra del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial a través del cual denuncia que este planeamiento incumple en siete enclaves concretos del municipio las disposiciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Para los miembros de este colectivo, el documento aprobado a principios de año en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña "constituye un presunto ilícito penal".
Por este motivo, según el abogado del colectivo, Felipe Campos, la Comisión de Medio Ambiente y del Territorio de Canarias (Cotmac) no puede llevar a cabo la aprobación definitiva del planeamiento.
Los ámbitos donde se incumple el plan insular sería el suelo urbanizable El Cercado, que el PIOT califica como terrenos de protección económica, cuyo uso es exclusivamente agrícola y que excluye el residencial.
El área de Ordenación Urbana de San Andrés recibe en el planeamiento insular la protección ambiental y también se excluye su uso para viviendas mientras que en el suelo urbanizable Pistas Los Valles el Cabildo dictamina su protección territorial impidiéndose también que tenga uso para acoger residencias.
En Cueva Bermeja, Valleseco Este, Costa Cardón y Los Lirios Las Vistas se otorgan también diversos grados de protección pero, en cualquier caso, se impide la construcción de viviendas.
Denuncia al Pleno
Entre los hechos denunciados ante Fiscalía está que el pleno del PGO previsto para el pasado 22 de diciembre supuso una clara vulneración de la normativa, ya que no se realizó con la suficiente antelación y ofreciendo previamente en plazo la información a los concejales.
"El secretario del Pleno, Luis Prieto, no disponía del texto del PGO que había de someterse a la aprobación plenaria". Como prueba se cita que uno de los redactores del planeamiento, Leopoldo Tabares de Nava, dijo en un programa radiofónico que un día antes había entregado el documento al Ayuntamiento. Esa misma jornada los grupos de la oposición no disponían de la documentación, ni ésta tenía seguridad ni firma electrónica. El día 28 de diciembre, veinticuatro horas antes de la aprobación del documento, se celebró una reunión del Consejo Rector de Urbanismo cuyo objetivo era precisamente la revisión del PGO.
Posteriormente se suspende el pleno del día 29 ante un aviso de bomba que resultó falso, convocándose para el 4 de enero. Esa misma jornada se fijó la fecha de la nueva sesión para el cuatro de enero. El día 30 de diciembre el grupo municipal socialista insiste ante el secretario para que le facilite el texto del PGO con seguridad y firma electrónica. En ese momento, Prieto entrega un cd que difiere "sustancialmente" del entregado el 24 de diciembre. Así, mientras que uno de los soportes tenía un tamaño de 3,17 gigas, el otro suma 3,19.
Según aseguran poder demostrar los miembros de la Plataforma, si se analiza el listado de archivos de ambos documentos, se puede observar como muchos de ellos han sido modificados desde el 24 de diciembre hasta el 30. En el capítulo de ordenación pormenorizada "se han añadido 1.129 líneas, se han eliminado 1.100, se han modificado 670 y la similitud entre ambos archivos corresponde a un 86%, es decir, se ha modificado un 14% del archivo de referencia". Por todo ello, este colectivo estima que se puede haber incurrido en un ilícito del Código Penal.
* la Opinión Tenerife - 26.04.10
Foto: Contestación al planeamiento. Los vecinos han respondido con diversas manifestaciones al PGO. jonay rodríguez, laopinion.es
Gomecello: El ex alcalde declara mañana por presunta corrupción urbanística
TRIBUNA/Salamanca* : El ex alcalde de Gomecello, Julián Rodríguez, declara mañana en la Audiencia Provincial de Salamanca por un presunto delito de prevaricación urbanística. El actual edil de UPS de este ayuntamiento salmantino está acusado de conceder licencias en terrenos no urbanizables para construir una promoción de chalets. La Fiscalía pide para el acusado 18 meses de multa e inhabilitación.
Los hechos se remontan a febrero de 2008 cuando el ex alcalde de Gomecello y tres promotores fueron detenidos por un presunto delito de corrupción urbanística. Rodríguez pasó la noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil junto a otras tres personas vinculadas a empresas que participaron en la construcción de chalets. Las 14 viviendas se habrían levantado en terrenos calificados como rústicos en la zona de Los Barrenos, frente a la estación de tren de la localidad salmantina.
Rodríguez, al que se le imputaba un delito de prevaricación por un delito contra la ordenación del territorio, quedó libre con cargos tras declarar ante el juez al día siguiente a su detención. Según dijo entonces el abogado del ex alcalde, el proceso se inició a raíz de una denuncia anónima y ya entonces apuntó que “se ha hecho por venganza”.
La alcaldesa, de testigo
La actual alcaldesa de Gomecello, la popular Rosa María Esteban, también acudirá mañana a declarar. Lo hará en calidad de testigo, aunque en declaraciones a este diario ha confesado que desconoce saber cuál de las dos partes (la Fiscalía o el ex alcalde) la ha llamado a declarar. “Me han citado como testigo” confirma, “a mí y al secretario”. Esteban era concejal cuando se concedió la licencia, aunque “fue algo que concedió la Alcaldía por lo que me remito al expediente administrativo”.
La primera edil de Gomecello también se muestra cautelosa horas antes del juicio y prefiere no hacer declaraciones en vista de que “existe un procedimiento judicial abierto y el Ayuntamiento no está personado en la causa”, concluye.
El azote de la Junta
Julián Rodríguez y su oposición al CTR de Gomecello fueron desde diciembre de 2003 el azote de la Junta de Castilla y León. Tras cinco años de litigios, el centro entró en funcionamiento el 21 de marzo de 2007 para acoger los desechos de 350.000 personas de la provincia.
* Tribuna.net - 25.04.10
Foto: Gomecello (Salamanca) - todopueblos.com
Detenido el señor de los hoteles
IDEAL/Almería* : La Guardia Civil le esperaba a pie de pista, en el aeropuerto de Guacimeta, en la isla canaria de Lanzarote. Nada más poner pie en tierra, los agentes de la benemérita detenían y trasladaban al cuartelillo de Teguise al empresario turístico José María Rossell. El dueño del principal imperio hotelero de Andalucía ha dormido esta noche tras las rejas de los calabozos canarios a la espera de que sea requerida su presencia por parte del juez César Romero Pamparacuatro, instructor de la causa de la Operación Jable.
Rossell tenía que haber sido detenido en su domicilio de Almería este viernes, momento en el que también se produjeron otras siete detenciones más, entre ellas, tal y como informó ayer IDEAL, la del empresario José Gonzalo Gil Acosta, ex director financiero de la cadena Playa Senator. Sin embargo, fue localizado en Málaga. Se había comprometido a presentarse durante la tarde del viernes en dependencias de la Guardia Civil en Arrecife. Sin embargo, ya el sábado, no entraba por sí sólo, sino acompañado por agentes.
La detención de Rossell forma parte de la Operación Jable, una operativa policial ligada a una investigación por corrupción en Canarias. De hecho, según informó la Guardia Civil, a los detenidos en esta segunda tanda de la Operación Jable (la primera fue el lunes con otras siete detenciones) se les acusa de ser autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. No obstante, esta operación es el segundo paso de una anterior, la Operación Unión, ligada al político independiente Dimas Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote. Precisamente Dimas Martín cumple condena por malversación de fondos y otros delitos en relación a presuntas irregularidades vinculadas a un complejo agroindustrial en Teguise (Lanzarote).
Dimas Martín, en el centro
La investigación de la Operación Jable gira en torno al supuesto cobro de comisiones ilegales a empresarios y sobre la posible ocultación de bienes propiedad del político canario, cuyo patrimonio real podría ascender a ocho millones y medio de euros más de lo declarado y que según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, estarían «repartidos en medio centenar de propiedades a nombre de terceras personas».
El empresario turístico tiene en el municipio lanzaroteño de Teguise un hotel de cuatro estrellas, Hotel Playaverde. No obstante, había tenido otros proyectos hoteleros en la isla más oriental del archipiélago. Además, cuenta con otro hotel en el valle de la Orotava, a pocos kilómetros de Puerto de la Cruz (Tenerife). Junto a Rossell, la Guardia Civil ha detenido al abogado Francisco Rodríguez-Batllori (de Coalición Canaria), que fue consejero de empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Asimismo, también se procedió al arresto de Susana Martín, hija de Dimas Martín, una persona con la que Rossell colaboró en la televisión local lanzaroteña Televolcán (que ya no emite). Además, también se detuvo a diversos políticos locales, funcionarios y otros empresarios.
Actualmente, la investigación en torno a Dimas Martín, se ha saldado con más de cuarenta detenidos en los dos últimos años, desde que en 2008, una denuncia por soborno, supusiera el cabo de la madeja. En 2009 se produjeron las primeras detenciones en lo que más tarde ha ido desembocando en diversas ramificaciones de un eje central, el investigado en el Caso Unión.
Cuatro décadas en Almería
José María Rossell Recasens es el principal empresario turístico de Andalucía y, por ende, de Almería. Nació en Toroella de Montgrí (Tarragona) y desde muy joven se dedicó a la hostelería y al turismo. Hacia los años 60 llegó a Almería, donde a día de hoy gestiona una decena de hoteles, además del Parque Temático Oasys -que incluye el Mini Hollywood y el zoológico de Tabernas-. El grupo hotelero Playa Senator cuenta con unas 6.000 habitaciones. Además, Rossell ha ostentado la presidencia de Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística, una organización patronal de la hostelería y del turismo), pero también ha ocupado vocalías en el Patronato Provincial de Turismo de Almería y en la Cámara de Comercio de la provincia. Está casado con la senadora del Partido Popular María del Mar Agüero que, no obstante, según su declaración de actividades -que publica el Senado en su condición de parlamentaria- no le consta ninguna actividad empresarial ni societaria.
El empresario hotelero catalán podría pasar hoy a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife para prestar declaración ante el juez Romero Pamparacuatro. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, es bastante habitual que el juez instructor del caso agote el tiempo legal de detención. El sumario sobre el caso, que es un escándalo público en el archipiélago canario, está declarado secreto.
* Ideal - 25.04.10
Foto: Teguise costa - lavozdelanzarote.com
El Tribunal Superior anula las tres licencias de O Conde
FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado a favor de los vecinos en el conflicto de las licencias urbanísticas del barrio de O Conde, en Arcade. Después de siete años de lucha en los juzgados hasta llegar a la última instancia, una sentencia del TSXG –contra la que no cabe recurso– determina la anulación de los acuerdos de la comisión de gobierno de Soutomaior del año 2001 por los que se concedieron las licencias para los tres edificios de viviendas denunciados en O Conde.
Aunque el TSXG ya había dado la razón a los afectados en marzo del pasado año, el Concello presentó un recurso de casación, que ahora desestima el tribunal y le impone las costas del proceso.
La resolución judicial fue celebrada por la asociación vecinal, que desde el primer momento mantuvo que las licencias eran ilegales. El colectivo siempre advirtió que no se mantenían los ocho metros de anchura de la calle Calacual, situada en la parte trasera de los edificios, como contemplaban las normas subsidiarias. A pesar de las protestas de los residentes de la zona el gobierno local permitió la ejecución de las obras, lo que obligó al colectivo de afectados a iniciar un proceso judicial en marzo de 2003 que finalmente se ha resuelto a su favor.
"Nunca hemos tenido la intención de perjudicar a nadie, pero tampoco podíamos permitir que se nos perjudicara a los residentes de la zona incumpliendo las normas", explica el portavoz del colectivo vecinal, Carlos Míguez, que recalca que "la denuncia se inició antes de que se colocara el primer ladrillo, pero no nos hicieron caso y se permitió levantar los edificios, así que el responsable de este conflicto urbanístico es el alcalde", en referencia al popular Agustín Reguera.
El Concello de Soutomaior dispone ahora de un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia y desde la asociación de O Conde advierten que exigirán a los responsables municipales que se proceda a la reposición de la legalidad urbanística en la zona. "No será fácil de solucionar, porque se trata de tres edificios de viviendas en los que residen varias familias, pero los técnicos municipales tendrán que resolver la situación", indica Míguez. Para ello se tendrá que consolidar el vial con ocho metros de anchura, cuando en la actualidad en algunos puntos no alcanza ni siquiera los tres.
Desde la asociación de vecinos también mandan un mensaje de apoyo a los residentes de los edificios afectados por la sentencia, cuyas viviendas quedan ahora en situación irregular. "Son víctimas de una situación de la que no son culpables, por lo que les ofrecemos nuestro apoyo", concluye Míguez.
* Faro de Vigo - 25.04.10
Foto: Protesta de los vecinos de O Conde por la concesión de las licencias, ahora anuladas por el TSXG. - farodevigo.es
Crisis económica y especulación del suelo
LUIS CORRAL Y CARLOS GARCÍA-DELGADO* : La crisis económica está mostrando en España una especial virulencia. Y una de las causas es el colapso de la llamada burbuja inmobiliaria, cuyo origen podría explicarse por la conjunción de varios factores que se realimentaron: además de factores económicos y demográficos, el continuado descenso de los tipos de interés unido a una política crediticia blanda, provocaron el traslado masivo de capital hacia el sector inmobiliario, que atraía tanto a demandantes de viviendas como a inversores. Esa demanda sobrecalentada provocó un rápido aumento del precio de la vivienda, desencadenando las expectativas de la sociedad sobre futuras e interminables subidas; y esto fomentaba, a su vez, el incremento de los precios del suelo, lo que disparaba todavía más los precios de las viviendas. En definitiva, un bucle que provocó una inflación continuada de precios y condujo al sector inmobiliario hacia un protagonismo exagerado dentro del modelo económico español.
Esta situación, basada en una desmesurada fe en el libre mercado (en este caso, el mercado del suelo y de la vivienda), se encuentra ancestralmente enquistada en nuestra historia económica.
Pero la espiral, el círculo vicioso, como ocurría en el conocido juego de la pirámide, no podía mantenerse: por un lado, los síntomas de saturación y la crisis financiera externa frenaron la promoción radicalmente; por otro, la concesión por las entidades financieras de créditos sin suficientes garantías -y basados en la propia burbuja inmobiliaria- fue el exceso que colmó el vaso. Ahora, muchas de estas entidades, ante la avalancha de impagados, no han tenido más remedio que hacerse con la propiedad de suelos o edificios sobre los que gravitaban créditos que sobrepasaban el valor real de lo hipotecado y que hoy suponen, para esos bancos, una carga muerta, un verdadero problema ya que, en general, no están preparados para –ni es su oficio- sacar rendimiento a esos activos.
En resumen, un proceso con un fuerte componente especulativo que acabó en el colapso en el que nos encontramos. Un cortocircuito absoluto, con una continua caída de los precios de las viviendas, un stock que no encuentra compradores, y unos bancos que, hipotecados por sus propias hipotecas, no están en condiciones de financiar nuevos proyectos. Un callejón de difícil salida.
Resolver un círculo vicioso suele resultar traumático, porque se debe cortar sin rodeos por alguno de sus tramos. La actual situación de crisis significa, sin embargo, una buena oportunidad para plantearse cómo deberían ser las cosas en el futuro, enderezándolas hacia una situación nueva, de mayor sentido común. Así pues, la pregunta es: ¿por dónde y cómo deberían cambiar las cosas? ¿En qué punto debería interrumpirse el círculo?
Consideremos este hecho: cuando un suelo –merced a un proceso que recae en la Administración- pasa de rústico a urbanizable, aumenta considerablemente su valor de mercado. Hablamos de un campo de coles en el entorno de un casco urbano que un buen día (merced a la aprobación de un nuevo Plan General del municipio) abandona su condición de rústico para convertirse en urbanizable o, más aún, en urbano. En esta lotería, los suelos rústicos más próximos al casco actual están mejor situados, gozan de mejores expectativas que los situados, por ejemplo, un kilómetro más allá, aunque ambos estén plantando las mismas coles y, por sí mismos, tengan el mismo valor.
Esta situación propicia la existencia de un mercado especulativo, ya que el primer plantador de coles es candidato a millonario sin que haya aportado mayores méritos ni mayores beneficios a la comunidad (sus coles eran de la misma calidad que las de su infortunado vecino), y propicia la aparición de especuladores que, mediante sucesivas compraventas, se reparten las plusvalías generadas sin que revierta beneficio alguno a la comunidad. Pero no sólo es esto: porque el aumento del coste del suelo, que finalmente deberá ser asumido por algún promotor de viviendas, repercutirá en los compradores de esas viviendas, es decir, en todos nosotros, que estaremos financiando el enriquecimiento de los avispados especuladores.
Y la cuestión es: ¿es esto justo? No; no lo es, y por una sencilla razón: la decisión acerca de que la ciudad deba crecer -mediante la aprobación de un Plan- por un sector y no por otro, está en manos de la Administración (el Ayuntamiento en primer lugar) y no en manos del honrado cultivador de coles, ni mucho menos de los especuladores de suelo que le acechan. ¿Por qué, entonces, son estos últimos los grandes beneficiados y no la sociedad en su conjunto? Y ¿por qué, además, debemos ser el común de los ciudadanos –cuando adquirimos nuestras viviendas- los que corramos con el costeo de las plusvalías que acaban en sus bolsillos? Y además: ¿por qué, siendo la administración pública la que genera, con su decisión sobre el uso futuro del suelo, estas plusvalías, no es beneficiaria de esa plusvalía más que en una mínima parte (las cesiones a las que obliga la Ley del Suelo)?
Si hubiera existido un mecanismo regulador de esta situación, probablemente los efectos de la crisis en nuestro país habrían sido atenuados. Una sociedad sólida debe basar el enriquecimiento de sus ciudadanos en su trabajo y en su aportación real a la sociedad, no en la especulación. Aquí debe decirse que a menudo se confunde a los promotores de viviendas con los especuladores del suelo, pero no se debe caer en esta simpleza: el oficio de promotor, ejercido cabalmente, no tiene por qué estar relacionado con la especulación, y a menudo son precisamente los promotores los primeros que deben soportar el aumento del coste del suelo. En todo ese proceso los únicos que no aportan saber ni trabajo alguno son los especuladores, que se limitan a embolsarse las plusvalías generadas por un acto administrativo. ¿Cómo acabar, pues, con esta situación escandalosamente injusta que se genera en el momento en que un suelo pasa de rústico a urbanizable?
Hagamos un poco de memoria: la ley del Suelo de Aznar, de 1998, pretendía abaratar el suelo con lógicas de mercado simplistas y poco ancladas en la realidad: propició que todo el suelo pudiera ser urbanizado por poceros de variado pelaje, arrojó más leña a la encendida burbuja, y fomentó una desmedida afluencia de inmigrantes hacia una Arcadia con pies de barro.
La ley del Suelo de Zapatero, de 2007, trató de remedar aquellos excesos y, con la vista puesta en el abaratamiento de las infraestructuras públicas, permite la expropiación de suelos rústicos. Posibilidad que se extiende a los Ayuntamientos (u otras Administraciones públicas) para poder luego, con las debidas tramitaciones, urbanizarlo y atender así a promociones de vivienda social o equipamientos. Pero esta posibilidad se desvanece, en la mayoría de los casos, ante la escasa capacidad de gestión de las administraciones. Aún habiéndose aproximado a la solución, desgraciadamente, esta ley no alcanza a impedir la especulación y significa, por tanto, otra oportunidad perdida.
Continúa, pues, desatendido el mandato de la Constitución Española a los poderes públicos cuando les conmina a establecer las condiciones para impedir la especulación del suelo y para que la comunidad participe en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (Art. 47). De modo que el bucle sigue en pié, y también la pregunta: ¿cómo puede romperse este círculo vicioso?
Un camino posible, que proponemos, es trabajar en esta dirección de una vez por todas: las plusvalías generadas por un acto administrativo –como es la aprobación de un plan urbanístico que permite que un suelo pase de rústico a urbanizable- deben revertir a la comunidad (y no a bolsillos privados), en todos los casos. Dicho de otro modo: todo suelo rústico que sea susceptible de transformarse en urbanizable debería ser, previamente, adquirido por la administración pública. La venta posterior de este suelo a posibles promotores permitiría regular, no sólo el precio del suelo en el mercado, sino también el precio final de las viviendas (sociales o libres). No estamos inventando nada, porque este criterio se aplica ya, desde hace tiempo, en países europeos como Inglaterra, Suecia o Finlandia, entre otros.
Tampoco estamos hablando de socializar el suelo, puesto que todo esto afectaría finalmente a una mínima proporción del suelo existente y su valor sería el propio del mercado para ese suelo rústico, pero donde las posibles expectativas urbanísticas ya no tendrían cabida. Lo que se trata de conseguir es que las plusvalías derivadas de la reclasificación reviertan directamente en beneficio de la sociedad y no de los especuladores.
Esto repercutiría en beneficio del ciudadano: primero, a través de una reducción de impuestos -puesto que las plusvalías del suelo, en manos de la Administración, ayudarían a financiar los presupuestos municipales- y, segundo, a través de una reducción del coste de las viviendas –que no deberían soportar las plusvalías fruto de la especulación del suelo.
Naturalmente, llevar a la práctica todo esto no es fácil. Requiere de una afinada agudeza en la legislación y de una política de exquisita transparencia, como la que ya aboga la nueva ley; de lo contrario, pronto aparecerán los especuladores de turno que, en connivencia con políticos de moral distraída, conseguirán hacerse con suelos ya urbanizables a bajo precio para luego revenderlos. Pero esto podría evitarse si los suelos adquiridos por la administración, una vez transformados en urbanizables o urbanos, fueran adjudicados, por concurso y con absoluta transparencia, a aquellos promotores profesionales que garantizaran su ejecución. El camino es sin duda complejo; pero en absoluto imposible y del todo necesario.
(*) Arquitectos - A Pau Corral Pérez, arquitecto
In memoriam (18.04.05)
* Diario de Mallorca - Opinión - 18.04.10
